Andalgalá sigue de pie contra la megaminería

En marzo de este año, en un contexto de emergencia sanitaria y beneficiados por la pandemia, el proyecto minero “MARA”, bajo su beneficiosa condición de “esencial”, avanza sobre los territorios con la exploración del cerro Aconquija. Todo esto mientras las comunidades se encontraban en aislamiento preventivo y obligatorio y no podían circular ni movilizarse. Esta situación genera una profunda indignación en Andalgalá, un pueblo que se viene manifestando hace 10 años en defensa del agua. 

Foto: Asamblea El Algarrobo

El sábado 10 de Abril se realizó la marcha número 584, y al mismo tiempo un grupo de personas no identificadas incendió las oficinas de la minera. Las fuerzas policiales estuvieron ausentes en todo el proceso,  pero sin embargo el lunes 12 de abril, la policía de Catamarca comenzó una serie de allanamientos violentos en domicilios particulares de integrantes de la Asamblea el Algarrobo. Aunque en las casas no hubo resistencia, los efectivos rompieron puertas e ingresaron con violencia golpeando a varios activistas. Sin pruebas se llevaron detenidas a 12 personas. Fueron varios días de incertidumbre y temor entre los que se denuncia no solamente allanamientos violentos y golpes, sino amedrentamientos, policías filmando de manera ilegal a activistas socioambientales, vehículos sin patente vigilando las casas, guardias ante las familias, entre otras irregularidades. 

Mientras esto ocurría, y las personas detenidas durante dos semanas,  esperaban por su libertad recibiendo muestras de solidaridad nacional e internacional, Yamana Gold, Glencore y Newmont, seguían explorando el cerro sin ninguna interrupción.

Les detenides finalmente fueron liberados pero enfrentan cargos judiciales aún sin existir pruebas que les incriminan en el incendio de las oficinas. 

La comunidad sigue luchando, y en agosto de este año llegaron a las 600 caminatas por el agua y la vida, a pesar de los amedrentamientos y criminalizaciones, amenazas de grupos  pro-mineros, audiencias públicas falaces, falta de información pública e intentos de lavado verde de cara de la minera a través de ONGs del establishment  en nombre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

La minera sigue explorando, y lo sigue haciendo el día de hoy, sin licencia social y sin cumplimiento de las leyes  y tratados internacionales vigentes. 

La impotencia es mucha. La violencia simbólica a la que son sometidos los pobladores que no son escuchados es enorme. La inacción gubernamental se traduce en connivencia entre el poder político y las empresas transnacionales. 

Recientemente en septiembre, les jóvenes de Andalgalá escribieron una carta al presidente Alberto Fernández, relatando la lucha de este pueblo desde el año 2010, cómo fueron testigos de su infancia de la violencia institucional contra sus familias y ” la historia de un pueblo que no solo lucha contra una multinacional extranjera, sino también ante sus supuestos representantes”  les jóvenes dicen ” nos gustaría tener la posibilidad de elegir Andalgalá como nuestro lugar dónde vivir, estudiar y en un futuro tener nuestra familia, o no. Queremos poder elegir!” les jóvenes exigen que bajen las máquinas de su cerro, que dejen de violar sus derechos qué son vulnerados hace más de 10 años. Insisten en que las nuevas generaciones tampoco dan licencia social a la megaminería en Andalgalá y “solo quieren vivir en paz”.

En octubre, los juzgados locales comenzaron a citar a las mujeres, bajo cargos como “pintadas en las paredes”. “Si es por defender el agua, tendrán que judicializarnos a todos” aseguran desde  Pucará, el espacio provincial que articula luchas por la resistencia y la autodeterminación.  

Durante los primeros días de noviembre, la Asamblea presentó denuncias por tratos crueles y torturas que sufrieron los vecinos y vecinas y sus familiares en los allanamientos y detenciones del mes de abril. 

La solidaridad con Andalgalá continúa y crece porque su reclamo es legítimo, su entereza contundente, su amor por el territorio, conmovedor. Pero sobre todo, Andalgalá es un ejemplo de organización y resistencia comunitaria que va más allá de sus límites geográficos para reaparecer con mil formatos en cualquier territorio en resistencia del mundo. Acompañamos a este pueblo que sigue caminando y poniendo la vida en el centro. 

Defender el agua no es delito

Amigos de la Tierra Argentina escribió una nota urgente al  gobierno de la Provincia de Catamarca por la liberación inmediata de 7 asambleístas detenidos el día lunes y el cese de las labores de exploración en las inmediaciones del río Minas, que alimenta la ciudad de Andalgalá. A la fecha de esta publicación no tenemos información sobre la situación de los y las detenidos/as, y la Asamblea El Algarrobo denuncia más hostigamiento y vigilancia policial en los domicilios de más compañeros/as.

foto: Asamblea El Algarrobo

 

Entendemos que esta reacción de las autoridades supone una defensa de los bienes y actividades de las empresas trasnacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont, que controlan el proyecto minero Agua Rica, y recientemente realizaron numerosas acciones buscando legitimación social para iniciar la explotación del yacimiento, la cual no pueden lograr.

Más allá de la falta de certezas, sabemos que a pesar de  11 años de reclamar por la defensa del agua,  la población de Andalgalá es sometida a múltiples violencias, fundamentalmente la amenaza de falta de agua para la vida. La democracia Argentina está en deuda con Andalgalá, y las tensiones y contradicciones generadas por la imposición de un modelo deben ser resueltas ante todo con respeto a los derechos de los pueblos. La licencia social no se gana con engaños ni con represión, la licencia social es parte de la inclusión de la población en sus propios proyectos territoriales, de manera autónoma y con sus propios horizontes de desarrollo local.

 

 

Adrogué, 13 de abril de 2021

 

Sr. Gobernador de la

Provincia de Catamarca

Lic. Raúl Jalil

S                /                D

 

Por la presente expresamos nuestra profunda preocupación por el respeto de los Derechos de los habitantes de Andalgalá, a partir de las detenciones arbitrarias realizadas el día de ayer por la policía provincial a personas pertenecientes a la Asamblea El Algarrobo, así como nuestra expresa solicitud para detener la exploración avanzada del yacimiento Agua Rica.

Desde hace años nuestra organización expresa su solidaridad con el reclamo del pueblo de Andalgalá en contra de la explotación del antedicho yacimiento. Recientemente, luego del ingreso de máquinas perforadoras al Cerro Aconquija, sumadas a una fuerte presencia policial,  se generó, tanto entre los pobladores locales como entre una amplia red de organizaciones locales, nacionales e internacionales, una alerta máxima.

Entendemos que la presencia de dicha maquinaria se corresponde con  la autorización por parte del Ministerio de Minería de Catamarca (Res. 310/2020) del Plan de Exploración Avanzada presentado por la empresa minera Yamana Gold, desconociendo la aplicación de la Ley Nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la Ley General del Ambiente, el art 41 de la Constitución Nacional, así como Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22), en esta línea los art. 1.1 y 1.2 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) y del de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), los que garantizan el derecho a la autodeterminación de los Pueblos, es la potestad que las poblaciones poseen a autodeterminarse para decidir cuál va a ser su modo de vida en el ambiente que viven y su desarrollo económico local, como hoy lo hacen las poblaciones de la Provincia.

Esta exploración pone en riesgo la naciente del río Minas que alimenta a la población local. Nos encontramos frente a una vulneración de los derechos humanos considerados en su interdependencia e indivisibilidad: el derecho al ambiente sano, a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y la libre determinación, entre otros, afectando la vida de la población presente y de las futuras generaciones.

El pueblo de Andalgalá no ha cesado de reclamar de manera pacífica por su legítimo derecho a la vida y a la salud a través del agua, durante los últimos 11 años, hemos realizado numerosas acciones de apoyo, constatando una y otra vez la veracidad  y justicia del reclamo que no es atendido en instancias nacionales. Los conflictos por el agua serán fundantes del siglo XXI y debemos abordarlos de una manera integrada y pluralista.

Luego de la manifestación del sábado, donde resultaron incendiadas las oficinas de la empresa Agua Rica, resulta llamativo el accionar policial el día de ayer, que bajo la orden del juez Rodolfo Cecenarro y la fiscal Soledad Rodríguez,  realizó allanamientos y detuvo a 7 personas, siendo desconocido por nosotras al momento de escribir esta nota, el paradero, estado de salud y causa de detención de los asambleístas.

Resulta extremadamente preocupante que luego de una movilización de 11 años y 584 caminatas por la vida, la respuesta estatal sea la criminalización de la protesta y las expresiones de disenso en marco de un sistema democrático, dando prioridad a las empresas trasnacionales ante las poblaciones locales, actuando a destiempo y sin fines preventivos.

 

Por todo lo antes expuesto, nuevamente exigimos la inmediata liberación de las personas detenidas y el cese del hostigamiento a los y las defensoras del agua. Asimismo, solicitamos que se detengan las acciones de exploración por resultar no solamente ilegítimas, contrarias a lo manifestado desde hace más de un decenio por el pueblo de Andalgalá, sino también ilegales.

 

Natalia Salvatico

Presidente

Fundación Amigos de la Tierra Argentina

 

 

Los Movimientos en defensa del Agua y sus desafíos en la Cordillera de los Andes

En septiembre de 2018 se realizó la Cumbre del Agua para los pueblos.  El lugar elegido para realizarla no fue casualidad: la provincia de Catamarca ha sido en Argentina, uno de los primeros territorios sometidos al  modelo extractivista. Allí funciona desde finales de los años 90 la explotación minera de oro a cielo abierto más grande del país: la mina Bajo La Alumbrera a 300 de la capital provincial y cercana a poblaciones como Belén y Andalgalá. Tras más de 20 años de explotación de la Alumbrera Catamarca no solo no conoció el desarrollo económico y social sino que es una de las provincias con el mayor índice de pobreza del país.

Durante la cumbre del agua se denunciaron entre otras a  Yamana Gold, que continúa su lobby, exigiendo a las autoridades provinciales la derogación de la ordenanza municipal que, desde 2016, prohíbe la explotación minera en el cordón montañoso Nevado del Aconquija, como forma de cumplimiento de la Ley de Glaciares.

Nora Cortiñas y participantes sanjuaninos de la bicileteada en defensa de la Ley de Glaciares

El mismo año del Encuentro del Agua, 2018, luego de 7 años, se publicó oficialmente el inventario de Glaciares, y a posterior de  la publicación las organizaciones Greenpeace Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denuncian que el inventario no está completo, ya que excluye a los glaciares con una superficie menor a 0,01km21.

Como se puede apreciar, las disputas del agua son muchas, pero en cuanto a los glaciares, tienen dos grandes afectaciones: el derretimiento por aumento de las temperaturas y la minería, con sus múltiples afectaciones en áreas glaciares y periglaciares, así como las consecuencias en el agua de deshielo de la que se alimentan numerosa población al pie de la cordillera.

Pese al nuevo impulso que las luchas por el agua retoman luego de la Cumbre y el inventario de glaciares, las mineras continúan su constante presión para operar desoyendo la Ley de Glaciares.  En marzo de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri recibió a autoridades de las empresas mineras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, quienes le presentaron detalles del proyecto llamado «Agua Rica» para la extracción de oro y cobre en la provincia de Catamarca, explotación que duraría 25 años y que genera fuerte rechazo de la población.

En junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la Ley de Glaciares. El resultado de la máxima autoridad judicial nacional, marcó un hito para la preservación de los glaciares.

El 27 octubre de 2019, la Asamblea «El Algarrobo» oriunda del pueblo de Andalgalá, Catamarca, presentó ante la justicia una denuncia penal a los directores de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), funcionarios de la Sindicatura General y de la Secretaría de Minería de la Nación, por incumplimiento de los deberes de funcionario público al no respetar el Artículo Nº 6 de la Ley de Glaciares que prohíbe la actividad minera en zona con  glaciares y ambiente periglacial.

A fines de 2019, también en Catamarca, el pueblo de Antofagasta reclamó fuertemente que NO quiere el proyecto del acueducto del río Los Patos para la extracción de litio. Ya suficientes impactos se causaron en el río Trapiche, dejando secas a las vegas perjudicando toda forma de vida de la cuenca. En el Salar del Hombre Muerto, la empresa Minera del Altiplano está extrayendo litio desde 1997 dejando como consecuencia el agotamiento del agua del río Trapiche. Para continuar la explotación se proyecta construir un acueducto que transporte el agua subterránea del acuífero del río Los Patos. El conflicto aún no ha tenido resolución.

En 2019 también se celebraron el país elecciones presidenciales resultando en un cambio de signo político, en el cual resultó elegido el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Sin embargo, a pesar del cambio de orientación política, no cambió la política extractivista, donde la minería pugna por erigirse como la solución a la debilitada posición económica del país luego de 4 años de neoliberalismo extremo gerenciados por Mauricio Macri.

Los dirigentes cordilleranos pro-minería, supieron aprovechar la continuidad del impulso minero, por ejemplo el flamante gobernador mendocino Rodolfo  Suarez  y la legislatura de la Provincia de Mendoza, que inmediatamente después de asumir, modificaron el 20 de diciembre la Ley Provincial 7722 de defensa del agua, hecho masivamente rechazado por el pueblo mendocino y apoyado a nivel nacional de manera inmediata.  

Antes de la navidad, el 23 de diciembre, se inició la llamada “Marcha más Grande de la Historia” la cual rechazaba la recién aprobada modificación a la Ley 7722 “que abre paso a la megaminería y profundiza la crisis hídrica que esta viviendo la provincia”. La reforma a la Ley 7722  habilitaba químicos tóxicos antes prohibidos, y columnas de miles de personas avanzaron desde toda la provincia hacia la casa de Gobierno. Al llegar a la Casa de Gobierno, el hashtag #La7722NoSeToca  rápidamente se hizo viral por el apoyo de los ciudadanos/as a la masiva marcha contra la megaminería.

El martes 24, El gobernador Rodolfo Suárez haciendo oídos sordos a las manifestaciones, promulgó la ley que permitía el uso de contaminantes químicos. Pero el  26 de diciembre se vio obligado a llamar “al diálogo” y el 27 a derogar la modificación, resultando  el hecho en un gran triunfo popular del pueblo mendocino en defensa de sus aguas. Este fue el primer revés ambiental del flamante gobierno de Fernández, que a pocos días de asumir el poder se enfrentó de bruces con la contradicción desarrollista.

A raíz de los acontecimientos sucedidos en la provincia de Mendoza, se hicieron eco en todo el país los reclamos por el agua y luego de apoyar fuertemente el reclamo mendocino, cientos de ambientalistas de todo el país se alistaron a organizar una  primera Marcha plurinacional del agua para los pueblos, que se realizaría el 22 de marzo, Día del Agua, confluyendo en la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente,  a consecuencia de la cuarentena por COVID la marcha fue suspendida.  “La alarma y la conciencia que hoy tenemos con respecto al peligro que corre nuestra vida por un virus, es la alarma que sufrimos día a día en cada uno de nuestros territorios” expresó el comité organizador en su comunicado al respecto (disponible aquí).

Hoy, durante la pandemia, la actividad minera está considerada dentro de las excepciones del decreto del Aislamiento social preventivo y obligatorio  para mantener en pie a la producción, el secretario de minería de la nación, Alberto Hensel dijo que el Gobierno “comenzó a plantear como eje de desarrollo social y económico a la minería” y anunció que desde julio seguirán en la puesta en marcha de “un Plan Estratégico para la actividad que se conviertan en política pública para el sector y en señal clara de seguridad jurídica ante la incertidumbre de quienes quieran invertir”. El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, afirmó: “Yo creo que la minería es una de las alternativas más viables para la reconstrucción que necesitará la Argentina”

Queda claro que el desafío para la gestión pública y la participación comunitaria en cuestiones del agua será un escenario complejo durante los próximos años, con dificultades propias de esta nueva crisis de salud, que se suma con fuerza a la crisis del modelo capitalista que se evidenciaba antes de la aparición del COVID19. La disputa entre modelos de desarrollo antagónicos será de vital importancia en el corto plazo, y será importante darla sin perder de vista el rol de alta conflictividad social que protagonizan las corporaciones trasnacionales mineras en el escenario nacional.

1-https://farn.org.ar/archives/25208