La Comunidad Indígena de Peñas Negras, se ubica en el departamento Belén, provincia de Catamarca, reivindica un territorio ancestral de aproximadamente 32.415 hectáreas, con bases territoriales en Hunquillar y Ciénaga Redonda, organizado históricamente según formas andinas de ocupación y gestión del ecosistema. Desde comienzos de septiembre, empresas mineras autorizadas por el Gobierno de Catamarca intentan avanzar con tareas de prospección en la zona. Cuentan con autorización provincial, pero no con el consentimiento de Peñas Negras.

Integrantes de Peñas Negras permanecen organizados en el territorio para impedir el ingreso de personal y vehículos vinculados a estas empresas. En ese contexto, la comunidad y su representación legal han denunciado hostigamiento, intimidaciones, violencia física y una fuerte presencia de efectivos de la Policía de Catamarca, así como dificultades para la circulación y el normal desarrollo de la vida comunitaria.

Desde 2021, Peñas Negras viene atravesando un proceso de creciente conflictividad asociado al avance de actividades mineras y a la falta de garantías efectivas para el ejercicio de sus derechos territoriales y de participación. La comunidad inició ese año su proceso de organización y reconocimiento y realizó la correspondiente tramitación ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 

A comienzos de septiembre de 2026, la comunidad denunció un nuevo intento de ingreso de personas vinculadas a la actividad minera y se declaró en estado de alerta y asamblea permanente.

En Peñas Negras viven familias que sostienen formas de producción estrechamente vinculadas al territorio y a la ganadería de altura. Crían llamas y ovejas y producen lana, tejidos, quesos y carne. “Nosotros queremos mantener nuestra naturaleza viva, como es”, explicó recientemente Martín Marcial Pachado, secretario y vocero de la comunidad.

Qué implica este conflicto

En el centro del conflicto se encuentran concesiones mineras vinculadas a Minera Millaray S.A., identificada como concesionaria, y a Elevado Gold S.A. y Amalaya S.A. como operadoras, cuyos trabajos fueron autorizados por el Ministerio de Minería de Catamarca. Elevado Gold integra un entramado empresarial con participación de capitales australianos y mantiene presencia en proyectos mineros de Catamarca desde años anteriores.

Peñas Negras ha manifestado expresamente su oposición al desarrollo de actividades extractivas dentro del territorio que reivindica como ancestral y denuncia que no se garantiza adecuadamente su derecho a la consulta libre, previa e informada antes de autorizar actividades susceptibles de afectarles directamente.

El conflicto ocurre en un territorio de enorme fragilidad ambiental e hídrica. La región de Laguna Blanca forma parte de la Reserva de Biosfera Laguna Blanca del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de UNESCO, mientras que parte de la región integra el sitio Ramsar “Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca”, un sistema de humedales altoandinos caracterizado por cuencas endorreicas y ecosistemas extremadamente frágiles. En un territorio marcado por la extrema aridez, el agua resulta indispensable tanto para los ecosistemas como para la continuidad de las formas de vida comunitarias.

El Instituto Interdisciplinario Puneño de la Universidad Nacional de Catamarca y el Museo Integral de la Reserva de Biosfera Laguna Blanca han denunciado públicamente irregularidades, inexactitudes y omisiones en el Informe de Impacto Ambiental, incluyendo cuestionamientos relacionados con el componente arqueológico y con la ausencia de una evaluación integral de los impactos sociales y antropológicos sobre Peñas Negras.

Lo que sucede en Peñas Negras debe comprenderse también dentro de un proceso más amplio de expansión de la frontera minera en Catamarca y de profundización de políticas destinadas a facilitar grandes inversiones extractivas mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Frente a este escenario, nos preocupa especialmente la utilización de las fuerzas de seguridad en conflictos territoriales atravesados por intereses empresariales. La comunidad denunció golpes, amenazas, utilización de gases y restricciones a la circulación. La Policía de Catamarca negó que haya existido una represión y sostuvo que intervino frente a enfrentamientos ocurridos en el lugar.

Solidaridad con la Comunidad de Peñas Negras

Desde Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina expresamos nuestra solidaridad con la Comunidad Indígena de Peñas Negras y acompañamos su defensa del territorio, el agua y sus formas de vida. Ante la continuidad del conflicto, hacemos un llamado a organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos y movimientos populares de Argentina y de otros países a acompañar y amplificar la situación que atraviesa la comunidad.

Solicitamos solidaridad internacionalista para exigir:

• el cese inmediato de toda forma de violencia, hostigamiento, persecución e intimidación contra la Comunidad Indígena de Peñas Negras y quienes acompañan la defensa de su territorio;
• la garantía de la integridad física, la libre circulación y el derecho a la organización de las familias y autoridades comunitarias;
• el retiro de las fuerzas de seguridad de cualquier función destinada a garantizar el avance de intereses empresariales sobre territorios indígenas en conflicto;
• la suspensión de toda actividad minera susceptible de afectar el territorio de Peñas Negras mientras no se encuentren plenamente garantizados sus derechos;
• el respeto efectivo del derecho a la consulta libre, previa e informada frente a cualquier medida o proyecto susceptible de afectar directamente a la comunidad;
• la investigación de los hechos de violencia denunciados y la determinación de las responsabilidades correspondientes;
• la protección integral del agua, los humedales altoandinos y los ecosistemas de los que dependen Peñas Negras y las demás comunidades de la región.

Mientras continúa el conflicto  Peñas Negras permanece organizada en el territorio y sostiene su decisión de defender el agua, sus formas de vida y el derecho colectivo a decidir sobre su territorio.  

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