Mujeres defensoras del agua de las montañas en Argentina

Desde los cortes de ruta al pie del Cerro hace más de una década, la defensa de las fuentes de agua en los Andes sigue vigente hasta hoy, cuando la minería a cielo abierto se presenta como una solución a esta nueva crisis que enfrentamos. En esta lucha contra las corporaciones, la labor de las mujeres es indispensable y muchas veces anónima. Nos permitimos un recorrido por tres provincias para replicar voces de las guardianas del agua.

La minería es como una moneda que refleja en una de sus caras el extractivismo, y en la otra  el capitalismo neoliberal,  con las que paga un modelo de desarrollo insustentable al que suele llamarse vulgarmente “progreso”, enmarcado por un mercado omnipresente que garantiza la impunidad y el beneficio de las corporaciones transnacionales y las élites económicas, mientras amenaza los derechos de los pueblos y la naturaleza. Los gobiernos supeditan las políticas públicas a este contexto, vulnerando entre otros el derecho al agua que es también un derecho colectivo y se vincula íntimamente con los procesos comunitarios y la defensa de los territorios y los bienes comunes.

En la provincia de San Juan existe Jachal, un departamento situado al norte de la provincia y al este del emprendimiento Veladero, una mina a cielo abierto que explota oro y plata. Allí funcionaba el grupo  Madres  Jachaleras, un grupo de mujeres que comienza a luchar en el año 2002, cuando se hace presente la minería en la comunidad consultando acerca de la opinión sobre el cuidado del medio ambiente, a pesar de que estaba instalada desde 1996 sin consulta previa.

“La promesa del progreso era el sueño de todos, porque no habíamos visto con nuestros propios ojos el impacto de la minería” afirma María José, miembro del grupo. “Cuando nosotros salimos casa por casa a levantar firmas, la minera iba detrás nuestro con los televisores, los dvd y el cd (…) llevan asistentes sociales, contratan psicólogos, los visitan en la casa…para convencerlos de que está todo bien (…) es un despliegue impresionante… nosotros íbamos en bicicleta y ellos iban en unos autazos, a la gente le daba risa.”

En una zona semidesértica, el único río con el que contaba la población era el Río Jachal, y fue destruido por la minera. Primero se contaminó el agua, después comenzó a escasear el agua, y finalmente se han contaminado las napas. La denuncia de María José se remonta al año 2013, pero en los años 2015, 2016 y 2019 ocurrieron derrames de miles de litros de líquido contaminante a la fuente, lo que sigue empeorando la situación hasta hoy, y con total impunidad de la minera trasnacional  Barrick Gold, a cargo de la explotación del yacimiento. Desde enero de este año, la Asamblea Jachal No se Toca, herederas de la iniciativa de las Madres Jachalleras, reclama que el sistema de distribución domiciliaria que trae agua del río, contiene mercurio y otros residuos peligrosos[i].

Al norte de Jachal se encuentra la provincia de La Rioja. Allí en 2012, se inicia un corte de ruta  para impedir el paso de los camiones mineros hacia el cerro Famatina.  En el campamento, emplazado en las afueras de Alto Carrizal, el poblado más cercano al pie del cerro, un nutrido grupo de vecines y activistas mantenían el bloqueo  de manera colectiva.  Muches visitamos este espacio por ese entonces.  Cuando llegamos,  recibimos nuestra asignación de tareas, entre ellas la guardia de la medianoche en una casilla al lado del camino donde estaba la barrera , en la que siempre había un grupo de personas en vigilia. En ese espacio conocimos a María Luisa “muñeca”, a Daniela, a María Eugenia  y  muchas otras mujeres de todas las edades haciendo guardia a la par de los varones por el agua de su pueblo, entre risas pero con solemnidad, nos compartieron historias de lucha y de orgullo por su tierra. “Los cerros son nuestros, es del pueblo, y nosotros no queremos que lo exploten, es nuestro, es como si fuese nuestro hijo. Yo cuando dijeron que lo iban a explotar en 2006 ya me puse loca (…) no todos tienen esa posibilidad de tener una belleza como tenemos nosotros”[ii]

En La Rioja la minera no pasó esa vez, y luego tampoco.  Hasta 2018 la comunidad al pie del Famatina rechazó la instalación de 5 empresas mineras.

Pero la disputa por el territorio nunca se termina porque las comunidades viven sobre montañas que albergan enormes riquezas y son asediadas por el poder económico.

Luego muchos intentos y no pocos fracasos, las corporaciones transnacionales despliegan novedosas estrategias de legitimación, una de esas es su autodenominado rol fundamental en la economía, mediante el cual derramarían  riqueza para la recuperación de nuestro país luego de la crisis del COVID. Mientras esto dicen, las empresas mineras siguen funcionando en pleno aislamiento de cuarentena como “actividad esencial” y dispersan el virus en las poblaciones andinas, cómo ocurrió en Catamarca. Dice Silvina, de la Asamblea el Algarrobo de esa provincia: “Nosotros pensamos que la actividad minera no es esencial. De hecho los primeros casos de COVID en Catamarca fueron empleados mineros y consideramos desde la asamblea que el agua es esencial, no la actividad minera.”

Catamarca es la provincia al norte de La Rioja y allí encontramos a Andalgalá, una pequeña ciudad en la falda del Cerro Aconquija, en la que habitan 20.000 habitantes. Andalgalá  padece hace 20 años la explotación minera y sin embargo es una de las zonas más empobrecidas de la del país. En 1995 se otorga la concesión de yacimientos Mineros agua de Dionisio a Minera Alumbrera. El proyecto “Bajo La Alumbrera” es la mina en  funcionamiento más grande de Argentina. Tiene denuncias y causas penales en tres provincias por contaminación y violación de derechos. Luego de la instalación de este yacimiento, se sucedieron otros proyectos de mayor envergadura todos ubicados en el Aconquija.

Las poblaciones que resisten, padecen persecución ideológica y violencia institucional a través del uso de la fuerza policial contra las comunidades. Las mujeres denuncian que están expuestas no sólo el riesgo de ser defensoras del agua, sino al escarnio público del patriarcado. Una participante de un grupo feminista de la provincia denuncia “hablando con las mujeres vemos que se puede llegar a algo, pero va a ser un conflicto tremendo, y es exponerlas más de lo que ya están expuestas”

Una mujer agricultora de Andalgalá, cuya identidad prefiere preservar, nos dice: “La vida la garantizamos los pueblos, con nuestro cuerpo y con organización y con el trabajo diario función del alimento, función de la vida. Y cada vez se hace más difícil, hay cada vez más poblaciones en jaque por estos intereses. El pueblo sale a caminar todos los sábados desde hace más de 11 años en contra de la minería a cielo abierto y en defensa del agua. Milita la causa en su cotidianeidad, todos los días, y eso se va inculcando en nuevas generaciones de niños y niñas que lo incorporan.”

La disputa con la minería no es sólo por el agua, es sobre el modelo de desarrollo que encarna, el tan inasible “progreso”.  Para indagar en estos imaginarios, en 2020 entrevistamos a habitantes de la Cuenca del Salar del Pipanaco, en la provincia de Catamarca. Hablamos del agua y de sus proyectos de vida. Nos hablaron de resistencias, de la dignidad humilde y se preguntan: “¿Cómo no vamos a luchar? ¿No secamos junto a la Tierra?”

Una mujer productora y tejedora campesina, al preguntarle sobre su visión del desarrollo contesta: “la vivienda en primer lugar, tendría que haber mucho más desarrollo en las cosas más importantes más necesarias”. Para los campesines, el vínculo de la agricultura con el agua es esencial. “La conciencia de que toda el agua está relacionada y que conecta los pueblos, puedo decir que sí está, por qué los productores y la gente que habita los territorios, así lo ve.”

Para las agricultoras, “tenemos que pensar en un desarrollo inclusivo en un desarrollo en relación, un desarrollo integral, un desarrollo mirado desde las comunidades, que quizás ya lo estamos haciendo… Es lo que se ve, es lo que está”.

En Los Andes se habla de comunitarismo, y las comunidades se aglutinan en torno al agua.

“No se puede poseer ese algo sin dueño” dice la poesía de la Reina Mora qué leyó Rosa, integrante de la Asamblea el Algarrobo, en el primer Encuentro Latinoamericano por el Agua realizado en la ciudad de Catamarca en 2018.  Miles son las guardianas del agua, y no se encuentran sólo en la montaña: la “madre de todas las batallas”,  Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo,  a los 87 años  viajó a Catamarca y se dirigió a la multitud que asistió al Encuentro con estas palabras: “Toda la lucha nuestra es puro compromiso, si no sale de adentro, no vale (…) hoy venimos a defender el agua (…) primero vinieron por nuestros hijos e hijas ahora vienen por el agua” “A la protesta hay que transformarla en propuesta. Que nadie diga estoy cansado” dice una luchadora incansable;  y con su ejemplo contagia todes les demás, porque el agua no se vende ¡se defiende!

 

*Texto realizado por Natalia Salvático para www.capiremov.org 

[i] https://noalamina.org/argentina/san-juan/item/44832-san-juan-denuncian-falta-de-agua-potable-en-jachal-y-contaminacion-por-la-megamineria

[ii] https://www.youtube.com/watch?v=sZEb6T_A7zs&t=1494s

 

21 de marzo: Día Internacional de los Bosques. Es hora de cambios estructurales.

En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de los Bosques, siendo 2013 el primer año en celebrarlo oficialmente.

Esto a la luz de la acelerada perdida de bosques en todo el mundo. La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha determino que desde 1990 se han perdido 420 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo. Una superficie cercana al doble del territorio continental de la Argentina.

Entre los 10 países que más han destruido sus bosques en este periodo se encuentra la Argentina. Aunque los desmontes han sido intensos durante casi todo el siglo 20, en su última década y en las primeras del siglo XXI, la trasformación de bosques en cultivos y pasturas se aceleró.

El paquete tecnológico, integrado por cultivos transgénicos (principalmente soja) agrotóxicos, y una mayor tecnificación basada en combustibles fósiles, ha protagonizado este proceso de perdida de bosques.

Luego de un fuerte activismo socio ambiental, protagonizado por las organizaciones campesinas e indígenas, se sancionaron las leyes de Bosques (N⁰26331) y de territorios indígenas (N⁰26160). Si bien ambas muy importantes para poner coto a el acaparamiento y destrucción intensiva por parte de sector agroindustrial, han sido totalmente insuficientes para asegurar la continuidad de las grandes masas de bosques nativos y los derechos de los pueblos que en el viven.

Luego de 15 años de recorrido de ambas leyes, el paradigma debe cambiar. Una década y media es tiempo suficiente para obtener lecciones importantes. Desde Amigos de la Tierra entendemos que es momento de prohibir totalmente los desmontes y dar carácter permanente a las salvaguardas temporales declaradas en la ley 26160 para los territorios indígenas.

Debemos pasar de un enfoque de discusión del ordenamiento territorial que pretende establecer la convivencia del modelo extractivista con áreas de conservación, a uno basado en objetivos de transición hacia la agroecología de los establecimientos dedicados a monocultivos, a la vez que se priorizan zonas de restauración y se fortalece la gestión comunitaria de los bosques de las comunidades indígenas y campesinas.

Los impactos sociales de la perdida de los servicios ecosistémicos que los bosques brindan, están a la vista de toda la sociedad; sequias e inundaciones más frecuentes e intensas, pandemias, desplazamientos de poblaciones humanas, perdida de productos forestales no madereros y posibilidades de desarrollo a escala local.

Es hora de asegurar los derechos de quien habitan en los bosques y salvaguardar los servicios ecosistémicos que los bosques brindan a toda la sociedad, es hora de parar totalmente los desmontes, fortalecer la gestión comunitaria y comenzar la restauración de los bosques destruidos y degradados.

Es hora de cambios estructurales para salvar los bosques nativos de la Argentina.

 

Análisis del proceso de construcción de las propuestas nacionales para la lucha contra el cambio climático

El informe “Análisis y panorama de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional en Argentina” es un documento de análisis del proceso de construcción de las propuestas nacionales para la lucha contra el cambio climático, en el marco de los acuerdos internacionales de reducción de emisiones. Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional son un conjunto de medidas cuantificables para alcanzar el objetivo meta de Argentina, que al año 2030 pretende no exceder un total de emisiones de 483 millones de toneladas de CO2eq (huella de carbono).

 

 

En su primer parte el documento realiza una descripción sobre el proceso de conformación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, el estado de situación de cada sector económico y productivo en la generación de emisiones, las propuestas sectoriales en metas de reducción de CO2eq. En la segunda parte, el documento realiza una evaluación y análisis crítico de la evolución de los compromisos de reducción, y un análisis sobre los procesos participativos y la incidencia de las voces de las organizaciones ecologistas y la sociedad civil.

 

Resumen del documento:
Capítulo 1. Recorrido por el proceso de elaboración de las contribuciones determinadas a nivel nacional en Argentina.
Capítulo 2. Estado de situación y emisión por sectores. Metas de reducción de emisiones de acuerdo a los planes de acción sectoriales (Energía, Bosques, Transporte, Industria, Agricultura y ganadería, Infraestructura y territorio).
Capítulo 3. Evaluación por sector del cumplimiento de las metas de reducción y mitigación. Análisis de procesos en marcha y falsas soluciones.
Capítulo 4. Análisis de los procesos de participación ciudadana y alternativas desde los pueblos.

Lee aquí el Informe NDC

Acuerdo UE -MERCOSUR: la voz de los sindicatos

por María Mercedes Gould. 

El acuerdo UE – Mercosur se negoció durante largos 20 años. Sin embargo, bajo el gobierno de Mauricio Macri se cerró un preacuerdo en 6 meses bajo negociaciones poco transparentes, sin estudios de impacto oficiales y con una gran falta de información pública. Este acuerdo de esencia colonial, debilitaría a los estados del Mercosur y sus democracias desde lo económico, laboral, comercial,  social y ambiental.
En las últimas conversaciones que mantuvieron Alberto Fernandez (actual presidente pro tempore del Mercosur) con el Primer Ministro de Portugal Antonio Costa se visibilizan intenciones de apresurar la ratificación de este acuerdo y la situación se torna cada vez más preocupante para nuestra región
En esta ocasión, analizaremos las consecuencias que esto conlleva en el mundo laboral y para eso dialogamos con Gonzalo Manzullo, Director de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma Nacional y Delegado titular por la CTA Autónoma en el Foro Consultivo Económico y Social (FCES) del MERCOSUR, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Red Sindical del Sur Global (SIGTUR)

 -Según la cláusula de bilateralidad cuyo consenso fue firmado en la cumbre del Mercosur del 2019 si el parlamento europeo aprueba el acuerdo, solo necesitaría que un país del Mercosur lo apruebe sin la necesidad de lograr primero la ratificación parlamentaria de los restantes países del bloque para que entre en vigor provisionalmente… ¿Esto incluye sólo el pilar comercial? ¿Los países que no hayan firmado tienen herramientas legales para no participar de un acuerdo sin sus procesos democráticos correspondientes?

Este es uno de los puntos más preocupantes. Hay que recordar que la idea de esta cláusula de bilateralidad aparece casi inmediatamente luego del anuncio con bombos y platillos de la supuesta firma del acuerdo durante la presidencia de Mauricio Macri. La verdad es que todavía no podemos decir que esa idea fue desestimada. En su momento se anunció y nos fue comunicado por parte del gobierno argentino como un acuerdo sostenido por los países del bloque Mercosur para justamente poner en marcha el acuerdo con la sola aprobación de uno de los países del bloque. Pensemos por un segundo lo que significa esto: primero que nada dinamita el propio bloque Mercosur porque esto va en contra de sus normas firmantes y de su propio espíritu y de lo que busca construir desde hace tantos años. Pero además generaría una competencia. Por ejemplo, suponiendo que Brasil firma, todo los demás países del bloque deben firmar porque sino quedan en inferioridad de condiciones y empieza una disputa específicamente con lo que tiene que ver con lo comercial. Sólo por mencionar un aspecto, que es realmente muy claro: las cuotas de exportación de carnes del bloque Mercosur no habían sido acordadas cuando se anunció la firma del acuerdo. Es decir, no estaba claro cómo se distribuirían esas cuotas. En esta línea, imaginemos qué pasaría si un sólo país del bloque firma el acuerdo y  lo pone en marcha mientras que los otros no. Esa competencia a la baja destruiría el Mercosur, además de los impactos que ya pone el propio acuerdo inicialmente. 

Hay una idea que viene circulando el último año por parte de la Unión Europea sobre el hecho de que se firme un acuerdo comercial dividiéndolo de los pilares político y de cooperación. No se sabe si va a ser una propuesta que tenga acuerdo para ser llevada adelante pero permitiría un trámite más veloz del bloque de la Unión Europea aprobando solamente el pilar comercial y dejando de lado los otros dos.

La verdad es que todavía no podemos decir que esto sea una voluntad manifiesta pero sí aparecen signos desde la Presidencia del Consejo Europeo en manos del gobierno portugués de avanzar fuertemente con la ratificación de una vez por todas del acuerdo. Así se ha visto, por ejemplo, producto de la comunicación oficial que el gobierno argentino mantuvo con el gobierno portugués hace unas pocas horas donde se reafirma la voluntad de avanzar a fondo con la ratificación del acuerdo. 

Específicamente sobre las herramientas legales que tendrían los países que no lo hayan firmado para participar son muy pocas, dejando un delgado margen de acción. El acuerdo si bien en algunos puntos técnicos específicos no está terminado, pone sobre las espaldas de los países del bloque Mercosur un nivel de obligatoriedad del cual es muy difícil salir. Únicamente queda la posibilidad de no aprobar en el momento en que eso se tramite a través de los Congresos nacionales. Pero sabemos que incluso los gobiernos de corte progresista y popular han quedado aprisionados por este texto ya alcanzado y no se ven grandes perspectivas de una coalición dentro de los congresos nacionales del bloque Mercosur que pueda echar por la borda este acuerdo. 

– Si bien el acuerdo aún no está firmado, las relaciones asimétricas en torno a lo comercial se manifestaron fuertemente en estos últimos 20 años. El Mercosur se ha especializado en la producción y exportación de productos agrícolas mientras que la Unión Europea exportó hacia Mercosur principalmente productos con contenido tecnológico medio y alto repitiendo el esquema colonial. Si el acuerdo finalmente se aprobara… ¿Se profundizarían esas asimetrías o habría más regulación? 

Hay a las claras una asimetría entre ambos bloques porque hay diferencias en las estructuras económicas y productivas; una diferente inserción en las cadenas globales de valor: mientras que del lado del bloque europeo vemos una mayor especialización de bienes de alto valor agregado, industriales y con complementariedades productivas al interior del bloque del lado del Mercosur esto no se ha alcanzado. Vemos más bien una especialización en materias primas y no hay tanto desarrollo del comercio interbloque, salvando algunas industrias particulares. La capacidad productiva de la Unión Europea si no se hubiera firmado ningún acuerdo al día de hoy ya es, de todas maneras, cuatro veces mayor que la del Mercosur. Estos son números y apreciaciones desde antes de que se produjera la pandemia, imaginemos cómo puede llegar a ser hoy con los retrocesos en el crecimiento de las economías a nivel global. 

La Unión Europea ya es uno de los principales socios del bloque Mercosur pero el acuerdo que se propone por la desregulación que implica en algunos ámbitos como en el sector de servicios, o las reglas sumamente flexibles de origen que se proponen que permitirían triangulación de productos, fomentan una competencia totalmente desequilibrada donde principalmente el Mercosur va a perder muchos de los puestos de trabajo industriales que tiene que ya son incipientes y se va a profundizar esta especialización productiva de la que intentamos desembarazarnos que es la especialización en materias primas y commodities. Es decir, lo único que va a fomentar este acuerdo es la reprimarización y la profundización del modelo que ya existe.

Este es un acuerdo a la medida del bloque de la Unión Europea pero a su vez, si lo ponemos en perspectiva, también lo es de las grandes compañías transnacionales que hace mucho tiempo vienen incidiendo en los nuevos acuerdos comerciales y en las agendas de inversión para aumentar sus ganancias y su incidencia. Recordemos que el acuerdo UE – Mercosur no ofrece tampoco cláusulas de protección a la industria naciente, no garantiza procesos de transferencia tecnológica o ayuda a las pymes del Mercosur, y tampoco y esto es muy importante, como lo hemos remarcado en una declaración que salió hace algunas horas de parte de la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur y la Confederación Europea de Sindicatos en torno al acuerdo que no garantiza ningún tipo de medida concreta para el respeto de las normas internacionales del trabajo. Por eso decía que está hecho a la medida de un mundo tallado por arquitectura de la impunidad empresarial.

– Siguiendo los análisis de impacto realizados por colectivos de especialistas, la aprobación de este acuerdo para nuestra región implicaría una reprimarización de la economía que llevaría a una gran desindustrialización. En este sentido, sabiendo que no hay estudios de impacto oficiales por parte de los bloques negociadores… ¿Hay estadísticas o tendencias de cuáles sectores se verán más perjudicados y de qué manera? 

Por supuesto que la ausencia de estudios de impacto exhaustivos profundos es uno de los principales problemas que hemos marcado, porque no hay por ninguno de los dos bloques estudios de este tipo. Sin embargo, en base a lo que conocemos del acuerdo y lo que sabemos de las estructuras productivas de ambos bloques, podemos ver sectores que se verán particularmente afectados como, por ejemplo, el sector de autopartes y automotriz por la liberación que se prevé en el comercio de esos bienes. Es decir, nos veremos inundados de esos bienes relacionados con la industria automotriz provenientes de la Unión Europea que destruirán a  su vez cadenas de valor regionales que fueron construidas con mucho trabajo y a lo largo de mucho tiempo a nivel del Mercosur afectando principalmente a Brasil y a Argentina.

En el caso de los bienes agrícolas podemos decir que se pueden prever dos escenarios: Por un lado que la liberalización para el ingreso de estos productos desde el Mercosur hacia el mercado de la Unión Europea es uno de los pocos aspectos positivos del acuerdo en términos de intercambio comercial, aunque profundizará, como decíamos antes, la primarización de nuestras economías. Pero por otro lado, no debemos descartar que como lo viene haciendo desde hace tanto tiempo la Unión Europea, mantenga barreras arancelarias y fitosanitarias que dificulten el ingreso en el único sector que podría verse mínimamente beneficiado por el acuerdo.

También podemos mencionar que a través de las reglas de origen y de certificación de los productos que circulan en el texto del acuerdo (que conocemos debido al amplio secretismo que ha reinado y a la falta de consulta de los actores productivos, principalmente los sindicatos a ambos lados del océano) podemos decir que las reglas de origen son bastante flexibles, lo que permite la triangulación de productos desde otras regiones para luego ser comercializadas desde la Unión Europea hacia el bloque Mercosur. Incluso, hay cláusulas desde la Unión Europea que permiten la autocertificación, es decir, un exportador es quien certifica el origen de su propio producto exportado; digamos algo que parece visto una locura de este lado porque las reglas de origen que mantiene el Mercosur son bastante más rígidas y elevadas.

En cuanto al tema servicios se propone una liberalización que no es claro, por lo menos al día de hoy, el impacto que tendrá en sectores específicos pero podemos pensar en las telecomunicaciones, en principio, y en ningún caso la experiencia nos demuestra que la desregulación y la liberalización que se proponen en estos acuerdos haya sido beneficiosa para los consumidores y en particular para los pueblos.

Otro de los puntos que aún genera ciertas dudas es lo negociado en torno al tema propiedad intelectual y patentes que podría ser importante y perjudicial desde las industrias farmacéuticas, por ejemplo, de este lado del océano y también, me parece importante resaltar el problema de la liberalización que se propone en las compras públicas en todos los niveles, erosionando el poder de compra de los estados y permitiendo que empresas de la Unión Europea participen en las licitaciones de las compras públicas del Mercosur

Luego, como decía antes, tampoco hay cláusulas de transferencia tecnológica ni de protección para las industrias nacientes del Mercosur ni apoyo para las pymes que son motor del empleo, por lo menos, en nuestro país. 

– Teniendo en cuenta que las estructuras de construcción política en el Mercosur se encuentran debilitadas y con poco contenido… ¿De qué manera se articulan los sindicatos de trabajadores en el Mercosur para hacer frente a este acuerdo?

Bueno, creo que durante los últimos años se ha evidenciado no solo de parte del gobierno argentino con la presidencia de Mauricio Macri, sino también con un clima de época que azotó a la región con el ascenso de varios gobiernos neoliberales pero también de derecha, una desaceleración del Mercosur como instancia de articulación y verdadera integración no sólo en términos económicos y comerciales, sino también político, cultural y social. Hay órganos e instancias de participación social que se han construido gracias a la presión de organizaciones sindicales y actores de la sociedad civil que lamentablemente se han visto vaciados de contenido, pero a su vez, son presa de las intenciones de reforma institucional del Mercosur que buscan achicar la estructura del Mercosur y con el pretexto de “darle una mayor agilidad y un mejor funcionamiento” buscan quitar presupuesto o directamente eliminar algunas instancias de participación y de consulta con la sociedad. Desde el sector sindical, nuestra CTA – Autónoma participa del Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur que es un órgano institucional, parte de Mercosur, donde está nucleada la sociedad civil de cada uno de los estados, incluyendo el sector empresarial, el sindical y el tercer sector de cooperativas y organizaciones en general de la sociedad civil. También participamos fuertemente de lo que son los organismos socio-laborales del Mercosur. Desde todos estos ámbitos hemos visto como paulatinamente han intentado vaciar el contenido del Mercosur en la medida de que al mismo tiempo se ha desacelerado

Es necesario, recuperar el Mercosur no solamente como un mercado sino en el sentido de una integración regional profunda, verdadera, que es lo que puede garantizar un bienestar para nuestros pueblos. En este sentido, esta es una más de las instancias y bloques regionales que debemos recuperar. En un momento en que no hay dudas de que nadie se salva solo y a la luz de los impactos de la pandemia en un mundo totalmente globalizado e interconectado no podemos vivir aislados. Se trata en todo caso de mantener nuestra autonomía estratégica siempre desde una perspectiva de integración. 

Desde ese lugar es que los sindicatos nucleados en la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur venimos empujando por fortalecer el Mercosur, por vitalizarlo,  por no abandonar los espacios y por fomentar una integración sustantiva a nivel regional. Creo que en esta etapa es  donde está clara la voluntad, así como algunos  estados de la Unión Europea en principio se habían opuesto al texto tal cual como está (aunque están abiertos a tramitarlo rápidamente con algunos protocolos), hay otros, como la presidencia portuguesa, que buscan acelerar rápidamente la ratificación porque sino sería también una derrota diplomática luego del anuncio con bombos y platillos de la firma del mismo. Creo que es una etapa de fortalecer nuestras alianzas, no sólo entre sindicatos de la región, sino también con las organizaciones de la sociedad civil en general, con los actores productivos, a ambos lados del atlántico, para dejar en claro que este acuerdo tal como está en el mundo en el que vivimos y dadas las asimetrías entre ambos bloques lo rechazamos

No es posible un acuerdo sin la consulta de los actores productivos. No es posible un acuerdo basado en el secretismo.  No es posible un acuerdo donde sindicatos y actores productivos no participen del monitoreo de la implementación de aquello que se firme. No es posible un acuerdo que no respete el desarrollo sostenible, sustentable y las normas internacionales del trabajo.

Creemos que no se trata de oponerse a todo tipo de acuerdo sino de dejar en claro que queremos un modelo productivo que sea sustentable y que sea en beneficio de las grandes mayorías y que para eso cualquier acuerdo de asociación no puede ser un mero acuerdo de libre comercio y desregulación. Debe ser ante todo, producto de un debate abierto, democrático donde todos los actores productivos y todas las organizaciones de la sociedad civil tengamos voz y seamos consultados. 

El Aborto Legal se convierte en Ley en Argentina, garantizando el derecho a decidir y la autonomía de las mujeres y disidencias

Somos partícipes de una enorme revolución. La llaman la revolución de las hijas, pero sabemos que se construyó generación tras generación de lucha de  mujeres que pusieron sus cuerpos, sus ideas y sus convicciones para construir un mundo más justo para todes.  Desde ayer en Argentina estamos más cerca del ejercicio pleno de la autonomía de nuestros cuerpos. Desde ayer estamos en un país un poco más justo, que ha saldado una de las deudas históricas de la democracia, especialmente con las personas con  capacidad de gestar.

Desde ayer, el aborto es un derecho en nuestro país y somos conscientes que no sólo es una cuestión de salud pública sino también de justicia social. Hemos ganado una de las batallas contra el patriarcado, que nos impedía decidir y planificar nuestras vidas, ubicándonos a las mujeres en un rol social de meras reproductoras de vida y encargadas de los cuidados. El Estado no nos empujará más a la clandestinidad, ni nos penalizará por decidir sobre nuestros cuerpos sometidos a la violencia estructural e histórica. 

Como mujeres ecologistas, entendemos que defender la vida no consiste en obligar a maternidades forzadas, sino que todas y todos puedan desarrollar una vida plena en dignidad, habitando un territorio propio y sano.  Para desarrollar esta vida plena y en dignidad, es necesario abolir la matriz de la opresión que sufrimos al mismo tiempo que la naturaleza, la cual es profundamente patriarcal. 

Con el poder de decidir que estamos conquistando las mujeres en el sur del Sur, a través de la  organización popular, de la construcción de otras formas de hacer política y de la lucha incansable, el patriarcado se resquebraja un poco, para que podamos derribarlo y construir otros mundos posibles, donde la violencia y la injusticia no tengan lugar.

El movimiento feminista ha inundado todos los espacios. La marea verde nos hace sentirnos acompañadas y poderosas, nos hace florecer el compañerismo.  Verde es un color que amamos de doble manera.  Este día es bisagra en Argentina y sabemos que el pañuelo verde ya recorre todo el continente, dando esperanza a más mujeres que siempre contarán con la sororidad internacionalista de sus hermanas. Como resuenan las voces de los cantares populares, esos que se escuchan en las calles, en la lucha y en el movimiento: América Latina va a ser toda feminista!

 

 

Acuerdo UNIÓN EUROPEA – MERCOSUR. Impactos en los derechos colectivos de los pueblos

La ratificación del acuerdo entre la UE y el MERCOSUR conllevaría graves consecuencias ambientales, sociales y económicas para nuestra región. En eso coincidieron los oradores del conversatorio “Acuerdo UE – MERCOSUR. Impactos en los derechos colectivos de los pueblos” organizado por Amigxs de la Tierra en el marco de la semana de acción de la Jornada Continental por la Democracia y en contra del Neoliberalismo.

Gonzalo Manzullo es desde el 2015 director de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores Autónoma de la Argentina (CTA-A) y Delegado titular por la misma central en el Foro Consultivo Económico y Social (FCES) del MERCOSUR, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Red Sindical del Sur Global (SIGTUR). En su exposición hizo eje en los aspectos laborales que la ratificación del acuerdo implicaría para la región: “No sólo estamos hablando de algunos impactos negativos en la industria sino que podríamos hablar de poner en riesgo la supervivencia de muchos sectores industriales, empleos industriales, la destrucción de de puestos de trabajo. No tenemos mecanismos de protección para pymes, que en países como el nuestro son los principales creadores de puestos de trabajo”.

En cuanto a las incidencias ambientales del acuerdo, Natalia Salvático, educadora ambiental, Presidenta de la Fundación Amigxs de la Tierra Argentina y coordinadora del programa de Agua comentó: “No deja de ser llamativo que la cuestión ambiental sea la mayor objeción a un acuerdo netamente comercial, y que a primera vista, por el cumplimiento de las metas de la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático y el escándalo de las quemas en el Amazonas, que eso sería lo que los medios hegemónicos y los gobiernos nos muestran como problema. Pero lo que decimos es, a no engañarnos, porque no es un acuerdo de protección del ambiente, sino que es claramente contradictorio con el cuidado de los territorios y fomenta el daño ambiental”.

Por último, Beverly Keene economista, coordinadora de Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina, y docente de la Cátedra Cultura de Paz y DDHH de la Facultad de Ciencias  Sociales de la Universidad de Buenos Aires llamó la atención sobre la cosificación de los pueblos en función de los intereses corporativos: “Estos acuerdos nos convierten a todos en consumidores, no somos más que eso, somos consumidores, somos objetos de las prácticas de las empresas transnacionales que van a operar bajo ese marco. Este acuerdo ha sido muy celebrado remarcando un comercio basado en normas, pero esas no son  las normativas del derecho humano, de protección de derechos laborales, de derechos ambientales… son las normas que protegen al capital”.

La inminente presidencia pro tempore de Argentina en Mercosur abre una posibilidad para que las organizaciones y movimientos sociales locales puedan lograr una mayor incidencia en el rechazo al acuerdo, “tenemos la necesidad, la obligación y la posibilidad de incidir con mayor fuerza” manifestó Beverly Keene. 

Podés ver el webinario completo haciendo clic aquí: https://youtu.be/5fHIOqkD5iw

UE-Mercosur: un acuerdo sobre la desigualdad

El acuerdo Unión Europea – Mercosur se negoció por 20 años. Sin embargo, bajo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se cerró un preacuerdo en 6 meses, a través de negociaciones poco transparentes y con una enorme falta de información. Este tratado, tal como se encuentra actualmente, propicia las políticas extractivistas en América Latina, y por ende debilita las democracias que ya se encuentran bajo ataque en nuestro continente.

En Argentina, la tercera economía del cono sur, no sólo fue ratificado, sino impulsado fuertemente, sin existir estudios de impacto ni información pública. Los beneficiarios son sectores minoritarios que participan del comercio exterior, no las mayorías trabajadoras.

La asimetría entre el Mercosur y la Unión Europea es evidente. El presente acuerdo sólo profundiza las desigualdades entre ambos bloques, y no incentiva ni la industria nacional ni la del Mercosur. La gestión del gobierno actual, bajo la presidencia de Alberto Fernández  no ve con buenos ojos este tratado, debido justamente a su disparidad. La posición argentina en este escenario es clave, ya que el signo político de los demás miembros del Mercosur  ha virado a la derecha, lo que propicia las políticas neoliberales, entre las que se encuentra este tratado.

Es necesaria asimismo una articulación internacional con marcada solidaridad internacionalista, ya que estas asimetrías y doble estándar en materias como protección ambiental y DDHH entre los pueblos de Europa y América Latina no pueden ser validadas bajo la forma de un tratado comercial.

El 28 de junio de 2019, se anunció la conclusión de las negociaciones luego de dos décadas de idas, venidas, tensiones y negociaciones entre los dos bloques económicos. En la actualidad, uno de los ámbitos más destacados del debate sobre el tratado es el ambiental. Nunca antes el cuidado del ambiente había tenido un perfil tan alto en las negociaciones internacionales para tratados de libre comercio. Esto se materializó el miércoles 7 de octubre,  cuando los eurodiputados impugnaron el acuerdo presentado,  en una votación que presenta por primera vez cuál es la opinión mayoritaria en ese organismo, sin cuyo visto bueno no puede formalizarse el convenio comercial. El rechazo de los eurodiputados al acuerdo comercial no significa un veto al tratado, que aún no fue oficialmente sometido al Parlamento, pero sí muestra por primera vez que la mayoría de los legisladores europeos se resiste a la idea de aprobarlo. El eje de la impugnación al acuerdo fue la preocupación por el cambio climático, un tema que se ha vuelto central en el debate político europeo de los últimos años y que es una bandera levantada en alto por varios partidos[1]. Sin embargo, este no es su único lado oscuro.

El rechazo actual se centra en el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pero lo que se impugna es el mismo problema que tiene Argentina: los incendios forestales para la extensión de la frontera agroexportadora. El acuerdo,  es de por sí contradictorio con las políticas climáticas acordadas en París por los líderes mundiales y ratificada por nuestro país, y este cumplimiento es una condición del acuerdo comercial. Sin embargo,  no incluye mecanismos exigibles o sanciones por incumplimiento a la protección del monte nativo.

Además, la deforestación y el incumplimiento de las metas de reducción de emisiones,  no serían el único impacto ambiental: la liberalización del comercio en el clima implica múltiples efectos negativos, incluidas emisiones de gas metano, aumento del transporte y contaminación marítima, aumento de uso de agrotóxicos, etc.

A estos impactos se sumarían los económicos, laborales e industriales, dado que el acuerdo implica la reducción de la matriz productiva interna a favor de la apertura de importaciones en rubros clave para el sector productivo nacional.

Si bien la firma del acuerdo implica un grado de avance significativo hacia su concreción, aún es necesario dar el debate en el Congreso, y la dirigencia política del gobierno actual se ha pronunciado en contra antes de asumir sus funciones en 2019.

Por otro lado, el gobierno nacional ha impulsado, durante el contexto actual de crisis pandémica, una serie de medidas para la recuperación económica vinculadas a la protección al mercado interno, la promoción de la industria nacional y el control de retenciones, medidas que se contraponen a la lógica intervencionista del acuerdo por sobre la soberanía de las naciones del Mercosur.

La posición de Argentina en el contexto político regional es fundamental para frenar la ratificación de este acuerdo claramente dañino para nuestra región, dado que el resto de los países que componen el Mercosur ya han dado claras intenciones de acompañar la iniciativa europea. Organizaciones socioambientales de ambos bloques nos organizamos en contra de un acuerdo que no respete la integridad de nuestros territorios ni nuestros derechos democráticos a una vida digna.

[1]https://www.tiempoar.com.ar/nota/bolsonaro-eje-del-rechazo-europeo-al-acuerdo-ue-mercosur (consultada el 10/10/2020)

Ley de Humedales: ¿Cómo sigue el debate en el Congreso?

En medio de una pandemia mundial y de decenas de miles de focos de incendio en el país y el continente, el pasado 23 de octubre nos encontramos desde la virtualidad para actualizarnos sobre cómo sigue el proyecto de Ley de Humedales en el Congreso. Participó Sofía Astelarra, miembra del Grupo de Estudios de Investigaciones del Instituto Gino Germani y del Observatorio de Humedales del Delta, Ana di Pangracio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Humedales sin Fronteras  y Emilio Spataro, coordinador de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Argentina.

Una de las movilizaciones en Corrientes para pedir #LeydeHumedalesYA. Foto: Guardianes del Yvera.

Para un panorama de la magnitud del problema y de quiénes están involucrades en el cuidado de los territorios, Sofía Astelarra nos contaba: “En lo que va del año llevamos casi 36 mil focos de incendios y según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego casi 200.000 hectáreas han sido afectadas. La situación realmente es trágica y esto tiene que ver con un punto de inflexión al cual no podemos evitar prestarle atención a la crisis climática. La sanción y la aplicación de la ley de humedales desde quienes apostamos por el eco-transfeminismo también implica establecer una relación de cuidado de eco-interdependencia e inter-especista y de convivencia con los humedales y su biodiversidad. El eco transfeminismo promueve una política de cuidado de la vida y de comunalidad de los territorios por eso es clave generar mecanismos de participación y de financiamiento social para que la gestión y la aplicación de esta ley esté en manos de las comunidades locales” 

Desde una visión normativa, Ana Di Pangracio analizaba las posibilidades que nos brindan las leyes de presupuestos mínimos, una figura que muchas veces genera tensiones entre las autoridades provinciales y las nacionales.  “La herramienta que tenemos consagrada en la constitución es la figura de las normas de presupuestos mínimos.  Creemos que  corresponde adoptar aquellas en el marco del trabajo de inventario nacional de humedales no sólo para proteger a los humedales  por los beneficios que nos brindan a las personas sino avanzar y promover una perspectiva de derechos no sólo en cuanto a acceso a la información y a la participación ciudadana para que haga una ley que desde su discusión y luego su implementación se construya de abajo hacia arriba sino que también incorpore otras visiones como la importancia de poner de relieve los roles que las mujeres juegan en defensa y protección de los de los humedales. Por lo tanto, incorporar una perspectiva de género y de interculturalidad es un elemento muy importante para los humedales que son territorios de comunidades locales e indígenas” 

En tanto Emilio Spataro coordinador de ATA, reflexionó acerca del contexto de destrucción que sufren los humedales y los mecanismo que prevé la ley para revertir la situación; Una de las prioridades para la protección de los humedales es frenar su destrucción en el corto plazo “¿Por qué apuntar primero a frenar a los impulsores de la pérdida de humedales?. Estuvimos trabajando justamente en principios para la inclusión de los humedales en el ordenamiento territorial para consolidar el concepto de moratoria a las actividades que están llevando a la pérdida y deterioro de los humedales.

Hoy lo que tenemos es un proyecto de síntesis que lo que se basa es en  el reconocimiento de que los humedales son bienes comunes por más que no lo menciona específicamente la ley pero entre todas sus definiciones queda consolidado que la sociedad en la argentina necesita mantener en funcionamiento la integridad ecológica de los humedales y valorarlos por su valor intrínseco por sobre el interés particular. Aquellos que quieran desarrollar alguna actividad lícita en los humedales, no podrán estar por sobre el bien y el interés general ya que primero debemos frenar la pérdida de estos ambientes que son esenciales para la vida y para la posibilidad de la sustentabilidad de la Argentina.

Necesitamos ponernos como sociedad a discutir cuáles son los criterios de sustentabilidad, cuáles son los límites a la ocupación humana de los humedales, cuáles son las actividades que queremos privilegiar porque son las que llevan al bienestar común de la mayoría de la sociedad y cuáles son aquellas actividades que no pueden continuar o que no pueden continuar de la forma en la que se están haciendo.

Resulta fundamental para el movimiento de organizaciones socioambientales de Argentina el consenso logrado en la búsqueda de la protección de humedales, así como el propio reconocimiento social hacia estos ecosistemas logrado por años de luchas territoriales y culturales de las personas comprometidas: 

Tenemos que seguir independientemente de la sanción de la ley. Si es con la ley será a través de las herramientas de gestión creadas para que se apliquen, para impulsarlas y para que no sean pervertidos y si es sin la ley, será desarrollando todas las estrategias y potenciando la construcción de los últimos años en los cuales no hemos dejado también de salvar muchísimos humedales y de militar en defensa de estos territorios

Para ver el debate entero, les dejamos el link de Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=unMGCDuCP3Q&t=28s

La deuda es con nosotras y la naturaleza

Compartimos nuestra denuncia en el Juicio Popular contra la Deuda y el FMI, presentada el 17 de septiembre .

Denunciamos el conflicto capital-vida y las crisis interrelacionadas

El modelo extractivo y de producción y consumo que sostiene las sociedades que habitamos es incompatible con la regeneración de la vida y genera una cultura que desvaloriza tanto el trabajo de cuidados como la importancia de la naturaleza, provocando una invisibilización de ambos, pero sin embargo desarrollando intensos procesos colonialistas y extractivistas de los cuerpos y territorios. Como resultado existe una tensión constante e irresolvible entre el capital y la vida, la cual siempre está bajo amenaza.

Este sistema económico desemboca hoy en una crisis pandémica como la que atravesamos, que no es más que la manifestación explícita de las crisis interrelacionadas que enfrentamos desde hace muchos años: la crisis del clima, del agua, de la biodiversidad, el escándalo de la pobreza, la crisis de cuidados, la crisis de salud. Todas estas crisis tienen sus  causas estructurales en el sistema capitalista, que ha demostrado su incapacidad  y su desinterés por preservar la vida digna y cuidar de los pueblos la naturaleza y los territorios.

Denunciamos las falsas soluciones

Hoy una vez más la responsabilidad de solución se carga sobre el trabajo invisibilizado y precarizado de las mujeres y proveedoras de cuidados,  así como también se aprovecha para un avance más profundo sobre la naturaleza, ofreciendo falsas soluciones a la crisis económica, mediante incendios de humedales, minería declarada como actividad esencial y proyectos para granjas industriales de cerdos.

No resulta viable ni ético que los organismos internacionales de crédito e inversionistas ofrezcan las mismas recetas y falsas soluciones que nunca funcionaron, ante una crisis inédita generada por ellos mismos y sus políticas.

Reclamamos medidas de recuperación justa

En primer lugar, abandonar neoliberalismo y la austeridad propuesta por organismos como el FMI, y adoptar políticas inmediatas basadas en la justicia distributiva pero reconociendo los límites ecológicos. Es imprescindible que los gobiernos no socialicen las pérdidas de las grandes empresas y garanticen los servicios públicos para toda la población.  Los gobiernos deben cerrar las negociaciones de liberalización comercial e inversiones cuyo propósito es apuntalar aún más el poder de las empresas transnacionales a expensas del sur global. Asimismo se deben comprometer a aprobar legislación jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos a nivel internacional.

En segundo lugar las medidas de recuperación deben fundarse la solidaridad internacionalista. Es necesario anular todas las deudas del sur global, porque el sur es acreedor de una deuda ecológica histórica. Tiene que aplicarse un principio de pago y reparaciones por la deuda climática y la deuda ecológica garantizando fondos como subvenciones no reembolsables, sin condicionalidades agregadas y no como préstamos.

En tercer lugar es fundamental fortalecer la democracia y garantizar los derechos humanos y de los pueblos. Fortaleciendo la lucha internacionalista contra la derecha, el fascismo y el racismo, revertir los golpes de estado que se vinieron dando en nuestra región con fuertes vínculos al poder económico y con avances de la agenda extractivista.

Por último, en cuarto lugar necesitamos que los gobiernos respondan a esta crisis múltiple con una agenda transformadora de cambio de sistema para no volver a la vieja normalidad racista, neocolonial, patriarcal, violenta y ecocida.

La crisis de coronavirus pone al descubierto que la destrucción de los ecosistemas está facilitando la propagación de patógenos que afectan nuestra salud. Esta no es la primera pandemia que enfrentamos ni será la última, porque el modelo extractivo, fundamentalmente el agronegocio, genera enormes problemas de salud pública y se le debe poner freno, a la vez que se fomenta la agricultura agroecológica y se detienen los desalojos de comunidades campesinas e indígenas. Ahora tenemos que responder a la  crisis del clima y a la crisis de salud de manera simultánea, esto implica dejar de subvencionar a las empresas de energía sucia sustituyéndola por una matriz 100% renovable.

Nos rehusamos a volver a la vieja normalidad de la dominación.

Exigimos una transformación que respete profundamente los principios de cuidados, reorganizando los mismos de manera tal que esa responsabilidad sea compartida entre hombres mujeres y el estado mediante los servicios públicos suficientes y accesibles para todas y todos, y el fin del ecocidio mediante el falso paradigma del desarrollo, recreando una transición hacia otros mundos posibles, donde podamos vivir vidas dignas de ser vividas.

Llamamos a la semana de acción global contra la deuda del 10 al 17 octubre de este año.

Más información:

https://www.foei.org/news/covid-19-coronavirus-crisis-system-change

https://www.foei.org/news/system-change-human-rights-corporations-un-treaty

https://www.foei.org/news/letter-world-trade-organization-wto-covid19-coronavirus-medicine

https://www.foei.org/es/noticias/recuperacion-justa-crisis-covid-19

https://autoconvocatoriadeuda.blogspot.com/

Soberanía Alimentaria: “Producir local y consumir local, de esa manera se hace universal”. Entrevista a Miryam Gorban

Por Wanda Olivares, Amigxs de la Tierra Argentina

Nutricionista, investigadora y militante, con sus 89 años Miryam Gorban es una de las voces más escuchadas  para pensar la problemática del hambre desde una perspectiva soberana.
Creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, con dos doctorados Honoris Causa que reconocen su compromiso con la humanidad, Miryam Gorban se convirtió en una indiscutible referenta de la soberanía alimentaria en el país.
En la Cumbre Mundial por la Alimentación de 1996, Miryam conoció el concepto de Soberanía Alimentaria junto a la Vía Campesina, y desde allí inició un trabajo fundamental por la lucha contra el hambre y la malnutrición, la concentración económica y la dependencia alimentaria.
Discute el modelo económico y propone programas de Estado desde la interpretación del marco político que define la producción, comercialización y distribución de alimentos, pero fundamentalmente, desde el conocimiento profundo del hambre en los barrios.

Imagen publicada por Slow Food International

¿Cómo definirías el rol de las organizaciones que hacen a la soberanía alimentaria en la emergencia del hambre?

Yo creo que acá hay un rol muy importante que está jugando la solidaridad de todo nuestro pueblo, que es un signo de distinción para decirlo así, y por eso me siento muy orgullosa de ser argentina. Este desarrollo de los comedores populares, que no se da en otros países con la misma intensidad que acá, aunque haya más hambre, es un ejemplo a tener en cuenta porque realmente esto lo hemos aprendido en la crisis de la hiperinflación, y sobre todo en la crisis de 2001. En estos procesos, fuimos encontrando recursos en la emergencia que son la base hoy de la economía social, fueron alternativas para salir de la situación en ese momento, y ahora está pasando lo mismo.
La soberanía alimentaria nosotros no la planteamos en un marco de emergencia, la marcamos como política general, política pública que marque el destino de la autosuficiencia alimentaria de un país, que sea soberano realmente y que resuelve el problema de la alimentación. Pero acá tenemos una crisis económica, una crisis ambiental, y además de todo eso, tenemos encima una situación de hambre a la que nos arrastró el neoliberalismo.
Entonces todas las fuerzas están pensadas, están coordinándose y enlazándose para superar esta situación, buscando distintas alternativas. La de los comedores populares son una, las cooperativas son otras, las empresas recuperadas también lo son, toda esta suma de acciones son las que están aportando a superar la crisis.

¿Cómo es posible transitar hacia una mejora en la dieta de los comedores y de los sectores populares? ¿Cómo reemplazamos los alimentos ultraprocesados por alimentos sanos y accesibles para el pueblo?

En ese sentido es muy importante el aporte de la huerta comunitaria, la granja comunitaria, producción de pollo y huevos, desde ya. Nadie habla del huevo, los huevos son fundamentales porque tienen alto valor biológico, son las proteínas más baratas y más fáciles de conseguir. Cuando fue la crisis del 2001 intentamos con la producción de conejos pero los chicos los querían para jugar y no para comer, son cosas que pasan, cuestiones culturales y sociales que tenemos que atender también.
Yo participo asesorando en el comité que se ha formado con el programa “Argentina contra el hambre”. La idea es que cada escuela tenga su granja, y en este sentido se avanzó en muchos comedores comunitarios, que ya tienen su propia huerta. Tenemos que ir hacia la producción local, que cada municipio tenga o recupere algún tambo que se perdió. Que se abastezca a los comedores escolares con leche fresca, los chicos no quieren leche en polvo y terminan tomando agua hervida. Hay que plantear mataderos municipales y huertas cubriendo los alrededores de cada municipio, para que todo sea abastecido en la zona, sin recurrir al costo tremendo que es la logística para abastecer a cada una de nuestras ciudades. Producir local y consumir local, de esa manera se hace universal. Esa es la política que nosotros estamos desarrollando, “describe tu aldea y serás universal” decía Tolstoi.

¿Cómo podría el Estado acompañar esta transición?

Hay que incentivar la producción local, no es lo mismo producir para 50 familias que producir para 2000 alumnos, apostar a la producción local es fundamental, y eso se logra con huertas, mataderos y tambos en cada municipio.
El Ministerio de Desarrollo está en ese camino, comprando a los agricultores familiares, pero  nosotros tenemos que profundizar, seguir el ejemplo de Brasil donde el 30% de las compras públicas de alimentos se hace a productores locales. Tenemos que persistir y profundizar en ese camino pero al mismo tiempo, a los productores y agricultores familiares tenemos que darles acceso a la tierra y créditos blandos, como el que ha dado ahora la provincia de Buenos Aires, que se llama Alimentos Bonaerenses que promueve el desarrollo productivo y brinda créditos blandos para la producción agropecuaria y la pesca.
Esta es la intervención del estado, la promoción de la agenda y los mercados populares. Pero lo más importante sería el control de los precios, no basta con Precios Cuidados ni Precios Máximos, hace falta seguir la trazabilidad de los verdaderos precios, porque las que realmente marcan los precios de los alimentos son las empresas del sector que están muy concentradas y los manejan como quieren.

¿Qué visibiliza la pandemia en torno a la mujer campesina?

Yo creo que en este contexto de pandemia salió a la luz el tema del trabajo de cuidados, que está totalmente descuidado, parafraseando. Pero nos encontramos con otra realidad que no estaba suficientemente visibilizada que es el rol de las mujeres productoras rurales, y desde el trabajo del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) empezamos a ver el rol importante de las mujeres productoras. Ellas se levantan a las 4 de la mañana, con hijos chicos, sin vivienda, en condiciones muy difíciles y estando codo a codo con sus compañeros en las huertas, resolviendo el problema de la producción y la comercialización.
Las mujeres campesinas se ocupan de los cuidados de los mayores, de los menores y de la población en su conjunto a través de los comedores, atendiendo los problemas de salud y todas las problemáticas que se puedan presentan. Gracias a las organizaciones campesinas y a esta visibilización que ocurrió con la pandemia, hay algunas leyes que se están promoviendo para darle valor al trabajo de las mujeres, hay un panorama alentador, esperemos que así sea.