Andalgalá sigue de pie contra la megaminería

En marzo de este año, en un contexto de emergencia sanitaria y beneficiados por la pandemia, el proyecto minero “MARA”, bajo su beneficiosa condición de “esencial”, avanza sobre los territorios con la exploración del cerro Aconquija. Todo esto mientras las comunidades se encontraban en aislamiento preventivo y obligatorio y no podían circular ni movilizarse. Esta situación genera una profunda indignación en Andalgalá, un pueblo que se viene manifestando hace 10 años en defensa del agua. 

Foto: Asamblea El Algarrobo

El sábado 10 de Abril se realizó la marcha número 584, y al mismo tiempo un grupo de personas no identificadas incendió las oficinas de la minera. Las fuerzas policiales estuvieron ausentes en todo el proceso,  pero sin embargo el lunes 12 de abril, la policía de Catamarca comenzó una serie de allanamientos violentos en domicilios particulares de integrantes de la Asamblea el Algarrobo. Aunque en las casas no hubo resistencia, los efectivos rompieron puertas e ingresaron con violencia golpeando a varios activistas. Sin pruebas se llevaron detenidas a 12 personas. Fueron varios días de incertidumbre y temor entre los que se denuncia no solamente allanamientos violentos y golpes, sino amedrentamientos, policías filmando de manera ilegal a activistas socioambientales, vehículos sin patente vigilando las casas, guardias ante las familias, entre otras irregularidades. 

Mientras esto ocurría, y las personas detenidas durante dos semanas,  esperaban por su libertad recibiendo muestras de solidaridad nacional e internacional, Yamana Gold, Glencore y Newmont, seguían explorando el cerro sin ninguna interrupción.

Les detenides finalmente fueron liberados pero enfrentan cargos judiciales aún sin existir pruebas que les incriminan en el incendio de las oficinas. 

La comunidad sigue luchando, y en agosto de este año llegaron a las 600 caminatas por el agua y la vida, a pesar de los amedrentamientos y criminalizaciones, amenazas de grupos  pro-mineros, audiencias públicas falaces, falta de información pública e intentos de lavado verde de cara de la minera a través de ONGs del establishment  en nombre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

La minera sigue explorando, y lo sigue haciendo el día de hoy, sin licencia social y sin cumplimiento de las leyes  y tratados internacionales vigentes. 

La impotencia es mucha. La violencia simbólica a la que son sometidos los pobladores que no son escuchados es enorme. La inacción gubernamental se traduce en connivencia entre el poder político y las empresas transnacionales. 

Recientemente en septiembre, les jóvenes de Andalgalá escribieron una carta al presidente Alberto Fernández, relatando la lucha de este pueblo desde el año 2010, cómo fueron testigos de su infancia de la violencia institucional contra sus familias y ” la historia de un pueblo que no solo lucha contra una multinacional extranjera, sino también ante sus supuestos representantes”  les jóvenes dicen ” nos gustaría tener la posibilidad de elegir Andalgalá como nuestro lugar dónde vivir, estudiar y en un futuro tener nuestra familia, o no. Queremos poder elegir!” les jóvenes exigen que bajen las máquinas de su cerro, que dejen de violar sus derechos qué son vulnerados hace más de 10 años. Insisten en que las nuevas generaciones tampoco dan licencia social a la megaminería en Andalgalá y “solo quieren vivir en paz”.

En octubre, los juzgados locales comenzaron a citar a las mujeres, bajo cargos como “pintadas en las paredes”. “Si es por defender el agua, tendrán que judicializarnos a todos” aseguran desde  Pucará, el espacio provincial que articula luchas por la resistencia y la autodeterminación.  

Durante los primeros días de noviembre, la Asamblea presentó denuncias por tratos crueles y torturas que sufrieron los vecinos y vecinas y sus familiares en los allanamientos y detenciones del mes de abril. 

La solidaridad con Andalgalá continúa y crece porque su reclamo es legítimo, su entereza contundente, su amor por el territorio, conmovedor. Pero sobre todo, Andalgalá es un ejemplo de organización y resistencia comunitaria que va más allá de sus límites geográficos para reaparecer con mil formatos en cualquier territorio en resistencia del mundo. Acompañamos a este pueblo que sigue caminando y poniendo la vida en el centro. 

Transición justa y feminista, qué es y cómo la lograremos

En la actualidad existe una demanda muy fuerte por parte de las organizaciones, movimientos socioambientales y la población en general, sobre la impostergable transición de un sistema energético “sucio” a uno “limpio” con soberanía energética, y esta necesidad ya deja de ser invisible para los gobiernos. Pero esto también debe ser justo.

Amigos de la Tierra llama a una transformación radical del sistema energético actual responsable por la crisis climática. Un sistema dominado por las transnacionales que sólo persiguen ganancias inmediatas. El mismo se caracteriza por generar injusticias, violar los derechos de los pueblos, y destruir los territorios y medios de sustento. La injusticia se hace visible y reproduce de distintas maneras. Por un lado, el sistema energético dominante no es capaz de garantizar el Derecho Humano a la energía eléctrica, al tiempo que destruye los sistemas alimentarios locales, la biodiversidad, los ríos, amenaza la salud de las comunidades y avanza en la privatización de la naturaleza. Por otro, las grandes transnacionales son las responsables de la crisis climática, al igual que el 10% más rico de la población que es responsable de aproximadamente el 50% de las emisiones. El poder de las transnacionales y el auge del neoliberalismo, ha llevado además a la privatización de la energía y al desmantelamiento de los derechos de la clase trabajadora. La clase trabajadora ha luchado históricamente contra la privatización de la energía y para que la misma sea reconocida como un derecho y no se transforme en mercancía, y se ha comprometido también en la lucha contra los impactos que el sistema tiene en muchas comunidades y territorios. El movimiento por la justicia ambiental ha sabido oponerse a proyectos energéticos destructivos, al tiempo que defiende también el derecho a la energía y el derecho de las comunidades y de las/los trabajadores/as.

Hoy está claro que es necesaria una transición justa de forma urgente, que permita acabar con la dependencia de los combustibles fósiles y garantizar derechos. Una transición que no significa tan sólo un cambio de matriz y de fuentes, sino que requiere una mirada integral sobre la propiedad y control público de la energía, ya sea en manos del Estado, municipios o cooperativas. La democratización del sistema energético debe llevar a garantizar derechos fundamentales, de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, pescadores, de las y los trabajadores y  las mujeres. Las preguntas fundamentales de qué forma producir la energía, cuánto producir, para qué y para quién deben ser respondidas por los pueblos para alcanzar la soberanía energética.

Es hora de que el sistema energético en manos públicas ponga en el centro la sustentabilidad de la vida. No se trata tan sólo de seguir denunciando los impactos perversos y las violaciones de los derechos de las mujeres por un sistema que explota el trabajo y el cuerpo de las mujeres, las expulsa de sus territorios, se apropia de y destruye sus medios de sustento, atenta contra su salud y la de sus comunidades, sino que hay que luchar para que las mujeres seamos reconocidas como sujetos políticos de la soberanía energética. Las mujeres debemos jugar un papel fundamental en definir y decidir sobre las características del proceso de  transición y el nuevo sistema energético que queremos construir. 

Debemos descolonizar el sistema energético, lo que significa devolver soberanía a nuestros pueblos y reconocer la responsabilidad histórica diferenciada y la deuda ecológica y climática que este sistema ha generado. La hoja de ruta hacia una transición justa debe partir de la unidad de las luchas por la defensa de la democracia y  contra las transnacionales y el neoliberalismo . Esta unidad se ve claramente reflejada en la solidaridad internacionalista como la que fortalecemos para hacer frente al autoritarismo, el racismo y el fascismo.

Asimismo es necesaria una visión regional de la transición, que conlleva una apuesta a consolidar los perfiles nacionales, a la evolución tecnológica apropiada, Innovación local, a la transformación y actualización de la infraestructura energética, pero todo ello sin descuidar a las comunidades locales y su derecho de consulta libre, previa e informada.  Podemos concebir la energía como un bien común estratégico renovable, sustentable, público, social y descentralizado. Sudamérica tiene un gran potencial para energías renovables, sin embargo persiste una lógica mercantil aún en los proyectos de energías renovables en nuestra región, por lo que tenemos que evitar la posibilidad de una transición energéticamente mercantilizada. Por ejemplo, con la relevancia en el contexto actual del almacenamiento de energía, que la región sea contenedora de las reservas más grandes accesibles y rentables de litio no es una cuestión menor, pues podría significar una oportunidad para aprovechar las capacidades regionales y consolidar una industria energética para la satisfacción de necesidades socialmente validadas del mercado interno o, en el caso contrario, nuevo capítulo de sometimiento a las grandes trasnacionales, mediante la preocupante tendencia a la concentración que observamos en la actualidad, donde nuestro país y la región subsidiaría las transiciones del norte global.

La transición debe incluir la lucha contra un sistema controlado por esas transnacionales, injusto, que atenta contra los derechos de los pueblos, y debe ir de la mano del desmantelamiento del neoliberalismo y de la profundización de la democracia. No podemos permitir que las empresas trasnacionales continúen controlando el sistema energético. Nuestra lucha por la soberanía energética requiere la unidad y una articulación cada vez más fuerte con los pueblos y comunidades que sufren las violaciones y amenazas perpetradas por las grandes empresas del sector energético, aportando cada movimiento desde sus capacidades en la construcción colectiva. 

En Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina, creemos que la transición energética justa y feminista no está aislada, debe caminar de la mano de otras transiciones y transformaciones en ámbitos diversos, como el alimentario, el económico, e incluso el político. Es imperante transicionar hacia la formas de ejercicio de la territorialidad en detrimento de las relaciones de dominio verticales que imponen los actuales sistemas productivos y de especulación. Es importante que pensemos cuántas y cuales transiciones hay en gestación y en proceso, y apoyarlas.

Las transiciones tendrán que dar respuesta a las crisis globales superpuestas, a la que se suma el covid 19 como último emergente de un sistema obsoleto, incluyendo la enorme e invisible crisis de los cuidados, que la pandemia visibilizó a la población, y resolviendo también en simultáneo la crisis climática, aplicando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, alejándonos de una economía dependiente de los combustibles fósiles, cambiando el sistema energético por uno renovable, democrático, que garantice el acceso para todos/as. No podemos esperar que la crisis termine, tenemos que actuar ahora, fortaleciendo una visión feminista sólida para la transición justa hacia una “nueva normalidad” que no sea más de la misma normalidad que teníamos, una normalidad racista, neocolonial, patriarcal, violenta y ecocida.

Es fundamental rescatar la idea de una recuperación justa que sea social, ambiental, económica y de género, y construir iniciativas sustentables y emancipadoras, evitando que los gobiernos socialicen las pérdidas de las grandes empresas y garanticen entre otros el derecho a la energía a toda la población. La transición se convierte así en una oportunidad para re-establecer una buena parte de los cimientos de la sociedad post pandemia. 

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A fines de 2020, 100 activistas de la federación Amigos de la Tierra Internacional de todos los rincones del mundo nos reunimos con organizaciones aliadas en una serie de seminarios virtuales para analizar qué significa una Transición Energética Justa desde una perspectiva feminista, realizamos un documento que refleja nuestra visión colectiva sobre la Transición Energética Justa, tal como debatieron las/os participantes, y puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://www.foei.org/es/recursos/si-no-es-feminista-no-es-justa

La COP26 sigue adelante de forma poco equitativa e inaccesible mientras los pueblos luchan contra las falsas soluciones

El gobierno del Reino Unido sigue adelante con la celebración de la COP26 en Glasgow, a pesar de la preocupación real expresada por el Sur global de que no puede llevarse a cabo de forma segura y equitativa. Muchos delegados del Sur global no pueden viajar para asistir a la COP debido a una combinación de falta de acceso a la vacunación, normas siempre cambiantes en torno a la cuarentena, normas restrictivas de visado, altos costes y preocupaciones sobre la seguridad. El gobierno británico no ha entregado a tiempo las vacunas Covid prometidas a los delegados del Sur, y sigue bloqueando las exenciones de patentes de vacunas, impidiendo así que los países del Sur, especialmente los de África, se recuperen de la pandemia.

La pandemia de Covid-19 está haciendo estragos en el mundo, agravando las crisis sanitarias, económicas y sociales existentes. Sus impactos desiguales se ven exacerbados por el apartheid de las vacunas, perpetuado por los países ricos, los mismos que crearon la crisis climática y que ahora huyen de su responsabilidad histórica. La crisis climática es una realidad urgente, pero una COP inequitativa que amenaza la vida humana sólo profundizará las injusticias. La COP es un espacio desigual e inaccesible en el mejor de los casos. En repetidas ocasiones ha fallado a las personas más pobres y vulnerables del planeta, que son las que más riesgo corren por la crisis climática, y este año muchas de sus voces no serán escuchadas. Los resultados de la COP no serán justos ni equitativos si no están presentes todos aquellos que deben estar allí, tanto dentro de las negociaciones como en las calles. Amigos de la Tierra Internacional (ATI) está en la COP, pero muchos de nuestros miembros del Sur no lo están. ATI hablará en nombre de nuestros colegas, pero esta COP será demasiado blanca y septentrional, carente de sociedad civil global, y es poco probable que se escuchen las voces urgentes en el centro de la crisis climática.

Todo esto significa que el Reino Unido está en camino de celebrar la COP más excluyente de la historia. Al impulsar una cumbre que excluye a las personas que están en primera línea de la emergencia climática, el Gobierno británico se arriesga a poner en duda la legitimidad de cualquier resultado.

La crisis climática requiere un enfoque de justicia climática

Nos enfrentamos a una emergencia planetaria: las inundaciones, las tormentas, las sequías y la subida de los mares ya están causando estragos en todo el mundo. No se trata sólo de un problema para las generaciones futuras. La crisis climática es intrínsecamente injusta. Ya está afectando con mayor dureza a los pueblos más pobres y vulnerables (especialmente a las mujeres y los niños), a pesar de que ellos no han creado esta crisis.

Hacer frente a la crisis climática requiere un cambio radical e inmediato para abandonar los combustibles fósiles y otras energías sucias y perjudiciales, la agroindustria y la deforestación a gran escala. La justicia climática exige que logremos esto al mismo tiempo que abordamos las causas sistémicas de fondo, la desigualdad y la inequidad que están en el centro de las crisis climática, covídica y ecológica, y protegemos a los pueblos y al planeta. Los países ricos, que han creado esta crisis, deben actuar en primer lugar y con mayor profundidad para abordarla. Deben cumplir con su parte justa de reducción de emisiones, y también proporcionar financiación climática a los países del Sur global para pagar la deuda climática y ecológica, y financiar una transición justa y feminista.

Debemos luchar contra las falsas soluciones en la COP26: mercados de carbono, “soluciones basadas en la naturaleza” y “Net Zero

Nos preocupa que los países ricos y las empresas contaminantes sigan adelante con “falsas soluciones” en la COP26. Las promesas de “cero neto”, los mercados de carbono y la compensación, la geoingeniería y las incipientes “soluciones basadas en la naturaleza” permitirán seguir contaminando bajo la premisa de reducir las emisiones en otro lugar, basándose en la plantación de árboles, la compra de créditos de carbono o la utilización de tecnologías no probadas que absorben el carbono del aire. Estas tecnologías no reducen las emisiones de los combustibles fósiles en su origen y pueden causar graves daños a las comunidades del Sur global.

No podemos confiar en tecnologías costosas, arriesgadas y no probadas, que tienen impactos potencialmente devastadores y conducen al acaparamiento de tierras, a la violación de los derechos de los pueblos y a la destrucción de los bosques y la biodiversidad en el Sur global. Los nombres y los términos siguen evolucionando, pero los principios básicos y perjudiciales siguen siendo los mismos. Refuerzan el poder de las empresas, desvían la responsabilidad de los contaminadores históricos ricos e impiden una acción urgente y equitativa sobre el cambio climático.

Los grandes contaminadores están presionando para que la agenda de “cero neto” se convierta en la pieza central de los planes globales para abordar el cambio climático, aunque los científicos y los expertos han demostrado que las promesas de “cero neto” no mantendrán el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados, y son una peligrosa distracción de los verdaderos recortes de emisiones, el “cero real” que necesitamos. En la COP25 de Madrid en 2019, la sociedad civil progresista montó un feroz ataque al artículo 6 del Acuerdo de París (que permite los mercados/comercio de carbono), deteniendo con éxito un acuerdo regresivo. En la COP26, es muy probable que la presidencia del Reino Unido trate de impulsar un acuerdo sobre el artículo 6. Debemos seguir luchando contra esto.

La justicia climática significa oponerse a estas “falsas soluciones” / distracciones peligrosas / arreglos tecnológicos de fantasía para la crisis climática.

Las empresas transnacionales no tienen cabida en la CMNUCC. Debemos luchar contra el poder de las empresas y expulsar a los contaminadores -en la COP y sobre el terreno, donde las comunidades son devastadas por la extracción de combustibles fósiles y las falsas soluciones- denunciándolas y haciéndolas responsables de los daños que causan.

Los gobiernos del Reino Unido y de Escocia hablan a bombo y platillo de la importancia de la acción climática, y reclaman el manto del liderazgo climático, pero siguen extrayendo y financiando combustibles fósiles en su país y en el extranjero. Ni el Gobierno del Reino Unido ni el de Escocia van por buen camino para cumplir sus inadecuados objetivos climáticos; ambos deben presentar planes realistas para volver a la senda correcta que no se basen en soluciones tecnológicas fantasiosas y que, en cambio, mejoren la vida de las personas mediante la creación de empleos ecológicos decentes, hogares cálidos y energía renovable asequible, así como un transporte público de calidad.

Más allá de la crisis climática, el planeta se enfrenta a múltiples crisis sociales, políticas y económicas interrelacionadas, en cuyo centro se encuentra un sistema económico insostenible, cuyo único objetivo es el crecimiento sin fin y el beneficio para unos pocos. Sólo con un cambio de sistema -una transformación radical de nuestros sistemas energéticos, alimentarios y económicos- podemos esperar realmente evitar la catástrofe climática y que la temperatura media mundial aumente más de 1,5 grados.

En los últimos años hemos asistido a una extraordinaria oleada de movimientos populares, especialmente juveniles, que se han levantado para exigir a los gobiernos que se ocupen de la crisis climática y de las crisis interrelacionadas.

Hay soluciones reales a la crisis climática: el poder de la gente es la clave para desbloquearlas.
Los pueblos están construyendo soluciones energéticas renovables, limpias, sostenibles y de propiedad social, basadas en la suficiencia energética para todos. La gente está transformando nuestros sistemas alimentarios hacia la soberanía alimentaria y la agroecología campesina, deteniendo la deforestación y protegiendo los bosques mediante la gestión forestal comunitaria. Necesitamos un sistema económico que priorice y redistribuya el trabajo de cuidados, para que se reparta entre hombres, mujeres y el Estado. Necesitamos un sistema de valores que priorice la centralidad de la vida, no la codicia ni el beneficio. Necesitamos un cambio de sistema.

Un centenar de organizaciones latinoamericanas, canadienses y mundiales piden detener el avance ilegal de la exploración minera y liberar a les defensores de DDHH detenides en Andalgalá

COMUNICADO DE PRENSA / Bs. As, 21/4/21 

Un centenar de organizaciones de América latina y el Caribe, Canadá y otros países del mundo enviaron hoy una Carta abierta al Presidente de la Nación, al Gobernador de Catamarca, a los Sres. Ministros de Ambiente, Justicia y del Interior y el Sr. Secretario de Derechos Humanos de la Nación, reclamando respeto a la voz y los derechos humanos del pueblo de Andalgalá y que se liberen de inmediato y se desprocesen, a les 12 integrantes de la Asamblea El Algarrobo, detenides por su defensa de la ley, el ambiente, el agua, su autodeterminación, la vida toda.

Las entidades internacionales y de 28 países piden, a la vez, el cese de la persecución a la lucha de más de 11 años del pueblo de Andalgalá, y que se ponga fin a la actividad minera exploratoria que realiza la empresa canadiense Yamana Gold, en el yacimiento Agua Rica, en violación de la Ley de protección de los glaciares, la Ley General del Ambiente, la Ley de Bosques Nativos y numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos.

“Es un llamado internacional muy fuerte a las autoridades argentinas–señaló la coordinadora de Diálogo 2000, Beverly Keene– El rechazo frente al avance ilegal e insustentable de la megaminería se extiende cada vez más, en Canadá, en todo el continente, donde muchos pueblos comparten la misma lucha. Urge la liberación de les defensores del agua y de todos los derechos humanos. Desde el mundo entero se exige respuestas conforme a los derechos.”

La carta, que lleva además la firma de medio millar de organizaciones y personas de la Argentina, está encabezada por la red Jubileo Sur/Américas, Amigos de la Tierra América latina y el Caribe, la Confederación latinoamericana de Trabajadores del Estado, Global Forest Coalition, Observatorio de Conflictos Mineros de América, la Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad y las organizaciones canadienses Mining Watch y el Comité por los Derechos Humanos en América latina.

Natalia Salvatico, coordinadora de Amigos de la Tierra Argentina, resaltó la consonancia de este petitorio con la Carta abierta[i]enviada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas, con el apoyo también de centenares de firmas de todo el país. “Defender el agua no puede ser un delito – afirmó -, a pesar de 11 años de reclamar por la defensa del agua, la población de Andalgalá es sometida a múltiples violencias, fundamentalmente la amenaza de falta de agua para la vida. La democracia Argentina está en deuda con Andalgalá, y las tensiones y contradicciones generadas por la imposición de un modelo deben ser resueltas ante todo con respeto a los derechos de los pueblos y la naturaleza”

El texto completo de la Carta enviada hoy a las autoridades provinciales y nacionales puede ser consultado aquí: https://dialogo2000.blogspot.com/2021/04/llamamos-apoyar-andalgala-libertad-les.html

Contactos: Diálogo 2000 – 11 5569 0140Amigos de la Tierra – 11 5727 7728

[i]https://dialogo2000.blogspot.com/2021/04/andalgala-carta-abierta-las-autoridades.html

Principios para una recuperación con justicia ambiental, social, de género y económica

Ante la parálisis productiva y el desconcierto social, perteneciendo a un sistema que prioriza el lucro por encima de los derechos de los pueblos, el ambiente y los sistemas democráticos, nos resultó esencial aunar voces de todos los continentes, reflexionar, debatir y proponer soluciones enmarcadas en la recuperación, construida sobre las bases de la justicia ambiental, social, de género y económica.

Estas propuestas  fueron elaboradas de manera colectiva con aportes de grupos y estructuras de Amigos de la Tierra Internacional, una federación de organizaciones presente en los 5 continentes, con 73 grupos miembros, y de la participamos desde Amigxs de la Tierra Argentina.

Marcha por el Clima, durante la COP25 en Madrid, España 2019 © Babawale Obayanju, ERA-Amigos de la Tierra Nigeria

 

Consideramos que para  hacerle frente a todos los impactos derivados de la crisis actual del COVID-19, es urgente y necesaria una  recuperación justa; centrada en el bienestar de  los pueblos y el planeta y que también contribuya a solucionar las otras crisis sistémicas subyacentes. Se proponen cuatro principios:

  1. Abandonar el neoliberalismo y la austeridad para adoptar políticas y medidas inmediatas basadas en  la justicia, reconociendo los límites ecológicos.
  1. Las medidas de recuperación deben fundarse  en la cooperación multilateral y la solidaridad  internacionalista y potenciarlas.
  1. Construir y fortalecer la democracia y garantizar la  realización de los derechos humanos y de los pueblos.
  1. Los gobiernos tienen que responder a las múltiples  crisis sistémicas -de la pandemia, desigualdad,  climática, de la alimentación y biodiversidad, y  de los cuidados- y a sus causas estructurales,  proponiéndole una agenda transformadora de  cambio de sistema.

 

La recuperación justa de ninguna manera puede significar volver a lo que se consideraba normalidad antes de  la crisis del COVID-19, ya que tal “normalidad” fue precisamente el origen de esta crisis y de sus impactos. Nuestras sociedades han sido estructuradas  por sistemas de opresión (patriarcado, racismo, clase,  neocolonialismo, imperialismo, heteronormatividad) con  profundas injusticias ambientales, sociales, de género y  económicas, y una nociva concentración del poder y los bienes comunes.

Este es el momento de reconstruir nuestras sociedades y un nuevo tipo de economía fundada en otros paradigmas que prioricen la sustentabilidad de la vida, la realización de los derechos de los pueblos y la justicia de género. Pensar un futuro colectivo y cooperativo es necesario para las sociedades fundadas y las que siempre estuvieron al margen.

Lxs invitamos a leer el documento entero, que es de distribución libre y gratuita :  Recuperación Justa

Los Movimientos en defensa del Agua y sus desafíos en la Cordillera de los Andes

En septiembre de 2018 se realizó la Cumbre del Agua para los pueblos.  El lugar elegido para realizarla no fue casualidad: la provincia de Catamarca ha sido en Argentina, uno de los primeros territorios sometidos al  modelo extractivista. Allí funciona desde finales de los años 90 la explotación minera de oro a cielo abierto más grande del país: la mina Bajo La Alumbrera a 300 de la capital provincial y cercana a poblaciones como Belén y Andalgalá. Tras más de 20 años de explotación de la Alumbrera Catamarca no solo no conoció el desarrollo económico y social sino que es una de las provincias con el mayor índice de pobreza del país.

Durante la cumbre del agua se denunciaron entre otras a  Yamana Gold, que continúa su lobby, exigiendo a las autoridades provinciales la derogación de la ordenanza municipal que, desde 2016, prohíbe la explotación minera en el cordón montañoso Nevado del Aconquija, como forma de cumplimiento de la Ley de Glaciares.

Nora Cortiñas y participantes sanjuaninos de la bicileteada en defensa de la Ley de Glaciares

El mismo año del Encuentro del Agua, 2018, luego de 7 años, se publicó oficialmente el inventario de Glaciares, y a posterior de  la publicación las organizaciones Greenpeace Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denuncian que el inventario no está completo, ya que excluye a los glaciares con una superficie menor a 0,01km21.

Como se puede apreciar, las disputas del agua son muchas, pero en cuanto a los glaciares, tienen dos grandes afectaciones: el derretimiento por aumento de las temperaturas y la minería, con sus múltiples afectaciones en áreas glaciares y periglaciares, así como las consecuencias en el agua de deshielo de la que se alimentan numerosa población al pie de la cordillera.

Pese al nuevo impulso que las luchas por el agua retoman luego de la Cumbre y el inventario de glaciares, las mineras continúan su constante presión para operar desoyendo la Ley de Glaciares.  En marzo de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri recibió a autoridades de las empresas mineras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, quienes le presentaron detalles del proyecto llamado «Agua Rica» para la extracción de oro y cobre en la provincia de Catamarca, explotación que duraría 25 años y que genera fuerte rechazo de la población.

En junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la Ley de Glaciares. El resultado de la máxima autoridad judicial nacional, marcó un hito para la preservación de los glaciares.

El 27 octubre de 2019, la Asamblea «El Algarrobo» oriunda del pueblo de Andalgalá, Catamarca, presentó ante la justicia una denuncia penal a los directores de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), funcionarios de la Sindicatura General y de la Secretaría de Minería de la Nación, por incumplimiento de los deberes de funcionario público al no respetar el Artículo Nº 6 de la Ley de Glaciares que prohíbe la actividad minera en zona con  glaciares y ambiente periglacial.

A fines de 2019, también en Catamarca, el pueblo de Antofagasta reclamó fuertemente que NO quiere el proyecto del acueducto del río Los Patos para la extracción de litio. Ya suficientes impactos se causaron en el río Trapiche, dejando secas a las vegas perjudicando toda forma de vida de la cuenca. En el Salar del Hombre Muerto, la empresa Minera del Altiplano está extrayendo litio desde 1997 dejando como consecuencia el agotamiento del agua del río Trapiche. Para continuar la explotación se proyecta construir un acueducto que transporte el agua subterránea del acuífero del río Los Patos. El conflicto aún no ha tenido resolución.

En 2019 también se celebraron el país elecciones presidenciales resultando en un cambio de signo político, en el cual resultó elegido el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Sin embargo, a pesar del cambio de orientación política, no cambió la política extractivista, donde la minería pugna por erigirse como la solución a la debilitada posición económica del país luego de 4 años de neoliberalismo extremo gerenciados por Mauricio Macri.

Los dirigentes cordilleranos pro-minería, supieron aprovechar la continuidad del impulso minero, por ejemplo el flamante gobernador mendocino Rodolfo  Suarez  y la legislatura de la Provincia de Mendoza, que inmediatamente después de asumir, modificaron el 20 de diciembre la Ley Provincial 7722 de defensa del agua, hecho masivamente rechazado por el pueblo mendocino y apoyado a nivel nacional de manera inmediata.  

Antes de la navidad, el 23 de diciembre, se inició la llamada “Marcha más Grande de la Historia” la cual rechazaba la recién aprobada modificación a la Ley 7722 “que abre paso a la megaminería y profundiza la crisis hídrica que esta viviendo la provincia”. La reforma a la Ley 7722  habilitaba químicos tóxicos antes prohibidos, y columnas de miles de personas avanzaron desde toda la provincia hacia la casa de Gobierno. Al llegar a la Casa de Gobierno, el hashtag #La7722NoSeToca  rápidamente se hizo viral por el apoyo de los ciudadanos/as a la masiva marcha contra la megaminería.

El martes 24, El gobernador Rodolfo Suárez haciendo oídos sordos a las manifestaciones, promulgó la ley que permitía el uso de contaminantes químicos. Pero el  26 de diciembre se vio obligado a llamar “al diálogo” y el 27 a derogar la modificación, resultando  el hecho en un gran triunfo popular del pueblo mendocino en defensa de sus aguas. Este fue el primer revés ambiental del flamante gobierno de Fernández, que a pocos días de asumir el poder se enfrentó de bruces con la contradicción desarrollista.

A raíz de los acontecimientos sucedidos en la provincia de Mendoza, se hicieron eco en todo el país los reclamos por el agua y luego de apoyar fuertemente el reclamo mendocino, cientos de ambientalistas de todo el país se alistaron a organizar una  primera Marcha plurinacional del agua para los pueblos, que se realizaría el 22 de marzo, Día del Agua, confluyendo en la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente,  a consecuencia de la cuarentena por COVID la marcha fue suspendida.  “La alarma y la conciencia que hoy tenemos con respecto al peligro que corre nuestra vida por un virus, es la alarma que sufrimos día a día en cada uno de nuestros territorios” expresó el comité organizador en su comunicado al respecto (disponible aquí).

Hoy, durante la pandemia, la actividad minera está considerada dentro de las excepciones del decreto del Aislamiento social preventivo y obligatorio  para mantener en pie a la producción, el secretario de minería de la nación, Alberto Hensel dijo que el Gobierno “comenzó a plantear como eje de desarrollo social y económico a la minería” y anunció que desde julio seguirán en la puesta en marcha de “un Plan Estratégico para la actividad que se conviertan en política pública para el sector y en señal clara de seguridad jurídica ante la incertidumbre de quienes quieran invertir”. El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, afirmó: “Yo creo que la minería es una de las alternativas más viables para la reconstrucción que necesitará la Argentina”

Queda claro que el desafío para la gestión pública y la participación comunitaria en cuestiones del agua será un escenario complejo durante los próximos años, con dificultades propias de esta nueva crisis de salud, que se suma con fuerza a la crisis del modelo capitalista que se evidenciaba antes de la aparición del COVID19. La disputa entre modelos de desarrollo antagónicos será de vital importancia en el corto plazo, y será importante darla sin perder de vista el rol de alta conflictividad social que protagonizan las corporaciones trasnacionales mineras en el escenario nacional.

1-https://farn.org.ar/archives/25208