Mientras el gobierno argentino profundiza su alianza con los grandes inversores, las comunidades siguen resistiendo en defensa de sus territorios. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) avanza en sentido contrario a los derechos humanos, consolidando una arquitectura de impunidad que favorece a las empresas transnacionales. En contraste, crece en la región el impulso por un Tratado jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, actualmente en negociación en el marco de la ONU, que establezca obligaciones claras en materia de derechos humanos y ambientales y garantice justicia para las comunidades.
Blindaje para las corporaciones, retroceso para los pueblos
En junio de 2024, el Congreso argentino aprobó la llamada “Ley Bases”[1], impulsada por el presidente Javier Milei. Dentro de su articulado, el RIGI se erige como una pieza clave del nuevo andamiaje jurídico que promete “seguridad” a las grandes inversiones privadas en sectores como minería, energía, agroindustria e infraestructura.
Pero esa “seguridad jurídica” no es para los pueblos, sino para las corporaciones. El RIGI habilita a las empresas a recurrir a tribunales de arbitraje internacional –como el CIADI del Banco Mundial– si consideran que una medida estatal afecta sus intereses económicos. Así, pueden demandar al Estado argentino por millones, incluso cuando las medidas busquen proteger el agua, la salud o los derechos de comunidades indígenas.
Argentina es el país más demandado del mundo ante el CIADI y lidera en América Latina con 60 casos registrados, por delante de Venezuela (42) y México (27). Solo el 13 % de los casos resueltos favorecieron al Estado, mientras que el 87 % fueron ganados por los inversores, ya sea mediante laudos o acuerdos[2]. A nivel regional, los laudos arbitrales obligaron a los gobiernos a pagar más de USD 33.600 millones, y desde fines de 2024 Argentina enfrenta 7 demandas vigentes que suman más de USD 2 500 millones en reclamos directos[3]. Con el RIGI, se institucionaliza la puerta giratoria de la impunidad: un marco que empresas como la minera suiza Glencore -con más de 30 años de operaciones en Andalgalá y un historial de demandas contra Estados en la región- ya solicitó aprovechar.
El mensaje es claro: el capital transnacional no solo busca llevarse el litio o el cobre; también pretende arrasar con la soberanía jurídica y ambiental de los pueblos.
Fiambalá, Catamarca. Proyecto minero de litio Tres Quebradas. Fotografía: Tierra Nativa.
Desde los territorios: defensa, denuncia y propuesta
En este contexto, desde Tierra Nativa participamos activamente en espacios de articulación regional e incidencia internacional para frenar el avance de la impunidad corporativa.
El 30 de junio, fuimos parte del taller “Personas defensoras del ambiente y protección ambiental en las Américas”, convocado por la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH. Allí denunciamos que, además de la represión, las empresas aplican tácticas como la fragmentación comunitaria y el uso de demandas judiciales abusivas (SLAPP) para agotar a quienes defienden el territorio. También advertimos sobre cómo algunos gobiernos del Norte Global usan un discurso de “protección” que no se traduce en restricciones reales a sus propias empresas.
Estas reflexiones fueron retomadas por el relator Javier Palummo, quien subrayó la urgencia de abandonar los enfoques victimizantes y reconocer la legitimidad política de las personas defensoras.
Diálogo desde el NOA: voces comunitarias y organismos internacionales
El 7 de julio, participamos del conversatorio “Minerales, ambiente y derechos humanos en el Noroeste Argentino”, realizado en la Universidad Nacional de Salta. Allí compartimos el espacio con comunidades indígenas, organizaciones sociales, académicos/as y referentes internacionales como Javier Palummo (REDESCA) y Fernanda Hopenhaym, integrante del Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Es clave diferenciar este grupo del Grupo Intergubernamental de Trabajo que negocia un Tratado jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos en la ONU. El grupo de Expertos que integra Hopenhaym promueve los Principios Rectores de la ONU –de carácter voluntario–, hoy reempaquetados como supuesta “obligatoriedad” bajo la figura de la Debida Diligencia Reforzada[4]. Esta estrategia, lejos de garantizar justicia, busca invisibilizar el Tratado Vinculante y sostener intacta la arquitectura de impunidad de las empresas transnacionales.
Durante el encuentro se denunciaron los impactos del extractivismo en la región: uso intensivo de agua en zonas con crisis hídrica, falta de consulta previa, criminalización de la protesta y reconfiguración violenta de los territorios.
Francisca Beatriz Perea, referente de Fiambalá (Catamarca), lo expresó con claridad:
“La minería de litio en salmuera no es minería tradicional: es minería de agua. Se desarrolla en un desierto de altura, donde lo que más escasea es el agua. Y la mayor parte de la que se extrae es fósil, atrapada en acuíferos confinados que no se recargan.”
Y agregó:
“Hoy las comunidades indígenas en general son excluidas de las tomas de decisiones sobre los territorios donde viven. Son decisiones que les afectan y que tienen derecho a ser consultadas.”
Evento “Minerales, ambiente y derechos humanos en el norte argentino”. Fotografía: Tierra Nativa.
Responsabilidad empresarial: ¿compromiso real o lavado verde?
El 10 de julio participamos de un conversatorio en la Facultad de Derecho de la UBA sobre la Opinión Consultiva 32/23 de la Corte Interamericana en materia de emergencia climática y derechos humanos.
Allí se discutió el rol de las empresas transnacionales frente a la crisis climática. Desde Tierra Nativa celebramos que sectores institucionales comiencen a hablar de responsabilidad empresarial, pero alertamos que muchos discursos buscan sustituir el Tratado Vinculante por marcos voluntarios disfrazados de obligatorios bajo la diligencia debida reforzada, sin mecanismos reales de sanción ni justicia para las víctimas.
Por eso insistimos: Los pueblos no necesitan buenas intenciones corporativas: necesitan reglas claras, obligatorias y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Una lucha regional: Tratado Vinculante y soberanía para los pueblos
Bajo la convicción de que la impunidad empresarial no se combate con buenas prácticas, sino con normas claras y obligatorias, desde ATALC se viene construyendo una estrategia regional por un Tratado Vinculante ambicioso y eficaz, junto con los movimientos sociales aliados agrupados en la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.
Junto a más de 250 organizaciones de la Campaña Global por la Soberanía de los Pueblos, el Desmantelamiento del Poder Corporativo y el Fin de la Impunidad, este proceso se impulsa ante Naciones Unidas desde 2014, combinando acciones de presión internacional con estrategias nacionales, como leyes marco sobre empresas transnacionales y derechos humanos.
En este marco, la Red Interparlamentaria Global (GIN) se consolida como un actor clave para acercar la voz de los territorios a los espacios legislativos.
Frente a mecanismos como el RIGI, que consolidan la captura corporativa del Estado, la disputa es clara: o se protege el capital de las empresas transnacionales, o se protege la vida de los pueblos. Desde Argentina y América Latina, seguimos apostando a lo segundo.
*Artículo elaborado por Giuliana Alderete para ATALC
RIGI y Tratado Vinculante: dos caminos opuestos en la disputa por los territorios
[1] Tierra Nativa (2024), La Ley Bases atenta contra nuestra soberanía. Disponible en: https://tierranativa.org.ar/la-ley-bases-atenta-contra-nuestra-soberania/
[2] Los laudos arbitrales son resoluciones dictadas por tribunales internacionales de inversión -como el CIADI- en controversias entre empresas transnacionales y Estados. Este mecanismo forma parte del sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), ampliamente cuestionado por su sesgo pro-corporativo y por limitar la capacidad regulatoria y la soberanía de los países del Sur Global.
[3] ¹ ISDS América Latina. (2025). En números. Recuperado el 11 de agosto de 2025, de https://isds-americalatina.org/in-numbers/;
[4] Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC). (2024, 25 de noviembre). Mapeo Sobre iniciativas de leyes de regulación empresarial. Disponible en: https://atalc.org/2024/11/25/3644/
ISDS América Latina. (s.f.). En números. Recuperado el 11 de agosto de 2025, de https://isds-americalatina.org/in-numbers/
University of Pennsylvania. (2023). Exploring Latin America’s ICSID arbitration landscape. Penn Law: Legal Scholarship Repository. Recuperado de https://repository.upenn.edu/bitstreams/18c90ae7-208b-42b6-91c0-a0dfcc3f79bb/download
