La Ley ómnibus es una reforma constitucional de facto que afecta a la democracia, al ambiente y las luchas populares

El gobierno de Javier Milei envió en el día de ayer un proyecto de ley al Congreso de la Nación que contiene más de 600 artículos. Con el nombre de “Ley de de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, es popularmente conocida como Ley ómnibus por la cantidad de modificaciones que propone. Sin embargo, es en realidad una fuerte reforma inconstitucional del Estado.

 

Entre sus modificaciones se encuentran: 

  1. Quita de facultades al poder legislativo adjudicadas al poder  ejecutivo hasta el 2025 con posibilidad de extenderse al 2027

  1. 41 empresas estatales quedarán sujetas a privatización (entre ellas YPF, Banco Nación, AySA, Aerolíneas Argentinas, Arsat). Incluso incluye la posibilidad de privatizar el fondo previsional jubilatorio. 

  1. Permite el endeudamiento externo desde el poder ejecutivo sin pasar por el parlamento, como así también blanquear capitales sin pagar impuestos. 

  1. Elimina el derecho a la protesta social. Las “reuniones” de más de 3 personas en espacio público deberán ser anunciadas con 48 horas de antelación al Ministerio de Seguridad. Penaliza a quienes convocan y organizan manifestaciones y aumenta penas de prisión para quienes se manifiesten de hasta 6 años por resistir a la represión policial. Modifica el código penal y prohíbe que víctimas o familiares de víctimas puedan realizar demandas por prácticas de gatillo fácil. 

  1. Limita fuertemente la actividad política de los funcionarios públicos. Cambia el sistema electoral por el de circunscripciones uninominales, violando el principio de representatividad en la cámara de diputados, dejando sin representación a las minorías y como consecuencia poniendo en riesgo el sistema representativo por la Constitución. 

  1. Ley de glaciares. Modifica la ley habilitando la minería y otras actividades económicas en zona periglaciar. Amenaza las fuentes de agua cordilleranas.

  2. Ley de Bosques. Desfinancia y habilita el desmonte en todas las categorías de zonificación. El ordenamiento territorial previo quedaría obsoleto. Genera una contracción entre dos artículos: uno que habilita desmontes y otro que los prohíbe. Así como también elimina el acceso a la información y consulta previa para pueblos indígenas, originarios, y comunidades campesinas, sobre los futuros desmontes.

  3. Ley de Fuego. Pone en riesgo los ecosistemas nativos, permitiendo a los productores realizar cortafuegos y acciones hoy prohibidas.

  4. Ley de hidrocarburos. Quita regulaciones a la comercialización de hidrocarburos.

  5. Ley de tierras. La derogación de esta ley se incluye en el DNU presentado hace días. Atenta con la soberanía territorial y favorece el acaparamiento de tierras por parte de extranjeros, derogando esta Ley que hasta el momento impide la adquisición de más de 1 millón de hectáreas por extranjero.

  1. Establece un “Régimen de Incentivo para grandes inversiones”, destinado a sectores de: agroindustria, infraestructura, minería, forestal, gas y petróleo, brindándoles seguridad jurídica y protección de derechos en materia tributaria.

  2. Faculta al poder ejecutivo la creación de un “mercado doméstico de emisión de gases de efecto invernadero” pudiendo asignar derechos de emisión de GEI a cada sector de la economía. 

  3. Establece un mercado de carbono en el cual quienes hayan cumplido sus “metas de carbono” puedan “vender” su cupo a los que no estén cumpliendo las metas.

  4. Modifica la ley de los 1.000 días que complementa la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Introduce como objetivo la “detección de madres embarazadas e hijos por nacer” abriendo la puerta a la derogación de la ley del aborto. Se erradica el concepto de GÉNERO en la ley Micaela.


Estas son sólo algunas de las modificaciones planteadas en este proyecto que será discutido durante todo enero en sesiones extraordinarias. La semana pasada Javier Milei presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia que también con una fuerte inconstitucionalidad deroga y modifica más de 300 leyes. En este proyecto de ley está incluido la aprobación de este DNU.

 

Argentina es un país que supo conseguir los derechos en el calor de las calles y el parlamento, pero la ley de ómnibus propone eliminarlos completamente. La complejidad de las reformas planteadas genera un avasallamiento de todas las instituciones democráticas. 

Hoy necesitamos que el congreso rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia y bloquee el proyecto de ley para evitar que nuestro país entre en Estado de excepción. 

 

Ante este contexto, las organizaciones nos encontramos en estado de alerta y movilización y llamando a la solidaridad internacionalista con el pueblo argentino.

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