Nuestra visión de justicia económica se centra en la necesidad de abordar las desigualdades económicas y sociales para garantizar un desarrollo más equitativo, justo y humano, que luche contra todo tipo de exclusión. Esto implica no sólo reducir las desigualdades económicas, sino también garantizar que todos los individuos tengan la oportunidad de llevar una vida digna y plena, con acceso a recursos básicos y condiciones de trabajo justas. Para ello consideramos fundamental la articulación y el fortalecimiento del trabajo con movimientos populares, sindicatos, universidades y parlamentarios.
Construimos nuestro trabajo partiendo desde un pensamiento nacional con integración a la unidad latinoamericana y caribeña. Este es un eje fundamental en el análisis de nuestra realidad social, histórica y económica, a partir de las corrientes de las cuales se pensó nuestra América. Por un lado, nos enfoca en una línea de pensamiento regional para construir narrativas y estrategias para resistir al avance del neoliberalismo y de las nuevas derechas; por otro lado, nos impulsa a luchar contra la subordinación que históricamente ha afectado a la región.
El análisis de los desafíos económicos actuales y sus impactos en la sociedad es un tema de suma relevancia en Argentina y en toda la región. En Tierra Nativa apostamos por la reflexión y el debate en torno a los procesos regionales, atendiendo a la influencia de la globalización en las relaciones geopolíticas internacionales y las dinámicas Norte-Sur que moldean nuestro panorama económico, político y social.
Muchas empresas transnacionales (ETN) están implicadas en los mecanismos de saqueo a las naciones del Sur Global, la contaminación ambiental y la violación de Derechos Humanos. Sin embargo, estos delitos suelen quedar impunes ante la ausencia de una legislación que garantice la integralidad de los derechos de las personas y la soberanía de nuestros bienes naturales. Tierra Nativa es parte de la Campaña Internacional por un Tratado Vinculante de Derechos Humanos y Empresas que busca preservar los derechos de los pueblos y establecer obligaciones para las empresas.
Es necesario profundizar en las causas estructurales y coyunturales que promueven las desigualdades entre el Norte y el Sur Global. En este sentido, la experiencia histórica de nuestras regiones ha demostrado que los Tratados de Libre Comercio (TLC) resultan extremadamente perjudiciales para nuestros pueblos. Estos acuerdos imponen una serie de reglas y cláusulas impulsadas por países altamente industrializados, que conducen a la apertura comercial en las regiones del Sur Global. Esto refuerza su dependencia de una matriz extractiva a favor de intereses extranjeros, a la vez que elimina los mecanismos de protección para el desarrollo nacional.
La economía popular ha demostrado que otra economía es posible. A través de procesos económicos que están inmersos en la cultura popular miles de personas han creado sus propias fuentes de trabajo en base a la organización comunitaria. Trabajando en conjunto con organizaciones de la economía popular, acompañamos alternativas económicas y laborales que propenden a la justicia social, la equidad y la sustentabilidad ambiental.
Desde Tierra Nativa adherimos y compartimos el comunicado realizado por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) en solidaridad con el pueblo palestino sometido al horror, ocupación, bloqueo militar ilegal israelí y las políticas de apartheid por 75 años.
Este miércoles 12 de junio, se trata en la Cámara de Senadores la “Ley Bases” y es fundamental que estemos en las calles defendiendo nuestros derechos y así expresar nuestro descontento con este tipo de políticas que destruyen nuestros territorios, nuestra economía y desintegra el tejido de la sociedad.
Desde Tierra Nativa/Amigos de la Tierra Argentina, adherimos al Paro General convocado por la Confederación Gremial de Trabajadores (CGT) para el próximo miércoles y apoyamos las medidas tomadas por la central sindical.
El “Protocolo para el mantenimiento del orden público” es un mecanismo para convertir en delito la protesta y la organización social que pone en riesgo la integridad física de las personas, su seguridad y libertad. El Protocolo penaliza los cortes de calles o rutas, por lo que cualquier persona que participe en una manifestación incurrirá en la comisión de un delito. Cabe destacar que el Protocolo no es claro respecto al uso de la fuerza policial y no prohíbe expresamente el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales.
