Durante tres días compartimos junto a SERPAJ y comunidades indígenas de Jujuy un espacio de formación sobre derechos, territorio y herramientas para analizar los impactos de los proyectos extractivos.

Entre el 4 y el 6 de septiembre estuvimos en la Comunidad Indígena Angosto El Perchel, a pocos kilómetros de Tilcara, participando del taller Derechos de la Madre Tierra y Preservación de los Bienes Naturales.

La actividad se realizó en el marco de nuestros talleres “Herramientas comunitarias frente a la violencia institucional y la vulneración de derechos”, una línea de formación que busca acercar y construir colectivamente herramientas para reconocer vulneraciones de derechos, producir información, fortalecer las capacidades de las comunidades y acompañar sus estrategias de participación e incidencia. 

En esta oportunidad trabajamos junto al Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y con integrantes de distintas comunidades indígenas de Jujuy: Guerrero, Angosto El Perchel, Escobar (Yavi), Coranzulí Collamboy, Pan de Azúcar, Piedra Negra, Ojo de Agua, El Querusiyal y El Churcal Juella. Durante tres jornadas abordamos identidad, derechos indígenas, ambiente sano, propiedad comunitaria, ordenamiento territorial, participación, consulta previa, libre e informada y acceso a la justicia. 

Desde Tierra Nativa llevamos una propuesta específica para trabajar sobre Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Nos interesaba abrir los Informes de Impacto Ambiental de proyectos mineros que habían sido publicados recientemente y que llegaron a manos de las comunidades pocos días antes del taller. Esto permitió trabajar directamente sobre documentos que forman parte de procesos de evaluación ambiental que atraviesan sus territorios: mapas, líneas de base, estudios de agua, relevamientos de flora y fauna, matrices de impactos, modelos, medidas de mitigación y planes de monitoreo. Poder leer esa información, conocer cómo fue producida y contrastarla con los conocimientos construidos en el territorio también forma parte de las herramientas disponibles para participar en esas decisiones. 

¿Cómo saben esto?

Esa pregunta atravesó buena parte del trabajo. Cuando un Informe de Impacto Ambiental (IIA) sostiene que el impacto sobre una fuente de agua será “bajo”, la conclusión tiene un recorrido detrás. Hay datos, puntos de muestreo, fechas, métodos, modelos y criterios utilizados para llegar hasta ahí.

Fuimos siguiendo ese recorrido con preguntas muy concretas ¿dónde midieron?, ¿cuándo?, ¿cuántas veces?, ¿qué método utilizaron?, ¿qué período del año estudiaron?, ¿los puntos elegidos permiten conocer lo que sucede en ese territorio? La lectura cambia cuando dejamos de mirar solamente la conclusión y empezamos a reconstruir cómo fue producida.

El territorio también produce conocimiento

En los intercambios apareció una cuestión que acompañó los tres días de trabajo ¿qué territorio aparece representado en los estudios ambientales?

Los mapas delimitan áreas, ubican cursos de agua, caminos, poblaciones e infraestructura. Las líneas de base describen cómo era un lugar en determinado momento. A la vez, quienes viven y recorren esos territorios conocen vertientes, vegas, cambios estacionales, lugares de pastoreo, caminos, animales, transformaciones del agua y sitios de importancia cultural a partir de experiencias sostenidas durante años y generaciones. Poner esas informaciones en relación abre otras preguntas.

¿Qué dice el estudio? ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Qué conoce y observa la comunidad? ¿Dónde coinciden esas informaciones? ¿Dónde aparecen diferencias? ¿Qué quedó afuera?

Ese diálogo entre conocimientos fue uno de los puntos centrales del taller. Una línea de base construida durante un período determinado puede registrar ciertas características de un territorio. La experiencia territorial puede aportar temporalidades, relaciones y transformaciones que esa fotografía técnica no llegó a registrar. El contraste entre ambas permite identificar vacíos y formular nuevas preguntas.

¿Qué hizo el Estado con esa información?

También trabajamos una diferencia que suele perderse entre expedientes, informes y resoluciones, el Informe de Impacto Ambiental y la Evaluación de Impacto Ambiental son cosas diferentes.

El titular de un proyecto presenta información sobre la actividad, el ambiente, los impactos previstos y las medidas propuestas. La autoridad estatal tiene la responsabilidad de evaluar esa información y tomar una decisión. Por eso, la lectura del expediente abre preguntas dirigidas directamente al Estado 

¿Qué evaluó?, ¿Qué información consideró suficiente?, ¿Qué observaciones realizó?, ¿pidió nuevos estudios o aclaraciones?, ¿Cómo incorporó la información aportada por las comunidades?, ¿Cómo garantizó el acceso a la información y la participación?, ¿Cómo fundamentó su decisión?

Mirar la Evaluación de Impacto Ambiental desde una perspectiva de derechos humanos lleva necesariamente hacia esas preguntas. Las decisiones sobre proyectos extractivos pueden involucrar el agua, la salud, el ambiente sano, el territorio, la cultura y la identidad, junto con los derechos de acceso a la información, participación y consulta de los pueblos indígenas. La actuación del Estado forma parte, entonces, de lo que necesitamos reconstruir cuando analizamos cómo se evaluó un proyecto y qué herramientas tuvieron las comunidades para intervenir en esa decisión.

Durante el taller trabajamos con preocupaciones que pueden aparecer frente a cualquier proyecto extractivo y buscamos convertirlas en preguntas que permitan avanzar sobre la información. Una preocupación como “¿qué puede pasar con el agua?” nos llevó a abrir otras:

¿De dónde se va a obtener el agua? ¿Qué fuentes utiliza actualmente la comunidad? ¿Existe relación entre esas fuentes y las que pretende utilizar el proyecto?¿Durante cuánto tiempo fueron estudiadas? ¿Se hicieron mediciones en distintos momentos del año? ¿Qué otros proyectos utilizan agua del mismo sistema? ¿Cómo se va a controlar lo que ocurra una vez que comience la actividad?

Cada pregunta permite ubicar qué información existe, qué información falta y qué puede solicitarse durante una evaluación ambiental.

De leer la información a producir nuestros propios mapas 

El trabajo tuvo continuidad con un segundo taller, esta vez virtual, junto a comunidades indígenas de Jujuy y Salta reunidas en La Quiaca. En este encuentro incorporamos herramientas de cartografía y Sistemas de Información Geográfica (SIG) para reconstruir información territorial a partir de planos compartidos por las propias comunidades y ponerla en relación con información ambiental y minera disponible. Trabajamos con cursos de agua, cuencas, glaciares de escombros y áreas de cateo, preguntándonos qué información aparece en los mapas, qué queda afuera y qué elementos resulta importante incorporar desde el conocimiento de quienes habitan y recorren esos territorios.

La participación de comunidades de Jujuy y Salta permitió también comenzar a trabajar sobre una dimensión interprovincial, identificando elementos ambientales que conectan esos territorios -como cuencas y cursos de agua- y preguntándonos hasta dónde podrían extenderse los impactos de una actividad más allá de los límites administrativos. Este segundo encuentro permitió avanzar así en la producción comunitaria de información territorial como una herramienta para contrastar la información utilizada en las Evaluaciones de Impacto Ambiental, identificar vacíos, formular nuevas preguntas y fortalecer la participación de las comunidades en las decisiones que afectan a sus territorios.