Transición justa y feminista, qué es y cómo la lograremos

En la actualidad existe una demanda muy fuerte por parte de las organizaciones, movimientos socioambientales y la población en general, sobre la impostergable transición de un sistema energético “sucio” a uno “limpio” con soberanía energética, y esta necesidad ya deja de ser invisible para los gobiernos. Pero esto también debe ser justo.

Amigos de la Tierra llama a una transformación radical del sistema energético actual responsable por la crisis climática. Un sistema dominado por las transnacionales que sólo persiguen ganancias inmediatas. El mismo se caracteriza por generar injusticias, violar los derechos de los pueblos, y destruir los territorios y medios de sustento. La injusticia se hace visible y reproduce de distintas maneras. Por un lado, el sistema energético dominante no es capaz de garantizar el Derecho Humano a la energía eléctrica, al tiempo que destruye los sistemas alimentarios locales, la biodiversidad, los ríos, amenaza la salud de las comunidades y avanza en la privatización de la naturaleza. Por otro, las grandes transnacionales son las responsables de la crisis climática, al igual que el 10% más rico de la población que es responsable de aproximadamente el 50% de las emisiones. El poder de las transnacionales y el auge del neoliberalismo, ha llevado además a la privatización de la energía y al desmantelamiento de los derechos de la clase trabajadora. La clase trabajadora ha luchado históricamente contra la privatización de la energía y para que la misma sea reconocida como un derecho y no se transforme en mercancía, y se ha comprometido también en la lucha contra los impactos que el sistema tiene en muchas comunidades y territorios. El movimiento por la justicia ambiental ha sabido oponerse a proyectos energéticos destructivos, al tiempo que defiende también el derecho a la energía y el derecho de las comunidades y de las/los trabajadores/as.

Hoy está claro que es necesaria una transición justa de forma urgente, que permita acabar con la dependencia de los combustibles fósiles y garantizar derechos. Una transición que no significa tan sólo un cambio de matriz y de fuentes, sino que requiere una mirada integral sobre la propiedad y control público de la energía, ya sea en manos del Estado, municipios o cooperativas. La democratización del sistema energético debe llevar a garantizar derechos fundamentales, de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, pescadores, de las y los trabajadores y  las mujeres. Las preguntas fundamentales de qué forma producir la energía, cuánto producir, para qué y para quién deben ser respondidas por los pueblos para alcanzar la soberanía energética.

Es hora de que el sistema energético en manos públicas ponga en el centro la sustentabilidad de la vida. No se trata tan sólo de seguir denunciando los impactos perversos y las violaciones de los derechos de las mujeres por un sistema que explota el trabajo y el cuerpo de las mujeres, las expulsa de sus territorios, se apropia de y destruye sus medios de sustento, atenta contra su salud y la de sus comunidades, sino que hay que luchar para que las mujeres seamos reconocidas como sujetos políticos de la soberanía energética. Las mujeres debemos jugar un papel fundamental en definir y decidir sobre las características del proceso de  transición y el nuevo sistema energético que queremos construir. 

Debemos descolonizar el sistema energético, lo que significa devolver soberanía a nuestros pueblos y reconocer la responsabilidad histórica diferenciada y la deuda ecológica y climática que este sistema ha generado. La hoja de ruta hacia una transición justa debe partir de la unidad de las luchas por la defensa de la democracia y  contra las transnacionales y el neoliberalismo . Esta unidad se ve claramente reflejada en la solidaridad internacionalista como la que fortalecemos para hacer frente al autoritarismo, el racismo y el fascismo.

Asimismo es necesaria una visión regional de la transición, que conlleva una apuesta a consolidar los perfiles nacionales, a la evolución tecnológica apropiada, Innovación local, a la transformación y actualización de la infraestructura energética, pero todo ello sin descuidar a las comunidades locales y su derecho de consulta libre, previa e informada.  Podemos concebir la energía como un bien común estratégico renovable, sustentable, público, social y descentralizado. Sudamérica tiene un gran potencial para energías renovables, sin embargo persiste una lógica mercantil aún en los proyectos de energías renovables en nuestra región, por lo que tenemos que evitar la posibilidad de una transición energéticamente mercantilizada. Por ejemplo, con la relevancia en el contexto actual del almacenamiento de energía, que la región sea contenedora de las reservas más grandes accesibles y rentables de litio no es una cuestión menor, pues podría significar una oportunidad para aprovechar las capacidades regionales y consolidar una industria energética para la satisfacción de necesidades socialmente validadas del mercado interno o, en el caso contrario, nuevo capítulo de sometimiento a las grandes trasnacionales, mediante la preocupante tendencia a la concentración que observamos en la actualidad, donde nuestro país y la región subsidiaría las transiciones del norte global.

La transición debe incluir la lucha contra un sistema controlado por esas transnacionales, injusto, que atenta contra los derechos de los pueblos, y debe ir de la mano del desmantelamiento del neoliberalismo y de la profundización de la democracia. No podemos permitir que las empresas trasnacionales continúen controlando el sistema energético. Nuestra lucha por la soberanía energética requiere la unidad y una articulación cada vez más fuerte con los pueblos y comunidades que sufren las violaciones y amenazas perpetradas por las grandes empresas del sector energético, aportando cada movimiento desde sus capacidades en la construcción colectiva. 

En Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina, creemos que la transición energética justa y feminista no está aislada, debe caminar de la mano de otras transiciones y transformaciones en ámbitos diversos, como el alimentario, el económico, e incluso el político. Es imperante transicionar hacia la formas de ejercicio de la territorialidad en detrimento de las relaciones de dominio verticales que imponen los actuales sistemas productivos y de especulación. Es importante que pensemos cuántas y cuales transiciones hay en gestación y en proceso, y apoyarlas.

Las transiciones tendrán que dar respuesta a las crisis globales superpuestas, a la que se suma el covid 19 como último emergente de un sistema obsoleto, incluyendo la enorme e invisible crisis de los cuidados, que la pandemia visibilizó a la población, y resolviendo también en simultáneo la crisis climática, aplicando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, alejándonos de una economía dependiente de los combustibles fósiles, cambiando el sistema energético por uno renovable, democrático, que garantice el acceso para todos/as. No podemos esperar que la crisis termine, tenemos que actuar ahora, fortaleciendo una visión feminista sólida para la transición justa hacia una “nueva normalidad” que no sea más de la misma normalidad que teníamos, una normalidad racista, neocolonial, patriarcal, violenta y ecocida.

Es fundamental rescatar la idea de una recuperación justa que sea social, ambiental, económica y de género, y construir iniciativas sustentables y emancipadoras, evitando que los gobiernos socialicen las pérdidas de las grandes empresas y garanticen entre otros el derecho a la energía a toda la población. La transición se convierte así en una oportunidad para re-establecer una buena parte de los cimientos de la sociedad post pandemia. 

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A fines de 2020, 100 activistas de la federación Amigos de la Tierra Internacional de todos los rincones del mundo nos reunimos con organizaciones aliadas en una serie de seminarios virtuales para analizar qué significa una Transición Energética Justa desde una perspectiva feminista, realizamos un documento que refleja nuestra visión colectiva sobre la Transición Energética Justa, tal como debatieron las/os participantes, y puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://www.foei.org/es/recursos/si-no-es-feminista-no-es-justa

La COP26 sigue adelante de forma poco equitativa e inaccesible mientras los pueblos luchan contra las falsas soluciones

El gobierno del Reino Unido sigue adelante con la celebración de la COP26 en Glasgow, a pesar de la preocupación real expresada por el Sur global de que no puede llevarse a cabo de forma segura y equitativa. Muchos delegados del Sur global no pueden viajar para asistir a la COP debido a una combinación de falta de acceso a la vacunación, normas siempre cambiantes en torno a la cuarentena, normas restrictivas de visado, altos costes y preocupaciones sobre la seguridad. El gobierno británico no ha entregado a tiempo las vacunas Covid prometidas a los delegados del Sur, y sigue bloqueando las exenciones de patentes de vacunas, impidiendo así que los países del Sur, especialmente los de África, se recuperen de la pandemia.

La pandemia de Covid-19 está haciendo estragos en el mundo, agravando las crisis sanitarias, económicas y sociales existentes. Sus impactos desiguales se ven exacerbados por el apartheid de las vacunas, perpetuado por los países ricos, los mismos que crearon la crisis climática y que ahora huyen de su responsabilidad histórica. La crisis climática es una realidad urgente, pero una COP inequitativa que amenaza la vida humana sólo profundizará las injusticias. La COP es un espacio desigual e inaccesible en el mejor de los casos. En repetidas ocasiones ha fallado a las personas más pobres y vulnerables del planeta, que son las que más riesgo corren por la crisis climática, y este año muchas de sus voces no serán escuchadas. Los resultados de la COP no serán justos ni equitativos si no están presentes todos aquellos que deben estar allí, tanto dentro de las negociaciones como en las calles. Amigos de la Tierra Internacional (ATI) está en la COP, pero muchos de nuestros miembros del Sur no lo están. ATI hablará en nombre de nuestros colegas, pero esta COP será demasiado blanca y septentrional, carente de sociedad civil global, y es poco probable que se escuchen las voces urgentes en el centro de la crisis climática.

Todo esto significa que el Reino Unido está en camino de celebrar la COP más excluyente de la historia. Al impulsar una cumbre que excluye a las personas que están en primera línea de la emergencia climática, el Gobierno británico se arriesga a poner en duda la legitimidad de cualquier resultado.

La crisis climática requiere un enfoque de justicia climática

Nos enfrentamos a una emergencia planetaria: las inundaciones, las tormentas, las sequías y la subida de los mares ya están causando estragos en todo el mundo. No se trata sólo de un problema para las generaciones futuras. La crisis climática es intrínsecamente injusta. Ya está afectando con mayor dureza a los pueblos más pobres y vulnerables (especialmente a las mujeres y los niños), a pesar de que ellos no han creado esta crisis.

Hacer frente a la crisis climática requiere un cambio radical e inmediato para abandonar los combustibles fósiles y otras energías sucias y perjudiciales, la agroindustria y la deforestación a gran escala. La justicia climática exige que logremos esto al mismo tiempo que abordamos las causas sistémicas de fondo, la desigualdad y la inequidad que están en el centro de las crisis climática, covídica y ecológica, y protegemos a los pueblos y al planeta. Los países ricos, que han creado esta crisis, deben actuar en primer lugar y con mayor profundidad para abordarla. Deben cumplir con su parte justa de reducción de emisiones, y también proporcionar financiación climática a los países del Sur global para pagar la deuda climática y ecológica, y financiar una transición justa y feminista.

Debemos luchar contra las falsas soluciones en la COP26: mercados de carbono, “soluciones basadas en la naturaleza” y “Net Zero

Nos preocupa que los países ricos y las empresas contaminantes sigan adelante con “falsas soluciones” en la COP26. Las promesas de “cero neto”, los mercados de carbono y la compensación, la geoingeniería y las incipientes “soluciones basadas en la naturaleza” permitirán seguir contaminando bajo la premisa de reducir las emisiones en otro lugar, basándose en la plantación de árboles, la compra de créditos de carbono o la utilización de tecnologías no probadas que absorben el carbono del aire. Estas tecnologías no reducen las emisiones de los combustibles fósiles en su origen y pueden causar graves daños a las comunidades del Sur global.

No podemos confiar en tecnologías costosas, arriesgadas y no probadas, que tienen impactos potencialmente devastadores y conducen al acaparamiento de tierras, a la violación de los derechos de los pueblos y a la destrucción de los bosques y la biodiversidad en el Sur global. Los nombres y los términos siguen evolucionando, pero los principios básicos y perjudiciales siguen siendo los mismos. Refuerzan el poder de las empresas, desvían la responsabilidad de los contaminadores históricos ricos e impiden una acción urgente y equitativa sobre el cambio climático.

Los grandes contaminadores están presionando para que la agenda de “cero neto” se convierta en la pieza central de los planes globales para abordar el cambio climático, aunque los científicos y los expertos han demostrado que las promesas de “cero neto” no mantendrán el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados, y son una peligrosa distracción de los verdaderos recortes de emisiones, el “cero real” que necesitamos. En la COP25 de Madrid en 2019, la sociedad civil progresista montó un feroz ataque al artículo 6 del Acuerdo de París (que permite los mercados/comercio de carbono), deteniendo con éxito un acuerdo regresivo. En la COP26, es muy probable que la presidencia del Reino Unido trate de impulsar un acuerdo sobre el artículo 6. Debemos seguir luchando contra esto.

La justicia climática significa oponerse a estas “falsas soluciones” / distracciones peligrosas / arreglos tecnológicos de fantasía para la crisis climática.

Las empresas transnacionales no tienen cabida en la CMNUCC. Debemos luchar contra el poder de las empresas y expulsar a los contaminadores -en la COP y sobre el terreno, donde las comunidades son devastadas por la extracción de combustibles fósiles y las falsas soluciones- denunciándolas y haciéndolas responsables de los daños que causan.

Los gobiernos del Reino Unido y de Escocia hablan a bombo y platillo de la importancia de la acción climática, y reclaman el manto del liderazgo climático, pero siguen extrayendo y financiando combustibles fósiles en su país y en el extranjero. Ni el Gobierno del Reino Unido ni el de Escocia van por buen camino para cumplir sus inadecuados objetivos climáticos; ambos deben presentar planes realistas para volver a la senda correcta que no se basen en soluciones tecnológicas fantasiosas y que, en cambio, mejoren la vida de las personas mediante la creación de empleos ecológicos decentes, hogares cálidos y energía renovable asequible, así como un transporte público de calidad.

Más allá de la crisis climática, el planeta se enfrenta a múltiples crisis sociales, políticas y económicas interrelacionadas, en cuyo centro se encuentra un sistema económico insostenible, cuyo único objetivo es el crecimiento sin fin y el beneficio para unos pocos. Sólo con un cambio de sistema -una transformación radical de nuestros sistemas energéticos, alimentarios y económicos- podemos esperar realmente evitar la catástrofe climática y que la temperatura media mundial aumente más de 1,5 grados.

En los últimos años hemos asistido a una extraordinaria oleada de movimientos populares, especialmente juveniles, que se han levantado para exigir a los gobiernos que se ocupen de la crisis climática y de las crisis interrelacionadas.

Hay soluciones reales a la crisis climática: el poder de la gente es la clave para desbloquearlas.
Los pueblos están construyendo soluciones energéticas renovables, limpias, sostenibles y de propiedad social, basadas en la suficiencia energética para todos. La gente está transformando nuestros sistemas alimentarios hacia la soberanía alimentaria y la agroecología campesina, deteniendo la deforestación y protegiendo los bosques mediante la gestión forestal comunitaria. Necesitamos un sistema económico que priorice y redistribuya el trabajo de cuidados, para que se reparta entre hombres, mujeres y el Estado. Necesitamos un sistema de valores que priorice la centralidad de la vida, no la codicia ni el beneficio. Necesitamos un cambio de sistema.

Solidaridad con el pueblo Haitiano por su soberanía y justicia

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) se solidariza con el pueblo haitiano, ante la violencia, inestabilidad e incertidumbre social ocurrida en las últimas décadas y acrecentadas con los riesgos de intervención extranjera generados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, quien se había mantenido en el poder de una manera violenta e ilegal ya que su mandato constitucional finalizo en el pasado 7 de febrero 2021.

Desde hace meses, Haití vive una espiral de violencia que busca frenar y reprimir las luchas populares que se han mantenido de forma permanente y pacífica durante los últimos 4 años. Según organizaciones locales y organismos internacionales:

  • La organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus afirma que se registraron más de 1.000 secuestros en todo el 2020.
  • La Red Nacional de DDHH de Haití (RNDDH) denuncia 12 masacres.
  • Más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio pasado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, reveló un informe reciente del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH).
  • Se han identificado más de 76 grupos armados y 500.000 armas ilegales denunciadas por la CNDDR, Comisión Nacional de desarme, desmantelamiento y reitengración.
  • Cálculos de Unicef y de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estiman 10.000 personas desplazadas por enfrentamientos. Según la organización Noupapadomi, 214 niños han quedado huérfanos por masacres en barrios populares.

A estas cifras se sumaron recientemente 17 nuevos asesinatos en el distrito de Delmas 32, entre las víctimas se incluyen periodistas y líderes sociales.

Con el deterioro de la situación sociopolítica, los grupos más vulnerables tendrán dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, con el riesgo de enfrentar una crisis mayor a la ya generada por las sucesivas crisis y la pandemia. Actualmente Haití es el único país de la región donde no hay programa de vacunación contra el COVID 19.

Los sectores progresistas y populares haitianos denunciaron hace mucho el riesgo latente de una nueva ocupación militar avalada por organismos internacionales. Asimismo reclaman organizar un período de transición de por lo menos dos años que permita restaurar la legalidad constitucional, reorganizar el sistema electoral y responder a la masificación de la pobreza y el grave deterioro de las condiciones de vida de la población, salir del neoliberalismo y definir un nuevo pacto nacional de desarrollo que sea el resultado de un amplio proceso de concertación.

La grave situación que vive el pueblo haitiano hoy exige un cambio radical de la política de las agencias internacionales hacia Haití, que detenga el ataque a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. Nos oponemos a cualquier intento de manipular la transición mediante el injerencismo, la ocupación y las medidas represivas y violentas.

Manifestamos nuestra solidaridad internacionalista y nos mantenemos en alerta ante el devenir de los acontecimientos en Haití y llamamos a las organizaciones y movimientos sociales de América y otras partes del mundo a sumarse a las demandas del pueblo haitiano construyendo solidaridad activa en torno a la justicia y la soberanía de los pueblos.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

Julio de 2021

 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO HAITIANO

#HaitíLibre con soberanía y justicia

Más informacion www.atalc.org

Solidaridad con el pueblo cubano en defensa de su soberanía

Solidaridad con el pueblo cubano y defensa de su soberanía

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) manifiesta una vez más su solidaridad con el pueblo cubano, en momentos de grandes dificultades que se exacerban diariamente tras el brutal bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Si bien este tipo de política criminal contra Cuba ha tenido consecuencias nefastas durante los años de su imposición, en la actualidad, ante la pandemia de COVID-19, se constituye como una violación flagrante de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos.

Aún cuando la gran mayoría de los países del mundo que integran la Organización de Naciones Unidas (ONU) han votado por la finalización del bloqueo, el imperialismo mantiene su estrategia de desestabilización asfixiando al pueblo cubano con las restricciones que impiden que a la Isla lleguen insumos básicos para la garantía de la vida, incluidos los elementos sanitarios fundamentales para enfrentar la pandemia de COVID-19 y sus mortales efectos.

Es bien conocida la estrategia que el neoliberalismo desarrolla contra Cuba, de la que hacen eco los gobiernos arrodillados al mandato estadounidense, que hoy utiliza los medios masivos de comunicación y las redes sociales para diseminar con efectos más destructivos la doctrina de odio contra cualquier forma de pensamiento y construcción política contraria a la acumulación de unos pocos y miseria de las mayorías. Todo ese despliegue de barbarie garantiza la concentración de poder de las empresas transnacionales y las élites nacionales e internacionales, bajo el modelo neoliberal agonizante y que los pueblos soberanos han desnudado a través de los levantamientos sociales y los cambios estructurales que alientan y siguen propiciando en América Latina y el Caribe y en otras partes del mundo.

 

Ante los estallidos sociales, la retoma del poder por parte de fuerzas políticas que intentaron ser aniquiladas con golpes de Estado, victorias electorales de fuerzas progresistas, cambios constitucionales que derrumban las dictaduras que impulsaron la imposición neoliberal en la región, sostenimiento de modelos políticos soberanos, se desarrolla una nueva ofensiva del neoliberalismo para retomar controles geopolíticos -con una marcada escalada en el Caribe y en Mesoamérica- con acciones simultáneas y orquestadas.

Ante la grave amenaza que esta nueva arremetida imperial representa, ATALC invita a los movimientos y organizaciones sociales a manifestar activamente su solidaridad internacionalista con el pueblo cubano y con todos los pueblos que son objeto de la aplicación de doctrinas que nos recuerdan los episodios más oscuros del pensamiento y acción de los totalitarismos en la historia de la humanidad.

Nos oponemos vehementemente a los intentos de desestabilización mediática y a las narrativas injerencistas que a partir de los discursos de “ayuda humanitaria” disfrazan las pretensiones de militarización y violación de la soberanía de los pueblos y su autodeterminación.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

Julio de 2021

Más informacion www.atalc.org

Jeringas para Cuba: la solidaridad vence al bloqueo

En medio de una crisis de salud que afecta a la humanidad, Cuba está a punto de poder inmunizar a todos sus habitantes con sus propias vacunas. Ha desarrollado cinco candidatos vacunales para enfrentar el covid-19:  dos de ellos, Soberana 2 y Abdala, se encuentran en tercera y última fase de ensayos clínicos, para convertirse así en las primeras vacunas de América Latina. El país caribeño estará en condiciones de producir suficientes vacunas para toda su población y para proveer a otros países que lo necesiten, pero hoy, elles necesitan de nosotres.

Para lograr inmunizar a más de 10 millones de habitantes, son necesarias jeringas y agujas, y el bloqueo impuesto por EEUU obstaculiza su adquisición.  Es por ello que se inició una campaña “LA SOLIDARIDAD VENCE EL BLOQUEO”, impulsado por MASCUBA (Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba) y URCA (Unión de Residentes Cubanos en Argentina), campaña que tiene réplicas en otros países del mundo.

El movimiento MASCUBA hace lleva a cabo la máxima de José Martí “Patria es humanidad”. Surge a partir del compromiso con los ideales revolucionarios y realiza numerosas acciones solidarias con el fin de romper el bloqueo económico que padece la isla desde hace más de 60 años. “La Solidaridad con Cuba, podría decirse que se remonta hasta antes del triunfo Revolucionario de enero de 1959, y en este contexto,  La Casa de Amistad Argentino Cubana de Buenos Aires ya lleva 35 años desde su fundación” nos cuenta Rubén Zaccaro, miembro de MASCUBA e impulsor de esta y otras acciones internacionalistas.

“Esta campaña de juntar jeringas y posteriormente enviarlas a Cuba, es la materialización de la solidaridad con el pueblo y el gobierno revolucionario de Cuba. Es una manera de romper el bloqueo. Lógicamente que la magnitud del envío no está en relación con la necesidad real del pueblo cubano, que necesita muchísimo mas de este envío, de todas maneras es una acción solidaria más que simbólica y en una pequeñita proporción, se demuestra que se puede lograr romper el bloqueo. Es una manera de mostrarle a nuestras autoridades, y cuando digo nuestras autoridades digo a todos los países, al menos de América Latina y el Caribe, cuyos gobiernos están en condiciones de hacer o tomar esta decisión política”

La Casa de la Amistad Argentino-Cubana realizará la logística de recaudación de fondos y posterior envío de los materiales médicos. La campaña ya comenzó con mucho éxito, con más de 120.000 jeringas compradas, y seguirá adelante luego del primer envío que será el 17 de mayo.

Mientras Cuba brinda a la humanidad su calidad humana, cultural y profesional, mediante profesionales de la salud e investigadores de excelencia, que resultan en misiones médicas y vacunas contra el COVID 19, entre otros aportes a la humanidad, es indispensable una reciprocidad de parte de los pueblos en clave de solidaridad internacionalista, exigiendo el fin del bloqueo y colaborando con todo lo que esté a nuestro alcance como sociedad organizada.

Para Rubén, el bloqueo también es mediático, y tenemos que salir al cruce de la desinformación: “Lo que puede hacer nuestro pueblo, nosotros, como militantes, como activistas, como ciudadanos comunes, es difundir lo que significa el bloqueo, es decirlo con toda claridad: Cuba puede hacer vacunas pero no tienen la posibilidad de comprar las jeringas, el insumo médico necesario para dotar de la vacuna a su población, lo va conseguir de todas maneras, con gran esfuerzo como hace 60 años viene haciendo el pueblo cubano. Así que una gran tarea es la difundir esto, hablar con el vecino, el amigo, el compañero: existe un bloqueo, el bloqueo es genocida, el bloqueo es un acto de guerra y hay que hacer conciencia, como muchas otras cosas (…) es una manera de llevar a la práctica el legado que nos dejara el comandante Fidel, de que “un mundo mejor es posible” y con esta voluntad, esta iniciativa de hacer una campaña de jeringas para Cuba, “la solidaridad rompe el bloqueo” estamos siendo militantes de que un mundo mejor es posible”

Desde Amigos de la Tierra Argentina, nos sumamos, invitamos y difundimos esta campaña, para que la solidaridad sea una realidad que derrote el bloqueo.

Los aportes se reciben en:

CUENTA COLECTA JERINGAS PARA CUBA

Banco CREDICOOP- CASA DE LA AMISTAD ARG CUBANA

Cta. Cte. 191-173-010100/3

CBU 1910173855017301010032

Enviar comprobante a casaamistadargentinocubana@gmail.com

Más información:

Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MASCuba)

https://www.facebook.com/MASCUBA

Casa de la Amistad Argentino Cubana @CasaArgenCuba

Un centenar de organizaciones latinoamericanas, canadienses y mundiales piden detener el avance ilegal de la exploración minera y liberar a les defensores de DDHH detenides en Andalgalá

COMUNICADO DE PRENSA / Bs. As, 21/4/21 

Un centenar de organizaciones de América latina y el Caribe, Canadá y otros países del mundo enviaron hoy una Carta abierta al Presidente de la Nación, al Gobernador de Catamarca, a los Sres. Ministros de Ambiente, Justicia y del Interior y el Sr. Secretario de Derechos Humanos de la Nación, reclamando respeto a la voz y los derechos humanos del pueblo de Andalgalá y que se liberen de inmediato y se desprocesen, a les 12 integrantes de la Asamblea El Algarrobo, detenides por su defensa de la ley, el ambiente, el agua, su autodeterminación, la vida toda.

Las entidades internacionales y de 28 países piden, a la vez, el cese de la persecución a la lucha de más de 11 años del pueblo de Andalgalá, y que se ponga fin a la actividad minera exploratoria que realiza la empresa canadiense Yamana Gold, en el yacimiento Agua Rica, en violación de la Ley de protección de los glaciares, la Ley General del Ambiente, la Ley de Bosques Nativos y numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos.

“Es un llamado internacional muy fuerte a las autoridades argentinas–señaló la coordinadora de Diálogo 2000, Beverly Keene– El rechazo frente al avance ilegal e insustentable de la megaminería se extiende cada vez más, en Canadá, en todo el continente, donde muchos pueblos comparten la misma lucha. Urge la liberación de les defensores del agua y de todos los derechos humanos. Desde el mundo entero se exige respuestas conforme a los derechos.”

La carta, que lleva además la firma de medio millar de organizaciones y personas de la Argentina, está encabezada por la red Jubileo Sur/Américas, Amigos de la Tierra América latina y el Caribe, la Confederación latinoamericana de Trabajadores del Estado, Global Forest Coalition, Observatorio de Conflictos Mineros de América, la Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad y las organizaciones canadienses Mining Watch y el Comité por los Derechos Humanos en América latina.

Natalia Salvatico, coordinadora de Amigos de la Tierra Argentina, resaltó la consonancia de este petitorio con la Carta abierta[i]enviada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas, con el apoyo también de centenares de firmas de todo el país. “Defender el agua no puede ser un delito – afirmó -, a pesar de 11 años de reclamar por la defensa del agua, la población de Andalgalá es sometida a múltiples violencias, fundamentalmente la amenaza de falta de agua para la vida. La democracia Argentina está en deuda con Andalgalá, y las tensiones y contradicciones generadas por la imposición de un modelo deben ser resueltas ante todo con respeto a los derechos de los pueblos y la naturaleza”

El texto completo de la Carta enviada hoy a las autoridades provinciales y nacionales puede ser consultado aquí: https://dialogo2000.blogspot.com/2021/04/llamamos-apoyar-andalgala-libertad-les.html

Contactos: Diálogo 2000 – 11 5569 0140Amigos de la Tierra – 11 5727 7728

[i]https://dialogo2000.blogspot.com/2021/04/andalgala-carta-abierta-las-autoridades.html

Defender el agua no es delito

Amigos de la Tierra Argentina escribió una nota urgente al  gobierno de la Provincia de Catamarca por la liberación inmediata de 7 asambleístas detenidos el día lunes y el cese de las labores de exploración en las inmediaciones del río Minas, que alimenta la ciudad de Andalgalá. A la fecha de esta publicación no tenemos información sobre la situación de los y las detenidos/as, y la Asamblea El Algarrobo denuncia más hostigamiento y vigilancia policial en los domicilios de más compañeros/as.

foto: Asamblea El Algarrobo

 

Entendemos que esta reacción de las autoridades supone una defensa de los bienes y actividades de las empresas trasnacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont, que controlan el proyecto minero Agua Rica, y recientemente realizaron numerosas acciones buscando legitimación social para iniciar la explotación del yacimiento, la cual no pueden lograr.

Más allá de la falta de certezas, sabemos que a pesar de  11 años de reclamar por la defensa del agua,  la población de Andalgalá es sometida a múltiples violencias, fundamentalmente la amenaza de falta de agua para la vida. La democracia Argentina está en deuda con Andalgalá, y las tensiones y contradicciones generadas por la imposición de un modelo deben ser resueltas ante todo con respeto a los derechos de los pueblos. La licencia social no se gana con engaños ni con represión, la licencia social es parte de la inclusión de la población en sus propios proyectos territoriales, de manera autónoma y con sus propios horizontes de desarrollo local.

 

 

Adrogué, 13 de abril de 2021

 

Sr. Gobernador de la

Provincia de Catamarca

Lic. Raúl Jalil

S                /                D

 

Por la presente expresamos nuestra profunda preocupación por el respeto de los Derechos de los habitantes de Andalgalá, a partir de las detenciones arbitrarias realizadas el día de ayer por la policía provincial a personas pertenecientes a la Asamblea El Algarrobo, así como nuestra expresa solicitud para detener la exploración avanzada del yacimiento Agua Rica.

Desde hace años nuestra organización expresa su solidaridad con el reclamo del pueblo de Andalgalá en contra de la explotación del antedicho yacimiento. Recientemente, luego del ingreso de máquinas perforadoras al Cerro Aconquija, sumadas a una fuerte presencia policial,  se generó, tanto entre los pobladores locales como entre una amplia red de organizaciones locales, nacionales e internacionales, una alerta máxima.

Entendemos que la presencia de dicha maquinaria se corresponde con  la autorización por parte del Ministerio de Minería de Catamarca (Res. 310/2020) del Plan de Exploración Avanzada presentado por la empresa minera Yamana Gold, desconociendo la aplicación de la Ley Nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la Ley General del Ambiente, el art 41 de la Constitución Nacional, así como Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22), en esta línea los art. 1.1 y 1.2 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) y del de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), los que garantizan el derecho a la autodeterminación de los Pueblos, es la potestad que las poblaciones poseen a autodeterminarse para decidir cuál va a ser su modo de vida en el ambiente que viven y su desarrollo económico local, como hoy lo hacen las poblaciones de la Provincia.

Esta exploración pone en riesgo la naciente del río Minas que alimenta a la población local. Nos encontramos frente a una vulneración de los derechos humanos considerados en su interdependencia e indivisibilidad: el derecho al ambiente sano, a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y la libre determinación, entre otros, afectando la vida de la población presente y de las futuras generaciones.

El pueblo de Andalgalá no ha cesado de reclamar de manera pacífica por su legítimo derecho a la vida y a la salud a través del agua, durante los últimos 11 años, hemos realizado numerosas acciones de apoyo, constatando una y otra vez la veracidad  y justicia del reclamo que no es atendido en instancias nacionales. Los conflictos por el agua serán fundantes del siglo XXI y debemos abordarlos de una manera integrada y pluralista.

Luego de la manifestación del sábado, donde resultaron incendiadas las oficinas de la empresa Agua Rica, resulta llamativo el accionar policial el día de ayer, que bajo la orden del juez Rodolfo Cecenarro y la fiscal Soledad Rodríguez,  realizó allanamientos y detuvo a 7 personas, siendo desconocido por nosotras al momento de escribir esta nota, el paradero, estado de salud y causa de detención de los asambleístas.

Resulta extremadamente preocupante que luego de una movilización de 11 años y 584 caminatas por la vida, la respuesta estatal sea la criminalización de la protesta y las expresiones de disenso en marco de un sistema democrático, dando prioridad a las empresas trasnacionales ante las poblaciones locales, actuando a destiempo y sin fines preventivos.

 

Por todo lo antes expuesto, nuevamente exigimos la inmediata liberación de las personas detenidas y el cese del hostigamiento a los y las defensoras del agua. Asimismo, solicitamos que se detengan las acciones de exploración por resultar no solamente ilegítimas, contrarias a lo manifestado desde hace más de un decenio por el pueblo de Andalgalá, sino también ilegales.

 

Natalia Salvatico

Presidente

Fundación Amigos de la Tierra Argentina

 

 

Principios para una recuperación con justicia ambiental, social, de género y económica

Ante la parálisis productiva y el desconcierto social, perteneciendo a un sistema que prioriza el lucro por encima de los derechos de los pueblos, el ambiente y los sistemas democráticos, nos resultó esencial aunar voces de todos los continentes, reflexionar, debatir y proponer soluciones enmarcadas en la recuperación, construida sobre las bases de la justicia ambiental, social, de género y económica.

Estas propuestas  fueron elaboradas de manera colectiva con aportes de grupos y estructuras de Amigos de la Tierra Internacional, una federación de organizaciones presente en los 5 continentes, con 73 grupos miembros, y de la participamos desde Amigxs de la Tierra Argentina.

Marcha por el Clima, durante la COP25 en Madrid, España 2019 © Babawale Obayanju, ERA-Amigos de la Tierra Nigeria

 

Consideramos que para  hacerle frente a todos los impactos derivados de la crisis actual del COVID-19, es urgente y necesaria una  recuperación justa; centrada en el bienestar de  los pueblos y el planeta y que también contribuya a solucionar las otras crisis sistémicas subyacentes. Se proponen cuatro principios:

  1. Abandonar el neoliberalismo y la austeridad para adoptar políticas y medidas inmediatas basadas en  la justicia, reconociendo los límites ecológicos.
  1. Las medidas de recuperación deben fundarse  en la cooperación multilateral y la solidaridad  internacionalista y potenciarlas.
  1. Construir y fortalecer la democracia y garantizar la  realización de los derechos humanos y de los pueblos.
  1. Los gobiernos tienen que responder a las múltiples  crisis sistémicas -de la pandemia, desigualdad,  climática, de la alimentación y biodiversidad, y  de los cuidados- y a sus causas estructurales,  proponiéndole una agenda transformadora de  cambio de sistema.

 

La recuperación justa de ninguna manera puede significar volver a lo que se consideraba normalidad antes de  la crisis del COVID-19, ya que tal “normalidad” fue precisamente el origen de esta crisis y de sus impactos. Nuestras sociedades han sido estructuradas  por sistemas de opresión (patriarcado, racismo, clase,  neocolonialismo, imperialismo, heteronormatividad) con  profundas injusticias ambientales, sociales, de género y  económicas, y una nociva concentración del poder y los bienes comunes.

Este es el momento de reconstruir nuestras sociedades y un nuevo tipo de economía fundada en otros paradigmas que prioricen la sustentabilidad de la vida, la realización de los derechos de los pueblos y la justicia de género. Pensar un futuro colectivo y cooperativo es necesario para las sociedades fundadas y las que siempre estuvieron al margen.

Lxs invitamos a leer el documento entero, que es de distribución libre y gratuita :  Recuperación Justa

Acuerdo UNIÓN EUROPEA – MERCOSUR. Impactos en los derechos colectivos de los pueblos

La ratificación del acuerdo entre la UE y el MERCOSUR conllevaría graves consecuencias ambientales, sociales y económicas para nuestra región. En eso coincidieron los oradores del conversatorio “Acuerdo UE – MERCOSUR. Impactos en los derechos colectivos de los pueblos” organizado por Amigxs de la Tierra en el marco de la semana de acción de la Jornada Continental por la Democracia y en contra del Neoliberalismo.

Gonzalo Manzullo es desde el 2015 director de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores Autónoma de la Argentina (CTA-A) y Delegado titular por la misma central en el Foro Consultivo Económico y Social (FCES) del MERCOSUR, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Red Sindical del Sur Global (SIGTUR). En su exposición hizo eje en los aspectos laborales que la ratificación del acuerdo implicaría para la región: “No sólo estamos hablando de algunos impactos negativos en la industria sino que podríamos hablar de poner en riesgo la supervivencia de muchos sectores industriales, empleos industriales, la destrucción de de puestos de trabajo. No tenemos mecanismos de protección para pymes, que en países como el nuestro son los principales creadores de puestos de trabajo”.

En cuanto a las incidencias ambientales del acuerdo, Natalia Salvático, educadora ambiental, Presidenta de la Fundación Amigxs de la Tierra Argentina y coordinadora del programa de Agua comentó: “No deja de ser llamativo que la cuestión ambiental sea la mayor objeción a un acuerdo netamente comercial, y que a primera vista, por el cumplimiento de las metas de la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático y el escándalo de las quemas en el Amazonas, que eso sería lo que los medios hegemónicos y los gobiernos nos muestran como problema. Pero lo que decimos es, a no engañarnos, porque no es un acuerdo de protección del ambiente, sino que es claramente contradictorio con el cuidado de los territorios y fomenta el daño ambiental”.

Por último, Beverly Keene economista, coordinadora de Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina, y docente de la Cátedra Cultura de Paz y DDHH de la Facultad de Ciencias  Sociales de la Universidad de Buenos Aires llamó la atención sobre la cosificación de los pueblos en función de los intereses corporativos: “Estos acuerdos nos convierten a todos en consumidores, no somos más que eso, somos consumidores, somos objetos de las prácticas de las empresas transnacionales que van a operar bajo ese marco. Este acuerdo ha sido muy celebrado remarcando un comercio basado en normas, pero esas no son  las normativas del derecho humano, de protección de derechos laborales, de derechos ambientales… son las normas que protegen al capital”.

La inminente presidencia pro tempore de Argentina en Mercosur abre una posibilidad para que las organizaciones y movimientos sociales locales puedan lograr una mayor incidencia en el rechazo al acuerdo, “tenemos la necesidad, la obligación y la posibilidad de incidir con mayor fuerza” manifestó Beverly Keene. 

Podés ver el webinario completo haciendo clic aquí: https://youtu.be/5fHIOqkD5iw

UE-Mercosur: un acuerdo sobre la desigualdad

El acuerdo Unión Europea – Mercosur se negoció por 20 años. Sin embargo, bajo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se cerró un preacuerdo en 6 meses, a través de negociaciones poco transparentes y con una enorme falta de información. Este tratado, tal como se encuentra actualmente, propicia las políticas extractivistas en América Latina, y por ende debilita las democracias que ya se encuentran bajo ataque en nuestro continente.

En Argentina, la tercera economía del cono sur, no sólo fue ratificado, sino impulsado fuertemente, sin existir estudios de impacto ni información pública. Los beneficiarios son sectores minoritarios que participan del comercio exterior, no las mayorías trabajadoras.

La asimetría entre el Mercosur y la Unión Europea es evidente. El presente acuerdo sólo profundiza las desigualdades entre ambos bloques, y no incentiva ni la industria nacional ni la del Mercosur. La gestión del gobierno actual, bajo la presidencia de Alberto Fernández  no ve con buenos ojos este tratado, debido justamente a su disparidad. La posición argentina en este escenario es clave, ya que el signo político de los demás miembros del Mercosur  ha virado a la derecha, lo que propicia las políticas neoliberales, entre las que se encuentra este tratado.

Es necesaria asimismo una articulación internacional con marcada solidaridad internacionalista, ya que estas asimetrías y doble estándar en materias como protección ambiental y DDHH entre los pueblos de Europa y América Latina no pueden ser validadas bajo la forma de un tratado comercial.

El 28 de junio de 2019, se anunció la conclusión de las negociaciones luego de dos décadas de idas, venidas, tensiones y negociaciones entre los dos bloques económicos. En la actualidad, uno de los ámbitos más destacados del debate sobre el tratado es el ambiental. Nunca antes el cuidado del ambiente había tenido un perfil tan alto en las negociaciones internacionales para tratados de libre comercio. Esto se materializó el miércoles 7 de octubre,  cuando los eurodiputados impugnaron el acuerdo presentado,  en una votación que presenta por primera vez cuál es la opinión mayoritaria en ese organismo, sin cuyo visto bueno no puede formalizarse el convenio comercial. El rechazo de los eurodiputados al acuerdo comercial no significa un veto al tratado, que aún no fue oficialmente sometido al Parlamento, pero sí muestra por primera vez que la mayoría de los legisladores europeos se resiste a la idea de aprobarlo. El eje de la impugnación al acuerdo fue la preocupación por el cambio climático, un tema que se ha vuelto central en el debate político europeo de los últimos años y que es una bandera levantada en alto por varios partidos[1]. Sin embargo, este no es su único lado oscuro.

El rechazo actual se centra en el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pero lo que se impugna es el mismo problema que tiene Argentina: los incendios forestales para la extensión de la frontera agroexportadora. El acuerdo,  es de por sí contradictorio con las políticas climáticas acordadas en París por los líderes mundiales y ratificada por nuestro país, y este cumplimiento es una condición del acuerdo comercial. Sin embargo,  no incluye mecanismos exigibles o sanciones por incumplimiento a la protección del monte nativo.

Además, la deforestación y el incumplimiento de las metas de reducción de emisiones,  no serían el único impacto ambiental: la liberalización del comercio en el clima implica múltiples efectos negativos, incluidas emisiones de gas metano, aumento del transporte y contaminación marítima, aumento de uso de agrotóxicos, etc.

A estos impactos se sumarían los económicos, laborales e industriales, dado que el acuerdo implica la reducción de la matriz productiva interna a favor de la apertura de importaciones en rubros clave para el sector productivo nacional.

Si bien la firma del acuerdo implica un grado de avance significativo hacia su concreción, aún es necesario dar el debate en el Congreso, y la dirigencia política del gobierno actual se ha pronunciado en contra antes de asumir sus funciones en 2019.

Por otro lado, el gobierno nacional ha impulsado, durante el contexto actual de crisis pandémica, una serie de medidas para la recuperación económica vinculadas a la protección al mercado interno, la promoción de la industria nacional y el control de retenciones, medidas que se contraponen a la lógica intervencionista del acuerdo por sobre la soberanía de las naciones del Mercosur.

La posición de Argentina en el contexto político regional es fundamental para frenar la ratificación de este acuerdo claramente dañino para nuestra región, dado que el resto de los países que componen el Mercosur ya han dado claras intenciones de acompañar la iniciativa europea. Organizaciones socioambientales de ambos bloques nos organizamos en contra de un acuerdo que no respete la integridad de nuestros territorios ni nuestros derechos democráticos a una vida digna.

[1]https://www.tiempoar.com.ar/nota/bolsonaro-eje-del-rechazo-europeo-al-acuerdo-ue-mercosur (consultada el 10/10/2020)