La tierra suele aparecer en el debate público como un bien que puede comprarse y venderse. Sin embargo, las reglas que organizan ese mercado también inciden sobre la producción de alimentos, el acceso al agua y las formas de vida de quienes habitan los territorios rurales. La reforma de la Ley N.º 26.737 volvió a poner esa discusión en el centro del debate. 

Foto: Fiambalá, Catamarca, mayo de 2026. Tierra Nativa.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo propone modificar ese criterio. En sus fundamentos sostiene que la legislación actual desincentiva la inversión internacional y plantea eliminar buena parte de las restricciones vigentes, manteniendo controles únicamente cuando la adquisición involucre a Estados extranjeros o entidades bajo su control. Sin embargo, presentar la discusión como una elección entre atraer inversiones o mantener regulaciones simplifica un problema más amplio. Argentina necesita reglas claras para administrar un recurso limitado y estratégico como la tierra. La cuestión de fondo es cómo compatibilizar su promoción con la producción de alimentos, el desarrollo de las economías regionales, la preservación de los bienes comunes y los derechos de quienes habitan esos territorios.

La reforma de la Ley de Tierras Rurales, además, forma parte del proyecto denominado «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que propone modificar simultáneamente cuatro regímenes jurídicos vinculados con el mundo rural. Aunque esta nota se concentra en la Ley N.º 26.737, resulta importante tener presente que el debate excede una única norma y forma parte de una discusión más amplia sobre las herramientas con las que el Estado interviene en los territorios. 

La Ley N.º 26.737 estableció que la titularidad extranjera no podía superar el 15 % de las tierras rurales en los niveles nacional, provincial y departamental; impidió que personas o empresas de una misma nacionalidad concentraran más del 30 % de ese porcentaje; y fijó para cada titular extranjero un límite máximo de mil hectáreas en la denominada zona núcleo -o su equivalente según la productividad de la tierra-. Estos instrumentos no impedían la inversión extranjera, sino que buscaban ordenar el mercado y prevenir procesos de concentración.

La ley también creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, destinado a producir información sobre la estructura de la propiedad y monitorear la titularidad extranjera. Este registro permitió conocer la evolución de la composición de la propiedad rural y evaluar el cumplimiento de la normativa. La reforma también  elimina este instrumento público de información y seguimiento.

La existencia de este tipo de controles no constituye una particularidad argentina. Países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Polonia mantienen distintos mecanismos de autorización o restricción sobre la adquisición de tierras rurales por parte de personas extranjeras, especialmente cuando involucran tierras agrícolas, zonas de frontera o recursos considerados estratégicos. Se trata de modelos construidos de acuerdo con las prioridades de cada país, que muestran que regular este mercado no significa necesariamente impedir las inversiones.

La eliminación de los límites reduce las posibilidades de intervenir preventivamente frente a operaciones de gran escala y de seguir su evolución. Para entender la relevancia de estas herramientas es necesario observar cómo se distribuye la tierra en la Argentina.

Los pequeños productores representan el 63,7 % de las explotaciones agropecuarias del país, pero trabajan apenas el 13,4 % de la superficie agropecuaria censada. Esta tipología, elaborada a partir del Censo Nacional Agropecuario de 2018 (Aranguren, 2025), permite dimensionar la desigual distribución de la tierra y entender por qué las reglas del mercado no afectan por igual a todos los actores.

Esta discusión adquiere otra dimensión cuando se observa desde los territorios. El trabajo que desarrollamos desde Tierra Nativa junto a comunidades campesinas e indígenas de Catamarca muestra que los cambios en las reglas del mercado de tierras rara vez se reflejan únicamente en los registros de propiedad. Sus efectos también alcanzan las formas de producir, acceder al agua y sostener la vida en esos territorios. 

Distintos estudios realizados en varios países señalan que, cuando disminuyen las herramientas públicas de intervención en mercados ya desiguales, tiende a fortalecerse la posición de los actores con mayor capacidad económica y aumenta la competencia por ese recurso. Fondos de inversión, grandes empresas transnacionales agroindustriales y emprendimientos extractivos suelen contar con mayores posibilidades financieras para acceder a la tierra que los pequeños productores y las explotaciones familiares (HLPE, 2011; FAO, 2012; Borras et al., 2012).

En este escenario, además de conservar la tierra que ya poseen, los pequeños productores enfrentan dificultades para acceder a nuevas superficies, ampliar sus explotaciones o sostener su actividad cuando aumenta el valor de la tierra. Mientras una familia productora suele incorporarse al mercado mediante créditos limitados o la compra gradual de pequeñas parcelas, las operaciones de gran escala son realizadas por actores con capacidades financieras considerablemente mayores. La preocupación, alcanza también a las condiciones de competencia dentro del mercado de tierras rurales.

Mirar estos procesos desde los territorios cambia la perspectiva. En Catamarca, los conflictos rara vez se limitan a la propiedad formal de una parcela. En una provincia árida, la producción depende también del acceso al agua, a las vegas altoandinas, a los caminos rurales y a las áreas de pastoreo. Cuando aumentan las presiones sobre estos bienes comunes, las consecuencias para las familias campesinas pueden exceder ampliamente una modificación registral o una operación de compraventa. Hablar de tierra implica, entonces, hablar también de territorio y de las condiciones materiales que sostienen la vida y la producción rural. Por eso, los efectos de las transformaciones en el mercado de tierras no siempre pueden medirse únicamente a partir de la superficie transferida o de la nacionalidad de quien adquiere el inmueble.

Según el Observatorio de Tierras, departamentos como Tinogasta presentan niveles de titularidad extranjera considerablemente superiores al promedio nacional. Allí confluyen recursos hídricos estratégicos, proyectos mineros, producción agrícola y comunidades rurales e indígenas. En estos casos, además de la propiedad de la tierra, cobran especial importancia el acceso y el control del agua y de los territorios de uso comunitario. La estructura productiva de Catamarca ayuda a comprender la importancia particular de estas reglas. Una estimación basada en el Censo Nacional Agropecuario indica que más del 80 % de las explotaciones agropecuarias de la provincia corresponden a pequeños productores (Aranguren, 2025). La agricultura familiar constituye, por lo tanto, una parte central de su entramado productivo y social.

En territorios donde la producción depende de escalas familiares, del acceso compartido a bienes comunes y de formas de organización construidas históricamente por comunidades campesinas e indígenas, la reforma deja de ser una discusión exclusivamente jurídica o económica. Pasa a involucrar las condiciones que hacen posible sostener la producción, las economías regionales y buena parte de la vida rural argentina. 

El proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incorpora, además, modificaciones a otros regímenes jurídicos. Entre ellas se encuentran cambios en la Ley de Manejo del Fuego, que modificarían algunas restricciones actualmente previstas para determinados usos posteriores de tierras afectadas por incendios, junto con reformas en materia de expropiaciones y procedimientos de desalojos. Considerados en conjunto, estos cambios reducen herramientas estatales de intervención y fortalecen la protección de la propiedad privada como eje organizador del proyecto. 

Las reformas que modifican las reglas de acceso, uso y protección de la tierra merecen un debate público informado, especialmente cuando sus efectos pueden extenderse sobre territorios donde viven comunidades campesinas e indígenas y donde se concentran recursos estratégicos. Ese debate también invita a preguntarse con qué instrumentos públicos se ordena el mercado de tierras y qué efectos tienen esas decisiones sobre los territorios donde se produce, se vive y se construyen formas de organización comunitaria.