Desde el pasado 10 de diciembre en Argentina tenemos un gobierno autodenominado “anarcocapitalista” que detrás de una falsa  libertad propone un ambicioso plan de ajuste con achicamiento del Estado y apertura del libre comercio. 

En estos últimos seis meses, el gobierno de Javier Milei propuso una batería de medidas de reducción del gasto público, que se materializaron en cientos de despidos en el Estado Nacional; cerró ministerios nacionales, entre ellos el de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el de Mujeres, Género y Diversidad con una gran desarticulación y desfinanciamiento de políticas de estas carteras; devaluó la moneda nacional; quitó subsidios en transporte y servicios básicos que llevaron las tarifas a precios impagables para los salarios de los argentinos; desfinanció los presupuestos de las universidades públicas y del sistema científico nacional; cerró los medios de comunicación pública y redujo considerablemente la pauta publicitaria para los medios de comunicación en general; suspendió el envío de alimentos a comedores comunitarios y los medicamentos a enfermos de cáncer y enfermedades crónicas del sistema de salud público.

Estas medidas generan un impacto directo en los sectores más vulnerados que son quienes pagan  el ajuste. Según el Observatorio del Derecho Social de la Universidad Católica la pobreza en Argentina aumentó del 44% al 55% en el primer trimestre del 2024. Este incremento se atribuye al impacto de la inflación y a la suba principalmente del rubro alimentos. Ante los paros generales y las grandes movilizaciones realizadas en contra de estas políticas, promulgó un protocolo de seguridad que criminaliza la protesta.

Con respecto a los intentos de una reforma estructural del Estado, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia con más de 300 artículos que aún siguen vigentes sin tratamiento en el poder Legislativo; hubo un primer intento ambicioso de una proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que no llegó a su tratamiento y un segundo intento del proyecto que ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación en abril de este año. Este proyecto, conocido popularmente como “Ley Bases”, incluye el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), convirtiéndose en el núcleo de este proyecto de ley.

Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones

El RIGI consiste en fomentar por un período de 30 años, inversiones en minería, petróleo, gas y agropecuarias mediante políticas fiscales y aduaneras que sólo beneficia a los capitales extranjeros. Busca consagrar un patrón de especialización productiva de Argentina como mero exportador de commodities, con Empresas Transnacionales a la cabeza y sin ninguna articulación con el entramado productivo nacional.

Según este régimen, los proyectos deben concretar el 40% de la inversión en los próximos dos años. A cambio, tienen beneficios tributarios por los próximos 30 años.  El RIGI propone la libre extracción y comercialización de nuestros bienes comunes y la imposibilidad de articular con los sectores productivos nacionales y deja por fuera la posibilidad de una gobernanza socioambiental virtuosa, una de las cuales es precisamente darle mayor sustentabilidad a las inversiones.

A partir del tercer año, las grandes empresas podrán hacer un uso totalmente libre de los dólares generados por exportaciones, lo que reduce la disponibilidad de divisas a futuro. Ni un dólar de exportación de los nuevos proyectos de inversión ingresará a la economía argentina. Con este sistema se eliminan los derechos de importación y exportación. 

La ley Bases y su Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones configura una pérdida total de nuestra soberanía. 

Estamos ante un escenario donde nuestros derechos están en juego. Las políticas neocoloniales como la Ley bases, son una nueva reconfiguración del neoliberalismo para seguir expandiendo sus estrategias de explotación y despojo. 

Este miércoles 12 de junio, se trata en la Cámara de Senadores la “Ley Bases” y es fundamental que estemos en las calles defendiendo nuestros derechos y así expresar nuestro descontento con este tipo de políticas que destruyen nuestros territorios, nuestra economía y desintegra el tejido de la sociedad.