El presidente Javier Milei, durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos la semana pasada, emitió declaraciones que atacan directamente al pueblo, su diversidad y los derechos conquistados históricamente.
En los salones de la ONU, donde las discusiones están históricamente alejadas de las realidades que enfrenta el Sur Global, algo empieza a resquebrajarse. Por esas grietas, se filtran las voces de quienes siempre fueron silenciados: los sectores más humildes, las periferias del mundo, las comunidades que cargan el peso de un sistema hecho para otros.
A partir de la pérdida de biodiversidad acelerada a nivel global surgen retos urgentes en la conservación de los ecosistemas. Mientras los esfuerzos se centran en ampliar las áreas protegidas, es fundamental reconocer el papel central de las comunidades locales en la protección de los bienes naturales. En este contexto, la gestión comunitaria emerge como una herramienta clave para alcanzar soluciones sustentables y adaptadas a las realidades territoriales.
Existe una gran evidencia científica sobre el impacto de los agroquímicos en la salud de los ecosistemas y las poblaciones humanas.
La ausencia de una ley nacional que regule su uso ha generado discordancias entre provincias, afectando la protección ambiental y sanitaria a nivel federal.
En la provincia de Buenos Aires, el crecimiento de los monocultivos ha intensificado el uso de agroquímicos. A pesar de los avances logrados por organizaciones populares, las ordenanzas municipales varían en su implementación y fiscalización.
Presentamos este informe que analiza el marco jurídico sobre agroquímicos en la provincia y propone lineamientos para un sistema normativo que proteja la salud y el ambiente de las y los bonaerenses.
