Mientras el Norte global acelera la transición energética, en la Puna argentina el agua escasea, la luz se corta y las comunidades resisten. Un nuevo informe de Tierra Nativa pone en foco los costos invisibles de una transición que avanza sobre territorios y derechos. 

Vega del Trapiche completamente seca. FOTO: Evelyn Vallejos

En Antofagasta de la Sierra, a más de 4.000 metros de altura, el silencio del salar sólo se rompe por el viento y el paso de los camiones. A pocos kilómetros, comunidades que viven allí desde generaciones enfrentan cortes de luz, dificultades para acceder al agua y una creciente presión sobre sus territorios. La escena condensa una de las tensiones más profundas de este tiempo: la transición energética global necesita litio, cobre y otros minerales críticos, pero su extracción se apoya en territorios donde las condiciones de vida se vuelven cada vez más precarias.

El informe Violaciones de derechos humanos y ambientales en la minería de minerales críticos en Argentina -casos Glencore y Rio Tinto-, elaborado por Tierra Nativa , se mete de lleno en esa contradicción. Lo hace desde una pregunta incómoda: qué tipo de transición energética se está construyendo y quiénes pagan sus costos.

Lejos de la narrativa dominante, que presenta la electrificación como un camino inevitable hacia un futuro más limpio, el trabajo muestra que la transición actual se sostiene sobre una expansión de la lógica extractiva. Las energías renovables crecen, pero la explotación de combustibles fósiles no retrocede. La demanda de minerales críticos se dispara y los impactos se desplazan hacia territorios del Sur Global. La promesa de descarbonización convive con nuevas formas de despojo.

En Argentina, esa dinámica se vuelve tangible en provincias como Catamarca. Allí, enclaves mineros de gran escala coexisten con comunidades que no cuentan con acceso estable a servicios básicos. La pobreza energética aparece como una paradoja profunda: territorios que producen energía o insumos estratégicos para el sistema energético global, pero que no pueden garantizar condiciones dignas para quienes los habitan. La electricidad se encarece, el suministro es inestable, el agua se vuelve más escasa.

En este informe se reconstruye esta situación a partir de dos casos que condensan los conflictos actuales. Por un lado, en Andalgalá, el proyecto MARA, operado por la empresa transnacional Glencore, avanza en una zona de alta fragilidad ambiental. La mina se ubica en la cabecera de cuenca del río Andalgalá, amenaza glaciares de escombros protegidos por ley y prevé un uso intensivo de agua en un territorio donde ese recurso define la vida cotidiana. La geografía misma amplifica los riesgos. Un terreno inestable, atravesado por pendientes pronunciadas, donde cualquier falla puede tener consecuencias irreversibles.

Pero la dimensión del conflicto excede lo ambiental. Glencore aparece como una de las grandes corporaciones del sector, con un modelo que integra extracción, comercialización y finanzas a escala global. Su capacidad de operar en múltiples jurisdicciones, de moverse entre marcos regulatorios y de influir en decisiones políticas, ilustra una arquitectura transnacional que dificulta la rendición de cuentas. Lo que sucede en Andalgalá parte de un entramado más amplio de poder corporativo.

Por otro lado, más al norte, en el Salar del Hombre Muerto, el litio ocupa el centro de la escena. La expansión del Proyecto Fénix, hoy bajo control de Rio Tinto tras la adquisición de Arcadium Lithium, se desarrolla en un ecosistema extremo, donde la recarga de acuíferos es mínima y los humedales funcionan como piezas clave de un equilibrio delicado. La extracción sostenida de agua y salmuera puede alterar de forma permanente ese sistema.

Una de las alertas más claras del informe apunta a la ausencia de evaluaciones ambientales acumulativas. Los proyectos se aprueban de manera fragmentada, sin considerar los efectos sinérgicos sobre el territorio. En 2024, la Corte de Justicia de Catamarca ordenó realizar una evaluación integral para el salar. Aun así, las autorizaciones continúan avanzando bajo lógicas parciales. Se mide cada intervención por separado, mientras el sistema en su conjunto se transforma.

El informe describe un proceso de captura corporativa que reconfigura el rol del Estado. Convenios confidenciales, beneficios fiscales, financiamiento de infraestructura por parte de empresas. La frontera entre lo público y lo privado se vuelve difusa. Las instancias de participación se reducen a mecanismos formales, con escasa incidencia real. La toma de decisiones se desplaza hacia espacios donde las comunidades tienen poca o ninguna capacidad de intervención .

A esto se suma una tendencia creciente a la securitización de los territorios extractivos. La expansión de dispositivos de control y vigilancia, en algunos casos con impronta militar, redefine la vida cotidiana en zonas atravesadas por conflictos socioambientales. La protección de las inversiones se vuelve prioridad. Las comunidades quedan expuestas a nuevas formas de disciplinamiento, que buscan garantizar la continuidad de los proyectos más que el ejercicio de derechos .

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en 2024, refuerza este esquema. Al otorgar estabilidad fiscal y regulatoria por décadas, consolida un marco que favorece a los grandes actores del sector. También profundiza las asimetrías en el acceso a la justicia. Mientras las empresas cuentan con recursos para litigar a escala internacional, las comunidades enfrentan barreras económicas y técnicas para hacer valer sus derechos.

Sin embargo, el territorio no es un espacio pasivo. En Catamarca, las resistencias persisten y se reinventan. Asambleas, comunidades indígenas, experiencias de manejo comunitario del territorio. En lugares como Laguna Blanca, se sostienen formas de vida que no se subordinan a la lógica extractiva. La defensa del agua, del territorio y de los vínculos comunitarios se vuelve también una disputa por el sentido de la transición.

Este informe no busca ofrecer una respuesta cerrada, pero sí desplazar el eje del debate. La discusión sobre la transición energética no puede limitarse a qué tecnologías reemplazan a otras. Implica preguntarse quién decide, quién se beneficia y quién carga con los impactos. Implica también revisar las relaciones de poder que organizan el sistema energético global.

Lo que está en juego excede el modelo energético. Se trata de definir qué tipo de territorios queremos habitar y bajo qué condiciones. Se trata de discutir si la salida a la crisis climática va a profundizar las desigualdades existentes o abrir caminos hacia formas más justas de producción y reproducción de la vida.

El informe completo está disponible para su lectura y descarga. Una invitación a mirar más de cerca lo que suele quedar fuera de escena.

Violaciones de derechos humanos y ambientales en la minería de minerales críticos en Argentina