La expansión ininterrumpida de la megaminera en Mendoza y otras provincias, impulsada por corporaciones trasnacionales ha sido una constante en la cordillera de los Andes de Argentina desde la década de 1990. Este proceso fue posibilitado tras la sanción de un marco legal de corte neoliberal, diseñado especialmente para beneficiar la llegada y operación de estas empresas extractivas.

Dicho marco normativo, lejos de garantizar el respeto por los derechos de las comunidades y el ambiente, ha permitido vulneraciones sistemáticas de normativas nacionales e internacionales. Entre las violaciones más graves se encuentran el incumplimiento de los controles ambientales, la precarización de las condiciones laborales, la falta de transparencia en el acceso a la información pública y el avasallamiento de los Derechos Humanos.

Esta situación ha generado un clima de creciente conflictividad social, donde las comunidades organizadas se ven obligadas a resistir frente al avance extractivo y la falta de garantías por parte del Estado, que prioriza los intereses empresariales por encima de los derechos colectivos y el cuidado del ambiente.

Impactos ambientales y criminalización de la defensa del agua

Uno de los efectos más severos de la actividad minera en Argentina es el uso excesivo y la contaminación del agua, especialmente en ecosistemas áridos y semiáridos. La explotación minera demanda grandes volúmenes de agua y expone a las fuentes hídricas a sustancias tóxicas, generando un riesgo significativo tanto para el ambiente como para las comunidades locales.

Ante estas amenazas, numerosas comunidades en distintas provincias argentinas se han organizado para movilizarse contra la instalación y funcionamiento de empresas extractivas. La movilización constante de la población busca defender los bienes comunes y el acceso al agua, lo que frecuentemente deriva en situaciones de conflicto con las fuerzas policiales. Estas fuerzas, bajo instrucciones de los gobiernos provinciales, suelen priorizar la protección de los intereses privados por encima de los derechos de las personas.

En varias provincias se han registrado múltiples casos de criminalización contra defensores y defensoras ambientales. Estas acciones se sustentan en cargos falsos o en la aplicación de leyes que endurecen las sanciones sobre la protesta social. El objetivo es disuadir la resistencia y restringir la actividad de quienes buscan preservar el ambiente.

Mendoza, hoy en primer plano del conflicto 

En el caso de la provincia de Mendoza, el objetivo fue la Asamblea por el agua de Uspallata, la cual tiene por objeto promover todas las actividades sociales tendientes a proteger el ambiente y especialmente el agua de Mendoza. 

Uspallata se encuentra en la cabeza de cuenca del río Mendoza, amenazado por el accionar de la minera San Jorge, una mina de cobre administrada por una corporación china en conjunto con un grupo empresario nacional. El proyecto se encuentra actualmente detenido a la espera de un fallo pendiente de la Suprema Corte de Argentina, pero los reiterados intentos de abrirlo han aumentado las manifestaciones públicas en su contra.

Existe un listado de asambleístas bajo persecución del aparato judicial del gobierno provincial. Los casos de detenciones se suceden desde entonces.

Un 2025 marcado por el ataque a la resistencia 

Mauricio Cornejo fue detenido luego de una confrontación el 24 de febrero de 2025, donde el gobierno municipal propició un escenario de enfrentamientos con obreros de la UOCRA y ambientalistas durante una manifestación cuando se inauguró la oficina de la minera. Los últimos fueron acusados de “imponer su ideología por la fuerza o la violencia” invocando una figura penal de carácter excepcional, no utilizada desde la última dictadura militar, un gravísimo salto en la criminalización de la protesta. Federico Soria tenía orden de captura y fue encarcelado tras la audiencia el martes 1 de abril.

Ambos fueron detenidos y sus casas allanadas. Mauricio se encontraba en mal estado de salud por los golpes recibidos en el hombro y el pie derechos, se le negó la prisión domiciliaria y estuvo detenido en la prisión de Estrada 23 días, cuando finalmente consiguió prisión domiciliaria.

Luego de las detenciones, la movilización de las organizaciones provinciales fue constante, además del acompañamiento legal de un colectivo de abogadxs militantes de la provincia. Ambos fueron liberados el 3 de abril de 2025, la jueza a cargo se declaró incompetente en el caso y pasó la causa a la Corte Suprema de Justicia. De todas maneras ambos quedaron imputados, con libertad bajo fianza, con restricción para salir de la provincia y con procesos judiciales en curso que pueden terminar en un nuevo encarcelamiento.

Tras las detenciones de Federico Soria y Mauricio Cornejo, la situación de hostigamiento y criminalización hacia quienes defienden el ambiente en Mendoza se intensificó con la captura del activista Facundo Gollano. La persecución alcanzó también a Renzo Gollano, hermano de Facundo, quien fue interceptado por la policía mientras se dirigía a su trabajo. En ese momento, fue víctima de golpes por parte de los efectivos y finalmente recuperó la libertad el 1 de octubre. 

Sin embargo, el acoso policial y judicial no cesó, ya que ambos hermanos fueron nuevamente detenidos el 11 de diciembre durante una protesta frente al medio local Canal 9. Este canal, a pesar de la magnitud de las movilizaciones masivas que se sucedieron en la provincia durante la semana, no realizó ninguna cobertura mediática al respecto.

En ese contexto de protestas, se registró la detención de 13 activistas sin causa legítima. Algunos sufrieron agresiones físicas, y todos fueron objeto de acusaciones claramente orientadas a silenciar la protesta ambiental y desalentar la resistencia social. 

La población mendocina resiste la implementación del proyecto Minero San Jorge y la modificación de la Ley de Glaciares, ya que ambos atentan directamente contra el agua y los territorios que habitan. Tanto el gobierno provincial como el nacional no sólo defienden los proyectos mineros transnacionales y construyen un andamiaje legal a su favor, sino que además estigmatizan, criminalizan y atacan el accionar de quienes defienden los territorios. El clima de hostigamiento aumenta el riesgo de nuevos arrestos, represalias, vigilancia, violencia policial y continuidad del abuso judicial. La situación es crítica y requiere apoyo urgente para garantizar su libertad y su protección. Facundo y Renzo siguen a la espera de su liberación, en la próxima audiencia del 23 de diciembre previa a la navidad, habrá novedades que esperamos sean favorables a la justicia de los pueblos y la justicia ambiental.