Los Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos no son contradictorios. Defensores/as de territorios, bienes comunes y derechos representan a un colectivo que los hace y los nutre. Los territorios, los lugares donde se concretan y materializan esos derechos, son espacios de construcción social, donde sujetos políticos se relacionan de manera permanente, dinámica, ancestral y cultural en la gestión de los bienes naturales que permiten su supervivencia, y son también, el lugar donde se reproduce y habita en primero de los territorios: el propio cuerpo; Es en el propio cuerpo donde se efectúan las violencias que perpetran violaciones a derechos humanos y derechos de los pueblos. Las amenazas y ataques a las personas que luchan por la defensa de la vida son cada vez más frecuentes, acciones que representan violaciones flagrantes de sus derechos humanos. Estos abusos forman parte de una trama más amplia de derechos transgredidos, entre ellos la violación de derechos de los pueblos: a la tierra, alimentos, agua, y al ejercicio de prácticas tradicionales y ancestrales, así como al funcionamiento de sus propios sistemas judiciales, entre otros.
En este contexto las clases populares construyen tejidos que hacen posible la supervivencia, a diferencia del capitalismo que considera a una gran parte de la población, desechable. Necesitamos un cambio de imaginario, una conciencia colectiva que nos ayude a descolonizar nuestro pensamiento, un cambio de sistema social y productivo, así como también un cambio de vínculo entre géneros y con la naturaleza. Y debemos ir bien lejos: no alcanzan nuestras luchas territoriales, necesitamos proyectos populares internacionalistas y solidarios sin fronteras, donde lo más importante sea la dignidad humana y la vida misma.
José Martí pensó en la Patria Latinoamericana, y así la sentimos, somos parte de algo más grande que nuestro país mismo. Este ser parte de otros también nos habla de una autonomía con corresponsabilidad e interdependencia. El internacionalismo no sólo se trata de ir a otros lugares a hacer cosas. Se trata de contagiar un espíritu de lucha por el bien común, de compartir lo que se tiene, de unidad en la adversidad y no sólo en la diversidad. No ayudamos, sino nos ayudamos. Es una opción de vida y valores que resignifican la patria.
La reforma de la Ley de Tierras Rurales vuelve a poner en discusión quién accede al territorio en Argentina. Más allá de los números, la extranjerización se concentra en zonas estratégicas y profundiza desigualdades existentes.
La reforma de la Ley de Glaciares implica un cambio estructural que debilita la protección del agua como recurso estratégico, al reemplazar el enfoque preventivo por criterios ambiguos que habilitan actividades extractivas. Además, introduce discrecionalidad provincial y pone en riesgo la seguridad hídrica y la calidad democrática, en un contexto donde la participación ciudadana se ve restringida en una audiencia pública a espaldas del pueblo.
El proyecto modifica las reglas centrales del trabajo para flexibilizar las condiciones laborales. Lejos de tratarse de una discusión técnica, el proyecto expresa una decisión política de redefinir el papel del Estado en la regulación del mundo del trabajo y de alterar el equilibrio histórico que buscaba compensar la desigualdad entre capital y trabajo. En este sentido, la reforma no es un hecho aislado sino parte de un proceso más amplio de reconfiguración económica y social.
Uspallata se encuentra en la cabeza de cuenca del río Mendoza, amenazado por el accionar de la minera San Jorge, una mina de cobre administrada por una corporación china en conjunto con un grupo empresario nacional. En ese contexto de protestas, se registró la detención de 13 activistas sin causa legítima. Algunos sufrieron agresiones físicas, y todos fueron objeto de acusaciones claramente orientadas a silenciar la protesta ambiental y desalentar la resistencia social.
