Tolerancia cero a la violencia de género

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, buscamos reflexionar sobre la necesidad de construir espacios seguros en nuestros lugares de trabajo y de militancia. Es por eso que anunciamos que desde Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina adoptamos la Política de Amigos de la Tierra Internacional sobre Violencia y Acoso Sexual.

En el año 2018, en la Asamblea General Bienal de Amigos de la Tierra Internacional, en la cual participamos miembros de los 73 paises que nuclea esta Federación, se planteó la necesidad de generar un protocolo para la tolerancia cero a la violencia, el acoso sexual y la atención sexual no deseada. 

Luego de un largo proceso de redacción de esta política, cada grupo miembro la está adaptando a sus marcos y necesidades. No queremos dejar de mencionar lo importante que es contar con esta política para promover y garantizar un entorno laboral y de militancia seguro, respetuoso y enriquecedor para todes les que participen en la Federación y sus grupos miembro – incluyendo a las personas externas que participan en nuestros eventos – como parte integral de nuestra lucha por la justicia, la igualdad y el cambio de sistema.

Esta Política establece un estándar mínimo para el desarrollo de nuevas políticas o el fortalecimiento de las políticas existentes por los grupos miembro centrándose en los principios de “tolerancia cero”; “prevención”; “centro en le sobreviviente”; “confidencialidad y protección”; y “transparencia, eficacia y plazos establecidos”.

Al mismo tiempo que establecemos protocolos para poder garantizar espacios seguros y respetuosos, es necesario profundizar en la construcción de igualdad de género en todos nuestros ámbitos y luchas. Para desmantelar el patriarcado es necesario que todes pongamos en práctica la igualdad de género.  Desde el grupo de Trabajo de Género y Desmantelamiento del Patriarcado de Amigos de la Tierra Internacional, en el cual participamos activamente desde Argentina, se han desarrollado diferentes producciones muy valiosas para dar estas discusiones necesarias y transversales: ¿Por qué la justicia de género? Y  Manual de Educación Popular Feminista

 Links:   

¿Por qué la justicia de género? 

https://www.foei.org/es/recursos/justicia-genero-desmantelamiento-patriarcado-cuadernillo-historias

 Manual de Educación Popular Feminista:

 http://www.foei.org/es/recursos/sembrar-justicia-genero-desmantelar-patriarcado

 Porque no hay justicia ambiental sin justicia de género, nos sumamos a los esfuerzos por desmantelar el patriarcado, haciendo de nuestra organización un espacio donde todes puedan participar en plenitud. 

Transición justa y feminista, qué es y cómo la lograremos

En la actualidad existe una demanda muy fuerte por parte de las organizaciones, movimientos socioambientales y la población en general, sobre la impostergable transición de un sistema energético “sucio” a uno “limpio” con soberanía energética, y esta necesidad ya deja de ser invisible para los gobiernos. Pero esto también debe ser justo.

Amigos de la Tierra llama a una transformación radical del sistema energético actual responsable por la crisis climática. Un sistema dominado por las transnacionales que sólo persiguen ganancias inmediatas. El mismo se caracteriza por generar injusticias, violar los derechos de los pueblos, y destruir los territorios y medios de sustento. La injusticia se hace visible y reproduce de distintas maneras. Por un lado, el sistema energético dominante no es capaz de garantizar el Derecho Humano a la energía eléctrica, al tiempo que destruye los sistemas alimentarios locales, la biodiversidad, los ríos, amenaza la salud de las comunidades y avanza en la privatización de la naturaleza. Por otro, las grandes transnacionales son las responsables de la crisis climática, al igual que el 10% más rico de la población que es responsable de aproximadamente el 50% de las emisiones. El poder de las transnacionales y el auge del neoliberalismo, ha llevado además a la privatización de la energía y al desmantelamiento de los derechos de la clase trabajadora. La clase trabajadora ha luchado históricamente contra la privatización de la energía y para que la misma sea reconocida como un derecho y no se transforme en mercancía, y se ha comprometido también en la lucha contra los impactos que el sistema tiene en muchas comunidades y territorios. El movimiento por la justicia ambiental ha sabido oponerse a proyectos energéticos destructivos, al tiempo que defiende también el derecho a la energía y el derecho de las comunidades y de las/los trabajadores/as.

Hoy está claro que es necesaria una transición justa de forma urgente, que permita acabar con la dependencia de los combustibles fósiles y garantizar derechos. Una transición que no significa tan sólo un cambio de matriz y de fuentes, sino que requiere una mirada integral sobre la propiedad y control público de la energía, ya sea en manos del Estado, municipios o cooperativas. La democratización del sistema energético debe llevar a garantizar derechos fundamentales, de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, pescadores, de las y los trabajadores y  las mujeres. Las preguntas fundamentales de qué forma producir la energía, cuánto producir, para qué y para quién deben ser respondidas por los pueblos para alcanzar la soberanía energética.

Es hora de que el sistema energético en manos públicas ponga en el centro la sustentabilidad de la vida. No se trata tan sólo de seguir denunciando los impactos perversos y las violaciones de los derechos de las mujeres por un sistema que explota el trabajo y el cuerpo de las mujeres, las expulsa de sus territorios, se apropia de y destruye sus medios de sustento, atenta contra su salud y la de sus comunidades, sino que hay que luchar para que las mujeres seamos reconocidas como sujetos políticos de la soberanía energética. Las mujeres debemos jugar un papel fundamental en definir y decidir sobre las características del proceso de  transición y el nuevo sistema energético que queremos construir. 

Debemos descolonizar el sistema energético, lo que significa devolver soberanía a nuestros pueblos y reconocer la responsabilidad histórica diferenciada y la deuda ecológica y climática que este sistema ha generado. La hoja de ruta hacia una transición justa debe partir de la unidad de las luchas por la defensa de la democracia y  contra las transnacionales y el neoliberalismo . Esta unidad se ve claramente reflejada en la solidaridad internacionalista como la que fortalecemos para hacer frente al autoritarismo, el racismo y el fascismo.

Asimismo es necesaria una visión regional de la transición, que conlleva una apuesta a consolidar los perfiles nacionales, a la evolución tecnológica apropiada, Innovación local, a la transformación y actualización de la infraestructura energética, pero todo ello sin descuidar a las comunidades locales y su derecho de consulta libre, previa e informada.  Podemos concebir la energía como un bien común estratégico renovable, sustentable, público, social y descentralizado. Sudamérica tiene un gran potencial para energías renovables, sin embargo persiste una lógica mercantil aún en los proyectos de energías renovables en nuestra región, por lo que tenemos que evitar la posibilidad de una transición energéticamente mercantilizada. Por ejemplo, con la relevancia en el contexto actual del almacenamiento de energía, que la región sea contenedora de las reservas más grandes accesibles y rentables de litio no es una cuestión menor, pues podría significar una oportunidad para aprovechar las capacidades regionales y consolidar una industria energética para la satisfacción de necesidades socialmente validadas del mercado interno o, en el caso contrario, nuevo capítulo de sometimiento a las grandes trasnacionales, mediante la preocupante tendencia a la concentración que observamos en la actualidad, donde nuestro país y la región subsidiaría las transiciones del norte global.

La transición debe incluir la lucha contra un sistema controlado por esas transnacionales, injusto, que atenta contra los derechos de los pueblos, y debe ir de la mano del desmantelamiento del neoliberalismo y de la profundización de la democracia. No podemos permitir que las empresas trasnacionales continúen controlando el sistema energético. Nuestra lucha por la soberanía energética requiere la unidad y una articulación cada vez más fuerte con los pueblos y comunidades que sufren las violaciones y amenazas perpetradas por las grandes empresas del sector energético, aportando cada movimiento desde sus capacidades en la construcción colectiva. 

En Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina, creemos que la transición energética justa y feminista no está aislada, debe caminar de la mano de otras transiciones y transformaciones en ámbitos diversos, como el alimentario, el económico, e incluso el político. Es imperante transicionar hacia la formas de ejercicio de la territorialidad en detrimento de las relaciones de dominio verticales que imponen los actuales sistemas productivos y de especulación. Es importante que pensemos cuántas y cuales transiciones hay en gestación y en proceso, y apoyarlas.

Las transiciones tendrán que dar respuesta a las crisis globales superpuestas, a la que se suma el covid 19 como último emergente de un sistema obsoleto, incluyendo la enorme e invisible crisis de los cuidados, que la pandemia visibilizó a la población, y resolviendo también en simultáneo la crisis climática, aplicando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, alejándonos de una economía dependiente de los combustibles fósiles, cambiando el sistema energético por uno renovable, democrático, que garantice el acceso para todos/as. No podemos esperar que la crisis termine, tenemos que actuar ahora, fortaleciendo una visión feminista sólida para la transición justa hacia una “nueva normalidad” que no sea más de la misma normalidad que teníamos, una normalidad racista, neocolonial, patriarcal, violenta y ecocida.

Es fundamental rescatar la idea de una recuperación justa que sea social, ambiental, económica y de género, y construir iniciativas sustentables y emancipadoras, evitando que los gobiernos socialicen las pérdidas de las grandes empresas y garanticen entre otros el derecho a la energía a toda la población. La transición se convierte así en una oportunidad para re-establecer una buena parte de los cimientos de la sociedad post pandemia. 

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A fines de 2020, 100 activistas de la federación Amigos de la Tierra Internacional de todos los rincones del mundo nos reunimos con organizaciones aliadas en una serie de seminarios virtuales para analizar qué significa una Transición Energética Justa desde una perspectiva feminista, realizamos un documento que refleja nuestra visión colectiva sobre la Transición Energética Justa, tal como debatieron las/os participantes, y puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://www.foei.org/es/recursos/si-no-es-feminista-no-es-justa

La COP26 sigue adelante de forma poco equitativa e inaccesible mientras los pueblos luchan contra las falsas soluciones

El gobierno del Reino Unido sigue adelante con la celebración de la COP26 en Glasgow, a pesar de la preocupación real expresada por el Sur global de que no puede llevarse a cabo de forma segura y equitativa. Muchos delegados del Sur global no pueden viajar para asistir a la COP debido a una combinación de falta de acceso a la vacunación, normas siempre cambiantes en torno a la cuarentena, normas restrictivas de visado, altos costes y preocupaciones sobre la seguridad. El gobierno británico no ha entregado a tiempo las vacunas Covid prometidas a los delegados del Sur, y sigue bloqueando las exenciones de patentes de vacunas, impidiendo así que los países del Sur, especialmente los de África, se recuperen de la pandemia.

La pandemia de Covid-19 está haciendo estragos en el mundo, agravando las crisis sanitarias, económicas y sociales existentes. Sus impactos desiguales se ven exacerbados por el apartheid de las vacunas, perpetuado por los países ricos, los mismos que crearon la crisis climática y que ahora huyen de su responsabilidad histórica. La crisis climática es una realidad urgente, pero una COP inequitativa que amenaza la vida humana sólo profundizará las injusticias. La COP es un espacio desigual e inaccesible en el mejor de los casos. En repetidas ocasiones ha fallado a las personas más pobres y vulnerables del planeta, que son las que más riesgo corren por la crisis climática, y este año muchas de sus voces no serán escuchadas. Los resultados de la COP no serán justos ni equitativos si no están presentes todos aquellos que deben estar allí, tanto dentro de las negociaciones como en las calles. Amigos de la Tierra Internacional (ATI) está en la COP, pero muchos de nuestros miembros del Sur no lo están. ATI hablará en nombre de nuestros colegas, pero esta COP será demasiado blanca y septentrional, carente de sociedad civil global, y es poco probable que se escuchen las voces urgentes en el centro de la crisis climática.

Todo esto significa que el Reino Unido está en camino de celebrar la COP más excluyente de la historia. Al impulsar una cumbre que excluye a las personas que están en primera línea de la emergencia climática, el Gobierno británico se arriesga a poner en duda la legitimidad de cualquier resultado.

La crisis climática requiere un enfoque de justicia climática

Nos enfrentamos a una emergencia planetaria: las inundaciones, las tormentas, las sequías y la subida de los mares ya están causando estragos en todo el mundo. No se trata sólo de un problema para las generaciones futuras. La crisis climática es intrínsecamente injusta. Ya está afectando con mayor dureza a los pueblos más pobres y vulnerables (especialmente a las mujeres y los niños), a pesar de que ellos no han creado esta crisis.

Hacer frente a la crisis climática requiere un cambio radical e inmediato para abandonar los combustibles fósiles y otras energías sucias y perjudiciales, la agroindustria y la deforestación a gran escala. La justicia climática exige que logremos esto al mismo tiempo que abordamos las causas sistémicas de fondo, la desigualdad y la inequidad que están en el centro de las crisis climática, covídica y ecológica, y protegemos a los pueblos y al planeta. Los países ricos, que han creado esta crisis, deben actuar en primer lugar y con mayor profundidad para abordarla. Deben cumplir con su parte justa de reducción de emisiones, y también proporcionar financiación climática a los países del Sur global para pagar la deuda climática y ecológica, y financiar una transición justa y feminista.

Debemos luchar contra las falsas soluciones en la COP26: mercados de carbono, “soluciones basadas en la naturaleza” y “Net Zero

Nos preocupa que los países ricos y las empresas contaminantes sigan adelante con “falsas soluciones” en la COP26. Las promesas de “cero neto”, los mercados de carbono y la compensación, la geoingeniería y las incipientes “soluciones basadas en la naturaleza” permitirán seguir contaminando bajo la premisa de reducir las emisiones en otro lugar, basándose en la plantación de árboles, la compra de créditos de carbono o la utilización de tecnologías no probadas que absorben el carbono del aire. Estas tecnologías no reducen las emisiones de los combustibles fósiles en su origen y pueden causar graves daños a las comunidades del Sur global.

No podemos confiar en tecnologías costosas, arriesgadas y no probadas, que tienen impactos potencialmente devastadores y conducen al acaparamiento de tierras, a la violación de los derechos de los pueblos y a la destrucción de los bosques y la biodiversidad en el Sur global. Los nombres y los términos siguen evolucionando, pero los principios básicos y perjudiciales siguen siendo los mismos. Refuerzan el poder de las empresas, desvían la responsabilidad de los contaminadores históricos ricos e impiden una acción urgente y equitativa sobre el cambio climático.

Los grandes contaminadores están presionando para que la agenda de “cero neto” se convierta en la pieza central de los planes globales para abordar el cambio climático, aunque los científicos y los expertos han demostrado que las promesas de “cero neto” no mantendrán el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados, y son una peligrosa distracción de los verdaderos recortes de emisiones, el “cero real” que necesitamos. En la COP25 de Madrid en 2019, la sociedad civil progresista montó un feroz ataque al artículo 6 del Acuerdo de París (que permite los mercados/comercio de carbono), deteniendo con éxito un acuerdo regresivo. En la COP26, es muy probable que la presidencia del Reino Unido trate de impulsar un acuerdo sobre el artículo 6. Debemos seguir luchando contra esto.

La justicia climática significa oponerse a estas “falsas soluciones” / distracciones peligrosas / arreglos tecnológicos de fantasía para la crisis climática.

Las empresas transnacionales no tienen cabida en la CMNUCC. Debemos luchar contra el poder de las empresas y expulsar a los contaminadores -en la COP y sobre el terreno, donde las comunidades son devastadas por la extracción de combustibles fósiles y las falsas soluciones- denunciándolas y haciéndolas responsables de los daños que causan.

Los gobiernos del Reino Unido y de Escocia hablan a bombo y platillo de la importancia de la acción climática, y reclaman el manto del liderazgo climático, pero siguen extrayendo y financiando combustibles fósiles en su país y en el extranjero. Ni el Gobierno del Reino Unido ni el de Escocia van por buen camino para cumplir sus inadecuados objetivos climáticos; ambos deben presentar planes realistas para volver a la senda correcta que no se basen en soluciones tecnológicas fantasiosas y que, en cambio, mejoren la vida de las personas mediante la creación de empleos ecológicos decentes, hogares cálidos y energía renovable asequible, así como un transporte público de calidad.

Más allá de la crisis climática, el planeta se enfrenta a múltiples crisis sociales, políticas y económicas interrelacionadas, en cuyo centro se encuentra un sistema económico insostenible, cuyo único objetivo es el crecimiento sin fin y el beneficio para unos pocos. Sólo con un cambio de sistema -una transformación radical de nuestros sistemas energéticos, alimentarios y económicos- podemos esperar realmente evitar la catástrofe climática y que la temperatura media mundial aumente más de 1,5 grados.

En los últimos años hemos asistido a una extraordinaria oleada de movimientos populares, especialmente juveniles, que se han levantado para exigir a los gobiernos que se ocupen de la crisis climática y de las crisis interrelacionadas.

Hay soluciones reales a la crisis climática: el poder de la gente es la clave para desbloquearlas.
Los pueblos están construyendo soluciones energéticas renovables, limpias, sostenibles y de propiedad social, basadas en la suficiencia energética para todos. La gente está transformando nuestros sistemas alimentarios hacia la soberanía alimentaria y la agroecología campesina, deteniendo la deforestación y protegiendo los bosques mediante la gestión forestal comunitaria. Necesitamos un sistema económico que priorice y redistribuya el trabajo de cuidados, para que se reparta entre hombres, mujeres y el Estado. Necesitamos un sistema de valores que priorice la centralidad de la vida, no la codicia ni el beneficio. Necesitamos un cambio de sistema.

Un centenar de organizaciones latinoamericanas, canadienses y mundiales piden detener el avance ilegal de la exploración minera y liberar a les defensores de DDHH detenides en Andalgalá

COMUNICADO DE PRENSA / Bs. As, 21/4/21 

Un centenar de organizaciones de América latina y el Caribe, Canadá y otros países del mundo enviaron hoy una Carta abierta al Presidente de la Nación, al Gobernador de Catamarca, a los Sres. Ministros de Ambiente, Justicia y del Interior y el Sr. Secretario de Derechos Humanos de la Nación, reclamando respeto a la voz y los derechos humanos del pueblo de Andalgalá y que se liberen de inmediato y se desprocesen, a les 12 integrantes de la Asamblea El Algarrobo, detenides por su defensa de la ley, el ambiente, el agua, su autodeterminación, la vida toda.

Las entidades internacionales y de 28 países piden, a la vez, el cese de la persecución a la lucha de más de 11 años del pueblo de Andalgalá, y que se ponga fin a la actividad minera exploratoria que realiza la empresa canadiense Yamana Gold, en el yacimiento Agua Rica, en violación de la Ley de protección de los glaciares, la Ley General del Ambiente, la Ley de Bosques Nativos y numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos.

“Es un llamado internacional muy fuerte a las autoridades argentinas–señaló la coordinadora de Diálogo 2000, Beverly Keene– El rechazo frente al avance ilegal e insustentable de la megaminería se extiende cada vez más, en Canadá, en todo el continente, donde muchos pueblos comparten la misma lucha. Urge la liberación de les defensores del agua y de todos los derechos humanos. Desde el mundo entero se exige respuestas conforme a los derechos.”

La carta, que lleva además la firma de medio millar de organizaciones y personas de la Argentina, está encabezada por la red Jubileo Sur/Américas, Amigos de la Tierra América latina y el Caribe, la Confederación latinoamericana de Trabajadores del Estado, Global Forest Coalition, Observatorio de Conflictos Mineros de América, la Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad y las organizaciones canadienses Mining Watch y el Comité por los Derechos Humanos en América latina.

Natalia Salvatico, coordinadora de Amigos de la Tierra Argentina, resaltó la consonancia de este petitorio con la Carta abierta[i]enviada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas, con el apoyo también de centenares de firmas de todo el país. “Defender el agua no puede ser un delito – afirmó -, a pesar de 11 años de reclamar por la defensa del agua, la población de Andalgalá es sometida a múltiples violencias, fundamentalmente la amenaza de falta de agua para la vida. La democracia Argentina está en deuda con Andalgalá, y las tensiones y contradicciones generadas por la imposición de un modelo deben ser resueltas ante todo con respeto a los derechos de los pueblos y la naturaleza”

El texto completo de la Carta enviada hoy a las autoridades provinciales y nacionales puede ser consultado aquí: https://dialogo2000.blogspot.com/2021/04/llamamos-apoyar-andalgala-libertad-les.html

Contactos: Diálogo 2000 – 11 5569 0140Amigos de la Tierra – 11 5727 7728

[i]https://dialogo2000.blogspot.com/2021/04/andalgala-carta-abierta-las-autoridades.html

Defender el agua no es delito

Amigos de la Tierra Argentina escribió una nota urgente al  gobierno de la Provincia de Catamarca por la liberación inmediata de 7 asambleístas detenidos el día lunes y el cese de las labores de exploración en las inmediaciones del río Minas, que alimenta la ciudad de Andalgalá. A la fecha de esta publicación no tenemos información sobre la situación de los y las detenidos/as, y la Asamblea El Algarrobo denuncia más hostigamiento y vigilancia policial en los domicilios de más compañeros/as.

foto: Asamblea El Algarrobo

 

Entendemos que esta reacción de las autoridades supone una defensa de los bienes y actividades de las empresas trasnacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont, que controlan el proyecto minero Agua Rica, y recientemente realizaron numerosas acciones buscando legitimación social para iniciar la explotación del yacimiento, la cual no pueden lograr.

Más allá de la falta de certezas, sabemos que a pesar de  11 años de reclamar por la defensa del agua,  la población de Andalgalá es sometida a múltiples violencias, fundamentalmente la amenaza de falta de agua para la vida. La democracia Argentina está en deuda con Andalgalá, y las tensiones y contradicciones generadas por la imposición de un modelo deben ser resueltas ante todo con respeto a los derechos de los pueblos. La licencia social no se gana con engaños ni con represión, la licencia social es parte de la inclusión de la población en sus propios proyectos territoriales, de manera autónoma y con sus propios horizontes de desarrollo local.

 

 

Adrogué, 13 de abril de 2021

 

Sr. Gobernador de la

Provincia de Catamarca

Lic. Raúl Jalil

S                /                D

 

Por la presente expresamos nuestra profunda preocupación por el respeto de los Derechos de los habitantes de Andalgalá, a partir de las detenciones arbitrarias realizadas el día de ayer por la policía provincial a personas pertenecientes a la Asamblea El Algarrobo, así como nuestra expresa solicitud para detener la exploración avanzada del yacimiento Agua Rica.

Desde hace años nuestra organización expresa su solidaridad con el reclamo del pueblo de Andalgalá en contra de la explotación del antedicho yacimiento. Recientemente, luego del ingreso de máquinas perforadoras al Cerro Aconquija, sumadas a una fuerte presencia policial,  se generó, tanto entre los pobladores locales como entre una amplia red de organizaciones locales, nacionales e internacionales, una alerta máxima.

Entendemos que la presencia de dicha maquinaria se corresponde con  la autorización por parte del Ministerio de Minería de Catamarca (Res. 310/2020) del Plan de Exploración Avanzada presentado por la empresa minera Yamana Gold, desconociendo la aplicación de la Ley Nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la Ley General del Ambiente, el art 41 de la Constitución Nacional, así como Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22), en esta línea los art. 1.1 y 1.2 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) y del de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), los que garantizan el derecho a la autodeterminación de los Pueblos, es la potestad que las poblaciones poseen a autodeterminarse para decidir cuál va a ser su modo de vida en el ambiente que viven y su desarrollo económico local, como hoy lo hacen las poblaciones de la Provincia.

Esta exploración pone en riesgo la naciente del río Minas que alimenta a la población local. Nos encontramos frente a una vulneración de los derechos humanos considerados en su interdependencia e indivisibilidad: el derecho al ambiente sano, a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y la libre determinación, entre otros, afectando la vida de la población presente y de las futuras generaciones.

El pueblo de Andalgalá no ha cesado de reclamar de manera pacífica por su legítimo derecho a la vida y a la salud a través del agua, durante los últimos 11 años, hemos realizado numerosas acciones de apoyo, constatando una y otra vez la veracidad  y justicia del reclamo que no es atendido en instancias nacionales. Los conflictos por el agua serán fundantes del siglo XXI y debemos abordarlos de una manera integrada y pluralista.

Luego de la manifestación del sábado, donde resultaron incendiadas las oficinas de la empresa Agua Rica, resulta llamativo el accionar policial el día de ayer, que bajo la orden del juez Rodolfo Cecenarro y la fiscal Soledad Rodríguez,  realizó allanamientos y detuvo a 7 personas, siendo desconocido por nosotras al momento de escribir esta nota, el paradero, estado de salud y causa de detención de los asambleístas.

Resulta extremadamente preocupante que luego de una movilización de 11 años y 584 caminatas por la vida, la respuesta estatal sea la criminalización de la protesta y las expresiones de disenso en marco de un sistema democrático, dando prioridad a las empresas trasnacionales ante las poblaciones locales, actuando a destiempo y sin fines preventivos.

 

Por todo lo antes expuesto, nuevamente exigimos la inmediata liberación de las personas detenidas y el cese del hostigamiento a los y las defensoras del agua. Asimismo, solicitamos que se detengan las acciones de exploración por resultar no solamente ilegítimas, contrarias a lo manifestado desde hace más de un decenio por el pueblo de Andalgalá, sino también ilegales.

 

Natalia Salvatico

Presidente

Fundación Amigos de la Tierra Argentina

 

 

Principios para una recuperación con justicia ambiental, social, de género y económica

Ante la parálisis productiva y el desconcierto social, perteneciendo a un sistema que prioriza el lucro por encima de los derechos de los pueblos, el ambiente y los sistemas democráticos, nos resultó esencial aunar voces de todos los continentes, reflexionar, debatir y proponer soluciones enmarcadas en la recuperación, construida sobre las bases de la justicia ambiental, social, de género y económica.

Estas propuestas  fueron elaboradas de manera colectiva con aportes de grupos y estructuras de Amigos de la Tierra Internacional, una federación de organizaciones presente en los 5 continentes, con 73 grupos miembros, y de la participamos desde Amigxs de la Tierra Argentina.

Marcha por el Clima, durante la COP25 en Madrid, España 2019 © Babawale Obayanju, ERA-Amigos de la Tierra Nigeria

 

Consideramos que para  hacerle frente a todos los impactos derivados de la crisis actual del COVID-19, es urgente y necesaria una  recuperación justa; centrada en el bienestar de  los pueblos y el planeta y que también contribuya a solucionar las otras crisis sistémicas subyacentes. Se proponen cuatro principios:

  1. Abandonar el neoliberalismo y la austeridad para adoptar políticas y medidas inmediatas basadas en  la justicia, reconociendo los límites ecológicos.
  1. Las medidas de recuperación deben fundarse  en la cooperación multilateral y la solidaridad  internacionalista y potenciarlas.
  1. Construir y fortalecer la democracia y garantizar la  realización de los derechos humanos y de los pueblos.
  1. Los gobiernos tienen que responder a las múltiples  crisis sistémicas -de la pandemia, desigualdad,  climática, de la alimentación y biodiversidad, y  de los cuidados- y a sus causas estructurales,  proponiéndole una agenda transformadora de  cambio de sistema.

 

La recuperación justa de ninguna manera puede significar volver a lo que se consideraba normalidad antes de  la crisis del COVID-19, ya que tal “normalidad” fue precisamente el origen de esta crisis y de sus impactos. Nuestras sociedades han sido estructuradas  por sistemas de opresión (patriarcado, racismo, clase,  neocolonialismo, imperialismo, heteronormatividad) con  profundas injusticias ambientales, sociales, de género y  económicas, y una nociva concentración del poder y los bienes comunes.

Este es el momento de reconstruir nuestras sociedades y un nuevo tipo de economía fundada en otros paradigmas que prioricen la sustentabilidad de la vida, la realización de los derechos de los pueblos y la justicia de género. Pensar un futuro colectivo y cooperativo es necesario para las sociedades fundadas y las que siempre estuvieron al margen.

Lxs invitamos a leer el documento entero, que es de distribución libre y gratuita :  Recuperación Justa

Mujeres defensoras del agua de las montañas en Argentina

Desde los cortes de ruta al pie del Cerro hace más de una década, la defensa de las fuentes de agua en los Andes sigue vigente hasta hoy, cuando la minería a cielo abierto se presenta como una solución a esta nueva crisis que enfrentamos. En esta lucha contra las corporaciones, la labor de las mujeres es indispensable y muchas veces anónima. Nos permitimos un recorrido por tres provincias para replicar voces de las guardianas del agua.

La minería es como una moneda que refleja en una de sus caras el extractivismo, y en la otra  el capitalismo neoliberal,  con las que paga un modelo de desarrollo insustentable al que suele llamarse vulgarmente “progreso”, enmarcado por un mercado omnipresente que garantiza la impunidad y el beneficio de las corporaciones transnacionales y las élites económicas, mientras amenaza los derechos de los pueblos y la naturaleza. Los gobiernos supeditan las políticas públicas a este contexto, vulnerando entre otros el derecho al agua que es también un derecho colectivo y se vincula íntimamente con los procesos comunitarios y la defensa de los territorios y los bienes comunes.

En la provincia de San Juan existe Jachal, un departamento situado al norte de la provincia y al este del emprendimiento Veladero, una mina a cielo abierto que explota oro y plata. Allí funcionaba el grupo  Madres  Jachaleras, un grupo de mujeres que comienza a luchar en el año 2002, cuando se hace presente la minería en la comunidad consultando acerca de la opinión sobre el cuidado del medio ambiente, a pesar de que estaba instalada desde 1996 sin consulta previa.

“La promesa del progreso era el sueño de todos, porque no habíamos visto con nuestros propios ojos el impacto de la minería” afirma María José, miembro del grupo. “Cuando nosotros salimos casa por casa a levantar firmas, la minera iba detrás nuestro con los televisores, los dvd y el cd (…) llevan asistentes sociales, contratan psicólogos, los visitan en la casa…para convencerlos de que está todo bien (…) es un despliegue impresionante… nosotros íbamos en bicicleta y ellos iban en unos autazos, a la gente le daba risa.”

En una zona semidesértica, el único río con el que contaba la población era el Río Jachal, y fue destruido por la minera. Primero se contaminó el agua, después comenzó a escasear el agua, y finalmente se han contaminado las napas. La denuncia de María José se remonta al año 2013, pero en los años 2015, 2016 y 2019 ocurrieron derrames de miles de litros de líquido contaminante a la fuente, lo que sigue empeorando la situación hasta hoy, y con total impunidad de la minera trasnacional  Barrick Gold, a cargo de la explotación del yacimiento. Desde enero de este año, la Asamblea Jachal No se Toca, herederas de la iniciativa de las Madres Jachalleras, reclama que el sistema de distribución domiciliaria que trae agua del río, contiene mercurio y otros residuos peligrosos[i].

Al norte de Jachal se encuentra la provincia de La Rioja. Allí en 2012, se inicia un corte de ruta  para impedir el paso de los camiones mineros hacia el cerro Famatina.  En el campamento, emplazado en las afueras de Alto Carrizal, el poblado más cercano al pie del cerro, un nutrido grupo de vecines y activistas mantenían el bloqueo  de manera colectiva.  Muches visitamos este espacio por ese entonces.  Cuando llegamos,  recibimos nuestra asignación de tareas, entre ellas la guardia de la medianoche en una casilla al lado del camino donde estaba la barrera , en la que siempre había un grupo de personas en vigilia. En ese espacio conocimos a María Luisa “muñeca”, a Daniela, a María Eugenia  y  muchas otras mujeres de todas las edades haciendo guardia a la par de los varones por el agua de su pueblo, entre risas pero con solemnidad, nos compartieron historias de lucha y de orgullo por su tierra. “Los cerros son nuestros, es del pueblo, y nosotros no queremos que lo exploten, es nuestro, es como si fuese nuestro hijo. Yo cuando dijeron que lo iban a explotar en 2006 ya me puse loca (…) no todos tienen esa posibilidad de tener una belleza como tenemos nosotros”[ii]

En La Rioja la minera no pasó esa vez, y luego tampoco.  Hasta 2018 la comunidad al pie del Famatina rechazó la instalación de 5 empresas mineras.

Pero la disputa por el territorio nunca se termina porque las comunidades viven sobre montañas que albergan enormes riquezas y son asediadas por el poder económico.

Luego muchos intentos y no pocos fracasos, las corporaciones transnacionales despliegan novedosas estrategias de legitimación, una de esas es su autodenominado rol fundamental en la economía, mediante el cual derramarían  riqueza para la recuperación de nuestro país luego de la crisis del COVID. Mientras esto dicen, las empresas mineras siguen funcionando en pleno aislamiento de cuarentena como “actividad esencial” y dispersan el virus en las poblaciones andinas, cómo ocurrió en Catamarca. Dice Silvina, de la Asamblea el Algarrobo de esa provincia: “Nosotros pensamos que la actividad minera no es esencial. De hecho los primeros casos de COVID en Catamarca fueron empleados mineros y consideramos desde la asamblea que el agua es esencial, no la actividad minera.”

Catamarca es la provincia al norte de La Rioja y allí encontramos a Andalgalá, una pequeña ciudad en la falda del Cerro Aconquija, en la que habitan 20.000 habitantes. Andalgalá  padece hace 20 años la explotación minera y sin embargo es una de las zonas más empobrecidas de la del país. En 1995 se otorga la concesión de yacimientos Mineros agua de Dionisio a Minera Alumbrera. El proyecto “Bajo La Alumbrera” es la mina en  funcionamiento más grande de Argentina. Tiene denuncias y causas penales en tres provincias por contaminación y violación de derechos. Luego de la instalación de este yacimiento, se sucedieron otros proyectos de mayor envergadura todos ubicados en el Aconquija.

Las poblaciones que resisten, padecen persecución ideológica y violencia institucional a través del uso de la fuerza policial contra las comunidades. Las mujeres denuncian que están expuestas no sólo el riesgo de ser defensoras del agua, sino al escarnio público del patriarcado. Una participante de un grupo feminista de la provincia denuncia “hablando con las mujeres vemos que se puede llegar a algo, pero va a ser un conflicto tremendo, y es exponerlas más de lo que ya están expuestas”

Una mujer agricultora de Andalgalá, cuya identidad prefiere preservar, nos dice: “La vida la garantizamos los pueblos, con nuestro cuerpo y con organización y con el trabajo diario función del alimento, función de la vida. Y cada vez se hace más difícil, hay cada vez más poblaciones en jaque por estos intereses. El pueblo sale a caminar todos los sábados desde hace más de 11 años en contra de la minería a cielo abierto y en defensa del agua. Milita la causa en su cotidianeidad, todos los días, y eso se va inculcando en nuevas generaciones de niños y niñas que lo incorporan.”

La disputa con la minería no es sólo por el agua, es sobre el modelo de desarrollo que encarna, el tan inasible “progreso”.  Para indagar en estos imaginarios, en 2020 entrevistamos a habitantes de la Cuenca del Salar del Pipanaco, en la provincia de Catamarca. Hablamos del agua y de sus proyectos de vida. Nos hablaron de resistencias, de la dignidad humilde y se preguntan: “¿Cómo no vamos a luchar? ¿No secamos junto a la Tierra?”

Una mujer productora y tejedora campesina, al preguntarle sobre su visión del desarrollo contesta: “la vivienda en primer lugar, tendría que haber mucho más desarrollo en las cosas más importantes más necesarias”. Para los campesines, el vínculo de la agricultura con el agua es esencial. “La conciencia de que toda el agua está relacionada y que conecta los pueblos, puedo decir que sí está, por qué los productores y la gente que habita los territorios, así lo ve.”

Para las agricultoras, “tenemos que pensar en un desarrollo inclusivo en un desarrollo en relación, un desarrollo integral, un desarrollo mirado desde las comunidades, que quizás ya lo estamos haciendo… Es lo que se ve, es lo que está”.

En Los Andes se habla de comunitarismo, y las comunidades se aglutinan en torno al agua.

“No se puede poseer ese algo sin dueño” dice la poesía de la Reina Mora qué leyó Rosa, integrante de la Asamblea el Algarrobo, en el primer Encuentro Latinoamericano por el Agua realizado en la ciudad de Catamarca en 2018.  Miles son las guardianas del agua, y no se encuentran sólo en la montaña: la “madre de todas las batallas”,  Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo,  a los 87 años  viajó a Catamarca y se dirigió a la multitud que asistió al Encuentro con estas palabras: “Toda la lucha nuestra es puro compromiso, si no sale de adentro, no vale (…) hoy venimos a defender el agua (…) primero vinieron por nuestros hijos e hijas ahora vienen por el agua” “A la protesta hay que transformarla en propuesta. Que nadie diga estoy cansado” dice una luchadora incansable;  y con su ejemplo contagia todes les demás, porque el agua no se vende ¡se defiende!

 

*Texto realizado por Natalia Salvático para www.capiremov.org 

[i] https://noalamina.org/argentina/san-juan/item/44832-san-juan-denuncian-falta-de-agua-potable-en-jachal-y-contaminacion-por-la-megamineria

[ii] https://www.youtube.com/watch?v=sZEb6T_A7zs&t=1494s

 

UE-Mercosur: un acuerdo sobre la desigualdad

El acuerdo Unión Europea – Mercosur se negoció por 20 años. Sin embargo, bajo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se cerró un preacuerdo en 6 meses, a través de negociaciones poco transparentes y con una enorme falta de información. Este tratado, tal como se encuentra actualmente, propicia las políticas extractivistas en América Latina, y por ende debilita las democracias que ya se encuentran bajo ataque en nuestro continente.

En Argentina, la tercera economía del cono sur, no sólo fue ratificado, sino impulsado fuertemente, sin existir estudios de impacto ni información pública. Los beneficiarios son sectores minoritarios que participan del comercio exterior, no las mayorías trabajadoras.

La asimetría entre el Mercosur y la Unión Europea es evidente. El presente acuerdo sólo profundiza las desigualdades entre ambos bloques, y no incentiva ni la industria nacional ni la del Mercosur. La gestión del gobierno actual, bajo la presidencia de Alberto Fernández  no ve con buenos ojos este tratado, debido justamente a su disparidad. La posición argentina en este escenario es clave, ya que el signo político de los demás miembros del Mercosur  ha virado a la derecha, lo que propicia las políticas neoliberales, entre las que se encuentra este tratado.

Es necesaria asimismo una articulación internacional con marcada solidaridad internacionalista, ya que estas asimetrías y doble estándar en materias como protección ambiental y DDHH entre los pueblos de Europa y América Latina no pueden ser validadas bajo la forma de un tratado comercial.

El 28 de junio de 2019, se anunció la conclusión de las negociaciones luego de dos décadas de idas, venidas, tensiones y negociaciones entre los dos bloques económicos. En la actualidad, uno de los ámbitos más destacados del debate sobre el tratado es el ambiental. Nunca antes el cuidado del ambiente había tenido un perfil tan alto en las negociaciones internacionales para tratados de libre comercio. Esto se materializó el miércoles 7 de octubre,  cuando los eurodiputados impugnaron el acuerdo presentado,  en una votación que presenta por primera vez cuál es la opinión mayoritaria en ese organismo, sin cuyo visto bueno no puede formalizarse el convenio comercial. El rechazo de los eurodiputados al acuerdo comercial no significa un veto al tratado, que aún no fue oficialmente sometido al Parlamento, pero sí muestra por primera vez que la mayoría de los legisladores europeos se resiste a la idea de aprobarlo. El eje de la impugnación al acuerdo fue la preocupación por el cambio climático, un tema que se ha vuelto central en el debate político europeo de los últimos años y que es una bandera levantada en alto por varios partidos[1]. Sin embargo, este no es su único lado oscuro.

El rechazo actual se centra en el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pero lo que se impugna es el mismo problema que tiene Argentina: los incendios forestales para la extensión de la frontera agroexportadora. El acuerdo,  es de por sí contradictorio con las políticas climáticas acordadas en París por los líderes mundiales y ratificada por nuestro país, y este cumplimiento es una condición del acuerdo comercial. Sin embargo,  no incluye mecanismos exigibles o sanciones por incumplimiento a la protección del monte nativo.

Además, la deforestación y el incumplimiento de las metas de reducción de emisiones,  no serían el único impacto ambiental: la liberalización del comercio en el clima implica múltiples efectos negativos, incluidas emisiones de gas metano, aumento del transporte y contaminación marítima, aumento de uso de agrotóxicos, etc.

A estos impactos se sumarían los económicos, laborales e industriales, dado que el acuerdo implica la reducción de la matriz productiva interna a favor de la apertura de importaciones en rubros clave para el sector productivo nacional.

Si bien la firma del acuerdo implica un grado de avance significativo hacia su concreción, aún es necesario dar el debate en el Congreso, y la dirigencia política del gobierno actual se ha pronunciado en contra antes de asumir sus funciones en 2019.

Por otro lado, el gobierno nacional ha impulsado, durante el contexto actual de crisis pandémica, una serie de medidas para la recuperación económica vinculadas a la protección al mercado interno, la promoción de la industria nacional y el control de retenciones, medidas que se contraponen a la lógica intervencionista del acuerdo por sobre la soberanía de las naciones del Mercosur.

La posición de Argentina en el contexto político regional es fundamental para frenar la ratificación de este acuerdo claramente dañino para nuestra región, dado que el resto de los países que componen el Mercosur ya han dado claras intenciones de acompañar la iniciativa europea. Organizaciones socioambientales de ambos bloques nos organizamos en contra de un acuerdo que no respete la integridad de nuestros territorios ni nuestros derechos democráticos a una vida digna.

[1]https://www.tiempoar.com.ar/nota/bolsonaro-eje-del-rechazo-europeo-al-acuerdo-ue-mercosur (consultada el 10/10/2020)

La deuda es con nosotras y la naturaleza

Compartimos nuestra denuncia en el Juicio Popular contra la Deuda y el FMI, presentada el 17 de septiembre .

Denunciamos el conflicto capital-vida y las crisis interrelacionadas

El modelo extractivo y de producción y consumo que sostiene las sociedades que habitamos es incompatible con la regeneración de la vida y genera una cultura que desvaloriza tanto el trabajo de cuidados como la importancia de la naturaleza, provocando una invisibilización de ambos, pero sin embargo desarrollando intensos procesos colonialistas y extractivistas de los cuerpos y territorios. Como resultado existe una tensión constante e irresolvible entre el capital y la vida, la cual siempre está bajo amenaza.

Este sistema económico desemboca hoy en una crisis pandémica como la que atravesamos, que no es más que la manifestación explícita de las crisis interrelacionadas que enfrentamos desde hace muchos años: la crisis del clima, del agua, de la biodiversidad, el escándalo de la pobreza, la crisis de cuidados, la crisis de salud. Todas estas crisis tienen sus  causas estructurales en el sistema capitalista, que ha demostrado su incapacidad  y su desinterés por preservar la vida digna y cuidar de los pueblos la naturaleza y los territorios.

Denunciamos las falsas soluciones

Hoy una vez más la responsabilidad de solución se carga sobre el trabajo invisibilizado y precarizado de las mujeres y proveedoras de cuidados,  así como también se aprovecha para un avance más profundo sobre la naturaleza, ofreciendo falsas soluciones a la crisis económica, mediante incendios de humedales, minería declarada como actividad esencial y proyectos para granjas industriales de cerdos.

No resulta viable ni ético que los organismos internacionales de crédito e inversionistas ofrezcan las mismas recetas y falsas soluciones que nunca funcionaron, ante una crisis inédita generada por ellos mismos y sus políticas.

Reclamamos medidas de recuperación justa

En primer lugar, abandonar neoliberalismo y la austeridad propuesta por organismos como el FMI, y adoptar políticas inmediatas basadas en la justicia distributiva pero reconociendo los límites ecológicos. Es imprescindible que los gobiernos no socialicen las pérdidas de las grandes empresas y garanticen los servicios públicos para toda la población.  Los gobiernos deben cerrar las negociaciones de liberalización comercial e inversiones cuyo propósito es apuntalar aún más el poder de las empresas transnacionales a expensas del sur global. Asimismo se deben comprometer a aprobar legislación jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos a nivel internacional.

En segundo lugar las medidas de recuperación deben fundarse la solidaridad internacionalista. Es necesario anular todas las deudas del sur global, porque el sur es acreedor de una deuda ecológica histórica. Tiene que aplicarse un principio de pago y reparaciones por la deuda climática y la deuda ecológica garantizando fondos como subvenciones no reembolsables, sin condicionalidades agregadas y no como préstamos.

En tercer lugar es fundamental fortalecer la democracia y garantizar los derechos humanos y de los pueblos. Fortaleciendo la lucha internacionalista contra la derecha, el fascismo y el racismo, revertir los golpes de estado que se vinieron dando en nuestra región con fuertes vínculos al poder económico y con avances de la agenda extractivista.

Por último, en cuarto lugar necesitamos que los gobiernos respondan a esta crisis múltiple con una agenda transformadora de cambio de sistema para no volver a la vieja normalidad racista, neocolonial, patriarcal, violenta y ecocida.

La crisis de coronavirus pone al descubierto que la destrucción de los ecosistemas está facilitando la propagación de patógenos que afectan nuestra salud. Esta no es la primera pandemia que enfrentamos ni será la última, porque el modelo extractivo, fundamentalmente el agronegocio, genera enormes problemas de salud pública y se le debe poner freno, a la vez que se fomenta la agricultura agroecológica y se detienen los desalojos de comunidades campesinas e indígenas. Ahora tenemos que responder a la  crisis del clima y a la crisis de salud de manera simultánea, esto implica dejar de subvencionar a las empresas de energía sucia sustituyéndola por una matriz 100% renovable.

Nos rehusamos a volver a la vieja normalidad de la dominación.

Exigimos una transformación que respete profundamente los principios de cuidados, reorganizando los mismos de manera tal que esa responsabilidad sea compartida entre hombres mujeres y el estado mediante los servicios públicos suficientes y accesibles para todas y todos, y el fin del ecocidio mediante el falso paradigma del desarrollo, recreando una transición hacia otros mundos posibles, donde podamos vivir vidas dignas de ser vividas.

Llamamos a la semana de acción global contra la deuda del 10 al 17 octubre de este año.

Más información:

https://www.foei.org/news/covid-19-coronavirus-crisis-system-change

https://www.foei.org/news/system-change-human-rights-corporations-un-treaty

https://www.foei.org/news/letter-world-trade-organization-wto-covid19-coronavirus-medicine

https://www.foei.org/es/noticias/recuperacion-justa-crisis-covid-19

https://autoconvocatoriadeuda.blogspot.com/

Soberanía Alimentaria: “Producir local y consumir local, de esa manera se hace universal”. Entrevista a Miryam Gorban

Por Wanda Olivares, Amigxs de la Tierra Argentina

Nutricionista, investigadora y militante, con sus 89 años Miryam Gorban es una de las voces más escuchadas  para pensar la problemática del hambre desde una perspectiva soberana.
Creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, con dos doctorados Honoris Causa que reconocen su compromiso con la humanidad, Miryam Gorban se convirtió en una indiscutible referenta de la soberanía alimentaria en el país.
En la Cumbre Mundial por la Alimentación de 1996, Miryam conoció el concepto de Soberanía Alimentaria junto a la Vía Campesina, y desde allí inició un trabajo fundamental por la lucha contra el hambre y la malnutrición, la concentración económica y la dependencia alimentaria.
Discute el modelo económico y propone programas de Estado desde la interpretación del marco político que define la producción, comercialización y distribución de alimentos, pero fundamentalmente, desde el conocimiento profundo del hambre en los barrios.

Imagen publicada por Slow Food International

¿Cómo definirías el rol de las organizaciones que hacen a la soberanía alimentaria en la emergencia del hambre?

Yo creo que acá hay un rol muy importante que está jugando la solidaridad de todo nuestro pueblo, que es un signo de distinción para decirlo así, y por eso me siento muy orgullosa de ser argentina. Este desarrollo de los comedores populares, que no se da en otros países con la misma intensidad que acá, aunque haya más hambre, es un ejemplo a tener en cuenta porque realmente esto lo hemos aprendido en la crisis de la hiperinflación, y sobre todo en la crisis de 2001. En estos procesos, fuimos encontrando recursos en la emergencia que son la base hoy de la economía social, fueron alternativas para salir de la situación en ese momento, y ahora está pasando lo mismo.
La soberanía alimentaria nosotros no la planteamos en un marco de emergencia, la marcamos como política general, política pública que marque el destino de la autosuficiencia alimentaria de un país, que sea soberano realmente y que resuelve el problema de la alimentación. Pero acá tenemos una crisis económica, una crisis ambiental, y además de todo eso, tenemos encima una situación de hambre a la que nos arrastró el neoliberalismo.
Entonces todas las fuerzas están pensadas, están coordinándose y enlazándose para superar esta situación, buscando distintas alternativas. La de los comedores populares son una, las cooperativas son otras, las empresas recuperadas también lo son, toda esta suma de acciones son las que están aportando a superar la crisis.

¿Cómo es posible transitar hacia una mejora en la dieta de los comedores y de los sectores populares? ¿Cómo reemplazamos los alimentos ultraprocesados por alimentos sanos y accesibles para el pueblo?

En ese sentido es muy importante el aporte de la huerta comunitaria, la granja comunitaria, producción de pollo y huevos, desde ya. Nadie habla del huevo, los huevos son fundamentales porque tienen alto valor biológico, son las proteínas más baratas y más fáciles de conseguir. Cuando fue la crisis del 2001 intentamos con la producción de conejos pero los chicos los querían para jugar y no para comer, son cosas que pasan, cuestiones culturales y sociales que tenemos que atender también.
Yo participo asesorando en el comité que se ha formado con el programa “Argentina contra el hambre”. La idea es que cada escuela tenga su granja, y en este sentido se avanzó en muchos comedores comunitarios, que ya tienen su propia huerta. Tenemos que ir hacia la producción local, que cada municipio tenga o recupere algún tambo que se perdió. Que se abastezca a los comedores escolares con leche fresca, los chicos no quieren leche en polvo y terminan tomando agua hervida. Hay que plantear mataderos municipales y huertas cubriendo los alrededores de cada municipio, para que todo sea abastecido en la zona, sin recurrir al costo tremendo que es la logística para abastecer a cada una de nuestras ciudades. Producir local y consumir local, de esa manera se hace universal. Esa es la política que nosotros estamos desarrollando, “describe tu aldea y serás universal” decía Tolstoi.

¿Cómo podría el Estado acompañar esta transición?

Hay que incentivar la producción local, no es lo mismo producir para 50 familias que producir para 2000 alumnos, apostar a la producción local es fundamental, y eso se logra con huertas, mataderos y tambos en cada municipio.
El Ministerio de Desarrollo está en ese camino, comprando a los agricultores familiares, pero  nosotros tenemos que profundizar, seguir el ejemplo de Brasil donde el 30% de las compras públicas de alimentos se hace a productores locales. Tenemos que persistir y profundizar en ese camino pero al mismo tiempo, a los productores y agricultores familiares tenemos que darles acceso a la tierra y créditos blandos, como el que ha dado ahora la provincia de Buenos Aires, que se llama Alimentos Bonaerenses que promueve el desarrollo productivo y brinda créditos blandos para la producción agropecuaria y la pesca.
Esta es la intervención del estado, la promoción de la agenda y los mercados populares. Pero lo más importante sería el control de los precios, no basta con Precios Cuidados ni Precios Máximos, hace falta seguir la trazabilidad de los verdaderos precios, porque las que realmente marcan los precios de los alimentos son las empresas del sector que están muy concentradas y los manejan como quieren.

¿Qué visibiliza la pandemia en torno a la mujer campesina?

Yo creo que en este contexto de pandemia salió a la luz el tema del trabajo de cuidados, que está totalmente descuidado, parafraseando. Pero nos encontramos con otra realidad que no estaba suficientemente visibilizada que es el rol de las mujeres productoras rurales, y desde el trabajo del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) empezamos a ver el rol importante de las mujeres productoras. Ellas se levantan a las 4 de la mañana, con hijos chicos, sin vivienda, en condiciones muy difíciles y estando codo a codo con sus compañeros en las huertas, resolviendo el problema de la producción y la comercialización.
Las mujeres campesinas se ocupan de los cuidados de los mayores, de los menores y de la población en su conjunto a través de los comedores, atendiendo los problemas de salud y todas las problemáticas que se puedan presentan. Gracias a las organizaciones campesinas y a esta visibilización que ocurrió con la pandemia, hay algunas leyes que se están promoviendo para darle valor al trabajo de las mujeres, hay un panorama alentador, esperemos que así sea.