Exigimos respeto al pueblo Hondureño

Compartimos el comunicado desde el Comité de solidaridad con Honduras, una confluencia de organizaciones que observan y denuncian las violaciones a los Derechos de los Pueblos en el país mesomericano,  Existe una alerta de escalada de la violencia previa a las  elecciones del 28 de noviembre. Nos sumamos a la solidaridad internacionalista en la defensa de los pueblos garífunas, campesinos e indígenas, y todes los que luchan por la democracia y la dignidad en Honduras.

Denunciamos la violación de derechos humanos y de los pueblos en Honduras y exigimos garantías ante el próximo proceso electoral

Ante la estigmatización, xenofobia, criminalización, desplazamientos, desapariciones forzadas, persecución y asesinatos que se viven en Honduras y que se exacerban brutalmente día tras día, las organizaciones firmantes exigimos el respeto al pueblo hondureño. 

Estas nefastas circunstancias y violaciones permanentes no son ajenas para la comunidad e instituciones internacionales; instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), así como diversas organizaciones internacionales, los últimos años han recibido numerosas denuncias y emitido comunicados resaltando la situación del pueblo de Honduras.

Conocedoras/es de las experiencias electorales que el país mesoamericano ha vivido en el pasado reciente, exigimos transparencia en el proceso electoral que se desarrollará en el mes de noviembre y que se da bajo un escenario viciado y profundamente anti-democrático, signado por la violencia contra las/os opositores/as, incluyendo agresiones patriarcales  a mujeres políticas y jóvenes, que incluyen femicidios, leyes anti-protesta, e impunidad como la que reina frente a los coautores del crimen de Berta Cáceres; la campaña sistemática contra Olivia Zúñiga, la hija de Berta,  defensora de los DDHH que denunció valientemente el crimen de la estudiante de enfermería Keyla Martínez (quien fuera asesinada en una celda policial por las mismas autoridades),y también la impunidad alrededor de la desaparición forzada de los compañeros garífunas del Triunfo de la Cruz, quienes reclamaban el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que ordena la restitución de sus tierras ancestrales.

Todas estas atrocidades tienen lugar en un marco de profunda explotación territorial, de defensores/as de territorios judicializados/as y empresas trasnacionales violando los derechos de los pueblos y menoscabando los derechos territoriales y ambientales, respaldadas por el gobierno que utiliza a las fuerzas armadas del Estado para silenciar a la oposición y los procesos de resistencia y defensa frente al despojo.

Por todo lo mencionado,  llamamos al gobierno de Honduras al cese de la violencia contra el pueblo hondureño y condenamos la represión desatada por el ejército y la policía en contra de defensores/es de los derechos de los pueblos y sus territorios. Nos sumamos a la solidaridad internacionalista con las mujeres, campesinos/as, indígenas, garífunas,  los campesinos/as de Guapinol, el Comité de Bienes Comunes de Tocoa y la  Plataforma Agraria, y nos mantenemos alertas a los próximos acontecimientos que ocurran en el mes de noviembre, invitando a más organizaciones a pronunciarse contra este proceso electoral antidemocrático.

Comité de Solidaridad con Honduras, noviembre de 2021.

Andalgalá sigue de pie contra la megaminería

En marzo de este año, en un contexto de emergencia sanitaria y beneficiados por la pandemia, el proyecto minero “MARA”, bajo su beneficiosa condición de “esencial”, avanza sobre los territorios con la exploración del cerro Aconquija. Todo esto mientras las comunidades se encontraban en aislamiento preventivo y obligatorio y no podían circular ni movilizarse. Esta situación genera una profunda indignación en Andalgalá, un pueblo que se viene manifestando hace 10 años en defensa del agua. 

Foto: Asamblea El Algarrobo

El sábado 10 de Abril se realizó la marcha número 584, y al mismo tiempo un grupo de personas no identificadas incendió las oficinas de la minera. Las fuerzas policiales estuvieron ausentes en todo el proceso,  pero sin embargo el lunes 12 de abril, la policía de Catamarca comenzó una serie de allanamientos violentos en domicilios particulares de integrantes de la Asamblea el Algarrobo. Aunque en las casas no hubo resistencia, los efectivos rompieron puertas e ingresaron con violencia golpeando a varios activistas. Sin pruebas se llevaron detenidas a 12 personas. Fueron varios días de incertidumbre y temor entre los que se denuncia no solamente allanamientos violentos y golpes, sino amedrentamientos, policías filmando de manera ilegal a activistas socioambientales, vehículos sin patente vigilando las casas, guardias ante las familias, entre otras irregularidades. 

Mientras esto ocurría, y las personas detenidas durante dos semanas,  esperaban por su libertad recibiendo muestras de solidaridad nacional e internacional, Yamana Gold, Glencore y Newmont, seguían explorando el cerro sin ninguna interrupción.

Les detenides finalmente fueron liberados pero enfrentan cargos judiciales aún sin existir pruebas que les incriminan en el incendio de las oficinas. 

La comunidad sigue luchando, y en agosto de este año llegaron a las 600 caminatas por el agua y la vida, a pesar de los amedrentamientos y criminalizaciones, amenazas de grupos  pro-mineros, audiencias públicas falaces, falta de información pública e intentos de lavado verde de cara de la minera a través de ONGs del establishment  en nombre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

La minera sigue explorando, y lo sigue haciendo el día de hoy, sin licencia social y sin cumplimiento de las leyes  y tratados internacionales vigentes. 

La impotencia es mucha. La violencia simbólica a la que son sometidos los pobladores que no son escuchados es enorme. La inacción gubernamental se traduce en connivencia entre el poder político y las empresas transnacionales. 

Recientemente en septiembre, les jóvenes de Andalgalá escribieron una carta al presidente Alberto Fernández, relatando la lucha de este pueblo desde el año 2010, cómo fueron testigos de su infancia de la violencia institucional contra sus familias y ” la historia de un pueblo que no solo lucha contra una multinacional extranjera, sino también ante sus supuestos representantes”  les jóvenes dicen ” nos gustaría tener la posibilidad de elegir Andalgalá como nuestro lugar dónde vivir, estudiar y en un futuro tener nuestra familia, o no. Queremos poder elegir!” les jóvenes exigen que bajen las máquinas de su cerro, que dejen de violar sus derechos qué son vulnerados hace más de 10 años. Insisten en que las nuevas generaciones tampoco dan licencia social a la megaminería en Andalgalá y “solo quieren vivir en paz”.

En octubre, los juzgados locales comenzaron a citar a las mujeres, bajo cargos como “pintadas en las paredes”. “Si es por defender el agua, tendrán que judicializarnos a todos” aseguran desde  Pucará, el espacio provincial que articula luchas por la resistencia y la autodeterminación.  

Durante los primeros días de noviembre, la Asamblea presentó denuncias por tratos crueles y torturas que sufrieron los vecinos y vecinas y sus familiares en los allanamientos y detenciones del mes de abril. 

La solidaridad con Andalgalá continúa y crece porque su reclamo es legítimo, su entereza contundente, su amor por el territorio, conmovedor. Pero sobre todo, Andalgalá es un ejemplo de organización y resistencia comunitaria que va más allá de sus límites geográficos para reaparecer con mil formatos en cualquier territorio en resistencia del mundo. Acompañamos a este pueblo que sigue caminando y poniendo la vida en el centro. 

Rechazamos el acaparamiento urbano en Buenos Aires

Desde Amigos de la Tierra Argentina – Tierra nativa,  repudiamos este proyecto  por viciado, antidemocrático, corrupto, impune, ilegal, ilegítimo, injusto, y por supuesto ecocida e insalubre.  El proyecto “Costa Urbana” (ex “Solares de Santa María”) perpetúa las peores prácticas corporativas, no es desarrollo, tampoco es progreso. Le llaman poner en valor… pero ya conocemos cómo ponen en valor las desarrolladoras inmobiliarias de countries  a los humedales. 

Este proyecto ha estado al acecho desde hace décadas. Los especuladores no descansan, pero la naturaleza tampoco. Y mientras esperaban la oportunidad de modificar la normativa a su conveniencia, la propia naturaleza puso en valor el predio y le dio un humedal. Hoy nos encontramos ante un escenario muy similar a lo acaecido en las décadas de los 80 y 90 con la reserva ecológica costanera Sur, vecina inmediata de este predio.

Nuestra organización fue una de las  promotoras de la creación de la Reserva, ese espacio verde que hoy nos enorgullece. La Reserva, que sufrió impactos y desmanejos durante años, mientras era incendiada una y otra vez. El récord se dio en 1992, mientras a su lado crecía el ambicioso proyecto de Puerto Madero. Misteriosamente, dejó de incendiarse cuándo se estableció definitivamente como una vista al río para las torres de ese barrio.  Hoy el espacio es disfrutado y defendido por miles de personas, resultando su función  fundamental, e incluso muchas veces superando la capacidad de carga de visitantes los fines de semana, dada la falta de espacios verdes en Buenos Aires y el área metropolitana, que hacen a una afluencia de público de gran magnitud.

El escenario de hoy es tan antagónico como en ese entonces. Por un lado la iniciativa privada de avanzar sobre tierras públicas, por otro lado los espacios verdes públicos para las mayorías, que hoy se encuentran ante una crisis habitacional y de hacinamiento fomentada también por la especulación inmobiliaria. Entonces: Por un lado la especulación corporativa, por otro lado los bienes comunes y los derechos  de todos y todas.

Podríamos hacer una comparativa entre estos dos modelos de gestión de la ribera del Río de la Plata.

El modelo público y de bienes comunes, que representa hoy la reserva ecológica con 360 hectáreas de uso 100% público, el pulmón verde de la ciudad, parte del corredor Verde del Río de la plata, un espacio democrático de libre circulación para miles de personas, legitimado por la comunidad, responsable de sus acciones, beneficioso para la salud de sus visitantes y la población general, un espacio que con su sola visita educa en la naturaleza y en la convivencia.

El modelo privatizado, con 70 hectáreas de las cuales solo se destinará un porcentaje menor al uso público, sin naturaleza real, un espacio de creación antidemocrática qué beneficia solo a una minoría, ilegítimo, ya que no cuenta con la aprobación de esta audiencia pública, ilegal, ya que incumple la Ley, irresponsable en sus impactos y que ejemplifica en su visita en la mercantilización de la tierra y de la naturaleza.

Desde nuestra organización celebramos la gran cantidad de voces en esta audiencia y animamos a les participantes, a seguir marcando el camino de una democracia participativa. Solo nos resta lamentablemente, que nuestras voces sean realmente escuchadas. En el imperio del mercado resistimos. Cuenten señoras y señores legisladores, con el repudio social a este proyecto y sus nefastas consecuencias. 

-El presente texto fue presentado en la Audiencia pública por el Expediente 1831-J-2021 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de octubre de 2021-

Un centenar de organizaciones latinoamericanas, canadienses y mundiales piden detener el avance ilegal de la exploración minera y liberar a les defensores de DDHH detenides en Andalgalá

COMUNICADO DE PRENSA / Bs. As, 21/4/21 

Un centenar de organizaciones de América latina y el Caribe, Canadá y otros países del mundo enviaron hoy una Carta abierta al Presidente de la Nación, al Gobernador de Catamarca, a los Sres. Ministros de Ambiente, Justicia y del Interior y el Sr. Secretario de Derechos Humanos de la Nación, reclamando respeto a la voz y los derechos humanos del pueblo de Andalgalá y que se liberen de inmediato y se desprocesen, a les 12 integrantes de la Asamblea El Algarrobo, detenides por su defensa de la ley, el ambiente, el agua, su autodeterminación, la vida toda.

Las entidades internacionales y de 28 países piden, a la vez, el cese de la persecución a la lucha de más de 11 años del pueblo de Andalgalá, y que se ponga fin a la actividad minera exploratoria que realiza la empresa canadiense Yamana Gold, en el yacimiento Agua Rica, en violación de la Ley de protección de los glaciares, la Ley General del Ambiente, la Ley de Bosques Nativos y numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos.

“Es un llamado internacional muy fuerte a las autoridades argentinas–señaló la coordinadora de Diálogo 2000, Beverly Keene– El rechazo frente al avance ilegal e insustentable de la megaminería se extiende cada vez más, en Canadá, en todo el continente, donde muchos pueblos comparten la misma lucha. Urge la liberación de les defensores del agua y de todos los derechos humanos. Desde el mundo entero se exige respuestas conforme a los derechos.”

La carta, que lleva además la firma de medio millar de organizaciones y personas de la Argentina, está encabezada por la red Jubileo Sur/Américas, Amigos de la Tierra América latina y el Caribe, la Confederación latinoamericana de Trabajadores del Estado, Global Forest Coalition, Observatorio de Conflictos Mineros de América, la Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad y las organizaciones canadienses Mining Watch y el Comité por los Derechos Humanos en América latina.

Natalia Salvatico, coordinadora de Amigos de la Tierra Argentina, resaltó la consonancia de este petitorio con la Carta abierta[i]enviada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas, con el apoyo también de centenares de firmas de todo el país. “Defender el agua no puede ser un delito – afirmó -, a pesar de 11 años de reclamar por la defensa del agua, la población de Andalgalá es sometida a múltiples violencias, fundamentalmente la amenaza de falta de agua para la vida. La democracia Argentina está en deuda con Andalgalá, y las tensiones y contradicciones generadas por la imposición de un modelo deben ser resueltas ante todo con respeto a los derechos de los pueblos y la naturaleza”

El texto completo de la Carta enviada hoy a las autoridades provinciales y nacionales puede ser consultado aquí: https://dialogo2000.blogspot.com/2021/04/llamamos-apoyar-andalgala-libertad-les.html

Contactos: Diálogo 2000 – 11 5569 0140Amigos de la Tierra – 11 5727 7728

[i]https://dialogo2000.blogspot.com/2021/04/andalgala-carta-abierta-las-autoridades.html

Defender el agua no es delito

Amigos de la Tierra Argentina escribió una nota urgente al  gobierno de la Provincia de Catamarca por la liberación inmediata de 7 asambleístas detenidos el día lunes y el cese de las labores de exploración en las inmediaciones del río Minas, que alimenta la ciudad de Andalgalá. A la fecha de esta publicación no tenemos información sobre la situación de los y las detenidos/as, y la Asamblea El Algarrobo denuncia más hostigamiento y vigilancia policial en los domicilios de más compañeros/as.

foto: Asamblea El Algarrobo

 

Entendemos que esta reacción de las autoridades supone una defensa de los bienes y actividades de las empresas trasnacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont, que controlan el proyecto minero Agua Rica, y recientemente realizaron numerosas acciones buscando legitimación social para iniciar la explotación del yacimiento, la cual no pueden lograr.

Más allá de la falta de certezas, sabemos que a pesar de  11 años de reclamar por la defensa del agua,  la población de Andalgalá es sometida a múltiples violencias, fundamentalmente la amenaza de falta de agua para la vida. La democracia Argentina está en deuda con Andalgalá, y las tensiones y contradicciones generadas por la imposición de un modelo deben ser resueltas ante todo con respeto a los derechos de los pueblos. La licencia social no se gana con engaños ni con represión, la licencia social es parte de la inclusión de la población en sus propios proyectos territoriales, de manera autónoma y con sus propios horizontes de desarrollo local.

 

 

Adrogué, 13 de abril de 2021

 

Sr. Gobernador de la

Provincia de Catamarca

Lic. Raúl Jalil

S                /                D

 

Por la presente expresamos nuestra profunda preocupación por el respeto de los Derechos de los habitantes de Andalgalá, a partir de las detenciones arbitrarias realizadas el día de ayer por la policía provincial a personas pertenecientes a la Asamblea El Algarrobo, así como nuestra expresa solicitud para detener la exploración avanzada del yacimiento Agua Rica.

Desde hace años nuestra organización expresa su solidaridad con el reclamo del pueblo de Andalgalá en contra de la explotación del antedicho yacimiento. Recientemente, luego del ingreso de máquinas perforadoras al Cerro Aconquija, sumadas a una fuerte presencia policial,  se generó, tanto entre los pobladores locales como entre una amplia red de organizaciones locales, nacionales e internacionales, una alerta máxima.

Entendemos que la presencia de dicha maquinaria se corresponde con  la autorización por parte del Ministerio de Minería de Catamarca (Res. 310/2020) del Plan de Exploración Avanzada presentado por la empresa minera Yamana Gold, desconociendo la aplicación de la Ley Nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la Ley General del Ambiente, el art 41 de la Constitución Nacional, así como Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22), en esta línea los art. 1.1 y 1.2 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) y del de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), los que garantizan el derecho a la autodeterminación de los Pueblos, es la potestad que las poblaciones poseen a autodeterminarse para decidir cuál va a ser su modo de vida en el ambiente que viven y su desarrollo económico local, como hoy lo hacen las poblaciones de la Provincia.

Esta exploración pone en riesgo la naciente del río Minas que alimenta a la población local. Nos encontramos frente a una vulneración de los derechos humanos considerados en su interdependencia e indivisibilidad: el derecho al ambiente sano, a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y la libre determinación, entre otros, afectando la vida de la población presente y de las futuras generaciones.

El pueblo de Andalgalá no ha cesado de reclamar de manera pacífica por su legítimo derecho a la vida y a la salud a través del agua, durante los últimos 11 años, hemos realizado numerosas acciones de apoyo, constatando una y otra vez la veracidad  y justicia del reclamo que no es atendido en instancias nacionales. Los conflictos por el agua serán fundantes del siglo XXI y debemos abordarlos de una manera integrada y pluralista.

Luego de la manifestación del sábado, donde resultaron incendiadas las oficinas de la empresa Agua Rica, resulta llamativo el accionar policial el día de ayer, que bajo la orden del juez Rodolfo Cecenarro y la fiscal Soledad Rodríguez,  realizó allanamientos y detuvo a 7 personas, siendo desconocido por nosotras al momento de escribir esta nota, el paradero, estado de salud y causa de detención de los asambleístas.

Resulta extremadamente preocupante que luego de una movilización de 11 años y 584 caminatas por la vida, la respuesta estatal sea la criminalización de la protesta y las expresiones de disenso en marco de un sistema democrático, dando prioridad a las empresas trasnacionales ante las poblaciones locales, actuando a destiempo y sin fines preventivos.

 

Por todo lo antes expuesto, nuevamente exigimos la inmediata liberación de las personas detenidas y el cese del hostigamiento a los y las defensoras del agua. Asimismo, solicitamos que se detengan las acciones de exploración por resultar no solamente ilegítimas, contrarias a lo manifestado desde hace más de un decenio por el pueblo de Andalgalá, sino también ilegales.

 

Natalia Salvatico

Presidente

Fundación Amigos de la Tierra Argentina

 

 

Principios para una recuperación con justicia ambiental, social, de género y económica

Ante la parálisis productiva y el desconcierto social, perteneciendo a un sistema que prioriza el lucro por encima de los derechos de los pueblos, el ambiente y los sistemas democráticos, nos resultó esencial aunar voces de todos los continentes, reflexionar, debatir y proponer soluciones enmarcadas en la recuperación, construida sobre las bases de la justicia ambiental, social, de género y económica.

Estas propuestas  fueron elaboradas de manera colectiva con aportes de grupos y estructuras de Amigos de la Tierra Internacional, una federación de organizaciones presente en los 5 continentes, con 73 grupos miembros, y de la participamos desde Amigxs de la Tierra Argentina.

Marcha por el Clima, durante la COP25 en Madrid, España 2019 © Babawale Obayanju, ERA-Amigos de la Tierra Nigeria

 

Consideramos que para  hacerle frente a todos los impactos derivados de la crisis actual del COVID-19, es urgente y necesaria una  recuperación justa; centrada en el bienestar de  los pueblos y el planeta y que también contribuya a solucionar las otras crisis sistémicas subyacentes. Se proponen cuatro principios:

  1. Abandonar el neoliberalismo y la austeridad para adoptar políticas y medidas inmediatas basadas en  la justicia, reconociendo los límites ecológicos.
  1. Las medidas de recuperación deben fundarse  en la cooperación multilateral y la solidaridad  internacionalista y potenciarlas.
  1. Construir y fortalecer la democracia y garantizar la  realización de los derechos humanos y de los pueblos.
  1. Los gobiernos tienen que responder a las múltiples  crisis sistémicas -de la pandemia, desigualdad,  climática, de la alimentación y biodiversidad, y  de los cuidados- y a sus causas estructurales,  proponiéndole una agenda transformadora de  cambio de sistema.

 

La recuperación justa de ninguna manera puede significar volver a lo que se consideraba normalidad antes de  la crisis del COVID-19, ya que tal “normalidad” fue precisamente el origen de esta crisis y de sus impactos. Nuestras sociedades han sido estructuradas  por sistemas de opresión (patriarcado, racismo, clase,  neocolonialismo, imperialismo, heteronormatividad) con  profundas injusticias ambientales, sociales, de género y  económicas, y una nociva concentración del poder y los bienes comunes.

Este es el momento de reconstruir nuestras sociedades y un nuevo tipo de economía fundada en otros paradigmas que prioricen la sustentabilidad de la vida, la realización de los derechos de los pueblos y la justicia de género. Pensar un futuro colectivo y cooperativo es necesario para las sociedades fundadas y las que siempre estuvieron al margen.

Lxs invitamos a leer el documento entero, que es de distribución libre y gratuita :  Recuperación Justa

Mujeres defensoras del agua de las montañas en Argentina

Desde los cortes de ruta al pie del Cerro hace más de una década, la defensa de las fuentes de agua en los Andes sigue vigente hasta hoy, cuando la minería a cielo abierto se presenta como una solución a esta nueva crisis que enfrentamos. En esta lucha contra las corporaciones, la labor de las mujeres es indispensable y muchas veces anónima. Nos permitimos un recorrido por tres provincias para replicar voces de las guardianas del agua.

La minería es como una moneda que refleja en una de sus caras el extractivismo, y en la otra  el capitalismo neoliberal,  con las que paga un modelo de desarrollo insustentable al que suele llamarse vulgarmente “progreso”, enmarcado por un mercado omnipresente que garantiza la impunidad y el beneficio de las corporaciones transnacionales y las élites económicas, mientras amenaza los derechos de los pueblos y la naturaleza. Los gobiernos supeditan las políticas públicas a este contexto, vulnerando entre otros el derecho al agua que es también un derecho colectivo y se vincula íntimamente con los procesos comunitarios y la defensa de los territorios y los bienes comunes.

En la provincia de San Juan existe Jachal, un departamento situado al norte de la provincia y al este del emprendimiento Veladero, una mina a cielo abierto que explota oro y plata. Allí funcionaba el grupo  Madres  Jachaleras, un grupo de mujeres que comienza a luchar en el año 2002, cuando se hace presente la minería en la comunidad consultando acerca de la opinión sobre el cuidado del medio ambiente, a pesar de que estaba instalada desde 1996 sin consulta previa.

“La promesa del progreso era el sueño de todos, porque no habíamos visto con nuestros propios ojos el impacto de la minería” afirma María José, miembro del grupo. “Cuando nosotros salimos casa por casa a levantar firmas, la minera iba detrás nuestro con los televisores, los dvd y el cd (…) llevan asistentes sociales, contratan psicólogos, los visitan en la casa…para convencerlos de que está todo bien (…) es un despliegue impresionante… nosotros íbamos en bicicleta y ellos iban en unos autazos, a la gente le daba risa.”

En una zona semidesértica, el único río con el que contaba la población era el Río Jachal, y fue destruido por la minera. Primero se contaminó el agua, después comenzó a escasear el agua, y finalmente se han contaminado las napas. La denuncia de María José se remonta al año 2013, pero en los años 2015, 2016 y 2019 ocurrieron derrames de miles de litros de líquido contaminante a la fuente, lo que sigue empeorando la situación hasta hoy, y con total impunidad de la minera trasnacional  Barrick Gold, a cargo de la explotación del yacimiento. Desde enero de este año, la Asamblea Jachal No se Toca, herederas de la iniciativa de las Madres Jachalleras, reclama que el sistema de distribución domiciliaria que trae agua del río, contiene mercurio y otros residuos peligrosos[i].

Al norte de Jachal se encuentra la provincia de La Rioja. Allí en 2012, se inicia un corte de ruta  para impedir el paso de los camiones mineros hacia el cerro Famatina.  En el campamento, emplazado en las afueras de Alto Carrizal, el poblado más cercano al pie del cerro, un nutrido grupo de vecines y activistas mantenían el bloqueo  de manera colectiva.  Muches visitamos este espacio por ese entonces.  Cuando llegamos,  recibimos nuestra asignación de tareas, entre ellas la guardia de la medianoche en una casilla al lado del camino donde estaba la barrera , en la que siempre había un grupo de personas en vigilia. En ese espacio conocimos a María Luisa “muñeca”, a Daniela, a María Eugenia  y  muchas otras mujeres de todas las edades haciendo guardia a la par de los varones por el agua de su pueblo, entre risas pero con solemnidad, nos compartieron historias de lucha y de orgullo por su tierra. “Los cerros son nuestros, es del pueblo, y nosotros no queremos que lo exploten, es nuestro, es como si fuese nuestro hijo. Yo cuando dijeron que lo iban a explotar en 2006 ya me puse loca (…) no todos tienen esa posibilidad de tener una belleza como tenemos nosotros”[ii]

En La Rioja la minera no pasó esa vez, y luego tampoco.  Hasta 2018 la comunidad al pie del Famatina rechazó la instalación de 5 empresas mineras.

Pero la disputa por el territorio nunca se termina porque las comunidades viven sobre montañas que albergan enormes riquezas y son asediadas por el poder económico.

Luego muchos intentos y no pocos fracasos, las corporaciones transnacionales despliegan novedosas estrategias de legitimación, una de esas es su autodenominado rol fundamental en la economía, mediante el cual derramarían  riqueza para la recuperación de nuestro país luego de la crisis del COVID. Mientras esto dicen, las empresas mineras siguen funcionando en pleno aislamiento de cuarentena como “actividad esencial” y dispersan el virus en las poblaciones andinas, cómo ocurrió en Catamarca. Dice Silvina, de la Asamblea el Algarrobo de esa provincia: “Nosotros pensamos que la actividad minera no es esencial. De hecho los primeros casos de COVID en Catamarca fueron empleados mineros y consideramos desde la asamblea que el agua es esencial, no la actividad minera.”

Catamarca es la provincia al norte de La Rioja y allí encontramos a Andalgalá, una pequeña ciudad en la falda del Cerro Aconquija, en la que habitan 20.000 habitantes. Andalgalá  padece hace 20 años la explotación minera y sin embargo es una de las zonas más empobrecidas de la del país. En 1995 se otorga la concesión de yacimientos Mineros agua de Dionisio a Minera Alumbrera. El proyecto “Bajo La Alumbrera” es la mina en  funcionamiento más grande de Argentina. Tiene denuncias y causas penales en tres provincias por contaminación y violación de derechos. Luego de la instalación de este yacimiento, se sucedieron otros proyectos de mayor envergadura todos ubicados en el Aconquija.

Las poblaciones que resisten, padecen persecución ideológica y violencia institucional a través del uso de la fuerza policial contra las comunidades. Las mujeres denuncian que están expuestas no sólo el riesgo de ser defensoras del agua, sino al escarnio público del patriarcado. Una participante de un grupo feminista de la provincia denuncia “hablando con las mujeres vemos que se puede llegar a algo, pero va a ser un conflicto tremendo, y es exponerlas más de lo que ya están expuestas”

Una mujer agricultora de Andalgalá, cuya identidad prefiere preservar, nos dice: “La vida la garantizamos los pueblos, con nuestro cuerpo y con organización y con el trabajo diario función del alimento, función de la vida. Y cada vez se hace más difícil, hay cada vez más poblaciones en jaque por estos intereses. El pueblo sale a caminar todos los sábados desde hace más de 11 años en contra de la minería a cielo abierto y en defensa del agua. Milita la causa en su cotidianeidad, todos los días, y eso se va inculcando en nuevas generaciones de niños y niñas que lo incorporan.”

La disputa con la minería no es sólo por el agua, es sobre el modelo de desarrollo que encarna, el tan inasible “progreso”.  Para indagar en estos imaginarios, en 2020 entrevistamos a habitantes de la Cuenca del Salar del Pipanaco, en la provincia de Catamarca. Hablamos del agua y de sus proyectos de vida. Nos hablaron de resistencias, de la dignidad humilde y se preguntan: “¿Cómo no vamos a luchar? ¿No secamos junto a la Tierra?”

Una mujer productora y tejedora campesina, al preguntarle sobre su visión del desarrollo contesta: “la vivienda en primer lugar, tendría que haber mucho más desarrollo en las cosas más importantes más necesarias”. Para los campesines, el vínculo de la agricultura con el agua es esencial. “La conciencia de que toda el agua está relacionada y que conecta los pueblos, puedo decir que sí está, por qué los productores y la gente que habita los territorios, así lo ve.”

Para las agricultoras, “tenemos que pensar en un desarrollo inclusivo en un desarrollo en relación, un desarrollo integral, un desarrollo mirado desde las comunidades, que quizás ya lo estamos haciendo… Es lo que se ve, es lo que está”.

En Los Andes se habla de comunitarismo, y las comunidades se aglutinan en torno al agua.

“No se puede poseer ese algo sin dueño” dice la poesía de la Reina Mora qué leyó Rosa, integrante de la Asamblea el Algarrobo, en el primer Encuentro Latinoamericano por el Agua realizado en la ciudad de Catamarca en 2018.  Miles son las guardianas del agua, y no se encuentran sólo en la montaña: la “madre de todas las batallas”,  Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo,  a los 87 años  viajó a Catamarca y se dirigió a la multitud que asistió al Encuentro con estas palabras: “Toda la lucha nuestra es puro compromiso, si no sale de adentro, no vale (…) hoy venimos a defender el agua (…) primero vinieron por nuestros hijos e hijas ahora vienen por el agua” “A la protesta hay que transformarla en propuesta. Que nadie diga estoy cansado” dice una luchadora incansable;  y con su ejemplo contagia todes les demás, porque el agua no se vende ¡se defiende!

 

*Texto realizado por Natalia Salvático para www.capiremov.org 

[i] https://noalamina.org/argentina/san-juan/item/44832-san-juan-denuncian-falta-de-agua-potable-en-jachal-y-contaminacion-por-la-megamineria

[ii] https://www.youtube.com/watch?v=sZEb6T_A7zs&t=1494s

 

Análisis del proceso de construcción de las propuestas nacionales para la lucha contra el cambio climático

El informe “Análisis y panorama de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional en Argentina” es un documento de análisis del proceso de construcción de las propuestas nacionales para la lucha contra el cambio climático, en el marco de los acuerdos internacionales de reducción de emisiones. Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional son un conjunto de medidas cuantificables para alcanzar el objetivo meta de Argentina, que al año 2030 pretende no exceder un total de emisiones de 483 millones de toneladas de CO2eq (huella de carbono).

 

 

En su primer parte el documento realiza una descripción sobre el proceso de conformación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, el estado de situación de cada sector económico y productivo en la generación de emisiones, las propuestas sectoriales en metas de reducción de CO2eq. En la segunda parte, el documento realiza una evaluación y análisis crítico de la evolución de los compromisos de reducción, y un análisis sobre los procesos participativos y la incidencia de las voces de las organizaciones ecologistas y la sociedad civil.

 

Resumen del documento:
Capítulo 1. Recorrido por el proceso de elaboración de las contribuciones determinadas a nivel nacional en Argentina.
Capítulo 2. Estado de situación y emisión por sectores. Metas de reducción de emisiones de acuerdo a los planes de acción sectoriales (Energía, Bosques, Transporte, Industria, Agricultura y ganadería, Infraestructura y territorio).
Capítulo 3. Evaluación por sector del cumplimiento de las metas de reducción y mitigación. Análisis de procesos en marcha y falsas soluciones.
Capítulo 4. Análisis de los procesos de participación ciudadana y alternativas desde los pueblos.

Lee aquí el Informe NDC

El Aborto Legal se convierte en Ley en Argentina, garantizando el derecho a decidir y la autonomía de las mujeres y disidencias

Somos partícipes de una enorme revolución. La llaman la revolución de las hijas, pero sabemos que se construyó generación tras generación de lucha de  mujeres que pusieron sus cuerpos, sus ideas y sus convicciones para construir un mundo más justo para todes.  Desde ayer en Argentina estamos más cerca del ejercicio pleno de la autonomía de nuestros cuerpos. Desde ayer estamos en un país un poco más justo, que ha saldado una de las deudas históricas de la democracia, especialmente con las personas con  capacidad de gestar.

Desde ayer, el aborto es un derecho en nuestro país y somos conscientes que no sólo es una cuestión de salud pública sino también de justicia social. Hemos ganado una de las batallas contra el patriarcado, que nos impedía decidir y planificar nuestras vidas, ubicándonos a las mujeres en un rol social de meras reproductoras de vida y encargadas de los cuidados. El Estado no nos empujará más a la clandestinidad, ni nos penalizará por decidir sobre nuestros cuerpos sometidos a la violencia estructural e histórica. 

Como mujeres ecologistas, entendemos que defender la vida no consiste en obligar a maternidades forzadas, sino que todas y todos puedan desarrollar una vida plena en dignidad, habitando un territorio propio y sano.  Para desarrollar esta vida plena y en dignidad, es necesario abolir la matriz de la opresión que sufrimos al mismo tiempo que la naturaleza, la cual es profundamente patriarcal. 

Con el poder de decidir que estamos conquistando las mujeres en el sur del Sur, a través de la  organización popular, de la construcción de otras formas de hacer política y de la lucha incansable, el patriarcado se resquebraja un poco, para que podamos derribarlo y construir otros mundos posibles, donde la violencia y la injusticia no tengan lugar.

El movimiento feminista ha inundado todos los espacios. La marea verde nos hace sentirnos acompañadas y poderosas, nos hace florecer el compañerismo.  Verde es un color que amamos de doble manera.  Este día es bisagra en Argentina y sabemos que el pañuelo verde ya recorre todo el continente, dando esperanza a más mujeres que siempre contarán con la sororidad internacionalista de sus hermanas. Como resuenan las voces de los cantares populares, esos que se escuchan en las calles, en la lucha y en el movimiento: América Latina va a ser toda feminista!

 

 

Ley de Humedales: ¿Cómo sigue el debate en el Congreso?

En medio de una pandemia mundial y de decenas de miles de focos de incendio en el país y el continente, el pasado 23 de octubre nos encontramos desde la virtualidad para actualizarnos sobre cómo sigue el proyecto de Ley de Humedales en el Congreso. Participó Sofía Astelarra, miembra del Grupo de Estudios de Investigaciones del Instituto Gino Germani y del Observatorio de Humedales del Delta, Ana di Pangracio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Humedales sin Fronteras  y Emilio Spataro, coordinador de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Argentina.

Una de las movilizaciones en Corrientes para pedir #LeydeHumedalesYA. Foto: Guardianes del Yvera.

Para un panorama de la magnitud del problema y de quiénes están involucrades en el cuidado de los territorios, Sofía Astelarra nos contaba: “En lo que va del año llevamos casi 36 mil focos de incendios y según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego casi 200.000 hectáreas han sido afectadas. La situación realmente es trágica y esto tiene que ver con un punto de inflexión al cual no podemos evitar prestarle atención a la crisis climática. La sanción y la aplicación de la ley de humedales desde quienes apostamos por el eco-transfeminismo también implica establecer una relación de cuidado de eco-interdependencia e inter-especista y de convivencia con los humedales y su biodiversidad. El eco transfeminismo promueve una política de cuidado de la vida y de comunalidad de los territorios por eso es clave generar mecanismos de participación y de financiamiento social para que la gestión y la aplicación de esta ley esté en manos de las comunidades locales” 

Desde una visión normativa, Ana Di Pangracio analizaba las posibilidades que nos brindan las leyes de presupuestos mínimos, una figura que muchas veces genera tensiones entre las autoridades provinciales y las nacionales.  “La herramienta que tenemos consagrada en la constitución es la figura de las normas de presupuestos mínimos.  Creemos que  corresponde adoptar aquellas en el marco del trabajo de inventario nacional de humedales no sólo para proteger a los humedales  por los beneficios que nos brindan a las personas sino avanzar y promover una perspectiva de derechos no sólo en cuanto a acceso a la información y a la participación ciudadana para que haga una ley que desde su discusión y luego su implementación se construya de abajo hacia arriba sino que también incorpore otras visiones como la importancia de poner de relieve los roles que las mujeres juegan en defensa y protección de los de los humedales. Por lo tanto, incorporar una perspectiva de género y de interculturalidad es un elemento muy importante para los humedales que son territorios de comunidades locales e indígenas” 

En tanto Emilio Spataro coordinador de ATA, reflexionó acerca del contexto de destrucción que sufren los humedales y los mecanismo que prevé la ley para revertir la situación; Una de las prioridades para la protección de los humedales es frenar su destrucción en el corto plazo “¿Por qué apuntar primero a frenar a los impulsores de la pérdida de humedales?. Estuvimos trabajando justamente en principios para la inclusión de los humedales en el ordenamiento territorial para consolidar el concepto de moratoria a las actividades que están llevando a la pérdida y deterioro de los humedales.

Hoy lo que tenemos es un proyecto de síntesis que lo que se basa es en  el reconocimiento de que los humedales son bienes comunes por más que no lo menciona específicamente la ley pero entre todas sus definiciones queda consolidado que la sociedad en la argentina necesita mantener en funcionamiento la integridad ecológica de los humedales y valorarlos por su valor intrínseco por sobre el interés particular. Aquellos que quieran desarrollar alguna actividad lícita en los humedales, no podrán estar por sobre el bien y el interés general ya que primero debemos frenar la pérdida de estos ambientes que son esenciales para la vida y para la posibilidad de la sustentabilidad de la Argentina.

Necesitamos ponernos como sociedad a discutir cuáles son los criterios de sustentabilidad, cuáles son los límites a la ocupación humana de los humedales, cuáles son las actividades que queremos privilegiar porque son las que llevan al bienestar común de la mayoría de la sociedad y cuáles son aquellas actividades que no pueden continuar o que no pueden continuar de la forma en la que se están haciendo.

Resulta fundamental para el movimiento de organizaciones socioambientales de Argentina el consenso logrado en la búsqueda de la protección de humedales, así como el propio reconocimiento social hacia estos ecosistemas logrado por años de luchas territoriales y culturales de las personas comprometidas: 

Tenemos que seguir independientemente de la sanción de la ley. Si es con la ley será a través de las herramientas de gestión creadas para que se apliquen, para impulsarlas y para que no sean pervertidos y si es sin la ley, será desarrollando todas las estrategias y potenciando la construcción de los últimos años en los cuales no hemos dejado también de salvar muchísimos humedales y de militar en defensa de estos territorios

Para ver el debate entero, les dejamos el link de Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=unMGCDuCP3Q&t=28s