Etiqueta: agua

NO a la privatización de AYSA. NO queremos repetir la historia de entrega y contaminación

El Gobierno nacional avanza con la privatización de AySA, la empresa que presta los servicios de agua potable y saneamiento a millones de personas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La historia de este servicio ya atravesó una privatización durante los años noventa. Tres décadas después, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y de usuarios vuelven a organizarse frente a un proceso que cuestionan por sus consecuencias sobre el acceso al agua, las tarifas, las obras de infraestructura y el control público de un servicio esencial.

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Peñas Negras vuelve a defender su territorio frente al avance minero 

La Comunidad Indígena de Peñas Negras, se ubica en el departamento Belén, provincia de Catamarca, reivindica un territorio ancestral de aproximadamente 32.415 hectáreas, con bases territoriales en Hunquillar y Ciénaga Redonda, organizado históricamente según formas andinas de ocupación y gestión del ecosistema. Desde comienzos de septiembre, empresas mineras autorizadas por el Gobierno de Catamarca intentan avanzar con tareas de prospección en la zona. Cuentan con autorización provincial, pero no con el consentimiento de Peñas Negras.

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Energías solidarias en el Delta

En un territorio donde el acceso a la energía fue históricamente negado por un conflicto por la tierra, cada panel solar instalado representa mucho más que electricidad. Significa fortalecer la organización comunitaria, ampliar las posibilidades de producir, enseñar y encontrarse.

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Glaciares: una audiencia pública a espaldas del pueblo

La reforma de la Ley de Glaciares implica un cambio estructural que debilita la protección del agua como recurso estratégico, al reemplazar el enfoque preventivo por criterios ambiguos que habilitan actividades extractivas. Además, introduce discrecionalidad provincial y pone en riesgo la seguridad hídrica y la calidad democrática, en un contexto donde la participación ciudadana se ve restringida en una audiencia pública a espaldas del pueblo.

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Mendoza y la criminalización de la protesta: dos defensores del agua siguen detenidos

Uspallata se encuentra en la cabeza de cuenca del río Mendoza, amenazado por el accionar de la minera San Jorge, una mina de cobre administrada por una corporación china en conjunto con un grupo empresario nacional. En ese contexto de protestas, se registró la detención de 13 activistas sin causa legítima. Algunos sufrieron agresiones físicas, y todos fueron objeto de acusaciones claramente orientadas a silenciar la protesta ambiental y desalentar la resistencia social. 

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Andalgalá sigue de pie contra la megaminería

En marzo de este año, en un contexto de emergencia sanitaria y beneficiados por la pandemia, el proyecto minero “MARA”, bajo su beneficiosa condición de “esencial”, avanza sobre los territorios con la exploración del cerro Aconquija. Todo esto mientras las comunidades se encontraban en aislamiento preventivo y obligatorio y no podían circular ni movilizarse. Esta situación genera una profunda indignación en Andalgalá, un pueblo que se viene manifestando hace 10 años en defensa del agua. 

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Defender el agua no es delito

Amigos de la Tierra Argentina escribió una nota urgente al  gobierno de la Provincia de Catamarca por la liberación inmediata de 7 asambleístas detenidos el día lunes y el cese de las labores de exploración en las inmediaciones del río Minas, que alimenta la ciudad de Andalgalá. A la fecha de esta publicación no tenemos información sobre la situación de los y las detenidos/as, y la Asamblea El Algarrobo denuncia más hostigamiento y vigilancia policial en los domicilios de más compañeros/as.

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NO a la privatización de AYSA. NO queremos repetir la historia de entrega y contaminación

El Gobierno nacional avanza con la privatización de AySA, la empresa que presta los servicios de agua potable y saneamiento a millones de personas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La historia de este servicio ya atravesó una privatización durante los años noventa. Tres décadas después, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y de usuarios vuelven a organizarse frente a un proceso que cuestionan por sus consecuencias sobre el acceso al agua, las tarifas, las obras de infraestructura y el control público de un servicio esencial.

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Peñas Negras vuelve a defender su territorio frente al avance minero 

La Comunidad Indígena de Peñas Negras, se ubica en el departamento Belén, provincia de Catamarca, reivindica un territorio ancestral de aproximadamente 32.415 hectáreas, con bases territoriales en Hunquillar y Ciénaga Redonda, organizado históricamente según formas andinas de ocupación y gestión del ecosistema. Desde comienzos de septiembre, empresas mineras autorizadas por el Gobierno de Catamarca intentan avanzar con tareas de prospección en la zona. Cuentan con autorización provincial, pero no con el consentimiento de Peñas Negras.

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En un territorio donde el acceso a la energía fue históricamente negado por un conflicto por la tierra, cada panel solar instalado representa mucho más que electricidad. Significa fortalecer la organización comunitaria, ampliar las posibilidades de producir, enseñar y encontrarse.

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La reforma de la Ley de Glaciares implica un cambio estructural que debilita la protección del agua como recurso estratégico, al reemplazar el enfoque preventivo por criterios ambiguos que habilitan actividades extractivas. Además, introduce discrecionalidad provincial y pone en riesgo la seguridad hídrica y la calidad democrática, en un contexto donde la participación ciudadana se ve restringida en una audiencia pública a espaldas del pueblo.

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Uspallata se encuentra en la cabeza de cuenca del río Mendoza, amenazado por el accionar de la minera San Jorge, una mina de cobre administrada por una corporación china en conjunto con un grupo empresario nacional. En ese contexto de protestas, se registró la detención de 13 activistas sin causa legítima. Algunos sufrieron agresiones físicas, y todos fueron objeto de acusaciones claramente orientadas a silenciar la protesta ambiental y desalentar la resistencia social. 

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