La reforma de la Ley de Glaciares, actualmente en discusión, no constituye una modificación técnica aislada, sino como un cambio estructural en el régimen de protección de uno de los bienes estratégicos más importantes de nuestro país: el agua.

La normativa vigente, Ley 26.639, establece un enfoque preventivo e integral, que reconoce tanto a los glaciares como al ambiente periglacial como reservas hídricas fundamentales tanto para la vida como para el desarrollo de actividades económicas en amplias regiones del país. Estos sistemas funcionan como reservas estratégicas de agua, esenciales para sostener caudales en períodos de escasez y garantizar el abastecimiento en regiones vulnerables. Cumplen, además, un rol clave en la regulación del ciclo hidrológico, particularmente en la recarga y disponibilidad de agua en contextos de variabilidad climática.

Este criterio no es arbitrario, sino que responde a evidencia científica consolidada sobre el funcionamiento de los sistemas de alta montaña.

Desde Tierra Nativa consideramos que la reforma propuesta introduce un cambio sustancial al limitar la protección únicamente a aquellas áreas que demuestren una “función hídrica relevante”. Este criterio, además de ser ambiguo, implica un abandono del principio precautorio que orienta la legislación vigente y abre la puerta a interpretaciones discrecionales.

La modificación planteada constituye una regresión inadmisible en materia ambiental y resulta incompatible con el régimen de presupuestos mínimos establecido por la Constitución Nacional. La reducción de las áreas sin intervención no es una decisión neutra. En la práctica habilita el avance de actividades previamente restringidas, particularmente en sectores extractivos como la minería, con impactos potencialmente irreversibles sobre los sistemas hídricos. 

Asimismo, la delegación en las provincias la definición sobre qué áreas poseen “función hídrica relevante” introduce un criterio fragmentado y discrecional que debilita la protección integral prevista por la ley vigente. Esta descentralización puede derivar en decisiones condicionadas por intereses de corto plazo, los cuales comprometen la integridad de sistemas estratégicos para el abastecimiento de agua a escala regional y nacional.

Este proyecto de ley no garantiza una protección efectiva y uniforme en todo el territorio nacional ni  resguarda adecuadamente la seguridad hídrica de las generaciones presentes y futuras. En un contexto de cambio climático y retroceso de glaciares, debilitar los instrumentos de protección existentes implica profundizar la vulnerabilidad hídrica en gran parte del país.

A la gravedad del contenido se suma la falta de transparencia y el incumplimiento de estándares mínimos de participación democrática en el desarrollo de la audiencia pública. 

Más de 102.000 personas se inscribieron para participar, lo que representa una expresión histórica de interés y compromiso ciudadano. Sin embargo, el formato adoptado restringe la intervención a un número ínfimo de expositores, excluyendo a la gran mayoría de las personas inscriptas.

Resulta inaceptable que, ante un debate de esta magnitud, los representantes de la población escuchen apenas al 0,4% de quienes manifestaron su voluntad de participar. Esta limitación constituye un grave retroceso democrático, que no solo vulnera el derecho a la participación pública en asuntos  ambientales sino que también anula la legitimidad del proceso de deliberación.

La exclusión de la participación, en este contexto, refuerza el carácter restrictivo del procedimiento y configura un obstáculo concreto al ejercicio de derechos consagrados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Lo ocurrido en esta audiencia no solo afecta el debate legislativo en curso, sino que sienta un precedente preocupante en materia de participación ciudadana en decisiones ambientales estratégicas. Este hecho trasciende el ámbito nacional y es observado con atención por la comunidad internacional, como parte importante de la pérdida de derechos en nuestro país.