El Gobierno nacional avanza con la privatización de AySA, la empresa que presta los servicios de agua potable y saneamiento a millones de personas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La historia de este servicio ya atravesó una privatización durante los años noventa. Tres décadas después, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y de usuarios vuelven a organizarse frente a un proceso que cuestionan por sus consecuencias sobre el acceso al agua, las tarifas, las obras de infraestructura y el control público de un servicio esencial.
En 1993, se privatizó la empresa Obras Sanitarias de la Nación, iniciando un proceso de pérdida de derechos para todos los usuarios de agua de saneamiento de la capital federal y el conurbano bonaerense. El consorcio que operó la empresa en ese entonces, estaba liderado por la transnacional francesa Suez, fue responsable de una operación negligente de las redes de agua potable, que incluyó desbalance hídrico y ascenso de napas freáticas, contaminación del acuífero Puelche, incumplimiento de inversiones, el endeudamiento de la concesionaria, el aumento de las tarifas, la expansión desigual del servicio y freno de obras públicas de agua como la planta de tratamiento de efluentes en Berazategui. Además la empresa se endeudó irresponsablemente y aumentó las tarifas mientras obtenía ganancias extraordinarias.
Finalmente en 2006 la empresa fue reestatizada, creando la actual empresa Aguas y Saneamiento Argentinos (AySA). La recuperación de la gestión pública del servicio dio lugar a un nuevo marco regulatorio que reconoce al agua como un derecho y estableció un plan director para asegurar las obras incumplidas por la anterior prestadora privada.
Con un fuerte impulso de organizaciones populares, el agua comenzó a llegar a los barrios mediante la expansión de obras ejecutadas por cooperativas bajo los programas agua + trabajo y agua + cloaca, ejecutados con participación de cooperativas y complementados por el fondo de integración socio urbana (FISU) para financiar la infraestructura de los barrios populares. La gestión Estatal permitió ampliar la cobertura de servicio e incorporar nuevos municipios al área de concesión. Actualmente presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses que agrupan más de 10 millones de usuarios. La cobertura de agua potable pasó del 76% en 2006 al 85% en 2022. La cobertura de cloacas pasó del 57% de la población en 2006 al 72.6 % en 2022.
En 2023, el triunfo de la extrema derecha en Argentina encendió todas las alarmas de las organizaciones populares: comenzaban los rumores de que el agua podía volver a ser privatizada a través del inconstitucional decreto 70/2023.
El gobierno nacional avanzó en 4 aspectos fundamentales para atacar el agua pública:
1- Paralización de todas las obras de expansión de agua potable y cloacas. Se suspendieron los planes de obras que atendían a barrios populares pese a contar con fondos aprobados y disponibles de organismos internacionales de crédito. Esto afectó fundamentalmente a los programas agua + trabajo Agua + cloaca y el FISU (fondo de integración socio urbana) que fue cerrado definitivamente.
2- Aumento de las tarifas de agua de un 200% con ajustes mensuales para sostener la operación y mantenimiento sin incluir la expansión de obras.
3- Modificación del marco regulatorio por decreto (DNU 493/2025) impuesto sin consulta alguna, elimina el derecho humano al agua y habilita los cortes de servicio ante dificultades de pago. Además flexibiliza y elimina los parámetros de control de calidad del agua que permitían garantizar la salud de la población por ejemplo eliminando controles de cianuros, nitratos, cloruros y alcalinidad. Esto es ilegal ya que cualquier modificación del marco regulatorio debe pasar por debate público y aprobarse por ley en el congreso.
4- Privatización de la empresa de aguas AySA: Bajo el DNU 494/2025, se habilitó el proceso de privatización de la empresa con la venta del 90% de las acciones hoy en manos del Estado nacional. Plantean concesionar un 51% de las acciones a un operador privado del servicio y la venta del 39% restante de acciones en la bolsa.
Pero las organizaciones populares continuadoras y herederas de las luchas por el agua, nos articulamos rápidamente para responder a esta amenaza. Liderado por el Espacio Intercuencas, rápidamente conformamos la campaña «No a la privatización de AySA» compuesta por un amplio abanico de organizaciones socioambientales de base y ciudadanas.
Dos grupos empresarios quieren quedarse con AySA
El 15 de septiembre se abrieron las ofertas técnicas de la licitación, al mismo tiempo que la campaña se manifestaba frente al Ministerio de Economía contra la privatización de AySA. Allí se dieron a conocer los consorcios que buscan quedarse con la empresa. Una de las firmas involucradas es la empresa estatal israelí Mekorot, corresponsable del genocidio por privar suministro de agua a la población Palestina de franja de Gaza.
El primer candidato a la licitación de AySA es un consorcio encabezado por Mauricio Filiberti, conocido como «Rey del Cloro», dueño de Transclor, la mayor fábrica de cloro de Argentina y proveedora monopólica de policloruro de aluminio para potabilizar agua desde 2009. La situación presenta un potencial conflicto de intereses, ya que Filiberti es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en EDENOR, mientras que AySA es el mayor consumidor individual de electricidad del AMBA y el principal cliente de esa distribuidora. . Así, si la oferta se concreta, el mismo grupo empresarial controlaría simultáneamente al proveedor de energía y al consumidor de dicha energía. El consorcio se completa con Rowing, firma de ingeniería y construcciones y la brasileña Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav; y PHX AQUA AR B.V., un vehículo de inversión de capitales extranjeros.
El segundo oferente es el Grupo Roggio, el jugador local que opera Aguas Cordobesas, el subte porteño y el ramal Urquiza a través de Metrovías. Cuenta con el aval técnico de la estatal israelí Mekorot y el grupo japonés Marubeni. El grupo creó una sociedad específica para esta licitación el 12 de agosto.
La licitación se encuentra estructurada en dos etapas. Después de evaluar los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros de los oferentes, se habilita la apertura de las propuestas económicas. El propio pliego establece que, entre las ofertas admitidas, la adjudicación se define por el mayor precio ofrecido en dólares.
Una privatización plagada de irregularidades
Esta privatización es perjudicial e inadmisible. La campaña denuncia una larga lista de irregularidades, vicios, distorsiones contractuales y vulneraciones de derechos que comprometen el acceso al agua y condicionan la política hídrica de la Provincia de Buenos Aires durante las próximas décadas.
El proceso incluye resoluciones del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) sin la participación de un representante de la Provincia de Buenos Aires, violando el convenio tripartito y el principio de federalismo.
La venta del paquete accionario estatal sin una tasación oficial del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTNN), una concesión por 30 años, prorrogables por otros 10 años, que condiciona durante cuatro décadas las decisiones sobre un servicio esencial, y un esquema económico que blinda al concesionario privado con una tasa de rentabilidad dolarizada favorable garantizada y aumentos mensuales.
A esto se suma el cierre definitivo de oficinas de atención territorial y locales de la empresa, desmantelando la atención presencial con la clausura de 26 delegaciones comerciales operativas en cada uno de los municipios del conurbano, el despido de 1230 trabajadores y el aumento desmesurado de las tarifas. Ahora el Estado asume costos y deudas para entregar una empresa saneada y en condiciones favorables al futuro operador privado. El esquema reproduce una fórmula conocida en la historia argentina, donde el Estado absorbe los costos y el capital privado recibe el negocio.
Por último el estado garantiza el blindaje a la empresa frente a reclamos mediante la postergación de la ley de defensa al consumidor.
Es importante resaltar que ante una nueva privatización, estas cláusulas dificultan una posible nueva re-estatización en el futuro, y suma el riesgo de que Argentina sea demandada una vez más ante el nefasto mecanismo de arbitraje internacional, mecanismo corporativo por el cual tuvo que pagar 400 millones de dólares de compensación a la transnacional Suez en 2015.
Organización popular en defensa del agua
La campaña se encuentra movilizada y a contrarreloj. El 29 de septiembre, desde Tierra Nativa junto con organizaciones del Espacio Intercuencas, centrales sindicales, cooperativas y organizaciones ambientales y de usuarios, nos reunimos en el Senado bonaerense junto con la vicegobernadora Verónica Magario. Durante el encuentro, las organizaciones planteamos los cuestionamientos jurídicos, ambientales, sociales y económicos que vienen formulando contra la privatización y solicitaron una participación activa del Gobierno provincial. Según informaron las organizaciones participantes, Magario manifestó su compromiso de avanzar en mecanismos institucionales y conformar un espacio de trabajo con representantes de los sectores involucrados.
La Provincia de Buenos Aires ocupa un lugar central en esta discusión. Buena parte de la infraestructura de AySA atraviesa territorio bonaerense y millones de habitantes del conurbano dependen diariamente de sus redes. Las decisiones sobre la empresa inciden directamente sobre la planificación urbana, las obras de saneamiento, la gestión de las cuencas, la salud ambiental y las posibilidades de ampliar el servicio hacia los barrios que todavía esperan agua potable y cloacas.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó el fallo de primera instancia que avaló la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia el 8 de septiembre de 2026, impidiendo a AySA modificar, reducir o suspender las obligaciones vinculadas al acceso al agua potable —derecho humano reconocido en la Constitución Nacional y tratados internacionales— así como proteger la salud pública y el ambiente sano. La acción judicial cuestiona los nuevos parámetros incluidos en los pliegos de licitación, que establecen la desregulación del control de calidad y accesibilidad, aumentos tarifarios mensuales del 3%, cortes por falta de pago y el financiamiento de obras y expansiones mediante las tarifas de los usuarios. Ante esto, AySA apeló la demanda, argumentando apuro del gobierno nacional para avanzar en la privatización. Dado que dichos parámetros constituyen la base del pliego privatizador, el núcleo de la controversia —la posibilidad de que estas desregulaciones se implementen en caso de privatización— queda pendiente de revisión y resolución por parte de la Cámara de Apelaciones Federal en La Plata.
Pese al rechazo popular y las acciones judiciales, el día 7 de octubre se presentarán las ofertas de las empresas para comprar AySA, y se prevé que continúen las movilizaciones de rechazo a la privatización.
La movilización popular incluye no solamente demostraciones públicas y concientización barrial, sino diálogos con todos los sectores y autoridades municipales y provinciales.
Se ha logrado movilizar el rechazo oficial a la privatización de AySA por parte de los Municipios de San Fernando, Tigre, Pilar, Ituzaingó, Moreno,La Matanza, Avellaneda, Quilmes, Lanús, F. Varela, Lomas de Zamora, A. Brown, Ezeiza y E. Echeverría. Todavía se espera que más Municipios de los 26 abarcados por la empresa se pronuncien a favor de sus vecinos.
La historia nos enseñó que el agua es del pueblo, un bien público de necesidad básica. La disputa alrededor de AySA vuelve así sobre una pregunta que nuestro país ya enfrentó durante los años noventa. El agua sostiene la vida, la salud y los territorios. Su gestión define también qué obras se realizan, hacia dónde se expanden las redes, cuánto pagan los hogares y qué lugar ocupan las comunidades en las decisiones. La experiencia de aquellas décadas forma parte de la memoria de los barrios y de las organizaciones que continúan movilizadas.
