El Gobierno nacional avanza con la privatización de AySA, la empresa que presta los servicios de agua potable y saneamiento a millones de personas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La historia de este servicio ya atravesó una privatización durante los años noventa. Tres décadas después, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y de usuarios vuelven a organizarse frente a un proceso que cuestionan por sus consecuencias sobre el acceso al agua, las tarifas, las obras de infraestructura y el control público de un servicio esencial.

La reforma de la ley de tierras rurales propone eliminar los principales límites a la titularidad extranjera y el Registro Nacional de Tierras Rurales. Analizamos qué cambia y por qué este debate involucra la producción de alimentos, el acceso al agua, las economías regionales y los derechos de las comunidades campesinas e indígenas.

En un territorio donde el acceso a la energía fue históricamente negado por un conflicto por la tierra, cada panel solar instalado representa mucho más que electricidad. Significa fortalecer la organización comunitaria, ampliar las posibilidades de producir, enseñar y encontrarse.

La reforma de la Ley de Glaciares implica un cambio estructural que debilita la protección del agua como recurso estratégico, al reemplazar el enfoque preventivo por criterios ambiguos que habilitan actividades extractivas. Además, introduce discrecionalidad provincial y pone en riesgo la seguridad hídrica y la calidad democrática, en un contexto donde la participación ciudadana se ve restringida en una audiencia pública a espaldas del pueblo.