El mes de marzo del 2025 lleva tan sólo dos semanas y todo indica que será recordado como un mes de intensa crisis para el gobierno de Javier Milei. La política de ajuste y recortes en la obra pública, el desmantelamiento de políticas sociales y de emergencias tuvo un costo humano devastador: en Bahía Blanca, una inundación sin precedentes azotó a la ciudad dejando miles de personas sin hogar y sin accesos a servicios básicos. La respuesta del gobierno nacional fue lenta, descoordinada e insuficiente. Cuando Milei finalmente se dignó a visitar la zona afectada, seis días después de la tragedia, fue recibido con repudio por parte de las y los vecinos del lugar.
Mientras tanto, el pasado 12 de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las y los jubilados, quienes son fuertemente afectados por el ajuste, marcharon una vez más a la plaza del Congreso exigiendo mejores condiciones de vida como viene sucediendo todos los miércoles. Sin embargo, esta vez la respuesta del gobierno fue brutal: la represión de la policía y de las fuerzas federales dejó un saldo de heridos que no se veía en la Argentina desde las manifestaciones del 2001.
Todo esto ocurre en el marco de la vigencia de la “Ley Bases”, que otorga facultades delegadas a Milei, del inminente nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poseer más deuda pública y del escándalo por la estafa de la criptomoneda $LIBRA[1] que tiene como uno de sus protagonistas a Javier Milei y sus más cercanos funcionarios.
Crisis climática e inundación en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires
El pasado 7 de marzo, la ciudad de Bahía Blanca se vio gravemente afectada por un fuerte temporal que desbordó los límites de su infraestructura, dejando a su paso inundaciones sin precedentes. En cuestión de horas, las intensas lluvias provocaron el anegamiento de calles y viviendas, obligando a la evacuación de cientos de vecinos. A una semana de la catástrofe, el saldo fue alarmante: 1400 evacuados, al menos 16 fallecidos y una extensa destrucción de la infraestructura urbana. Estas cifras no solo evidencian la magnitud del desastre, sino también la falta de preparación para afrontar fenómenos climáticos extremos, que se han vuelto cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático.
FOTOS: Nicolás Tramontana (Tierra Viva) / Reuters (El Litoral)La respuesta del gobierno de Javier Milei ante esta crisis ha sido objeto de críticas por su insuficiencia y falta de coordinación. El gobierno nacional sólo ha destinado el 2.5% de los estimado para las tareas de saneamiento y reconstrucción. En su visita a Bahía Blanca, el presidente llegó sin previo aviso en un ambiente de hermetismo, lo que generó descontento entre los ciudadanos que esperaban un Estado más presente y comprometido.
Este escenario se agrava a nivel nacional por la negación sistemática del cambio climático y la decisión del gobierno de recortar políticas de obra pública, esenciales para la prevención y mitigación de desastres naturales. La situación actual pone de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras ciudades frente a eventos climáticos extremos y la falta de políticas públicas efectivas en materia de planificación urbana y gestión ambiental.
Un modelo que no cierra sin represión
El 12 de marzo, una multitud integrada por jubilados, trabajadores, hinchas de fútbol autoconvocados y diversos sectores sociales se movilizó hacia el Congreso Nacional en defensa de los derechos de las y los jubilados. Este sector ha perdido el 30% de su poder adquisitivo, ha sufrido recortes en las coberturas de salud, y ha enfrentado un aumento acumulado del 400% en los precios de sus medicamentos debido a la desregulación del mercado. La protesta reflejó el profundo malestar por el deterioro de las condiciones de vida de los jubilados y de la población en general.
La respuesta del gobierno fue una represión criminal por parte de la policía y de las fuerzas federales de seguridad. Los manifestantes fueron dispersados con balas de goma, gases lacrimógenos y arrestos arbitrarios, incluyendo a menores de edad. La violencia de la represión dejó 114 detenidos y al menos 989 heridos[2].
FOTOS: Clase Net / CELSEl caso de Pablo Grillo, un fotógrafo independiente que cubría la protesta, se convirtió en el símbolo de la violencia estatal. Grillo fue alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por las fuerzas de seguridad[3], lo que le causó una grave herida en la cabeza y hoy se encuentra en estado crítico luchando por su vida. Su caso reflejó el riesgo al que se someten las y los periodistas que visibilizan las imágenes de un contexto de creciente represión. La herida de Grillo, junto con la indignación por la violencia desatada contra los manifestantes, marcó un momento de alerta sobre el respeto a los derechos humanos en el país, provocando una condena generalizada hacia el gobierno, en especial al presidente y a su ministra de seguridad Patricia Bullrich.
Mientras sucedía todo esto, en el interior del Congreso de la Nación, diputados de ultraderecha protagonizaron un escándalo de golpes e insultos para evitar tratar un emplazamiento para denegar las facultades delegadas al presidente Javier Milei que tiene desde la aprobación de la “Ley Bases”. En un ataque sin precedentes a la democracia parlamentaria, la sesión fue levantada por el Jefe de la Cámara de Diputados a pesar de que había quórum.
Un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
Un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se viene gestando, lo que genera preocupación y desconfianza entre la población. Ante la falta de reserva de dólares en el Banco Central, el gobierno de Javier Milei ha iniciado una desesperada negociación con este organismo que implicaría la toma de más deuda para hacer frente a la crítica situación económica del país. Este acuerdo, que se gestó en medio de un contexto de alta inflación y escasez de divisas y ha sido objeto de debate, ya que muchos analistas advierten sobre los riesgos que conlleva, incluyendo la posibilidad de un mayor ajuste fiscal y la profundización de la recesión.
Uno de los aspectos más controvertidos de este nuevo acuerdo es que el presidente Milei ha optado por autorizar la toma de deuda a través de un decreto. Según la legislación argentina, la toma de deuda debe ser aprobada por el Congreso, lo que garantiza un control democrático sobre las decisiones financieras del país.
Las movilizaciones siguen
Pese a este contexto, la sociedad argentina está atravesando un punto de inflexión para demostrar a los poderes económicos que este pueblo está dispuesto a resistir las políticas de ultraderecha que atentan contra la vida del pueblo y la democracia. Nos encontramos en estado de alerta y movilización. El mes de marzo seguirá siendo de protestas: el próximo miércoles una nueva manifestación en la plaza del Congreso y el 24 de marzo se espera una marcha a plaza de mayo junto a organismos de Derechos Humanos y víctimas del Terrorismo de Estado, exigiendo Memoria, Verdad y Justicia, como todos los años. Por otra parte, la Confederación General del Trabajo anunció un posible paro general para antes del 10 de abril.
Creemos importante fomentar espacios de encuentro y de solidaridad internacionalista para llevar una lectura de contexto actualizada ante el feroz avance de la ultraderecha en todo el mundo. Desde Tierra Nativa sabemos que Argentina es un país que hoy, lamentablemente, esta dando el ejemplo de un gobierno con estas características y un pueblo que resiste. En este sentido invitamos a quienes quieran participar del próximo webinario “Argentina bajo el gobierno de Milei: perspectivas populares sobre el avance de la ultraderecha” que tendrá lugar el 27 de marzo y que comunicaremos más información en nuestras redes.
[1]https://chequeado.com/el-explicador/cronologia-del-criptogate-las-claves-del-caso-libra-que-involucra-a-javier-milei/
[2]https://ctaa.org.ar/informe-del-monitor-sobre-la-represion-en-plaza-congreso-y-alrededores-en-la-marcha-de-los-jubilados/
[3]https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/tiraron-a-matar-peritos-reconstruyen-el-disparo-que-dio-en-la-cabeza-de-pablo-grillo/
