América Latina, 6 de marzo de 2023

Carta Abierta a los gobiernos y parlamentos de los países del MERCOSUR y el Parlasur

En vistas de la presentación del protocolo adicional en materia ambiental propuesto por la UE, las organizaciones de Amigos de la Tierra de países del Mercosur (REDES-AT Uruguay, Tierra Nativa-AT Argentina, Amigos de la Tierra Brasil, Sobrevivencia-AT Paraguay) expresamos nuestra oposición a dicho instrumento, que pretende maquillar de verde un Tratado de Libre Comercio (TLC) que tendrá consecuencias negativas para nuestros países, sus pueblos, territorios y sistemas ecológicos, y agravará las crisis socio-ambientales globales. Si bien no conocemos el texto, porque como ha sucedido durante todas las negociaciones, la UE avanza con sus propuestas a espaldas de las organizaciones y movimientos sociales, podemos hacer una valoración de este instrumento basándonos en las declaraciones públicas y los trascendidos de prensa, así como en los capítulos que conocemos del TLC en inglés.

Nuestras críticas al TLC con la UE van más allá de la dimensión ambiental y se sustentan en los estudios y análisis realizados por numerosas organizaciones y movimientos sociales, así como académicas/os. Muchos de los elementos contenidos en nuestra crítica, como por ejemplo, las implicancias negativas del TLC para la industrialización y el empleo digno, han sido señaladas también por algunos de los actuales gobiernos del Mercosur para plantear la necesidad de una renegociación. De cara a la presentación del mencionado Protocolo, aquí nos concentraremos sobre todo en la dimensión de la justicia ambiental, y los efectos del TLC en lo que respecta a las crisis que amenazan la vida en el planeta.

En primer lugar, queremos resaltar que la política comercial de la UE, expresada claramente en el Acuerdo Unión Europea/Mercosur, es de carácter neoliberal, y por lo tanto no puede ofrecer soluciones a las graves crisis socio-ecológicas que enfrentamos. Por el contrario, consideramos que las agendas de liberalización comercial, y más aún las de nueva generación, contribuyen a exacerbar dichas crisis al permitir una mayor concentración y control de los sistemas de producción y consumo insustentables controlados por las Empresas Transnacionales (ETN), que son las principales causantes de la crisis climática, alimentaria, energética y de la biodiversidad. Como quedó demostrado en la pandemia del COVID, el neoliberalismo y las ETN no tienen el objetivo de salvaguardar la vida y los derechos, sino por el contrario atentan contra ellos.

Como organización regional que lucha por la justica ambiental, estamos convencidas de la urgencia de que las políticas pongan en el centro a los pueblos y los sistemas ecológicos y sus funciones. Es necesario reorientar el desarrollo para satisfacer las necesidades humanas, así como garantizar la justicia ambiental, social, económica y de género y los derechos de los pueblos. Ello requiere desarrollar políticas públicas nacionales y regionales que contribuyan a la soberanía alimentaria, la justicia climática, la transición energética justa y feminista, la gestión comunitaria de los bosques y la biodiversidad, y la justicia económica. El TLC UE-Mercosur atenta contra estos objetivos cruciales, al restringir el margen de maniobra de los Estados para formular y aplicarpolíticas públicas en función del bien común y no de los intereses de las empresas transnacionales europeas.

Este TLC, desconoce además las persistentes asimetrías históricas entre ambas regiones producto del pasado colonial, y profundiza y consolida la actual división internacional y sexual del trabajo. Esta se caracteriza por la imposición de una matriz extractivista de bienes primarios en nuestra región, al tiempo que abre las puertas a las exportaciones europeas de bienes industriales con alto valor agregado y productos agroindustriales fuertemente subsidiados, y limita las posibilidades de construir políticas de desarrollo productivo autónomo desde la región para avanzar en una diversificación productiva que coloque el trabajo productivo y reproductivo, los derechos humanos y de los pueblos y la sustentabilidad de la vida en el centro.

Al anclarnos a la matriz productiva del agronegocio, por ejemplo, el TLC favorecerá la expansión territorial de un modelo productivo agropecuario concentrador y excluyente, que expulsa a los Pueblos Indígenas y a las comunidades campesinas y afrodescendientes de sus territorios. Este modelo ha sido y es denunciado y resistido por pueblos, comunidades y organizaciones sociales, por provocar conflictos por la tierra, el agua y el territorio, el acaparamiento y concentración de tierras, la deforestación y la exposición masiva a agrotóxicos, la contaminación transgénica del maíz, la contaminación de las aguas y la violación de derechos colectivos de los pueblos.

A modo de ejemplo, el mentado beneficio para la región que presentaría la ampliación de la cuota para exportación de azúcar y etanol (sobre todo de Brasil) para una supuesta transición verde en Europa, seguramente llevará a una ampliación de la frontera agrícola o a la sustitución de cultivos alimentarios para producir agrocombustibles, beneficiando a los actores empresariales. Por otro lado, el TLC tendrá claros efectos nocivos para la soberanía alimentaria y los sistemas de la producción agropecuaria familiar y campesina que son los verdaderos responsables de la producción de alimentos, como consecuencia de las exportaciones de productos lácteos fuertemente subsidiados de la UE, que arruinarán la producción láctea de productoras/es familiares y campesinas/os y cooperativas del Mercosur. Asimismo, el TLC amenaza con fortalecer el modelo productivo altamente dependiente de los agrotóxicos que contribuyen a la crisis climática y atentan contra la salud de nuestros pueblos y territorios y contaminan nuestras aguas.

Adicionalmente, políticas fundamentales para un desarrollo ambiental y socialmente justo, como las relativas a las compras gubernamentales, quedarán sometidas a las reglas del libre mercado, restringiendo el uso de este instrumento para promover la producción local y la industria nacional, la soberanía alimentaria, la justicia ambiental y climática y la transición justa y feminista, y como herramienta de política estratégica para proteger y promover la producción agroecológica de base campesina o de la agricultura familiar que es una verdadera solución integral a las diversas crisis.

Lo mismo puede observarse respecto a los servicios públicos que podrían resultar muy debilitados. Si bien ha trascendido que el acuerdo no incluiría a las empresas públicas estatales, las mismas de todos modos pueden verse seriamente afectadas por otros compromisos establecidos en capítulos como el de servicios. El TLC establece que todos los servicios públicos quedan sometidos a las disposiciones generales del acuerdo, o sea, que los servicios públicos provistos por el Estado en régimen de competencia con proveedores privados deberán someterse a las reglas del libre mercado y administrarse con arreglo a criterios meramente comerciales. Así, los servicios públicos, incluido el acceso a la energía, dejan de ser derechos humanos garantizados por el Estado y pasan a ser mercancías a las que sólo tiene acceso quien pueda pagar por ellas, poniendo en jaque las posibilidades de democratización de la energía y la transición justa feminista, así como una política pública de cuidados que ponga fin a la carga desproporcionada que se impone a las mujeres. Además, el TLC se convertirá en un obstáculo para la necesaria transformación del sistema energético en base a energías renovables, bajo control y propiedad pública.

El capítulo de transparencia actuará como barrera a la definición y aplicación de políticas necesarias para enfrentar la crisis climática y de la biodiversidad. Las obligaciones de transparencia para los gobiernos abrirán las puertas a que las ETN ejerzan mayor presión para que la definición de políticas públicas responda a sus intereses, y queden habilitadas para impedir la aprobación y aplicación de regulaciones, legislaciones y políticas que a su entender afecten sus intereses y ganancias. Las ETN nunca realizan cabildeo a favor de una solución integral a las graves crisis socio-ambientales, por el contrario, crecientemente capturan los espacios y procesos de toma de decisiones a nivel multilateral para impedir las transformaciones necesarias. Además, son las principales responsables históricas de la crisis climática, y actores centrales en la generación de la crisis de la biodiversidad, alimentaria y del agua. No se puede permitir que quienes provocaron las crisis, tengan cada vez mayor poder para definir el rumbo de las políticas públicas.

En vistas de todo lo anterior consideramos inaceptable que se pretenda someter la urgente necesidad de la justicia climática y de proteger nuestras selvas y bosques a la lógica neoliberal de este acuerdo. Este tipo de tratados neoliberales son un obstáculo para el cumplimiento de los acuerdos ambientales internacionales y la imperiosa necesidad de llevar a cero real las emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación, mediante una transición justa que reconozca las responsabilidades comunes pero diferenciadas y la deuda climática histórica del Norte Global con el Sur Global.

La UE está aprovechando la preocupación pública -legítima- por los impactos ambientales que implicará el TLC UE-Mercosur para «maquillar de verde» el texto y así destrabar el proceso final de firma y ratificación de un acuerdo que tendrá consecuencias nefastas para nuestra región. En ese marco, la UE plantea someter el cumplimiento del Acuerdo de París sobre el cambio climático, y los compromisos para frenar la deforestación, al mecanismo de solución de controversias del TLC entre ambas regiones. Pero lo cierto es que como planteamos más arriba, el modelo de producción que promoverá el TLC agravará las crisis y atentará contra las políticas soberanas que apuesten a la justicia climática y ambiental. Más aún, el riesgo es que ese tipo de instrumentos, que es intrínsecamente una falsa solución, lleve a la consolidación y expansión de proyectos como los mercados y compensaciones de carbono y el enverdecimiento del agronegocio a través de la agricultura climáticamente inteligente o la intensificación sostenible, que entre otras iniciativas constituyen falsas soluciones a las crisis.

Una verdadera solución a las crisis sistémicas exige compromisos y políticas nacionales y regionales soberanas, como los que ya se han planteado en nuestra región en materia de deforestación cero, transición energética, soberanía alimentaria, compras gubernamentales y distribución de la renta, por ejemplo. Nuestra región debe apostar a una política de comercio internacional que ponga en el centro la justicia ambiental, social, económica y de género, y, por lo tanto, garantice la primacía de los derechos humanos y de los pueblos -como el derecho al agua, la alimentación, la tierra, el territorio, la salud- frente a los acuerdos comerciales y de inversiones. Asimismo, debería fomentar el fortalecimiento de la política pública y de lo público y revertir el poder de las grandes empresas transnacionales, en lugar de privilegiar sus ganancias e intereses.

Por último, para nuestras organizaciones, la integración de los pueblos y la solidaridad internacionalista y la complementariedad es otro principio fundamental, en lugar de la competencia en el mercado. Dicho principio debe basarse en el reconocimiento y reparación de la deuda ecológica, social y climática, histórica y actual, y en el reconocimiento de las responsabilidades comunes pero diferenciadas que dan lugar a capacidades diferenciadas para enfrentar las crisis, y que deben dar lugar a un Trato Especial y Diferenciado para los países del Sur que fueron objeto del coloniaje y expoliación europeos.

Esperamos poder entablar un diálogo constructivo con ustedes, quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones que serán clave para el futuro de nuestros países y región, pero también para el planeta, y ahondar sobre nuestras preocupaciones y críticas respecto al instrumento que será presentado el día 7 de marzo y el Acuerdo UE-Mercosur en general.

Saludan atentamente,

Amigos de la Tierra Brasil

Sobrevivencia – Amigos de la Tierra Paraguay

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay

Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina