NOVEDADES INSTITUCIONALES. DECLARACIÓN DE AMIGOS DE LA TIERRA INTERNACIONAL SOBRE LA CRISIS DEL COVID-19

La crisis del coronavirus sólo puede enfrentarse con soberanía de los pueblos y justicia ambiental, social, de género y económica

Amigos de la Tierra expresa su profunda consternación y solidaridad en este momento en que el mundo enfrenta la crisis del COVID-19  que ya está afectando a tantos pueblos en todo el mundo, especialmente a quienes sufren el impacto de las desigualdades estructurales. La dramática pérdida de vidas humanas nos conmueve profundamente, en un mundo que no estaba preparado para enfrentar una catástrofe como esta. Una crisis que trasciende con creces los impactos sanitarios inconmensurables de la pandemia, develando injusticias ambientales, socioeconómicas y de género sistémicas, y causas y consecuencias políticas sumamente nocivas.

Esta crisis se ve acentuada por el sistema político-económico actual, que exacerba sus impactos e interpone obstáculos importantes a las respuestas estructurales. Las horrendas consecuencias del coronavirus son el resultado de la concentración cada vez mayor de la riqueza y la imposición de una doctrina neoliberal que sacrifica la preservación de la vida. Hoy es más evidente que nunca que la economía basada en el libre mercado es el problema, no la solución.

El neoliberalismo condujo a la  privatización y debilitamiento de los sistemas de salud pública  y seguridad social y de los servicios públicos, al desmantelamiento de los derechos de las trabajadoras/es y la precarización del empleo, y a mayor explotación del trabajo de las mujeres. Además le ha otorgado poderes y privilegios extraordinarios a las empresas transnacionales, al tiempo que redujo el rol y la posición del Estado, aumentando la vulnerabilidad de nuestro mundo ante los impactos de la crisis.

La pandemia está dejando al descubierto y agravando las violentas desigualdades del capitalismo entre y dentro de los países. Socava nuestras necesidades humanas básicas y deja vulnerables a millones de personas ante la pérdida repentina de acceso a medios de sustento. Muchas personas simplemente no pueden aislarse, distanciarse socialmente o dejar de trabajar. Los desalojos serán la norma mientras la gente no pueda pagar los alquileres e hipotecas. Las más afectadas serán la clase trabajadora rural y urbana, los Pueblos Indígenas, las mujeres, los pueblos que sufren el racismo, las/os inmigrantes, refugiadas/os, los pueblos en zonas de guerra y conflicto y los que viven en países que padecen bloqueos económicos. Cada vez será mayor el número de trabajadores que pierden su empleo y de migrantes que se enfrentan a una denegación criminal de sus derechos humanos, así como a muros más altos y largos.

El COVID-19 está develando la magnitud de la crisis del cuidado en nuestras sociedades: una crisis que se ha venido gestando desde hace siglos por la incapacidad del sistema patriarcal, racista y capitalista de cuidar a los pueblos, la naturaleza y los territorios, y porque se sostiene sobre la base del trabajo y los cuerpos de las mujeres para compensar y reparar los daños provocados por el sistema de explotación capitalista neocolonial. A través de la división sexual del trabajo, las mujeres han sido y continúan siendo socialmente responsables del trabajo de cuidado y soportando sobre sus hombros esa carga. Las mujeres, familias y madres solteras de la clase trabajadora, se ven obligadas a elegir entre el aislamiento en sus hogares o trabajar para alimentar a sus familias, a riesgo de contagiarse con el virus. Esto sucede particularmente con las mujeres que sufren el racismo. Las/os trabajadores/as del sector de la salud que están en la primera línea, en su mayoría mujeres, enfrentan una explotación creciente y reciben una compensación financiera inadecuada que no se condice con los riesgos que asumen y las responsabilidades que tienen respecto de las/os demás.

La globalización del sistema de libre mercado, en el que las empresas transnacionales juegan un papel clave, ha conducido a una ruptura devastadora entre nuestras sociedades y la naturaleza. La crisis del coronavirus pone al descubierto hasta qué punto verdaderamente el control empresarial de los alimentos, la energía, los bosques y la biodiversidad es la causa principal de la destrucción de los ecosistemas que está facilitando la propagación de los patógenos que afectarán cada vez más nuestra salud. El agronegocio y la producción de commodities agropecuarias generan enormes problemas de salud pública mediante la destrucción de hábitats naturales y/o la intensificación de la ganadería y la cría de animales. Quienes padecen afecciones respiratorias e inmunológicas debido a la energía sucia y otras industrias contaminantes, corren mayores riesgos de infección.

Los impactos devastadores de las industrias extractivas en los territorios de los Pueblos Indígenas los hacen cada vez más vulnerables al COVID-19. Sus sistemas y prácticas de conocimiento tradicional, incluidos el cuidado de la salud, la producción, almacenamiento y consumo de alimentos, se están fragilizando. Además siguen siendo excluidos de los sistemas de salud y no se les brinda información culturalmente apropiada acerca de la crisis.

La pandemia está agravando las consecuencias de décadas de inacción de los países ricos frente al cambio climático, así como de sus políticas dañinas. Los ojos del mundo están puestos con razón en la crisis sanitaria actual; pero las catástrofes relacionadas con la injusticia climática, tal como el reciente ciclón que golpeó a Vanuatu, se repiten sin parar y es necesario encararlas. Los pueblos del Sur global más azotados por los impactos climáticos son sumamente vulnerables a contraer y propagar el COVID-19 y carecen de acceso a sistemas sanitarios fuertes.

Se avecina una crisis alimentaria profunda, principalmente en países que dependen de las importaciones y donde las tierras han sido acaparadas para producir commodities agropecuarias. A medida de que los pueblos pierden sus medios de sustento e ingresos, ya no podrán acceder económicamente a los alimentos, que además están cada vez más expuestos a la especulación financiera. En muchos países, el cierre de los mercados locales impide que los alimentos de la producción campesina familiar y artesanal  lleguen a la población, al tiempo que se privilegia a grandes empresas que priorizan sus ganancias por sobre el derecho a una alimentación saludable.

Hacemos frente a esta pandemia en un contexto en el que la democracia ya venía sufriendo ataques, con elecciones manipuladas mediante el control empresarial de nuestros datos y los medios de comunicación, e incluso golpes de Estado en algunos países. El auge de la extrema derecha y el neofascismo y sus discursos y políticas misóginas, xenófobas, militaristas y racistas, está derivando en un ataque frontal contra los derechos conquistados por la ardua lucha de las clases populares y el movimiento feminista. Muchos gobiernos ya comenzaron a silenciar las voces que defienden la verdadera democracia y el poder y participación popular, criminalizándolas e intentando desmantelar las organizaciones y movimientos sociales.   

Las mujeres están enfrentando un brutal aumento de la violencia y los femicidios en todo el mundo. Las directivas de quedarse en casa encierran a muchas mujeres y sus hijas/os en hogares inseguros junto a sus agresores y perpetradores, sin ningún lugar adónde ir ni posibilidad de recibir ayuda.

En tiempos en que el escrutinio público y la capacidad de movilización y protesta se reducen, enfrentamos amenazas aún mayores de un incremento de los ataques criminales contra las defensoras/es de los territorios y derechos de los pueblos, así como la imposición de nuevos proyectos empresariales perjudiciales.

Los países con poca o nula soberanía para producir muchos insumos clave son vulnerables. El riesgo de que las grandes empresas lucren con esta crisis mediante su control de los sistemas de salud, alimentos y medicamentos es enorme. A esto se agrega el peligro real de que se usen fondos públicos para rescatar grandes empresas, tales como empresas de combustibles fósiles que destruyen el clima y la biodiversidad.

Nuestras demandas

Para hacerle frente a esta crisis y sus causas estructurales, Amigos de la Tierra Internacional se suma al  movimiento feminista, campesino, sindical, a los Pueblos Indígenas y a otros movimientos sociales, para exigir que los gobiernos cesen inmediatamente la represión, abandonen las políticas de austeridad, detengan los desalojos e incrementen los presupuestos públicos, la justicia fiscal y la distribución de ingresos.  Asimismo, nos hacemos eco del llamado a la anulación de la deuda externa.

Es necesario reconocer la centralidad de la vida y el trabajo de cuidados aplicando reglamentaciones ambientales más fuertes, revirtiendo la división sexual del trabajo y ofreciendo una respuesta sistémica a la crisis, enmarcada en la justicia  ambiental, social, de género y económica y una economía feminista.

Los gobiernos tienen que velar por que los derechos fundamentales a la salud, seguridad social, vivienda, energía, agua, educación, transporte, alimentos y los cuidados estén garantizados a través de servicios públicos proporcionados por el Estado. Deben proveer asistencia financiera a la clase trabajadora y las comunidades. Los fondos públicos deben usarse priorizando a las trabajadoras/es, el clima y la salud duradera  de nuestro planeta y los pueblos.

Los paquetes de estímulo y recuperación económica y financiera internacionales y de los gobiernos nacionales deben destinarse necesariamente a crear millones de empleos dignos que contribuyan a impulsar una transición justa que nos libere del capitalismo y la economía dependiente de los combustibles fósiles y garantice la autonomía de las mujeres. Es inadmisible que los gobiernos vayan al rescate incondicional de grandes empresas contaminantes como las empresas de combustibles fósiles y las aerolíneas. Después de esta crisis no podemos regresar a la situación que vivíamos anteriormente. Debemos sentar las bases para un mundo mejor. No podemos permitirnos otro ciclo de capitalismo agresivo y políticas neoliberales que destruyen la vida de los pueblos y nuestro planeta.

Los gobiernos deben indispensablemente fortalecer los sistemas alimentarios locales, los mercados locales descentralizados y los programas de compras públicas directas que contribuyan a garantizar la venta de la producción campesina familiar y artesanal y la disponibilidad de alimentos para quienes más los necesitan. Los programas públicos dirigidos a la niñez, las personas con discapacidad y todas las personas que padecen hambre, deben mejorarse y ampliarse radicalmente.

Es imprescindible revertir inmediatamente la tendencia actual de incremento del poder, beneficios e impunidad de las grandes empresas, lo cual incluye poner fin a todas las negociaciones sobre comercio e inversiones que empoderan aún más a las empresas transnacionales, así como garantizar un tratado jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos en el marco de la ONU.

Deben abolirse urgentemente los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado, que les permiten a las empresas transnacionales demandar a los gobiernos por llevar a cabo acciones para proteger la vida, argumentando que tales acciones en función del interés público son discriminatorias o representan una expropiación indirecta de sus inversiones.

Los medios de carácter médico para hacerle frente al coronavirus, inclusive una futura vacuna, deben ser accesibles para todas/os y se deben suspender todos los derechos de propiedad intelectual para los suministros, dispositivos y tratamientos médicos, incluidos medicamentos y vacunas.

Nuestras acciones

Las acciones que llevemos a cabo ahora determinarán lo que suceda después de la crisis. Amigos de la Tierra Internacional y nuestros aliados sabemos qué camino seguir. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para luchar por y avanzar hacia el cambio de sistema, a través del desmantelamiento del patriarcado y otros sistemas de opresión, y asimismo del poder empresarial. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para hacer avanzar la soberanía de los pueblos y la justicia ambiental, social, de género y económica.

Es el momento de reafirmar la esperanza, nutriendo y fortaleciendo nuevos paradigmas ecológicos y emancipatorios, centrados en la justicia y la sustentabilidad de la vida y una nueva relación con el trabajo de cuidados.

La solidaridad internacionalista entre los movimientos y que atraviesa fronteras es clave, a medida que construimos nuestra respuesta colectiva a esta crisis, organizando y movilizando a nuestras comunidades, organizaciones y movimientos para fortalecer nuestras propias iniciativas y luchar por nuestras demandas.

Nuestros grupos miembro están organizando y sumándose a comités locales de solidaridad para apoyar a las/os más afectados/as. Se están sumando también a plataformas políticas de movimientos sociales, junto a sindicatos, organizaciones campesinas y feministas, para luchar por respuestas sistémicas adecuadas frente a esta crisis y las múltiples crisis interrelacionadas que enfrentamos -ambiental, climática y social. Seguiremos forjando unidad con nuestros aliados para combatir las injusticias que el COVID-19 ha develado y exacerbado, y construir el mundo que necesitamos.