Argentina es el segundo país con mayores reservas de litio en el mundo, pero tener este recurso estratégico no significa necesariamente aprovecharlo. Este artículo explora cómo el control de los recursos estratégicos como el litio está en manos de empresas transnacionales, perpetuando un modelo extractivista y dependiente que afecta a las comunidades y a nuestra soberanía económica.
Mapa de los proyectos litíferos en el noroeste de Argentina. Se observa el origen de cada empresa con la bandera de su país. Producción: Giuliana Alderete.
Un nuevo mapa colonial
Las grandes reservas de litio en Argentina son vistas como un «tesoro estratégico» por las potencias del Norte global, pero esta riqueza se escapa de las manos del pueblo argentino. Un recorrido geográfico al mapa que acompaña esta nota revela una realidad alarmante: las principales empresas que controlan la extracción de litio son transnacionales, con base en Estados Unidos, Australia y otras economías del Norte global. ¿El resultado? La “riqueza” generada por estos recursos no beneficia a quienes habitan el territorio, sino que engrosa los bolsillos de corporaciones extranjeras.
Los nuevos modelos de colonización
Hace cinco siglos, el continente fue colonizado por su oro y su plata. Hoy, la historia se repite, pero el objeto de deseo es el nuevo Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA): los alimentos, el litio, los combustibles y el agua. Bajo la apariencia de «desarrollo» y «progreso», las narrativas promueven un modelo extractivista que solo genera riqueza para unos pocos, mientras el pueblo sigue sin acceso a esos recursos.
Una mujer perteneciente a la comunidad indígena Kolla y abogada del Malón de la Paz señala:
“Hoy en día vivimos prácticas similares de colonización. Con la reforma constitucional que se hizo el año pasado, se reproducen las mismas lógicas coloniales, a pesar de todas las normativas internacionales de derechos humanos que protegen a las comunidades originarias.”
¿Soberanía energética o dependencia?
Argentina, Bolivia y Chile forman parte del triángulo del litio, Argentina es el país con menor control público sobre su producción de litio. Mientras Chile y Bolivia avanzan en políticas que aseguran mayor parte de los ingresos generados por la explotación del litio, en nuestro país, las empresas se llevan el recurso prácticamente a cambio de nada.
Los dos principales proyectos en operación, el Salar de Hombre Muerto (controlado por la estadounidense Livent) y el Salar de Olaroz (controlado por la australiana Orocobre), representan el dominio transnacional. Sumado a estas, Livent, de origen estadounidense, ha sido acusada de subfacturar sus exportaciones, una práctica que genera evasión masiva de impuestos y limita los ingresos que por ejemplo podrían ser utilizados para el bienestar del pueblo argentino.
El litio en la geopolítica global
El litio no es simplemente un recurso estratégico para Argentina; es un eje central en las disputas de poder a nivel mundial. Así lo evidencian las declaraciones de Laura Richardson, Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos:
«Ricos recursos y elementos de tierras raras… tienen el 60% del litio del mundo y el 31% del agua dulce del mundo en esta región… tenemos que empezar nuestro juego.»
Esta afirmación deja al descubierto cómo los bienes comunes argentinos son piezas clave en el tablero de la geopolítica global. Sin embargo, ese «juego» que se menciona excluye al Pueblo Argentino del reparto de la riqueza que se extrae de sus territorios.
Un ejemplo reciente de esta dinámica es la adquisición por parte de la empresa anglo-australiana Rio Tinto de Arcadium Lithium, que controla dos de los proyectos de litio más grandes del país: Olaroz, en Jujuy, y Fénix, en Catamarca. Esta operación se viabilizó gracias al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, implementado por el gobierno de Javier Milei. En términos concretos, Gran Bretaña se aseguró una parte significativa del litio argentino, consolidando un modelo que entrega nuestros recursos estratégicos al capital extranjero.
Pero esta política no sólo intensifica la dependencia económica. También contradice nuestros legítimos reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, al ceder recursos clave a un país que históricamente ha sido nuestro adversario en estas disputas. En este contexto, el litio no es solo un bien estratégico, sino también un símbolo de la necesidad urgente de redefinir nuestra relación con los recursos estratégicos y la soberanía nacional.
Regalías y explotación: un juego desigual
Según el código minero de 1993, sólo el 3% del valor «boca de pozo» queda en las provincias argentinas. Sin embargo, una vez descontados los costos de producción, esa cifra se reduce al 1,5%. En cambio, en Chile el Estado se queda con el 40% de las ganancias del litio. Esta diferencia refleja una política pública que favorece los intereses de las empresas transnacionales, en detrimento de la soberanía económica del país.
Foto: Susi Maresca < Minga. Fotos libres para la soberanía alimentaria y el buen vivir.
La evasión y subfacturación: el negocio oculto
Uno de los grandes problemas en la explotación del litio en Argentina es la falta de control sobre las exportaciones. Las empresas presentan declaraciones juradas de sus actividades, pero no existe un órgano estatal que verifique la cantidad exacta de recursos que se extraen y exportan. Una abogada de la provincia de Jujuy, denuncia:
«Las empresas transnacionales subfacturan y tributan menos del 3% de lo que declaran. Incluso encuentran oro en las zonas de extracción de litio, lo extraen y se lo llevan sin declarar.”
Normativas que favorecen al capital transnacional
Mientras en países como Chile, Bolivia y México el litio es considerado un «recurso estratégico», en Argentina las leyes continúan siendo funcionales a las grandes corporaciones. Esto no solo permite que se lleven nuestros recursos a precios irrisorios, sino que perpetúa un modelo económico dependiente y extractivista que genera pobreza en las mismas regiones de las cuales se extraen las riquezas.
No puede haber pueblos pobres donde hay riqueza
Es urgente pensar en un modelo de transición no sólo energética sino también económica que aborde los riesgos ambientales, respete los modos de vida ancestrales en los territorios, y reconozca las demandas de lxs trabajadorxs y los sectores populares.
La riqueza que tenemos bajo nuestros pies no puede ser una maldición para nosotrxs, sino una oportunidad para construir un futuro más justo y equitativo.