La reforma de la Ley de Tierras Rurales vuelve a poner en discusión quién accede al territorio en Argentina. Más allá de los números, la extranjerización se concentra en zonas estratégicas y profundiza desigualdades existentes.
La reforma de la Ley de Glaciares implica un cambio estructural que debilita la protección del agua como recurso estratégico, al reemplazar el enfoque preventivo por criterios ambiguos que habilitan actividades extractivas. Además, introduce discrecionalidad provincial y pone en riesgo la seguridad hídrica y la calidad democrática, en un contexto donde la participación ciudadana se ve restringida en una audiencia pública a espaldas del pueblo.
El proyecto modifica las reglas centrales del trabajo para flexibilizar las condiciones laborales. Lejos de tratarse de una discusión técnica, el proyecto expresa una decisión política de redefinir el papel del Estado en la regulación del mundo del trabajo y de alterar el equilibrio histórico que buscaba compensar la desigualdad entre capital y trabajo. En este sentido, la reforma no es un hecho aislado sino parte de un proceso más amplio de reconfiguración económica y social.
La reforma de la Ley de Glaciares redefine la protección preventiva en alta montaña. Qué implica para el agua en Antofagasta de la Sierra y las cuencas de Catamarca.
