En la provincia se acaba de aprobar una reforma constitucional con graves problemas de procedimiento: no respetó los plazos previstos ni permitió la participación de distintos sectores sociales; no se compartieron los detalles de los artículos que impactan sobre el derecho a la protesta; no se garantizaron las condiciones de acceso a la información y participación pública necesaria y previa para la definición de contenidos sobre regulación ambiental.

El régimen de aguas, propiedad, autorizaciones y licencias para exploración o explotación ambiental se conocieron ya con el proceso de votación de la reforma cerrado.

Horas después de su aprobación, en varios puntos de la provincia se produjeron movilizaciones de rechazo por parte de trabajadorxs, organizaciones sociales, estudiantes y pueblos originarios en contra de la reforma de la constitución y por el derecho a la protesta.

La marcha fue multitudinaria, pero la reforma se aprobó igualmente. EL gobierno de Jujuy lanzó una feroz represión a las manifestaciones en varios lugares de la provincia. Los resultados de esta represión fueron 30 detenidos (incluyendo periodistas y una diputada), existen denuncias de desaparecidos y fallecidos.

Las comunidades indígenas aseguran que esta nueva constitución está orientada a garantizar la explotación del litio por parte de las corporaciones trasnacionales y sus socios locales, a través de represión, judicialización y desalojos.

Nos sumamos a las voces de todo el país que exigen la suspensión de la modificación de la constitución modificada de manera antidemocrática y el inmediato cese de la represión y la violencia contra las comunidades jujeñas. Responsabilizamos al gobernador Morales por la integridad de lxs manifestantxs y el respeto por los derechos de los pueblos y sus Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia.