Transición justa y feminista, qué es y cómo la lograremos

En la actualidad existe una demanda muy fuerte por parte de las organizaciones, movimientos socioambientales y la población en general, sobre la impostergable transición de un sistema energético “sucio” a uno “limpio” con soberanía energética, y esta necesidad ya deja de ser invisible para los gobiernos. Pero esto también debe ser justo.

Amigos de la Tierra llama a una transformación radical del sistema energético actual responsable por la crisis climática. Un sistema dominado por las transnacionales que sólo persiguen ganancias inmediatas. El mismo se caracteriza por generar injusticias, violar los derechos de los pueblos, y destruir los territorios y medios de sustento. La injusticia se hace visible y reproduce de distintas maneras. Por un lado, el sistema energético dominante no es capaz de garantizar el Derecho Humano a la energía eléctrica, al tiempo que destruye los sistemas alimentarios locales, la biodiversidad, los ríos, amenaza la salud de las comunidades y avanza en la privatización de la naturaleza. Por otro, las grandes transnacionales son las responsables de la crisis climática, al igual que el 10% más rico de la población que es responsable de aproximadamente el 50% de las emisiones. El poder de las transnacionales y el auge del neoliberalismo, ha llevado además a la privatización de la energía y al desmantelamiento de los derechos de la clase trabajadora. La clase trabajadora ha luchado históricamente contra la privatización de la energía y para que la misma sea reconocida como un derecho y no se transforme en mercancía, y se ha comprometido también en la lucha contra los impactos que el sistema tiene en muchas comunidades y territorios. El movimiento por la justicia ambiental ha sabido oponerse a proyectos energéticos destructivos, al tiempo que defiende también el derecho a la energía y el derecho de las comunidades y de las/los trabajadores/as.

Hoy está claro que es necesaria una transición justa de forma urgente, que permita acabar con la dependencia de los combustibles fósiles y garantizar derechos. Una transición que no significa tan sólo un cambio de matriz y de fuentes, sino que requiere una mirada integral sobre la propiedad y control público de la energía, ya sea en manos del Estado, municipios o cooperativas. La democratización del sistema energético debe llevar a garantizar derechos fundamentales, de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, pescadores, de las y los trabajadores y  las mujeres. Las preguntas fundamentales de qué forma producir la energía, cuánto producir, para qué y para quién deben ser respondidas por los pueblos para alcanzar la soberanía energética.

Es hora de que el sistema energético en manos públicas ponga en el centro la sustentabilidad de la vida. No se trata tan sólo de seguir denunciando los impactos perversos y las violaciones de los derechos de las mujeres por un sistema que explota el trabajo y el cuerpo de las mujeres, las expulsa de sus territorios, se apropia de y destruye sus medios de sustento, atenta contra su salud y la de sus comunidades, sino que hay que luchar para que las mujeres seamos reconocidas como sujetos políticos de la soberanía energética. Las mujeres debemos jugar un papel fundamental en definir y decidir sobre las características del proceso de  transición y el nuevo sistema energético que queremos construir. 

Debemos descolonizar el sistema energético, lo que significa devolver soberanía a nuestros pueblos y reconocer la responsabilidad histórica diferenciada y la deuda ecológica y climática que este sistema ha generado. La hoja de ruta hacia una transición justa debe partir de la unidad de las luchas por la defensa de la democracia y  contra las transnacionales y el neoliberalismo . Esta unidad se ve claramente reflejada en la solidaridad internacionalista como la que fortalecemos para hacer frente al autoritarismo, el racismo y el fascismo.

Asimismo es necesaria una visión regional de la transición, que conlleva una apuesta a consolidar los perfiles nacionales, a la evolución tecnológica apropiada, Innovación local, a la transformación y actualización de la infraestructura energética, pero todo ello sin descuidar a las comunidades locales y su derecho de consulta libre, previa e informada.  Podemos concebir la energía como un bien común estratégico renovable, sustentable, público, social y descentralizado. Sudamérica tiene un gran potencial para energías renovables, sin embargo persiste una lógica mercantil aún en los proyectos de energías renovables en nuestra región, por lo que tenemos que evitar la posibilidad de una transición energéticamente mercantilizada. Por ejemplo, con la relevancia en el contexto actual del almacenamiento de energía, que la región sea contenedora de las reservas más grandes accesibles y rentables de litio no es una cuestión menor, pues podría significar una oportunidad para aprovechar las capacidades regionales y consolidar una industria energética para la satisfacción de necesidades socialmente validadas del mercado interno o, en el caso contrario, nuevo capítulo de sometimiento a las grandes trasnacionales, mediante la preocupante tendencia a la concentración que observamos en la actualidad, donde nuestro país y la región subsidiaría las transiciones del norte global.

La transición debe incluir la lucha contra un sistema controlado por esas transnacionales, injusto, que atenta contra los derechos de los pueblos, y debe ir de la mano del desmantelamiento del neoliberalismo y de la profundización de la democracia. No podemos permitir que las empresas trasnacionales continúen controlando el sistema energético. Nuestra lucha por la soberanía energética requiere la unidad y una articulación cada vez más fuerte con los pueblos y comunidades que sufren las violaciones y amenazas perpetradas por las grandes empresas del sector energético, aportando cada movimiento desde sus capacidades en la construcción colectiva. 

En Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina, creemos que la transición energética justa y feminista no está aislada, debe caminar de la mano de otras transiciones y transformaciones en ámbitos diversos, como el alimentario, el económico, e incluso el político. Es imperante transicionar hacia la formas de ejercicio de la territorialidad en detrimento de las relaciones de dominio verticales que imponen los actuales sistemas productivos y de especulación. Es importante que pensemos cuántas y cuales transiciones hay en gestación y en proceso, y apoyarlas.

Las transiciones tendrán que dar respuesta a las crisis globales superpuestas, a la que se suma el covid 19 como último emergente de un sistema obsoleto, incluyendo la enorme e invisible crisis de los cuidados, que la pandemia visibilizó a la población, y resolviendo también en simultáneo la crisis climática, aplicando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, alejándonos de una economía dependiente de los combustibles fósiles, cambiando el sistema energético por uno renovable, democrático, que garantice el acceso para todos/as. No podemos esperar que la crisis termine, tenemos que actuar ahora, fortaleciendo una visión feminista sólida para la transición justa hacia una “nueva normalidad” que no sea más de la misma normalidad que teníamos, una normalidad racista, neocolonial, patriarcal, violenta y ecocida.

Es fundamental rescatar la idea de una recuperación justa que sea social, ambiental, económica y de género, y construir iniciativas sustentables y emancipadoras, evitando que los gobiernos socialicen las pérdidas de las grandes empresas y garanticen entre otros el derecho a la energía a toda la población. La transición se convierte así en una oportunidad para re-establecer una buena parte de los cimientos de la sociedad post pandemia. 

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A fines de 2020, 100 activistas de la federación Amigos de la Tierra Internacional de todos los rincones del mundo nos reunimos con organizaciones aliadas en una serie de seminarios virtuales para analizar qué significa una Transición Energética Justa desde una perspectiva feminista, realizamos un documento que refleja nuestra visión colectiva sobre la Transición Energética Justa, tal como debatieron las/os participantes, y puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://www.foei.org/es/recursos/si-no-es-feminista-no-es-justa

La COP26 sigue adelante de forma poco equitativa e inaccesible mientras los pueblos luchan contra las falsas soluciones

El gobierno del Reino Unido sigue adelante con la celebración de la COP26 en Glasgow, a pesar de la preocupación real expresada por el Sur global de que no puede llevarse a cabo de forma segura y equitativa. Muchos delegados del Sur global no pueden viajar para asistir a la COP debido a una combinación de falta de acceso a la vacunación, normas siempre cambiantes en torno a la cuarentena, normas restrictivas de visado, altos costes y preocupaciones sobre la seguridad. El gobierno británico no ha entregado a tiempo las vacunas Covid prometidas a los delegados del Sur, y sigue bloqueando las exenciones de patentes de vacunas, impidiendo así que los países del Sur, especialmente los de África, se recuperen de la pandemia.

La pandemia de Covid-19 está haciendo estragos en el mundo, agravando las crisis sanitarias, económicas y sociales existentes. Sus impactos desiguales se ven exacerbados por el apartheid de las vacunas, perpetuado por los países ricos, los mismos que crearon la crisis climática y que ahora huyen de su responsabilidad histórica. La crisis climática es una realidad urgente, pero una COP inequitativa que amenaza la vida humana sólo profundizará las injusticias. La COP es un espacio desigual e inaccesible en el mejor de los casos. En repetidas ocasiones ha fallado a las personas más pobres y vulnerables del planeta, que son las que más riesgo corren por la crisis climática, y este año muchas de sus voces no serán escuchadas. Los resultados de la COP no serán justos ni equitativos si no están presentes todos aquellos que deben estar allí, tanto dentro de las negociaciones como en las calles. Amigos de la Tierra Internacional (ATI) está en la COP, pero muchos de nuestros miembros del Sur no lo están. ATI hablará en nombre de nuestros colegas, pero esta COP será demasiado blanca y septentrional, carente de sociedad civil global, y es poco probable que se escuchen las voces urgentes en el centro de la crisis climática.

Todo esto significa que el Reino Unido está en camino de celebrar la COP más excluyente de la historia. Al impulsar una cumbre que excluye a las personas que están en primera línea de la emergencia climática, el Gobierno británico se arriesga a poner en duda la legitimidad de cualquier resultado.

La crisis climática requiere un enfoque de justicia climática

Nos enfrentamos a una emergencia planetaria: las inundaciones, las tormentas, las sequías y la subida de los mares ya están causando estragos en todo el mundo. No se trata sólo de un problema para las generaciones futuras. La crisis climática es intrínsecamente injusta. Ya está afectando con mayor dureza a los pueblos más pobres y vulnerables (especialmente a las mujeres y los niños), a pesar de que ellos no han creado esta crisis.

Hacer frente a la crisis climática requiere un cambio radical e inmediato para abandonar los combustibles fósiles y otras energías sucias y perjudiciales, la agroindustria y la deforestación a gran escala. La justicia climática exige que logremos esto al mismo tiempo que abordamos las causas sistémicas de fondo, la desigualdad y la inequidad que están en el centro de las crisis climática, covídica y ecológica, y protegemos a los pueblos y al planeta. Los países ricos, que han creado esta crisis, deben actuar en primer lugar y con mayor profundidad para abordarla. Deben cumplir con su parte justa de reducción de emisiones, y también proporcionar financiación climática a los países del Sur global para pagar la deuda climática y ecológica, y financiar una transición justa y feminista.

Debemos luchar contra las falsas soluciones en la COP26: mercados de carbono, “soluciones basadas en la naturaleza” y “Net Zero

Nos preocupa que los países ricos y las empresas contaminantes sigan adelante con “falsas soluciones” en la COP26. Las promesas de “cero neto”, los mercados de carbono y la compensación, la geoingeniería y las incipientes “soluciones basadas en la naturaleza” permitirán seguir contaminando bajo la premisa de reducir las emisiones en otro lugar, basándose en la plantación de árboles, la compra de créditos de carbono o la utilización de tecnologías no probadas que absorben el carbono del aire. Estas tecnologías no reducen las emisiones de los combustibles fósiles en su origen y pueden causar graves daños a las comunidades del Sur global.

No podemos confiar en tecnologías costosas, arriesgadas y no probadas, que tienen impactos potencialmente devastadores y conducen al acaparamiento de tierras, a la violación de los derechos de los pueblos y a la destrucción de los bosques y la biodiversidad en el Sur global. Los nombres y los términos siguen evolucionando, pero los principios básicos y perjudiciales siguen siendo los mismos. Refuerzan el poder de las empresas, desvían la responsabilidad de los contaminadores históricos ricos e impiden una acción urgente y equitativa sobre el cambio climático.

Los grandes contaminadores están presionando para que la agenda de “cero neto” se convierta en la pieza central de los planes globales para abordar el cambio climático, aunque los científicos y los expertos han demostrado que las promesas de “cero neto” no mantendrán el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados, y son una peligrosa distracción de los verdaderos recortes de emisiones, el “cero real” que necesitamos. En la COP25 de Madrid en 2019, la sociedad civil progresista montó un feroz ataque al artículo 6 del Acuerdo de París (que permite los mercados/comercio de carbono), deteniendo con éxito un acuerdo regresivo. En la COP26, es muy probable que la presidencia del Reino Unido trate de impulsar un acuerdo sobre el artículo 6. Debemos seguir luchando contra esto.

La justicia climática significa oponerse a estas “falsas soluciones” / distracciones peligrosas / arreglos tecnológicos de fantasía para la crisis climática.

Las empresas transnacionales no tienen cabida en la CMNUCC. Debemos luchar contra el poder de las empresas y expulsar a los contaminadores -en la COP y sobre el terreno, donde las comunidades son devastadas por la extracción de combustibles fósiles y las falsas soluciones- denunciándolas y haciéndolas responsables de los daños que causan.

Los gobiernos del Reino Unido y de Escocia hablan a bombo y platillo de la importancia de la acción climática, y reclaman el manto del liderazgo climático, pero siguen extrayendo y financiando combustibles fósiles en su país y en el extranjero. Ni el Gobierno del Reino Unido ni el de Escocia van por buen camino para cumplir sus inadecuados objetivos climáticos; ambos deben presentar planes realistas para volver a la senda correcta que no se basen en soluciones tecnológicas fantasiosas y que, en cambio, mejoren la vida de las personas mediante la creación de empleos ecológicos decentes, hogares cálidos y energía renovable asequible, así como un transporte público de calidad.

Más allá de la crisis climática, el planeta se enfrenta a múltiples crisis sociales, políticas y económicas interrelacionadas, en cuyo centro se encuentra un sistema económico insostenible, cuyo único objetivo es el crecimiento sin fin y el beneficio para unos pocos. Sólo con un cambio de sistema -una transformación radical de nuestros sistemas energéticos, alimentarios y económicos- podemos esperar realmente evitar la catástrofe climática y que la temperatura media mundial aumente más de 1,5 grados.

En los últimos años hemos asistido a una extraordinaria oleada de movimientos populares, especialmente juveniles, que se han levantado para exigir a los gobiernos que se ocupen de la crisis climática y de las crisis interrelacionadas.

Hay soluciones reales a la crisis climática: el poder de la gente es la clave para desbloquearlas.
Los pueblos están construyendo soluciones energéticas renovables, limpias, sostenibles y de propiedad social, basadas en la suficiencia energética para todos. La gente está transformando nuestros sistemas alimentarios hacia la soberanía alimentaria y la agroecología campesina, deteniendo la deforestación y protegiendo los bosques mediante la gestión forestal comunitaria. Necesitamos un sistema económico que priorice y redistribuya el trabajo de cuidados, para que se reparta entre hombres, mujeres y el Estado. Necesitamos un sistema de valores que priorice la centralidad de la vida, no la codicia ni el beneficio. Necesitamos un cambio de sistema.

Jeringas para Cuba: la solidaridad vence al bloqueo

En medio de una crisis de salud que afecta a la humanidad, Cuba está a punto de poder inmunizar a todos sus habitantes con sus propias vacunas. Ha desarrollado cinco candidatos vacunales para enfrentar el covid-19:  dos de ellos, Soberana 2 y Abdala, se encuentran en tercera y última fase de ensayos clínicos, para convertirse así en las primeras vacunas de América Latina. El país caribeño estará en condiciones de producir suficientes vacunas para toda su población y para proveer a otros países que lo necesiten, pero hoy, elles necesitan de nosotres.

Para lograr inmunizar a más de 10 millones de habitantes, son necesarias jeringas y agujas, y el bloqueo impuesto por EEUU obstaculiza su adquisición.  Es por ello que se inició una campaña “LA SOLIDARIDAD VENCE EL BLOQUEO”, impulsado por MASCUBA (Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba) y URCA (Unión de Residentes Cubanos en Argentina), campaña que tiene réplicas en otros países del mundo.

El movimiento MASCUBA hace lleva a cabo la máxima de José Martí “Patria es humanidad”. Surge a partir del compromiso con los ideales revolucionarios y realiza numerosas acciones solidarias con el fin de romper el bloqueo económico que padece la isla desde hace más de 60 años. “La Solidaridad con Cuba, podría decirse que se remonta hasta antes del triunfo Revolucionario de enero de 1959, y en este contexto,  La Casa de Amistad Argentino Cubana de Buenos Aires ya lleva 35 años desde su fundación” nos cuenta Rubén Zaccaro, miembro de MASCUBA e impulsor de esta y otras acciones internacionalistas.

“Esta campaña de juntar jeringas y posteriormente enviarlas a Cuba, es la materialización de la solidaridad con el pueblo y el gobierno revolucionario de Cuba. Es una manera de romper el bloqueo. Lógicamente que la magnitud del envío no está en relación con la necesidad real del pueblo cubano, que necesita muchísimo mas de este envío, de todas maneras es una acción solidaria más que simbólica y en una pequeñita proporción, se demuestra que se puede lograr romper el bloqueo. Es una manera de mostrarle a nuestras autoridades, y cuando digo nuestras autoridades digo a todos los países, al menos de América Latina y el Caribe, cuyos gobiernos están en condiciones de hacer o tomar esta decisión política”

La Casa de la Amistad Argentino-Cubana realizará la logística de recaudación de fondos y posterior envío de los materiales médicos. La campaña ya comenzó con mucho éxito, con más de 120.000 jeringas compradas, y seguirá adelante luego del primer envío que será el 17 de mayo.

Mientras Cuba brinda a la humanidad su calidad humana, cultural y profesional, mediante profesionales de la salud e investigadores de excelencia, que resultan en misiones médicas y vacunas contra el COVID 19, entre otros aportes a la humanidad, es indispensable una reciprocidad de parte de los pueblos en clave de solidaridad internacionalista, exigiendo el fin del bloqueo y colaborando con todo lo que esté a nuestro alcance como sociedad organizada.

Para Rubén, el bloqueo también es mediático, y tenemos que salir al cruce de la desinformación: “Lo que puede hacer nuestro pueblo, nosotros, como militantes, como activistas, como ciudadanos comunes, es difundir lo que significa el bloqueo, es decirlo con toda claridad: Cuba puede hacer vacunas pero no tienen la posibilidad de comprar las jeringas, el insumo médico necesario para dotar de la vacuna a su población, lo va conseguir de todas maneras, con gran esfuerzo como hace 60 años viene haciendo el pueblo cubano. Así que una gran tarea es la difundir esto, hablar con el vecino, el amigo, el compañero: existe un bloqueo, el bloqueo es genocida, el bloqueo es un acto de guerra y hay que hacer conciencia, como muchas otras cosas (…) es una manera de llevar a la práctica el legado que nos dejara el comandante Fidel, de que “un mundo mejor es posible” y con esta voluntad, esta iniciativa de hacer una campaña de jeringas para Cuba, “la solidaridad rompe el bloqueo” estamos siendo militantes de que un mundo mejor es posible”

Desde Amigos de la Tierra Argentina, nos sumamos, invitamos y difundimos esta campaña, para que la solidaridad sea una realidad que derrote el bloqueo.

Los aportes se reciben en:

CUENTA COLECTA JERINGAS PARA CUBA

Banco CREDICOOP- CASA DE LA AMISTAD ARG CUBANA

Cta. Cte. 191-173-010100/3

CBU 1910173855017301010032

Enviar comprobante a casaamistadargentinocubana@gmail.com

Más información:

Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MASCuba)

https://www.facebook.com/MASCUBA

Casa de la Amistad Argentino Cubana @CasaArgenCuba

Principios para una recuperación con justicia ambiental, social, de género y económica

Ante la parálisis productiva y el desconcierto social, perteneciendo a un sistema que prioriza el lucro por encima de los derechos de los pueblos, el ambiente y los sistemas democráticos, nos resultó esencial aunar voces de todos los continentes, reflexionar, debatir y proponer soluciones enmarcadas en la recuperación, construida sobre las bases de la justicia ambiental, social, de género y económica.

Estas propuestas  fueron elaboradas de manera colectiva con aportes de grupos y estructuras de Amigos de la Tierra Internacional, una federación de organizaciones presente en los 5 continentes, con 73 grupos miembros, y de la participamos desde Amigxs de la Tierra Argentina.

Marcha por el Clima, durante la COP25 en Madrid, España 2019 © Babawale Obayanju, ERA-Amigos de la Tierra Nigeria

 

Consideramos que para  hacerle frente a todos los impactos derivados de la crisis actual del COVID-19, es urgente y necesaria una  recuperación justa; centrada en el bienestar de  los pueblos y el planeta y que también contribuya a solucionar las otras crisis sistémicas subyacentes. Se proponen cuatro principios:

  1. Abandonar el neoliberalismo y la austeridad para adoptar políticas y medidas inmediatas basadas en  la justicia, reconociendo los límites ecológicos.
  1. Las medidas de recuperación deben fundarse  en la cooperación multilateral y la solidaridad  internacionalista y potenciarlas.
  1. Construir y fortalecer la democracia y garantizar la  realización de los derechos humanos y de los pueblos.
  1. Los gobiernos tienen que responder a las múltiples  crisis sistémicas -de la pandemia, desigualdad,  climática, de la alimentación y biodiversidad, y  de los cuidados- y a sus causas estructurales,  proponiéndole una agenda transformadora de  cambio de sistema.

 

La recuperación justa de ninguna manera puede significar volver a lo que se consideraba normalidad antes de  la crisis del COVID-19, ya que tal “normalidad” fue precisamente el origen de esta crisis y de sus impactos. Nuestras sociedades han sido estructuradas  por sistemas de opresión (patriarcado, racismo, clase,  neocolonialismo, imperialismo, heteronormatividad) con  profundas injusticias ambientales, sociales, de género y  económicas, y una nociva concentración del poder y los bienes comunes.

Este es el momento de reconstruir nuestras sociedades y un nuevo tipo de economía fundada en otros paradigmas que prioricen la sustentabilidad de la vida, la realización de los derechos de los pueblos y la justicia de género. Pensar un futuro colectivo y cooperativo es necesario para las sociedades fundadas y las que siempre estuvieron al margen.

Lxs invitamos a leer el documento entero, que es de distribución libre y gratuita :  Recuperación Justa

Análisis del proceso de construcción de las propuestas nacionales para la lucha contra el cambio climático

El informe “Análisis y panorama de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional en Argentina” es un documento de análisis del proceso de construcción de las propuestas nacionales para la lucha contra el cambio climático, en el marco de los acuerdos internacionales de reducción de emisiones. Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional son un conjunto de medidas cuantificables para alcanzar el objetivo meta de Argentina, que al año 2030 pretende no exceder un total de emisiones de 483 millones de toneladas de CO2eq (huella de carbono).

 

 

En su primer parte el documento realiza una descripción sobre el proceso de conformación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, el estado de situación de cada sector económico y productivo en la generación de emisiones, las propuestas sectoriales en metas de reducción de CO2eq. En la segunda parte, el documento realiza una evaluación y análisis crítico de la evolución de los compromisos de reducción, y un análisis sobre los procesos participativos y la incidencia de las voces de las organizaciones ecologistas y la sociedad civil.

 

Resumen del documento:
Capítulo 1. Recorrido por el proceso de elaboración de las contribuciones determinadas a nivel nacional en Argentina.
Capítulo 2. Estado de situación y emisión por sectores. Metas de reducción de emisiones de acuerdo a los planes de acción sectoriales (Energía, Bosques, Transporte, Industria, Agricultura y ganadería, Infraestructura y territorio).
Capítulo 3. Evaluación por sector del cumplimiento de las metas de reducción y mitigación. Análisis de procesos en marcha y falsas soluciones.
Capítulo 4. Análisis de los procesos de participación ciudadana y alternativas desde los pueblos.

Lee aquí el Informe NDC

Acuerdo UNIÓN EUROPEA – MERCOSUR. Impactos en los derechos colectivos de los pueblos

La ratificación del acuerdo entre la UE y el MERCOSUR conllevaría graves consecuencias ambientales, sociales y económicas para nuestra región. En eso coincidieron los oradores del conversatorio “Acuerdo UE – MERCOSUR. Impactos en los derechos colectivos de los pueblos” organizado por Amigxs de la Tierra en el marco de la semana de acción de la Jornada Continental por la Democracia y en contra del Neoliberalismo.

Gonzalo Manzullo es desde el 2015 director de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores Autónoma de la Argentina (CTA-A) y Delegado titular por la misma central en el Foro Consultivo Económico y Social (FCES) del MERCOSUR, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Red Sindical del Sur Global (SIGTUR). En su exposición hizo eje en los aspectos laborales que la ratificación del acuerdo implicaría para la región: “No sólo estamos hablando de algunos impactos negativos en la industria sino que podríamos hablar de poner en riesgo la supervivencia de muchos sectores industriales, empleos industriales, la destrucción de de puestos de trabajo. No tenemos mecanismos de protección para pymes, que en países como el nuestro son los principales creadores de puestos de trabajo”.

En cuanto a las incidencias ambientales del acuerdo, Natalia Salvático, educadora ambiental, Presidenta de la Fundación Amigxs de la Tierra Argentina y coordinadora del programa de Agua comentó: “No deja de ser llamativo que la cuestión ambiental sea la mayor objeción a un acuerdo netamente comercial, y que a primera vista, por el cumplimiento de las metas de la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático y el escándalo de las quemas en el Amazonas, que eso sería lo que los medios hegemónicos y los gobiernos nos muestran como problema. Pero lo que decimos es, a no engañarnos, porque no es un acuerdo de protección del ambiente, sino que es claramente contradictorio con el cuidado de los territorios y fomenta el daño ambiental”.

Por último, Beverly Keene economista, coordinadora de Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina, y docente de la Cátedra Cultura de Paz y DDHH de la Facultad de Ciencias  Sociales de la Universidad de Buenos Aires llamó la atención sobre la cosificación de los pueblos en función de los intereses corporativos: “Estos acuerdos nos convierten a todos en consumidores, no somos más que eso, somos consumidores, somos objetos de las prácticas de las empresas transnacionales que van a operar bajo ese marco. Este acuerdo ha sido muy celebrado remarcando un comercio basado en normas, pero esas no son  las normativas del derecho humano, de protección de derechos laborales, de derechos ambientales… son las normas que protegen al capital”.

La inminente presidencia pro tempore de Argentina en Mercosur abre una posibilidad para que las organizaciones y movimientos sociales locales puedan lograr una mayor incidencia en el rechazo al acuerdo, “tenemos la necesidad, la obligación y la posibilidad de incidir con mayor fuerza” manifestó Beverly Keene. 

Podés ver el webinario completo haciendo clic aquí: https://youtu.be/5fHIOqkD5iw

La deuda es con nosotras y la naturaleza

Compartimos nuestra denuncia en el Juicio Popular contra la Deuda y el FMI, presentada el 17 de septiembre .

Denunciamos el conflicto capital-vida y las crisis interrelacionadas

El modelo extractivo y de producción y consumo que sostiene las sociedades que habitamos es incompatible con la regeneración de la vida y genera una cultura que desvaloriza tanto el trabajo de cuidados como la importancia de la naturaleza, provocando una invisibilización de ambos, pero sin embargo desarrollando intensos procesos colonialistas y extractivistas de los cuerpos y territorios. Como resultado existe una tensión constante e irresolvible entre el capital y la vida, la cual siempre está bajo amenaza.

Este sistema económico desemboca hoy en una crisis pandémica como la que atravesamos, que no es más que la manifestación explícita de las crisis interrelacionadas que enfrentamos desde hace muchos años: la crisis del clima, del agua, de la biodiversidad, el escándalo de la pobreza, la crisis de cuidados, la crisis de salud. Todas estas crisis tienen sus  causas estructurales en el sistema capitalista, que ha demostrado su incapacidad  y su desinterés por preservar la vida digna y cuidar de los pueblos la naturaleza y los territorios.

Denunciamos las falsas soluciones

Hoy una vez más la responsabilidad de solución se carga sobre el trabajo invisibilizado y precarizado de las mujeres y proveedoras de cuidados,  así como también se aprovecha para un avance más profundo sobre la naturaleza, ofreciendo falsas soluciones a la crisis económica, mediante incendios de humedales, minería declarada como actividad esencial y proyectos para granjas industriales de cerdos.

No resulta viable ni ético que los organismos internacionales de crédito e inversionistas ofrezcan las mismas recetas y falsas soluciones que nunca funcionaron, ante una crisis inédita generada por ellos mismos y sus políticas.

Reclamamos medidas de recuperación justa

En primer lugar, abandonar neoliberalismo y la austeridad propuesta por organismos como el FMI, y adoptar políticas inmediatas basadas en la justicia distributiva pero reconociendo los límites ecológicos. Es imprescindible que los gobiernos no socialicen las pérdidas de las grandes empresas y garanticen los servicios públicos para toda la población.  Los gobiernos deben cerrar las negociaciones de liberalización comercial e inversiones cuyo propósito es apuntalar aún más el poder de las empresas transnacionales a expensas del sur global. Asimismo se deben comprometer a aprobar legislación jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos a nivel internacional.

En segundo lugar las medidas de recuperación deben fundarse la solidaridad internacionalista. Es necesario anular todas las deudas del sur global, porque el sur es acreedor de una deuda ecológica histórica. Tiene que aplicarse un principio de pago y reparaciones por la deuda climática y la deuda ecológica garantizando fondos como subvenciones no reembolsables, sin condicionalidades agregadas y no como préstamos.

En tercer lugar es fundamental fortalecer la democracia y garantizar los derechos humanos y de los pueblos. Fortaleciendo la lucha internacionalista contra la derecha, el fascismo y el racismo, revertir los golpes de estado que se vinieron dando en nuestra región con fuertes vínculos al poder económico y con avances de la agenda extractivista.

Por último, en cuarto lugar necesitamos que los gobiernos respondan a esta crisis múltiple con una agenda transformadora de cambio de sistema para no volver a la vieja normalidad racista, neocolonial, patriarcal, violenta y ecocida.

La crisis de coronavirus pone al descubierto que la destrucción de los ecosistemas está facilitando la propagación de patógenos que afectan nuestra salud. Esta no es la primera pandemia que enfrentamos ni será la última, porque el modelo extractivo, fundamentalmente el agronegocio, genera enormes problemas de salud pública y se le debe poner freno, a la vez que se fomenta la agricultura agroecológica y se detienen los desalojos de comunidades campesinas e indígenas. Ahora tenemos que responder a la  crisis del clima y a la crisis de salud de manera simultánea, esto implica dejar de subvencionar a las empresas de energía sucia sustituyéndola por una matriz 100% renovable.

Nos rehusamos a volver a la vieja normalidad de la dominación.

Exigimos una transformación que respete profundamente los principios de cuidados, reorganizando los mismos de manera tal que esa responsabilidad sea compartida entre hombres mujeres y el estado mediante los servicios públicos suficientes y accesibles para todas y todos, y el fin del ecocidio mediante el falso paradigma del desarrollo, recreando una transición hacia otros mundos posibles, donde podamos vivir vidas dignas de ser vividas.

Llamamos a la semana de acción global contra la deuda del 10 al 17 octubre de este año.

Más información:

https://www.foei.org/news/covid-19-coronavirus-crisis-system-change

https://www.foei.org/news/system-change-human-rights-corporations-un-treaty

https://www.foei.org/news/letter-world-trade-organization-wto-covid19-coronavirus-medicine

https://www.foei.org/es/noticias/recuperacion-justa-crisis-covid-19

https://autoconvocatoriadeuda.blogspot.com/

Soberanía Alimentaria: “Producir local y consumir local, de esa manera se hace universal”. Entrevista a Miryam Gorban

Por Wanda Olivares, Amigxs de la Tierra Argentina

Nutricionista, investigadora y militante, con sus 89 años Miryam Gorban es una de las voces más escuchadas  para pensar la problemática del hambre desde una perspectiva soberana.
Creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, con dos doctorados Honoris Causa que reconocen su compromiso con la humanidad, Miryam Gorban se convirtió en una indiscutible referenta de la soberanía alimentaria en el país.
En la Cumbre Mundial por la Alimentación de 1996, Miryam conoció el concepto de Soberanía Alimentaria junto a la Vía Campesina, y desde allí inició un trabajo fundamental por la lucha contra el hambre y la malnutrición, la concentración económica y la dependencia alimentaria.
Discute el modelo económico y propone programas de Estado desde la interpretación del marco político que define la producción, comercialización y distribución de alimentos, pero fundamentalmente, desde el conocimiento profundo del hambre en los barrios.

Imagen publicada por Slow Food International

¿Cómo definirías el rol de las organizaciones que hacen a la soberanía alimentaria en la emergencia del hambre?

Yo creo que acá hay un rol muy importante que está jugando la solidaridad de todo nuestro pueblo, que es un signo de distinción para decirlo así, y por eso me siento muy orgullosa de ser argentina. Este desarrollo de los comedores populares, que no se da en otros países con la misma intensidad que acá, aunque haya más hambre, es un ejemplo a tener en cuenta porque realmente esto lo hemos aprendido en la crisis de la hiperinflación, y sobre todo en la crisis de 2001. En estos procesos, fuimos encontrando recursos en la emergencia que son la base hoy de la economía social, fueron alternativas para salir de la situación en ese momento, y ahora está pasando lo mismo.
La soberanía alimentaria nosotros no la planteamos en un marco de emergencia, la marcamos como política general, política pública que marque el destino de la autosuficiencia alimentaria de un país, que sea soberano realmente y que resuelve el problema de la alimentación. Pero acá tenemos una crisis económica, una crisis ambiental, y además de todo eso, tenemos encima una situación de hambre a la que nos arrastró el neoliberalismo.
Entonces todas las fuerzas están pensadas, están coordinándose y enlazándose para superar esta situación, buscando distintas alternativas. La de los comedores populares son una, las cooperativas son otras, las empresas recuperadas también lo son, toda esta suma de acciones son las que están aportando a superar la crisis.

¿Cómo es posible transitar hacia una mejora en la dieta de los comedores y de los sectores populares? ¿Cómo reemplazamos los alimentos ultraprocesados por alimentos sanos y accesibles para el pueblo?

En ese sentido es muy importante el aporte de la huerta comunitaria, la granja comunitaria, producción de pollo y huevos, desde ya. Nadie habla del huevo, los huevos son fundamentales porque tienen alto valor biológico, son las proteínas más baratas y más fáciles de conseguir. Cuando fue la crisis del 2001 intentamos con la producción de conejos pero los chicos los querían para jugar y no para comer, son cosas que pasan, cuestiones culturales y sociales que tenemos que atender también.
Yo participo asesorando en el comité que se ha formado con el programa “Argentina contra el hambre”. La idea es que cada escuela tenga su granja, y en este sentido se avanzó en muchos comedores comunitarios, que ya tienen su propia huerta. Tenemos que ir hacia la producción local, que cada municipio tenga o recupere algún tambo que se perdió. Que se abastezca a los comedores escolares con leche fresca, los chicos no quieren leche en polvo y terminan tomando agua hervida. Hay que plantear mataderos municipales y huertas cubriendo los alrededores de cada municipio, para que todo sea abastecido en la zona, sin recurrir al costo tremendo que es la logística para abastecer a cada una de nuestras ciudades. Producir local y consumir local, de esa manera se hace universal. Esa es la política que nosotros estamos desarrollando, “describe tu aldea y serás universal” decía Tolstoi.

¿Cómo podría el Estado acompañar esta transición?

Hay que incentivar la producción local, no es lo mismo producir para 50 familias que producir para 2000 alumnos, apostar a la producción local es fundamental, y eso se logra con huertas, mataderos y tambos en cada municipio.
El Ministerio de Desarrollo está en ese camino, comprando a los agricultores familiares, pero  nosotros tenemos que profundizar, seguir el ejemplo de Brasil donde el 30% de las compras públicas de alimentos se hace a productores locales. Tenemos que persistir y profundizar en ese camino pero al mismo tiempo, a los productores y agricultores familiares tenemos que darles acceso a la tierra y créditos blandos, como el que ha dado ahora la provincia de Buenos Aires, que se llama Alimentos Bonaerenses que promueve el desarrollo productivo y brinda créditos blandos para la producción agropecuaria y la pesca.
Esta es la intervención del estado, la promoción de la agenda y los mercados populares. Pero lo más importante sería el control de los precios, no basta con Precios Cuidados ni Precios Máximos, hace falta seguir la trazabilidad de los verdaderos precios, porque las que realmente marcan los precios de los alimentos son las empresas del sector que están muy concentradas y los manejan como quieren.

¿Qué visibiliza la pandemia en torno a la mujer campesina?

Yo creo que en este contexto de pandemia salió a la luz el tema del trabajo de cuidados, que está totalmente descuidado, parafraseando. Pero nos encontramos con otra realidad que no estaba suficientemente visibilizada que es el rol de las mujeres productoras rurales, y desde el trabajo del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) empezamos a ver el rol importante de las mujeres productoras. Ellas se levantan a las 4 de la mañana, con hijos chicos, sin vivienda, en condiciones muy difíciles y estando codo a codo con sus compañeros en las huertas, resolviendo el problema de la producción y la comercialización.
Las mujeres campesinas se ocupan de los cuidados de los mayores, de los menores y de la población en su conjunto a través de los comedores, atendiendo los problemas de salud y todas las problemáticas que se puedan presentan. Gracias a las organizaciones campesinas y a esta visibilización que ocurrió con la pandemia, hay algunas leyes que se están promoviendo para darle valor al trabajo de las mujeres, hay un panorama alentador, esperemos que así sea.

Soberanía alimentaria en disputa: la recuperación de Vicentín

Entendemos la recuperación de la empresa Vicentín como un paso hacia la soberanía alimentaria porque pone en la escena pública la discusión sobre las dinámicas y los impactos de las empresas monopólicas que controlan al sector agrícola en el país. La aplicación de modelos económicos neoliberales en la Argentina, y la manipulación genética en manos de las multinacionales con la producción de cultivos transgénicos y uso indiscriminado de agrotóxicos, ha constituido una herramienta fundamental en la implantación, durante las últimas décadas, de un modelo de desarrollo agropecuario netamente productivista, basado en la maximización de la ganancia en el corto plazo, y que nos está conduciendo a una profunda crisis económica, social y ambiental.
Por otro lado, la recuperación estatal se constituye como un caso testigo que permite disputar el esquema de precios internos impuesto por la exportación, en base a criterios de soberanía económica que permitiría producir y comercializar al interior de nuestro país a precios más justos.
Es nuestro desafío como pueblo exigir una recuperación justa y sustentable.

El caso Vicentín

Durante el 2015, la empresa Vicentín se ubicaba en el puesto n° 19 de mayor facturación en la Argentina. Para el año 2019 ya había ascendido al puesto n° 6. Actualmente exporta casi el 10% de los cereales, oleaginosas y subproductos y es la primera cerealera del país. Además gestiona carnes, curtiembres, lácteos y algodón; y tiene un puerto privado en San Lorenzo, Santa Fé.
Mientras que Vicentín ascendía hasta convertirse en las firmas líderes que más facturaron entre 2015 y 2019 en nuestro país, su endeudamiento con el Banco Nación aumentó a casi 350 millones de dólares por préstamos otorgados de forma irregular, que le facilitaron la prefinanciación de exportaciones, y que nunca se han devuelto. Una semana después del último desembolso, la empresa se declaró en cesación de pagos.
Sumado a esto, Vicentín contrajo también deuda con bancos extranjeros y cooperativas nacionales proveedoras de la empresa que jamás cobraron por ello, y se registraron operaciones millonarias entre empresas vinculadas al grupo días antes de que se declarara en cesación de pagos.

Vicentín, complejo industrial de Avellaneda, Santa Fe. Foto publicada por Infobae

En este contexto, Vicentín no hace más que aportar a la concentración de un mercado dominado por empresas transnacionales, acompañado por una gran evasión impositiva con triangulación de empresas.

No sólo se trata de capitales nacionales, uno de los proyectos de Vicentín es Renova, una megaempresa productora y comercializadora de biodiesel de la cual su principal accionista es Glencore, cuyas operaciones abarcan hoy toda la cadena de producción, transformación, almacenamiento y transporte de materias primas en tres principales sectores de negocio: metales–minerales, energéticos y productos agrícolas. La diversificación de su operación le da ventajas de mercado incomparables. Sus capacidades de almacenamiento y transporte son tan grandes que se la ha acusado de especular con los precios de los commodities sacando provecho de sus importes futuros en el mercado. Es la cuarta empresa minera más grande del mundo y la primera comercializadora de materias primas a nivel global  que acumula denuncias por contaminación, violación a derechos humanos y corrupción a nivel internacional (1).
De acuerdo a las magnitudes de comercialización de Vicentín -el 85% del total facturado-, la cantidad de empresas en las que tiene participación, sumado al volumen de empleadxs directamente vinculados y productorxs asociados,  constituye un eslabón fundamental en el sistema agroalimentario de Argentina.

Una recuperación justa para una transición hacia la soberanía alimentaria

Para que una recuperación sea justa es necesario que la  ayuda estatal esté sujeta a condiciones estrictas. Todos los fondos públicos destinados a ese fin tienen que usarse priorizando a las mujeres, a los pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes, lxs trabajadorxs, campesinxs, productorxs familiares y artesanales, el clima,  la biodiversidad y la salud a largo plazo de los pueblos y de nuestro planeta.
Dada la urgencia de prescindir de la economía dependiente de combustibles fósiles, es indispensable apoyar y acompañar a quienes trabajan en industrias contaminantes (como es el caso de la agroexportadora Vicentín) en su transición hacia nuevas funciones en industrias limpias mientras las economías se reconstruyen. Es en este sentido, que creemos que la recuperación de Vicentín es una gran oportunidad para plantear una transición hacia un modelo de producción agroecológica a nivel nacional.

Organizaciones campesinas en el “banderazo nacional por la expropiación de Vicentín” Foto publicada por Tiempo Argentino

Para fortalecer la soberanía alimentaria con este hecho, y lograr que la empresa pase de productora de commodities a productora de alimentos sanos, es indispensable una participación popular de cooperativas y organizaciones en la gestión de la empresa, que permita  una mejor y más justa distribución de ingresos y ganancias, como así también, que permita agregar valor a la cadena de producción, fomentar el desarrollo local, mejorar la situación de pequeños productores y pymes y que las divisas permanezcan en Argentina.

Además una recuperación justa significa también que le empresa podrá seguir trabajando y eso beneficiaría tanto a sus más de 5.000 trabajadorxs como a los 2.600 productorxs que le venden a Vicentin.
Desde Amigos de la Tierra Argentina, sostenemos que es innegable que la producción de Vicentín está profundamente ligada a los commodities de granos del agronegocio transnacional y sus socios locales que poco tienen que ver con la soberanía alimentaria. Sin embargo, la posibilidad de que el Estado recupere la empresa logra poner en disputa el modelo agroexportador monopólico, regido por intereses especulativos, a la vez que propicia un escenario de discusión y planificación de la producción agrícola, que incorpora voces y actores para la construcción de una política alimentaria articulada, descentralizada y nacional.

En un contexto de emergencia alimentaria, agudizada aún más por la pandemia del Covid-19 y la depresión de nuestra economía, es necesario que la alimentación esté presente en las discusiones públicas. No solamente por la atención urgente a las necesidades alimenticias de la población, sino además para poner en evidencia que relegar el diseño de la estructura productiva nacional de alimentos al sector privado, conlleva necesariamente a estos escenarios críticos.

La construcción de soberanía alimentaria implica la participación de todos los actores del esquema de producción y comercialización de alimentos, una disputa real de la tenencia de tierras a favor de las familias campesinas -que son las que sostienen actualmente el 80% de la producción de alimentos para consumo en el país- y la erradicación de sistemas productivos insustentables a base del uso de agrotóxicos y transgénicos patentados por empresas monopólicas.

Por otro lado, se torna fundamental la participación de las organizaciones campesinas que cuentan con experiencia suficiente como para realizar grandes aportes a la gestión y proponer dinámicas acordes a formas más sustentables y equitativas de producción.

Un escenario de transición hacia la soberanía alimentaria no se logra únicamente con la tenencia por parte del Estado de una empresa clave del sector, esta transición debe involucrar la reestructuración de los diferentes eslabones productivos y comerciales que la componen, modificar los sistemas de producción hegemónicos y cuestionar profundamente para qué y para quiénes se produce.

(1)https://elabcrural.com/glencore-ofrece-usd-325-millones-para-sacar-a-vicentin-de-renova/

Los Movimientos en defensa del Agua y sus desafíos en la Cordillera de los Andes

En septiembre de 2018 se realizó la Cumbre del Agua para los pueblos.  El lugar elegido para realizarla no fue casualidad: la provincia de Catamarca ha sido en Argentina, uno de los primeros territorios sometidos al  modelo extractivista. Allí funciona desde finales de los años 90 la explotación minera de oro a cielo abierto más grande del país: la mina Bajo La Alumbrera a 300 de la capital provincial y cercana a poblaciones como Belén y Andalgalá. Tras más de 20 años de explotación de la Alumbrera Catamarca no solo no conoció el desarrollo económico y social sino que es una de las provincias con el mayor índice de pobreza del país.

Durante la cumbre del agua se denunciaron entre otras a  Yamana Gold, que continúa su lobby, exigiendo a las autoridades provinciales la derogación de la ordenanza municipal que, desde 2016, prohíbe la explotación minera en el cordón montañoso Nevado del Aconquija, como forma de cumplimiento de la Ley de Glaciares.

Nora Cortiñas y participantes sanjuaninos de la bicileteada en defensa de la Ley de Glaciares

El mismo año del Encuentro del Agua, 2018, luego de 7 años, se publicó oficialmente el inventario de Glaciares, y a posterior de  la publicación las organizaciones Greenpeace Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denuncian que el inventario no está completo, ya que excluye a los glaciares con una superficie menor a 0,01km21.

Como se puede apreciar, las disputas del agua son muchas, pero en cuanto a los glaciares, tienen dos grandes afectaciones: el derretimiento por aumento de las temperaturas y la minería, con sus múltiples afectaciones en áreas glaciares y periglaciares, así como las consecuencias en el agua de deshielo de la que se alimentan numerosa población al pie de la cordillera.

Pese al nuevo impulso que las luchas por el agua retoman luego de la Cumbre y el inventario de glaciares, las mineras continúan su constante presión para operar desoyendo la Ley de Glaciares.  En marzo de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri recibió a autoridades de las empresas mineras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, quienes le presentaron detalles del proyecto llamado «Agua Rica» para la extracción de oro y cobre en la provincia de Catamarca, explotación que duraría 25 años y que genera fuerte rechazo de la población.

En junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la Ley de Glaciares. El resultado de la máxima autoridad judicial nacional, marcó un hito para la preservación de los glaciares.

El 27 octubre de 2019, la Asamblea «El Algarrobo» oriunda del pueblo de Andalgalá, Catamarca, presentó ante la justicia una denuncia penal a los directores de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), funcionarios de la Sindicatura General y de la Secretaría de Minería de la Nación, por incumplimiento de los deberes de funcionario público al no respetar el Artículo Nº 6 de la Ley de Glaciares que prohíbe la actividad minera en zona con  glaciares y ambiente periglacial.

A fines de 2019, también en Catamarca, el pueblo de Antofagasta reclamó fuertemente que NO quiere el proyecto del acueducto del río Los Patos para la extracción de litio. Ya suficientes impactos se causaron en el río Trapiche, dejando secas a las vegas perjudicando toda forma de vida de la cuenca. En el Salar del Hombre Muerto, la empresa Minera del Altiplano está extrayendo litio desde 1997 dejando como consecuencia el agotamiento del agua del río Trapiche. Para continuar la explotación se proyecta construir un acueducto que transporte el agua subterránea del acuífero del río Los Patos. El conflicto aún no ha tenido resolución.

En 2019 también se celebraron el país elecciones presidenciales resultando en un cambio de signo político, en el cual resultó elegido el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Sin embargo, a pesar del cambio de orientación política, no cambió la política extractivista, donde la minería pugna por erigirse como la solución a la debilitada posición económica del país luego de 4 años de neoliberalismo extremo gerenciados por Mauricio Macri.

Los dirigentes cordilleranos pro-minería, supieron aprovechar la continuidad del impulso minero, por ejemplo el flamante gobernador mendocino Rodolfo  Suarez  y la legislatura de la Provincia de Mendoza, que inmediatamente después de asumir, modificaron el 20 de diciembre la Ley Provincial 7722 de defensa del agua, hecho masivamente rechazado por el pueblo mendocino y apoyado a nivel nacional de manera inmediata.  

Antes de la navidad, el 23 de diciembre, se inició la llamada “Marcha más Grande de la Historia” la cual rechazaba la recién aprobada modificación a la Ley 7722 “que abre paso a la megaminería y profundiza la crisis hídrica que esta viviendo la provincia”. La reforma a la Ley 7722  habilitaba químicos tóxicos antes prohibidos, y columnas de miles de personas avanzaron desde toda la provincia hacia la casa de Gobierno. Al llegar a la Casa de Gobierno, el hashtag #La7722NoSeToca  rápidamente se hizo viral por el apoyo de los ciudadanos/as a la masiva marcha contra la megaminería.

El martes 24, El gobernador Rodolfo Suárez haciendo oídos sordos a las manifestaciones, promulgó la ley que permitía el uso de contaminantes químicos. Pero el  26 de diciembre se vio obligado a llamar “al diálogo” y el 27 a derogar la modificación, resultando  el hecho en un gran triunfo popular del pueblo mendocino en defensa de sus aguas. Este fue el primer revés ambiental del flamante gobierno de Fernández, que a pocos días de asumir el poder se enfrentó de bruces con la contradicción desarrollista.

A raíz de los acontecimientos sucedidos en la provincia de Mendoza, se hicieron eco en todo el país los reclamos por el agua y luego de apoyar fuertemente el reclamo mendocino, cientos de ambientalistas de todo el país se alistaron a organizar una  primera Marcha plurinacional del agua para los pueblos, que se realizaría el 22 de marzo, Día del Agua, confluyendo en la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente,  a consecuencia de la cuarentena por COVID la marcha fue suspendida.  “La alarma y la conciencia que hoy tenemos con respecto al peligro que corre nuestra vida por un virus, es la alarma que sufrimos día a día en cada uno de nuestros territorios” expresó el comité organizador en su comunicado al respecto (disponible aquí).

Hoy, durante la pandemia, la actividad minera está considerada dentro de las excepciones del decreto del Aislamiento social preventivo y obligatorio  para mantener en pie a la producción, el secretario de minería de la nación, Alberto Hensel dijo que el Gobierno “comenzó a plantear como eje de desarrollo social y económico a la minería” y anunció que desde julio seguirán en la puesta en marcha de “un Plan Estratégico para la actividad que se conviertan en política pública para el sector y en señal clara de seguridad jurídica ante la incertidumbre de quienes quieran invertir”. El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, afirmó: “Yo creo que la minería es una de las alternativas más viables para la reconstrucción que necesitará la Argentina”

Queda claro que el desafío para la gestión pública y la participación comunitaria en cuestiones del agua será un escenario complejo durante los próximos años, con dificultades propias de esta nueva crisis de salud, que se suma con fuerza a la crisis del modelo capitalista que se evidenciaba antes de la aparición del COVID19. La disputa entre modelos de desarrollo antagónicos será de vital importancia en el corto plazo, y será importante darla sin perder de vista el rol de alta conflictividad social que protagonizan las corporaciones trasnacionales mineras en el escenario nacional.

1-https://farn.org.ar/archives/25208