Andalgalá sigue de pie contra la megaminería

En marzo de este año, en un contexto de emergencia sanitaria y beneficiados por la pandemia, el proyecto minero “MARA”, bajo su beneficiosa condición de “esencial”, avanza sobre los territorios con la exploración del cerro Aconquija. Todo esto mientras las comunidades se encontraban en aislamiento preventivo y obligatorio y no podían circular ni movilizarse. Esta situación genera una profunda indignación en Andalgalá, un pueblo que se viene manifestando hace 10 años en defensa del agua. 

Foto: Asamblea El Algarrobo

El sábado 10 de Abril se realizó la marcha número 584, y al mismo tiempo un grupo de personas no identificadas incendió las oficinas de la minera. Las fuerzas policiales estuvieron ausentes en todo el proceso,  pero sin embargo el lunes 12 de abril, la policía de Catamarca comenzó una serie de allanamientos violentos en domicilios particulares de integrantes de la Asamblea el Algarrobo. Aunque en las casas no hubo resistencia, los efectivos rompieron puertas e ingresaron con violencia golpeando a varios activistas. Sin pruebas se llevaron detenidas a 12 personas. Fueron varios días de incertidumbre y temor entre los que se denuncia no solamente allanamientos violentos y golpes, sino amedrentamientos, policías filmando de manera ilegal a activistas socioambientales, vehículos sin patente vigilando las casas, guardias ante las familias, entre otras irregularidades. 

Mientras esto ocurría, y las personas detenidas durante dos semanas,  esperaban por su libertad recibiendo muestras de solidaridad nacional e internacional, Yamana Gold, Glencore y Newmont, seguían explorando el cerro sin ninguna interrupción.

Les detenides finalmente fueron liberados pero enfrentan cargos judiciales aún sin existir pruebas que les incriminan en el incendio de las oficinas. 

La comunidad sigue luchando, y en agosto de este año llegaron a las 600 caminatas por el agua y la vida, a pesar de los amedrentamientos y criminalizaciones, amenazas de grupos  pro-mineros, audiencias públicas falaces, falta de información pública e intentos de lavado verde de cara de la minera a través de ONGs del establishment  en nombre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

La minera sigue explorando, y lo sigue haciendo el día de hoy, sin licencia social y sin cumplimiento de las leyes  y tratados internacionales vigentes. 

La impotencia es mucha. La violencia simbólica a la que son sometidos los pobladores que no son escuchados es enorme. La inacción gubernamental se traduce en connivencia entre el poder político y las empresas transnacionales. 

Recientemente en septiembre, les jóvenes de Andalgalá escribieron una carta al presidente Alberto Fernández, relatando la lucha de este pueblo desde el año 2010, cómo fueron testigos de su infancia de la violencia institucional contra sus familias y ” la historia de un pueblo que no solo lucha contra una multinacional extranjera, sino también ante sus supuestos representantes”  les jóvenes dicen ” nos gustaría tener la posibilidad de elegir Andalgalá como nuestro lugar dónde vivir, estudiar y en un futuro tener nuestra familia, o no. Queremos poder elegir!” les jóvenes exigen que bajen las máquinas de su cerro, que dejen de violar sus derechos qué son vulnerados hace más de 10 años. Insisten en que las nuevas generaciones tampoco dan licencia social a la megaminería en Andalgalá y “solo quieren vivir en paz”.

En octubre, los juzgados locales comenzaron a citar a las mujeres, bajo cargos como “pintadas en las paredes”. “Si es por defender el agua, tendrán que judicializarnos a todos” aseguran desde  Pucará, el espacio provincial que articula luchas por la resistencia y la autodeterminación.  

Durante los primeros días de noviembre, la Asamblea presentó denuncias por tratos crueles y torturas que sufrieron los vecinos y vecinas y sus familiares en los allanamientos y detenciones del mes de abril. 

La solidaridad con Andalgalá continúa y crece porque su reclamo es legítimo, su entereza contundente, su amor por el territorio, conmovedor. Pero sobre todo, Andalgalá es un ejemplo de organización y resistencia comunitaria que va más allá de sus límites geográficos para reaparecer con mil formatos en cualquier territorio en resistencia del mundo. Acompañamos a este pueblo que sigue caminando y poniendo la vida en el centro. 

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: sus consecuencias en la soberanía alimentaria

El acuerdo Unión Europea – Mercosur  se negoció a puertas cerradas durante 20 años, bajo un proceso absurdamente largo, con ocultamientos que impidieron la participación ciudadana de los pueblos de ambos bloques económicos y que, consecuentemente se generó un gran desconocimiento popular de sus posibles impactos. Durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se cerró un preacuerdo en sólo seis meses a través de negociaciones poco transparentes y con una gran carencia de información pública. El tratado favorece el comercio privado y disminuye el control público, proponiendo  garantías sólo para el poder económico y propiciando la reprimarización de las economías y las políticas extractivistas en la región. Por ende, debilita las democracias que ya se encuentran bajo ataque en nuestro continente.

 


Al contrario de lo que los grandes grupos económicos proponen, la aprobación de este acuerdo de libre comercio no trae soluciones para la actual crisis profundizada por los estragos de la pandemia del COVID-19, sino que generaría graves consecuencias sociales y ambientales que se traducen en la pérdida de soberanía en términos económicos, políticos, productivos y alimentarios para nuestro país y la región.

El Acuerdo pone en jaque la soberanía y seguridad alimentaria, generando condiciones para la expansión del agronegocio y el monocultivo agrario (especialmente el de soja). El aumento de la frontera para cultivo y pastura provocará el incremento de desmontes e incendios forestales, atentando contra la biodiversidad de nuestra región, disminuyendo la disponibilidad de agua potable, y aumentando la emisión de gases de efecto invernadero. En la misma línea, se liberaría aún más la importación de agrotóxicos producidos (y no consumidos) en Europa. Esto constituirá, además de una amenaza a la salud, un tratamiento aún más desigual entre países periféricos y centrales 

En materia de comercialización, una de las cláusulas que este acuerdo plantea es la apertura a empresas europeas para el abastecimiento de la compra pública, lo que  afectaría gravemente la producción local y popular que hoy abastece al Estado que, de concretarse, debería competir en licitaciones públicas con empresas europeas en absoluta desigualdad de condiciones.

El sector rural mediano y pequeño se verá afectado por la importación de productos agrícolas europeos, mientras que los grandes monopolios exportadores de agrocomodities se verán beneficiados con la reducción de aranceles, profundizando la concentración de riquezas y desigualdades del sector rural. Este acuerdo va en contra del propio espíritu de integración y cooperación regional del Mercosur, dado que la apertura al mercado europeo rompería las dinámicas internas de comercio entre los países de la región. Es decir, se avanzaría  con una esencia fuertemente extractivista y neocolonial  generando  despojos, desindustrialización y  dolarización de nuestros alimentos e insumos como impacto directo en la vida cotidiana.

 

Sostenemos que atenta contra las democracias de nuestros pueblos porque el acuerdo condiciona enormemente  el rol del Estado y su capacidad para  ejercer  soberanamente  políticas públicas y brindar servicios públicos. A su vez, en materia de empleo,  el acuerdo no otorga ningún papel a los sindicatos para monitorear y garantizar el respeto de los  compromisos con las normas laborales internacionales fundamentales y no reconoce la creación de un Foro Laboral específico impulsado por los sindicatos, que supervise la implementación de la dimensión laboral. En consecuencia, el acuerdo desconoce el rol democrático de los interlocutores sociales como agentes fundamentales del desarrollo sustentable.

Estas consecuencias en el ámbito del trabajo remunerado, afectarían más a las mujeres, aumentando la brecha salarial, la informalidad laboral, la feminización de la pobreza e incluso la violencia de género, al profundizar la dependencia económica de muchas mujeres precarizadas o desocupadas. 

El escenario para frenar este acuerdo es desfavorable: actualmente la mayoría de los gobiernos del MERCOSUR estarían votando a favor de su ratificación definitiva, incluso en detrimento del propio bloque económico. Luego de cerrado, acordado y aprobado por el Congreso de la Nación, los gobiernos deben cumplir el acuerdo, sean cuales fueran las consecuencias en nuestra vida cotidiana. 

Mientras nos organizamos para construir poder popular en contra del acuerdo junto a   organizaciones campesinas, sociales y de base, buscamos visibilizar que otra forma de producción es posible, trabajando simultáneamente para la construcción de políticas de producción y comercialización de alimentos que estén regidas por los principios de la justicia ambiental, social, de género y económica y en consecuencia,  se opongan taxativamente a las políticas que impondría la ratificación del acuerdo UE-MERCOSUR.