Ante la nueva oleada privatizadora que amenaza nuestro país, creemos indispensable revisar los antecedentes de la privatización del agua en Argentina, lo que nos da pistas sobre las consecuencias de la mercantilización del bien común. Sobran los motivos para oponerse a la privatización del agua, estos son algunos.

En 1912 se creó la empresa Obras Sanitarias de la Nación con el objetivo de detener la epidemia de Fiebre Amarilla que asolaba a la población de Buenos Aires desde fines de 1800. Para 1980 la empresa centralizaba los servicios de agua en todo el país articulando con las provincias. En la década del 90, se privatizó el servicio de agua y saneamiento en varias ciudades incluida Buenos Aires y el área metropolitana, Tucumán,  Córdoba, Santa Fe y Mendoza. El decreto de privatización data de 1993. La letra decía que se transferían todos los derechos (pero no las deudas) de la empresa pública a la nueva empresa privatizada: Aguas Argentinas sociedad anónima, por 30 años. Los socios mayoritarios en esta nueva corporación fueron Suez-Lyonnaise des Eaux (de origen francés) y el grupo nacional Soldati. Había sido la empresa de saneamiento más grande dada concesión en el mundo, con seis millones de usuarios.

Luego de 13 años de gestión transnacional,  la empresa de agua y saneamiento más grande del país, encargada de proveer agua potable y saneamiento a millones de personas, había incurrido en una serie de negligencias que incluían la contaminación del acuífero Puelche y el Río de la Plata, así como un aumento de las tarifas del 475%. Estos hechos impulsaron al Estado Argentino a recuperar la empresa en el año 2006. La nueva empresa pública de agua llamada AySA (Aguas y Saneamiento Sociedad Anónima) se creó con el 90% de las acciones como propiedad del estado y el 10% para los trabajadores de la empresa.

Por supuesto la corporación transnacional no tardó en presentar acciones legales en tribunales arbitrales internacionales establecidos por el Banco Mundial por 1.3 billones de dólares.  En el año 2010, 4 años después de recuperar la empresa privatizada y cinco días antes de que la ONU declarara el derecho al agua limpia y la sanidad como un derecho humano esencial, el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias relativas a las Inversiones) dictaminó en contra de Argentina. Esta sentencia se hizo efectiva en 2015 y condenó a nuestro país a pagar 405 millones de dólares a la Suez por haber cancelado la concesión en 2006.

Cabe resaltar que estos tribunales de arbitraje internacional son duramente criticados y cuestionados en todo el mundo por beneficiar a las empresas transnacionales en detrimento de los pueblos, con severos problemas de imparcialidad y conflictos de interés. No existen tribunales donde las personas y los estados puedan acudir para protegerse de las empresas y sus abusos, pero sí imperan en todo el mundo instancias de amparo para el accionar corporativo.

Nuestra Empresa de agua enfrenta muchísimos desafíos. Uno de ellos es conseguir el 100% de cobertura de agua potable y saneamiento para el área de concesión, incluyendo todos los territorios, no solamente aquellos que puedan pagar por el agua. En áreas urbanas, aún 1 de cada 10 personas no accede al agua potable. Según el informe 2022 de AySA, durante ese año se incorporaron al servicio 71.867 personas del conurbano bonaerense, llegando el total de la cobertura al 86,62%. En muchos de estos barrios populares el agua no llegaría sino de mano de una empresa pública: estas obras se realizaron con mano de obra del Plan Agua + trabajo.

Los mercaderes del agua discuten los beneficios económicos de la compañía, sin considerar las variables ambientales, sociales y de salud pública que implican. Para un servicio de agua digno para todes, solamente un Estado fuerte y protagonizado por los pueblos puede garantizar estos derechos, y las inversiones en obra pública resultan fundamentales e insoslayables. Las corporaciones trasnacionales rondan el agua constantemente, buscando oportunidades de negocio cuando detectan posibles cesiones de soberanía. Por sólo citar un ejemplo, desde el año pasado, aumenta la preocupación y el rechazo por el convenio firmado por el país con la empresa israelí Mekorot, denunciada mundialmente por impedir el acceso al agua a población palestina en su país de origen.

Si bien en Argentina el Derecho al Agua no tiene rango constitucional, existe el artículo 41 en la misma Constitución Nacional, que obliga al Estado a proteger el ambiente y garantizar una vida digna para las actuales y futuras generaciones, y esto está inextricablemente vinculado al agua.

La primacía de las corporaciones transnacionales en cuestiones vitales para la vida como el agua, encierra riesgos enormes. El agua es un bien común cuyo valor excede una aproximación económica. Es indispensable para la vida y por eso fue reconocida como un derecho fundamental por la ONU. Este derecho no tiene precio y no debe generar beneficios económicos, por ello no puede ser gobernado por las reglas del mercado. Una empresa de aguas debe tener como meta lograr el acceso al agua y al saneamiento para todes, y no el enriquecimiento de unos pocos.

Hoy, nuevamente nos encontramos ante la amenaza de privatización de AySA, ya que se encuentra incluida en la nómina de las 11 empresas plausibles de ser privatizadas según la polémica «Ley de bases» que se discutirá en el senado en las próximas semanas. La historia nos demuestra que entregar nuestras empresas de bien público a manos privadas simplemente no funciona, y mucho menos en un país periférico como Argentina, donde el accionar corporativo nunca garantizó los derechos de las mayorías ni preservó su salud.

Garantizar el derecho fundamental al agua para toda la población debe ser la prioridad de toda la sociedad a través del Estado. Para esto, es fundamental  preservar las fuentes de este bien de quienes buscan su adueñamiento, sobreexplotación o privatización. Es un emergente cultural, ambiental y político  que se disputa como un factor de poder económico. De ahí radica la peligrosidad de dejarla en manos del mercado, sea privatizando empresas públicas, permitiendo la explotación intensiva y descontrolada a los grandes consumidores, o la contaminación sin más.

El agua debe estar disponible para las necesidades de la población y sus ecosistemas, garantizando el derecho al agua en calidad y cantidad adecuada, así como la preservación de los ecosistemas que preservan el agua y su biodiversidad. La sociedad debe garantizar el cuidado colectivo del agua. No debemos permitir una nueva privatización del agua, sino garantizar una gestión que debe ser eficiente, sustentable, justa y democrática. Esperamos que los representantes legislativos de nuestro país prioricen a nuestro pueblo y su agua, y no privaticen nuestras empresas públicas.

Fuentes consultadas

Peoples Rigths Confronting Corporate Power in Latin America. 2017. Friends of the Earth International.
Informe de coyuntura sobre Acceso e igualdad al agua y al saneamiento-marzo 2021-Ministerio de Obras Públicas
Salvatico N. (2023, 3 de agosto). ¿Es posible una crisis del agua en Argentina? Agencia Tierra Viva. Disponible en: https://agenciatierraviva.com.ar/es-posible-una-crisis-del-agua-en-argentina/
Aysa, Informe Anual 2022. Disponible en:
https://www.aysa.com.ar/media-library/usuarios/informacion_util/informes_anuales/Informe_Anual_2022.pdf